La provincia de Guanacaste, en el pacifico norte de Costa Rica, no es ajena a los conflictos socio ambientales. En los últimos 20 años, una de las principales causas de esta conflictividad ha tenido que ver con las intenciones de extracción, apropiación y uso exclusivo de fuentes subterráneas de agua potable por parte de diversos tipos de desarrollos turístico inmobiliarios, ya sean  hoteles de renombre internacional o proyectos turísticos residenciales, muchas veces en detrimento de los usos tradicionales por parte de comunidades locales.

Siguiendo una tendencia de irrupción más que de acoplamiento con esas comunidades, procesos de este tipo son reconocibles en diversos territorios costeros de Guanacaste. En algunos casos ha dado lugar a conflictos en los cuales comunidades locales han tenido que recurrir a formas de protesta que ya son parte de la historia reciente de Guanacaste, evidenciando una conflictividad  generalizada. Hago referencia a marchas, movilizaciones y bloqueos en carreteras provinciales importantes y posteriormente la canalización del conflicto por vías institucionales en nombre del resguardo de un recurso natural particularmente sensible en la provincia: el agua.

Orígenes de conflicto

Uno de estos primeros conflictos sucedió alrededor de la explotación del acuífero Nimboyores en la comunidad de Lorena, en el cantón costero de Santa Cruz. Este conflicto es uno de los de más larga historia en la provincia. Antes de que el conocido conflicto en Sardinal estallara allá por el año 2007, la comunidad de Lorena ya había tenido una disputa con el Hotel Meliá Conchal en el año 2000. En aquella ocasión, el complejo hotelero pretendía la explotación de 60 litros por segundo del acuífero comunal para, de esta manera, cubrir sus necesidades de agua para su adecuado funcionamiento ante el agotamiento por sobre explotación que había sufrido el acuífero Huacas-Tamarindo, del cual se abastecía la mayor parte de zona costera del cantón de Santa Cruz.

Según el Tribunal Centroamericano del Agua, el proceso estuvo marcado por una serie de irregularidades que hacían dudar de la verdadera capacidad de extracción del acuífero Nimboyores. Entre ellas la ausencia de estudios de impacto ambiental o los permisos correspondientes otorgados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), principales entes rectores costarricenses del recurso hídrico en materia técnica. Así como también la instalación de una tubería de 18 pulgadas de diámetro y un acueducto de 320 kilómetros de largo, aunque la distancia entre el hotel y la comunidad de Lorena era de solo 16 kilómetros y el diámetro propuesto funcionando en óptimas condiciones podía llegar a trasladar hasta 360 litros por segundo, cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de hasta 200 mil habitantes, un número exagerado si tomamos en cuenta que el conjunto de comunidades locales que se beneficiaban del acuífero de Lorena apenas llegaban a las 13 mil personas.

De esta manera, y producto de la presión interpuesta por la comunidad el proyecto se suspendió, hasta que en el año 2013 fue reactivado, esta vez desde la dirección técnica del AyA, ante la grave situación de desabastecimiento que empezaron a sufrir no solo los proyectos turísticos inmobiliarios sino varias comunidades locales, con el corte de agua de manera más incesante desde que todos estos nuevos proyectos inmobiliarios empezaron a dibujarse en el paisaje costero.

Un conversatorio para hacer balance

En este artículo retomamos la historia del conflicto en Lorena a partir de un conversatorio organizado en el salón comunal de dicha comunidad celebrado el 2 de noviembre de 2018. Dicho conversatorio fue parte de una gira de campo del grupo de estudiantes del curso de Movimientos Sociales de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), que acompañé con la intención de compartir con los estudiantes las experiencias en investigación y luchas comunales para sensibilizarlos en las distintas problemáticas que acontecen en la provincia de Guanacaste. La convocatoria al conversatorio fue posible gracias al apoyo decidido de contactos claves en distintas comunidades rurales guanacastecas que a través de llamadas telefónicas facilitaron la realización del evento, y que sin esos contactos no hubiera sido posible.

Conversatorio de 2 de noviembre de 2018.

Tratamos de conocer el momento que atraviesa la comunidad en la actualidad y, sobre todo, comprender qué lectura hacen del conflicto ahora, después de 18 años. La principal conclusión es que existe una crisis de legitimidad de los espacios formales de representación y de toma de decisiones propuestos por y desde la institucionalidad pública en Guanacaste alrededor de la gestión de fuentes de agua potable, que viene a poner en entredicho un derecho tan fundamental como es el acceso al agua.

Reactivación del proyecto y fractura de la comunidad

Una vez reactivado el proyecto en 2013, y ante la amenaza de una nueva movilización de la comunidad, a través de sus representantes el gobierno acordó realizar una reunión el 8 de septiembre de 2014 en el salón comunal de Lorena con la intención de presentar la nueva versión del proyecto. A esta reunión atendieron delegados de diversas ASADAS costeras [1], representantes del AyA, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), representantes de las Municipalidades de Santa Cruz y Nicoya, diputados afines al proyecto, la Cámara de Turismo de Guanacaste y representantes de diversos proyectos inmobiliarios en la costa.

La nueva versión del proyecto presentada en aquella reunión ya no solo abastecería el Westin Golf Resort & Spa: Playa Conchal (antiguamente Hotel Meliá Conchal) [2] sino que también al proyecto turístico residencial Reserva Conchal, así como a playas que han tenido un crecimiento importante en proyectos residenciales como Tamarindo y Flamingo, esta última donde, según las personas entrevistadas, hay un plan de construir una marina para el anclaje de embarcaciones de lujo que vendría a demandar un amplio caudal de agua potable.  

A pesar de las interrupciones continuas de la reunión por múltiples discusiones, se tomó la decisión de conformar una Comisión Fiscalizadora de la construcción del acueducto con representantes de los tres sectores, comunal, gobierno y sector privado: la Comisión para el Manejo Sostenible del Acuífero Nimboyores y Acuíferos Costeros (CONIMBOCO). Además prometieron realizar una campaña de reforestación para evitar la erosión de los suelos y también abastecer a otras 10 comunidades, extrayendo 188 litros por segundo con una inversión de 15 millones de dólares.

Video de la reunión del 8 de setiembre de 2014 del Instituto de Oceanología de Costa Rica.

A partir de este momento el proceso comunal pasó por una serie de episodios que desembocaron en una fractura interna, a causa de la confrontación por distintas valoraciones de si con la participación en CONIMBOCO se iba a salvaguardar el interés general de Lorena y si la ASADA de Lorena debía seguir formando parte de CONIMBOCO. Esta fractura se hace claramente patente si tomamos en cuenta que durante el último año aún ha habido personas de la comunidad que marcharon en contra de la entrada en funcionamiento del acueducto, como la marcha del pasado 8 de febrero de 2018, que fue reprimida por la policía nacional. Las causas que llevaron a esta fractura fueron múltiples:

1. Los liderazgos iniciales surgidos en la primera década del año 2000 han sido cuestionados al punto que, luego de 18 años, han sido sustituidos de la junta administradora de la ASADA. Según los participantes en el conversatorio, los cuestionamientos se han debido a que esos primeros liderazgos trataron de hacer carrera política fuera del ámbito comunal hacia el provincial y nacional, y poco a poco fueron perdiendo el interés en canalizar la oposición general de la comunidad a la explotación del acuífero, alejándose del principal motivo que los llevaron a esos puestos, tomando posturas que más bien negociaban la cantidad de litros a extraer [3].

2. La primera y principal demanda que sostenía la comunidad de no continuar con el proyecto de extracción de agua ya fue descartada de antemano en CONIMBOCO. La comunidad de Lorena afirma que a pesar de que la ASADA de Lorena aún forma parte de CONIMBOCO este es un espacio donde se decide cuándo y cómo se va realizar el acueducto y dentro de ese espacio deben dialogar, más nunca fue un espacio en que se discutiera si el proyecto debía continuar o no.

3. El proyecto ya está en su fase final, los cuatros tanques de captación colocados en Lorena ya están a punto de iniciar funciones a pesar de que la mayor parte de la comunidad no está conforme con el desenlace del conflicto.   

Otro punto de interés que fue explicado en el conversatorio tiene que ver con el hecho que los procesos de integración en la economía turística de las comunidades locales (principalmente las comunidades circundantes a proyectos hoteleros y turístico residenciales como Lorena) son limitadas a la contratación personal, especialmente en temporadas altas durante la visita de turistas. En muchos casos, lo que se encuentra en comunidades como Lorena es la promesa de trabajo dentro del imaginario colectivo en tanto que el sector turístico es el principal referente, sino el único, para estas comunidades de satisfacer las necesidades de trabajo. Sin embargo, no se podría hablar de que es un elemento que frenase la reacción de defensa, posiblemente porque la gestión y administración del agua es a través de la figura de la ASADA, hecho que propicia una relación más orgánica de gestión al no ser un servicio que sea otorgado por alguna institución externa a Lorena.    

Dudas sobre los espacios de negociación

Los habitantes de la comunidad de Lorena, participantes en el conversatorio, perciben que el gobierno atiende las emergencias en abastecimiento de agua potable cuando es el sector turístico-inmobiliario quien se ve afectado, mas no hay el mismo interés por parte del gobierno por regular las condiciones en que son explotados los acuíferos costeros que llevan más tarde a la urgencia de buscar y extraer nuevas fuentes de agua potable.

¿Realmente atienden estos espacios de representación las dudas y posiciones de las comunidades? Siguiendo la experiencia de la comunidad de Lorena parece que no, parecería que cuanto más se participa en espacios formales de representación y de toma de decisiones como Municipalidades y comisiones propuestas por el gobierno como CONIMBOCO las comunidades van perdiendo poder de incidencia en cuanto al control de sus fuentes de agua potable. Estaríamos hablando de estrategias que vienen desde el gobierno que se proponen para primero a desmovilizar para luego negociar con representantes de manera individual a través de reuniones continuas, estrategias que se han visto en conflictos posteriores como Sardinal o Potrero.    

En este punto, me gustaría traer a colación los aportes del geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes [4]. Para este autor el territorio expresa en última fundamentalmente una relación de poder. Los órganos e instancias gubernamentales tienen una concepción reduccionista del territorio formada por una relación lineal y unidimensional de las relaciones entre distintos espacios de gobernanza (comunal, distrital, cantonal, provincial y nacional), ignorando el conflicto estructural a través de espacios de toma de decisiones y de negociación ya delimitados previamente por éste. De tal manera que el territorio, y todo lo que contiene, sean estos recursos humanos, espaciales o naturales; forman parte de un proyecto de desarrollo territorial ya definido con anterioridad.

Mural Agua es vida. Fotografía de Arturo Silva Lucas.

Estos espacios formales de representación y de toma de decisiones se vuelven, como su nombre lo indica, una formalidad en el cual las demandas legítimas de las comunidades se van diluyendo. Siendo más bien un ejercicio de desmocratizacion, puesto que tal y como sucedió con Lorena, la comunidad perdió control sobre el acuífero que han utilizado durante décadas.   

Se entiende de antemano que Guanacaste, y principalmente su territorio costero, como un espacio dedicado a la inversión turística, que sirve para la colocación de capital vinculado a los mercados inmobiliarios. El gobierno y sus distintas instancias aparece como la figura que, lejos de resolver la raíz del conflicto estructural mediante la regulación de los acuíferos costeros, o limitar también el continuo otorgamiento de permisos de construcción, procura solventar lo más pronto posible las necesidades del creciente sector turístico inmobiliario, que parece actuar de manera independiente y fuera de las particularidades y contexto en el cual está inmerso.        

Si lo que en un inicio empoderó a la comunidad de Lorena para garantizar su derecho a la gestión y acceso de agua potable fueron las acciones disruptivas, como marchas y bloqueos, ahora los espacios de negociación y representación hacen suponer que estos minan la capacidad de incidencia puesto que avanzan sobre el dialogo con individuos y el desgaste de la organización comunal a partir de objetivos ya definidos, objetivos que propician que se atente contra un derecho tan fundamental como es el derecho al agua.