(article disponible només en castellà)

Menos turismo social, turismo menos social

El turismo social (TS) tiene por objeto promover el acceso al consumo turístico de sectores vulnerables, como familias de bajos recursos, adultos mayores o personas con discapacidad, entre otros. Este turismo tiene una larga tradición en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, en el caso argentino las experiencias originarias se sitúan en el primer gobierno peronista a principio de los años 50 del siglo XX (Pastoriza, 2008). En cuanto a la composición, en este turismo participa el Estado y actores privados como sindicatos, empresas lucrativas, mutuales, asociaciones civiles, organismos de cooperación u otras entidades sin fines de lucro. 

En el actual escenario latinoamericano, la nueva oleada de programas neoliberales en parte de la región reduce la tutela social del Estado, retrayendo o suprimiendo el conjunto de políticas públicas que impactan directa e indirectamente sobre los sectores desfavorecidos. Estos ajustes están alcanzando a los presupuestos nacionales destinados a las políticas de turismo social, como explicaba en detalle Erica Schenkel (2018) en Alba Sud. Los recortes presupuestarios públicos sobre este turismo se traducen en la eliminación de programas preexistentes y en el endurecimiento de las condiciones para el acceso. De esta manera se limita la cantidad y el perfil de personas que pueden participar. Así, como acción de gobierno, este turismo tiende a ser progresivamente menos inclusivo, menos social.

En este texto se propone, en un primer momento, una reflexión contextualizada en el neoliberalismo sobre la concepción del turismo como un derecho en general y del turismo social en particular. En un segundo momento, se plantean algunas perspectivas y retos del TS en este escenario regional de alejamiento del Estado de las necesidades colectivas e incremento de las desigualdades, en diálogo con una economía popular, solidaria y comunitaria.  

Turismo, ¿derecho inalienable y universalizable?

Neoliberalismo y derechos sociales deben comprenderse como dos racionalidades antagónicas, que no solo entran en tensión, sino que necesariamente tienden a colisionar (Ramírez González, 2017). Los proyectos neoliberales afectan directamente los derechos de amplias mayorías. Las políticas sociales, que tienen como objetivo garantizar el acceso a éstos, entran en una espiral de reducción presupuestaria y desatención del Estado.

Una primera pregunta disparadora: ¿puede concebirse al turismo como un derecho? En la Carta de Viena publicada por el Bureau International du Tourisme Social (BITS) en 1972 se proclamó el derecho al turismo como inalienable del individuo, y se destacó que las políticas sociales integrales deberían incluir la ampliación del turismo a todos los sectores sociales (Schenkel, 2017). Desde otra mirada, puede entenderse al turismo, no como un derecho propiamente dicho, sino como una forma de organizar derechos como el tiempo libre, el descanso, el ocio y la recreación, la libre movilidad o las vacaciones pagas.

Aun tomando la concepción del turismo como un derecho, ¿sería ésta válida para cualquier tipo de turismo? En el caso del modelo dominante sería problemático asumirlo como derecho. Por ejemplo, los impactos definitorios de este modelo de producción y consumo turístico en América Latina afectan derechos fundamentales en los destinos (Cañada, 2011; Gascón & Cañada, 2005; Fernández Miranda, 2011). El turismo dominante es una de las principales actividades económicas en cuanto a vulneración de derechos laborales (OIT, 2010), la soberanía alimentaria (Gascón & Cañada, 2012), un hábitat saludable y otro conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades receptoras.

SESC Bertioga, Brasil. Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.

Si una persona tuviera derecho al turismo, éste no puede jerarquizarse sobre los derechos de los residentes. Por lo tanto, no toda forma de turismo es un derecho: cuando más sea concebido y tratado como una mercancía y no como un bien público, menos podrá ser considerado un derecho (Gascón, 2016).

Tercero: ¿se podría garantizar el acceso universal a cualquier modelo de práctica turística? Las profundas desigualdades en la región se reflejan también en el consumo turístico. En América Latina existe una mayoría que, por cuestiones socioeconómicas, queda fuera del consumo en general y de las prácticas turísticas en particular: el 68% de las personas está excluida de la “clase consumidora” (Worldwatch Institute, 2004) y, según el país, entre el 52% y el 88% de éstas no tienen acceso al turismo (Schenkel, 2019) [1].

Ahora bien, existen límites biofísicos que hacen inviable la extensión y universalización de este modelo a la totalidad de habitantes de la región. Lo que lo convierte indefectiblemente en un privilegio. El último informe Planeta Vivo mostraba que los mayores impactos del cambio climático se están observando en América Latina, y señalaba al modelo de consumo humano, dentro del cual el turismo es una actividad central, como motor de estos cambios, debido al aumento de la demanda de energía, agua y tierra (WWF, 2018). Existe una correlación positiva entre el nivel de consumo turístico, la huella ecológica y el cambio climático.

La universalización de este turismo, más que una posibilidad efectiva, es una ilusión necesaria, una forma de esperanza de cumplimiento tan atractivo como imposible. La insostenibilidad medioambiental del modelo evidencia la inviabilidad de generalizar procesos de inclusión de las personas como consumidoras y de democratización del acceso al turismo a través del mercado.

Como primera conclusión, el turismo cuando está regido por la lógica del mercado no puede considerarse como un derecho universal. Los derechos, como la alimentación, no deben concebirse como mercancías, mientras que las mercancías, como este turismo, no pueden considerarse derechos. Finalmente, cuanto más cercano y articulado se encuentre el acceso al turismo social con una oferta de turismo dominante, más alejado estará de una perspectiva de derechos universales.

Turismo social, solidario y sostenible

El turismo social impulsado desde el Estado neoliberalizado pierde eficacia inclusiva. Como en otros ámbitos de la realidad, en el TS los programas neoliberales empujan al Estado a dejar un vacío en su función de equilibrio y redistribución. Para dirimir de qué manera puede abordarse ese vacío en el contexto actual es importante pensar el papel y valorar la significación de los actores no públicos en el TS de la región.

En este punto asoma la economía popular, solidaria y comunitaria (EPSC), como un movimiento con capacidad de coaligar un TS con derechos. En el escenario descrito, este entramado diverso de agentes sociales y económicos no lucrativos, democráticos y con inserción sociocomunitaria puede constituirse como instrumento que permita avanzar en el acceso de sectores vulnerables a un turismo. Las cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios públicos, colectivos y organizaciones comunitarias, asociaciones civiles o mutuales, entre otras, pueden promover un turismo que, a través de prácticas fuera del mercado, además de social, también sea solidario y sostenible.

Justamente, junto con la equidad y la democracia económica, la solidaridad y la sostenibilidad se encuentran en las raíces de la EPSC, forman parte de los principios que orientan y sustentan su marco de acción. En el fondo, se postula una economía no lucrativa ni subordinada a los intereses del capital, sino a las necesidades e intereses de las comunidades receptoras de turismo, las personas que trabajan y los grupos que acceden a estas experiencias.

El fortalecimiento de la perspectiva solidaria y sostenible del turismo social abarcaría distintas dimensiones prácticas, que se exponen a continuación.

Prácticas para un turismo social que recupere derechos

Para comenzar, una producción turística que pudiera adjetivarse con las tres “S” sería generada por entidades de la EPSC: asociaciones de personas, a pequeña escala y con un arraigo territorial que permita su vinculación con las necesidades de las comunidades y entornos. Una producción con inserción sociocomunitaria que potencie el tejido social, valorice las identidades y culturas locales, y asegure la diversificación económica.

Los productores que forman parte de la EPSC suelen encontrarse con dificultares para llegar y visibilizar sus propuestas frente a los turistas: la comercialización de esta forma se establece como un cuello de botella de las experiencias alternativas (Miño, 2015). Por tanto, otra dimensión a fortalecer es una comercialización no especulativa que vincule una producción solidaria y sostenible con un consumo turístico responsable.

En la producción y comercialización de un turismo social, solidario y sostenible se pueden entramar una diversidad de actores para constituir un movimiento de base amplia. Por ejemplo, además de las organizaciones propias de la ESPC, pueden participar pymes, emprendimientos familiares, agencias especializadas en turismo solidario, comunitario o responsable, entre otros.

SESC Bertioga, Brasil. Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.

Un TS solidario y sostenible debería contar con la participación de las comunidades locales organizadas en la toma de decisiones sobre la actividad. Esto permitiría una gestión cercana y directa, y una mirada respetuosa del territorio, los recursos y las personas. Esta participación se haría extensiva a los procesos de planificación, que adecuen la actividad a la capacidad de carga y a las especificidades socioterritoriales en cada destino.

Asimismo, un turismo tres “S” requerirá problematizar el modelo dominante de consumo y proponer prácticas transformadoras. Se trata de sensibilizar y corresponsabilizar a los viajeros como parte del hecho turístico, que los procesos de inclusión de las personas no se circunscriban a su rol de consumidoras ni se realicen a través del mercado. El consumo es también un ámbito de conflicto, un instrumento de transmisión de valores e intervención ciudadana; antes que cualquier otra cosa, es un acto político.

Esta propuesta de TS solidario y sostenible se encontrará con condicionamientos significativos. En primer lugar, el papel del Estado por acción y omisión es determinante para la inclusión y la equidad. Los proyectos neoliberales apuntan a un “Estado mínimo” y al orden de la “catalaxia” [2] para la economía. Esto vaticina la ausencia a escala nacional de reglas de juego, regulaciones o políticas públicas que vinculen el dinamismo económico del turismo con la sostenibilidad, una planificación territorial integrada o la protección de los territorios y comunidades locales. También es poco probable que Estado nacional asuma una perspectiva promotora, brinde apoyo económico, financiero, fiscal o técnico a las iniciativas de turismo solidario y sostenible, fortaleciendo sus capacidades.

Otro condicionamiento será el acuerdo entre actores sociales y económicos. Concretamente, dentro de este espacio convergerían prestadores de turismo social (sindicatos, mutuales, asociaciones civiles, pymes, otros); redes y organizaciones solidarias y comunitarias dedicadas a la producción y comercialización de turismo y prestación de servicios conexos (confederaciones, federaciones, redes, cooperativas, asociaciones, colectivos, organizaciones comunitarias, agencias especializadas, clubes, otros); espacios que aglutinen y organicen a sectores populares, de discapacidad, adultos mayores, etc. que puedan participar en las experiencias de TSSS. Sin duda también sería sustancial la participación de organismos públicos competentes en la materia.

Este diálogo entre la perspectiva del TS y de la EPSC está en línea con la reformulación que en los últimos años realizó la Organización Internacional del Turismo Social (OITS). Desde este nuevo enfoque se señala que, desde la demanda, el TS es una alternativa para resolver las desigualdades en el acceso y, desde la oferta, debe garantizar los derechos de los trabajadores y promover el desarrollo de las comunidades receptoras (OITS).

En el contexto del neoliberalismo, y su estela de desigualdades, exclusión y desocupación, el movimiento de la EPSC está mostrando su capacidad para la inclusión social (Trenta, 2017), generando y manteniendo empleo decente y contribuyendo a la formalización de la economía informal (OIT, 2018). Imbricar al turismo social con la otra economía supone consolidar otras formas de relaciones sociales y económicas, de producir y consumir, y recuperar el valor de lo colectivo, lo democrático y lo comunitario (Coraggio, 2018).

En el contexto descrito en América Latina es importante disputar la imposición de una visión restrictiva del turismo social que desproblematice los modos y las relaciones de producción y consumo de la actividad. Por el contrario, un reto será consolidar una perspectiva amplia que ponga en diálogo el derecho al acceso con los derechos de las comunidades y los trabajadores. Cuanto más solidario y sostenible sea el turismo social, más efectivo será como instrumento de inclusión y recuperación de derechos, contribuyendo a la redistribución y la equidad, y apuntalando la construcción colectiva y reticular de una economía al servicio de las personas.