(article disponible només en castellà)

El pasado 5 de noviembre tuvo lugar el acto de presentación del libro Agua y Poder en Costa Rica: 1980-2017 y su devolución a representantes de varias comunidades reunidas en el Salón Comunal de Sardinal de Carrillo, provincia de Guanacaste. La publicación del libro corrió a cargo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR). El texto es el resultado de un proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigación [1], bajo la coordinación del Dr. Felipe Alpízar.

Con la participación de diversos investigadores, la publicación representa un aporte fundamental para entender los conflictos en la gestión del agua en los últimos 37 años en Costa Rica. Parte de la revisión minuciosa de una base de datos construida por el CIEP que registra acciones colectivas en las cuales el agua formaba parte de los marcos referenciales utilizados por actores movilizados. A continuación profundiza en cuatro casos de estudio y así ahonda en algunos de los episodios que más han captado la atención en los años que abarca la investigación.      

Desde el paradigma de la ecología política el texto tiene como principal objetivo develar las relaciones de poder que existen entre actores públicos, privados e institucionales en la gestión del agua. Se propone pasar de la interpretación técnica del ciclo hidrológico de los conflictos a una que rescate el carácter social del agua.    

A través de esta interpretación se recoge la idea de territorios hidrosociales, entendidos como aquellos en los cuales confluyen procesos históricos de significación, apropiación o desposesión y distribución de beneficios o costos en la gestión y acceso al agua. De esta manera el texto permite entender de qué manera se construyen y reconstruyen relaciones de poder entre actores en disputa. De ahí, la utilidad de analizar los ciclos de acciones colectivas como recurso político utilizado por grupos organizados que demandan soluciones a sus agravios.

El libro detalla que en Costa Rica los principales actores movilizados son grupos u organizaciones vecinales que dirigen sus demandas al gobierno y sus instituciones descentralizadas. Utilizan como repertorios en orden descendiente la declaración pública, reunión con autoridades y el bloqueo de calles. Esto es relevante puesto que demuestra una inclinación inicial por buscar una salida institucional a los agravios.     

El abordaje que se utiliza remite a la discusión sobre la democratización en la toma de decisiones y a la satisfacción de las demandas que afectan directamente a sectores sociales de distintos orígenes. La discusión se enmarca en modelos de desarrollo descritos en cada territorio analizado en los cuatro capítulos restantes. El texto concluye que el Estado costarricense presenta un carácter dual. Esa dualidad se expresa en que opera tanto como límite o como facilitador a la expansión de proyectos de desarrollo localizados territorialmente. Esto implica la capacidad del Estado, a través de sus instituciones pertinentes y toda la suma de recursos posee, de servir a la integración de comunidades a redes de servicios de agua potable o, por el otro lado, la capacidad de desarticular redes de disconformidad en la gestión pública-institucional del agua. En muchas veces esa disconformidad trasciende la discusión sobre el agua y plantea la necesidad de revisar lógicas más amplias. Los territorios hidrosociales pasan a ser territorios del descontento. Territorios en los cuales se manifiesta un malestar más amplio que involucra la organización territorial del Estado y que en última instancia tiene que ver con el ejercicio real de la democracia, en términos de inclusión/exclusión. 

En el libro se abordan dos casos de la provincia de Guanacaste. Ambos casos se ubican en un contexto de crecimiento de proyectos turísticos inmobiliarios costeros. Contexto en el cual se han visto de manera reiterada conflictos que involucran intereses privados y comunales en la satisfacción de acceso y administración local de fuentes de agua potable, mediado por el accionar del aparato estatal. 

El primero caso que se ubica en Guanacaste presenta el conflicto por el agua en Sardinal, capitulo realizado por mi persona. En ese capítulo se reconstruye en detalle la evolución del conflicto poniendo énfasis en las demandas, acciones y características de la lucha llevada a cabo por la comunidad. Y un segundo capítulo a cargo de la trabajadora social Cristina Bolaños Blanco, quien aborda en detalle el conflicto en Playa Potrero de 2014. Bolaños reconstruye el conflicto en el cual un conglomerado costero residencial pretendía hacerse con el control administrativo del acueducto rural local (ASADA) para uso privado [2]. Finalmente, mediante acciones institucionales y directas, la comunidad mantuvo el control de la ASADA. En el capítulo se presenta los distintos actores involucrados, así como la postura y valor que le dan al agua.    

Tomando los registros de acciones colectivas y los dos casos citados en el texto, se plantea que el Estado costarricense ejercita en la zona costera de Guanacaste la segunda cara de la dualidad mencionada. Muestra una capacidad desintegradora que utiliza su poder para reorganizar recursos en favor del modelo de desarrollo, a veces a costa de algunas comunidades o una parte de ellas.     

Reseña del Conversatorio

Como parte de la responsabilidad de la Universidad de Costa Rica con las comunidades costarricenses, se realizó un conversatorio con el objetivo de hacer una devolución de la obra. También interesaba propiciar un espacio de intercambio y discusión entre representantes de cuatro comunidades guanacastecas que han planteado disconformidad de la respuesta estatal a la gestión provincial del agua en los últimos años.

El conversatorio fue conducido por el Dr. Felipe Alpízar y mi persona. Contó con la presencia del Comité ProDefensa del Agua de Sardinal, los presidentes de las ASADAS de Playa Potrero y Playa Brasilito y finalmente dos representantes de la comunidad de Playa Marbella. Los representantes de Marbella atendieron en búsqueda de retroalimentación. Ya que en esta comunidad se dio el último episodio de conflicto acontecido en la provincia. Conflicto producto de la captura de la ASADA local por parte de un desarrollador inmobiliario que finalmente condujo a la intervención de la ASADA por parte de la institución costarricense centralizada a cargo del agua (AyA).

Imagen de Arturo Silva.

Como generadores de temas de discusión se solicitó a cada grupo de asistentes que hicieran una síntesis de su conflicto, que lecciones aprendieron y que habría que mejorar para llevar a cabo una gestión más democrática y acorde con la realidad provincial. A continuación, se presentan los principales argumentos esbozados. Destacamos a continuación los contenidos de los respectivos análisis:

- Marbella: Al ser la comunidad con el conflicto más reciente, sus representantes hicieron un llamado al seguimiento fiel de la normativa legal en materia de fuentes y uso de agua potable. Así, demandaron a las instituciones del Estado como a los gobiernos municipales de velar por el resguardo ambiental en comunión con desarrollo comunal. También, llevaron una serie de propuestas que incluían la petición que se regule el mercado de bienes raíces, especialmente en zonas con alta volatilidad como las costas guanacastecas. Finalmente, apuntaron también la necesidad de fortalecer la normativa de las ASADAS para prevenir el traspaso de puestos administrativos a representantes del sector inmobiliario.

- ASADAS de Potrero y Brasilito: Siguiendo con lo expresado por los representantes de Marbella y de la experiencia de su propia conflicto, los participantes de Potrero y Brasilito subrayaron la necesidad de fortalecer la gestión comunal de las ASADAS. Se hizo hincapié en que en territorios con enorme presión inmobiliaria se hace vital llevar de manera adecuada la administración del agua en busca siempre de la mayor satisfacción de los usuarios comunales. Para estos, la mala administración o errores en el camino son portillos por los cuales las comunidades pueden ser despojadas de la administración local del agua. 

-  Comité ProDefensa del Agua de Sardinal: Esta es la organización con mayor experiencia, su conformación como grupo organizado cuenta con 12 años de existencia. El grupo hizo énfasis en la necesidad de que haya una mayor fiscalización y participación comunal en todo proceso en el cual el Estado esté inmiscuido. Especialmente en regiones con potencial para el conflicto. Para estos, el Estado y por extensión todo el sector público institucional es un espacio en el cual no se sabe con seguridad a qué intereses responde. Por lo cual se hace necesario que se entable un dialogo constante entre todas las partes en el cual se discuta que se entiende por desarrollo y como las comunidades locales puedan beneficiarse.

Finalmente, se distribuyeron copias del libro a todas las personas que atendieron a la convocatoria. Entre todos los grupos asistentes y de manera unánime se acordó continuar con el dialogo intercomunal. Se planteó la idea de crear un órgano de dialogo y participación para la zona costera, siguiendo el ejemplo de otras regiones en Costa Rica que han seguido un modelo federado de ASADAS.

Guanacaste, ¿quién controla el agua?

La provincia de Guanacaste, especialmente su zona costera ha sido foco de conflictos en los últimos años. A diferencia de otras zonas del país, la discusión en torno a la gestión del agua ya trasciende sus aspectos administrativos y se vincula al modelo de desarrollo turístico imperante en la zona. Esto fue algo que se hizo palpable en el conversatorio. La suma de experiencias relatadas evidenció que el modelo de desarrollo que ha seguido la provincia alberga en su vientre un potencial para el conflicto. Ya no solo se plantea la discusión en términos de agua para que y agua para quien, sino en quien controla el agua.

Siguiendo el argumento del libro todos los grupos presentes en el conversatorio hicieron referencia a la prominencia del Estado y el sector público institucional, que se convierte en un actor fundamental para comprender la distribución de costos y beneficios. Por ejemplo, vale la pena contrastar las experiencias relatadas. Mientras que en Sardinal y Marbella hubo una intención manifiesta del sector privado ligado a desarrollos inmobiliarios de controlar y administrar el agua que termina finalmente por pasar a la administración estatal como salida salomónica abierta a la interpretación de los actores involucrados. Por el contrario, en Potrero, primó el deseo de resguardo de la administración de la ASADA por parte de la comunidad antes de que pasara a control estatal y mucho menos a manos privadas.   

En todo caso, se hace constancia que el tema de agua y desarrollo turístico este lejos de que se agote. Libros como el presentado y la actividad realizada representa un aporte fundamental a la discusión y ejercicio democrático.