El pasado viernes primero de marzo se inauguró el acueducto Coco-Ocotal en el cantón costero de Carrillo, provincia de Guanacaste. Con la presencia del presidente de la republica, Carlos Alvarado, la presidente ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, y otros representantes institucionales, se anunció con grandes expectativas la conclusión de un proyecto de abastecimiento de agua potable que llevaba más de 10 años en la agenda pública y privada. 

Con una inversión de 1,823 millones de colones con la participación de actores tanto públicos como privados, el proyecto promete subsanar las necesidades de agua potable de por lo menos 34,000 habitantes por los próximos veinticinco años en uno de los territorios en que más ha escaseado el suministro de agua potable, especialmente a partir de la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la transnacionalización económica de Guanacaste en clave turística, materializado en la construcción de proyectos hoteleros y residenciales.

Este hecho marca un punto de inflexión en la historia reciente de la provincia que merece ponerse en perspectiva. Lejos de tratarse de una obra pública más, el nuevo acueducto remite a una de las movilizaciones sociales que más capturó la atención de la población local, activistas ambientales y académicos: el conflicto por el agua en la comunidad de Sardinal en contra de la construcción de dicho acueducto. 

La finalización del acueducto permite entender en qué momento se encuentra Guanacaste como destino turístico internacional. En un esfuerzo por rescatar el pasado reciente, la movilización social de la comunidad de Sardinal representó una ruptura con el discurso dominante, que obligó repensar en los impactos sociales y ambientales del modelo de desarrollo turístico que ha predominado en Guanacaste.    

Imagen de Arturo Silva Lucas.

Al mismo tiempo, la conclusión del acueducto representa la continuidad y profundización de modelo turístico que ha predominado en la provincia, en la medida que se realizan obras públicas que buscan su consolidación como destino turístico de renombre internacional y, al mismo tiempo, se anuncian nuevos acuerdos y proyectos de infraestructura turística privada, producto de la inclusión de intereses privados en el aparato público. 

El conflicto en Sardinal: la ruptura

El conflicto en Sardinal tiene su origen en la sobreexplotación que han sufrido los acuíferos costeros a raíz de un intensivo crecimiento urbano en las Playas del Coco y Ocotal. Este desarrollo fue protagonizado mayoritariamente por proyectos comerciales y turísticos residenciales, que han puesto esas playas en el centro de inversiones propias del mercado de bienes raíces. Ante la situación de escasez hídrica, en 2007 un conglomerado de desarrolladores inmobiliarios costeros inició la financiación de los estudios de un acueducto y tanque de captación que tenía por intención trasladar agua del acuífero de Sardinal a la zona costera. Pero el proyecto fue suspendido en 2009 por la Corte Constitucional porque se evidenció que no contaba con los estudios que aseguraban la explotación responsable del acuífero ni de participación comunal a la que obliga la legislación costarricense. Entre 2007 y 2009 se sucedieron una serie acciones colectivas, tanto directas como por vías institucionales, llevadas a cabo por la comunidad de Sardinal y otros actores sociales que, en respaldo de la comunidad, pedían detener la construcción del acueducto [1]

La movilización de Sardinal se puede entender como una reacción a los nuevos procesos de apropiación de recursos naturales que tienen en el segmento de turismo de sol y playa un nuevo eje de acumulación en Guanacaste. La evolución del conflicto puede caracterizarse en dos grandes momentos. El primero se configura en torno al hecho que la base comunal ve en el acueducto una amenaza para la reproducción de la vida comunitaria. En un segundo momento, el involucramiento de una serie de organizaciones ambientales, sociales y académicas en respaldo a la comunidad redimensiona el conflicto, ubicándolo en una realidad caracterizada por la continua inversión en grandes proyectos inmobiliarios en las costas guanacastecas a costa de la seguridad en el abastecimiento hídrico de las comunidades receptoras.

La movilización que finalmente propició la suspensión del acueducto, provocó una ruptura en la narrativa del proyecto-provincia como destino turístico internacional. La interrupción del acueducto suponía que los proyectos inmobiliarios en Playas del Coco y Ocotal no tuvieran seguridad en el abastecimiento de agua para su adecuado funcionamiento. Pero al mismo tiempo facilitó que otros conflictos similares empezaran a tener una mayor difusión y atención, como los acontecidos en las comunidades de Lorena y Potrero, entre otros. En que se replicaban dinámicas de desposesión similares a la sucedida en Sardinal.

Actualmente, y después del agotamiento de mesas de negociación entre representantes comunales y gobierno, este último ha optado por continuar con el proyecto a pesar de las desavenencias con parte de comunidad.

Lo que entre los años 2007 y 2009 se presentó como una comunidad organizada en torno a un objetivo definido, actualmente existen algunas fracturas que tienen que ver en gran parte con largos procesos de negociación a los cuales se ven sometidos. Como parte de lo que parece ser una estrategia replicable en otras comunidades donde hubo conflictos similares, se hace palpable que el resultado siempre es el mismo: la conclusión en proyectos de infraestructura hídrica en zonas costeras se realizan sobre las necesidades del sector turístico residencial.      

Imagen de Arturo Silva Lucas.

El conflicto en Sardinal se ubica en aquello que Maristella Svampa denomina como movilizaciones que se inscriben entre la memoria de mediano plazo y de corto plazo que tienen en los bienes comunes su principal objeto en disputa [2]. Esto es, la conjunción entre la crisis de representatividad política luego del agotamiento del Estado interventor y movimientos que se oponen a la mercantilización de los recursos naturales enmarcados en visiones de desarrollo de fuerte presencia transnacional y profundamente extractivistas.    

El conflicto en Sardinal fue el primero en alcanzar a la mayoría de medios de comunicación del país poniendo en la discusión pública la manera en que opera la industria turística en Guanacaste que, a pesar de estar presentes desde hace mas de veinte años, no ha llevando el bienestar a la prometido.  

Actualidad y profundización del modelo

La inauguración del acueducto Coco-Ocotal, que remite nuevamente al conflicto de Sardinal, invita a volver a visitar el desarrollo turístico en la provincia, a menos de un año de la elección del nuevo gobierno en mayo del 2018 del Partido Accción Ciudadana. Este partido se presenta con una orientación centrista, pero en el contexto de unas elecciones muy polarizadas pactó con el ala más neoliberal de uno de los partidos políticos tradicionales del país, el Partido Unidad Social Cristiana, con el fin de tener así un mayor margen de gobernabilidad. En este escenario se han venido realizando acuerdos público-privados, así como distintas obras públicas que permiten reconocer la intención de profundizar en el modelo de desarrollo turístico en la provincia.  

Veamos las últimas noticias vinculadas al tema:

- El 18 de setiembre de setiembre del 2018 inician las obras de ampliación a cuatro carriles de la carretera interamericana norte en el segmento Limonal-Cañas. Una obra que, según el comunicado presidencial, responde a la necesidad de dotar de una carretera que permita mejores oportunidades de desarrollo turístico de Guanacaste.

- El 11 de febrero del 2019 los consorcios turísticos residenciales Costa Elena, Las Catalinas en Santa Cruz y la Marina de Playa Flamingo anunciaron nuevas ampliaciones en su infraestructura, estos proyectos cuentan con el respaldo de los gobiernos locales para los permisos de construcción aunque su ejecución efectiva depende en gran medida de la velocidad con que los permisos dados por la Secretaria Técnica Ambiental en el gobierno central sean más agiles.

- El 27 de febrero del 2019, mediante un comunicado oficial, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció la firma de un convenio de cooperación por cinco años con la principal plataforma empresarial costarricense encargada de atraer inversión extranjera directa Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE). El convenio tiene como objetivo promover y facilitar la llegada de proyectos de inversión en infraestructura turística a través de la incorporación del ICT al proyecto de Ventanilla Única de Inversión para agilizar los trámites y facilitar los procesos de instalación de proyectos de inversión extranjera en distintos destinos del país.

- El 28 de febrero la cadena de hoteles Meliá anunció que va a desarrollar un nuevo proyecto de hotel en Tamarindo, en Santa Cruz, que estaría en funcionamiento en agosto del 2019. Espera tener 242 habitaciones listas para mediados de año.

- El primero de marzo del 2019 se inauguró el acueducto Coco-Ocotal. Este proyecto debe suplir las necesidades de las comunidades costeras del cantón de Carrillo, pero también de varios proyectos turísticos residenciales que han estado esperando la conclusión del acueducto, entre esos Azul Paraíso, un desarrollo habitacional realizado por el actual ministro de Enlace entre el sector público y privado, André Garnier.  

En este contexto el nombre de André Garnier no aparece por casualidad. Se trata de la cabeza de una de las mayores empresas inmobiliarias de Costa Rica: Garnier & Garnier. Responsable de las ampliaciones en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, la mayoría de Zonas Francas del país, así como un importante número de edificios de apartamentos en distintas partes de Costa Rica según detalla la página web de la empresa.  Su participación en el gobierno muestra la voluntad del actual gobierno de continuar y profundizar en el modelo de desarrollo turístico luego del fin de la crisis inmobiliaria iniciada en 2009.

Basado en la construcción de inversiones millonarias de cadenas hoteleras de renombre internacional paralelamente a inversiones residenciales, este modelo no solo ha provocado una conflictividad ambiental sino que tampoco ha subsanado el principal problema con el que tradicionalmente se ha legitimado: la necesitad de  mejorar los índices de empleo.

Según Edgar Blanco, el balance del desarrollo turístico que se ha producido en Guanacaste entre los años 1990 y 2016, tal y como se ha llevado a cabo, no ha tenido los resultados esperados [3]. El escaso empleo directo generado supone que desde la década de los noventa la provincia mantenga números rojos en cuanto a desempleo, siempre por encima de la media nacional, con excepción de los años 1995 y 2005. De este modo, el desempleo ya forma parte de la histografía provincial. Así pues, no parece haber una relación clara entre inversión extranjera en turismo y desarrollo social en Guanacaste. Sin embargo, las autoridades públicas optan por profundizar en este modelo.

Conclusiones

El modelo de desarrollo turístico en Guanacaste responde a la necesidad de recolocar capital turístico inmobiliario en regiones que no se han agotado como destino turístico a través de la participación clave de intereses privados en la esfera pública en sus diferentes instancias, tanto instituciones autónomas como el AyA, gobiernos locales y gobierno central. Un modelo que, bajo un esquema tradicional de arriba hacia abajo, se contempla que más tarde que temprano el derrame de inversiones llegue a los estratos más bajos de la población guanacasteca.

Al mismo tiempo, la continuación y profundización del modelo carga consigo una consecuencia más que no puede pasar desapercibida: el poco espacio que deja a otras alternativas de desarrollo turístico que provengan de iniciativas que no sean del capital turístico transnacional.

El territorio como tal es definido material y simbólicamente a partir de la relación entre distintos actores sociales en una continua disputa por el espacio y los recursos que contiene, que a través de múltiples mecanismos y plataformas logran llevar a cabo sus intereses. Las rupturas como la que se produjo en el caso de Sardinal permiten comprender en su amplitud como opera y qué consecuencias traen consigo determinados modelos de desarrollo, lo cual permitiría pensar en alternativas. Sin embargo, lejos de atender estas rupturas y pensar en otros posibles caminos de desarrollo, parece que este gobierno ha optado por profundizar en un modelo ya agotado.