El pasado dos de agosto tuvimos la oportunidad de visitar la comunidad de Playa Dominicalito, ubicada a en el cantón puntarenense de Osa, pacífico sur de Costa Rica entre el Parque Nacional Manuel Antonio y el Parque Nacional Marino Ballena. Poblado de pescadores que, como muchas otras comunidades del pacífico sur, comparte episodios de luchas por acceso y tenencia de tierras, amenazas de cambios abruptos de estilos de vida tradicionales y una ausencia estatal en el apoyo a actividades productivas de pequeña escala.

Inicialmente poblado por migrantes de otras zonas del país buscando tierras libres para cultivo a inicios del siglo veinte, la comunidad de Dominicalito pasó paulatinamente a sustentar sus ingresos a través de la pesca. Años después, en las décadas de los ochenta y noventa, la comunidad fue forzada a trasladarse de la primera línea costera a cinco kilómetros tierra dentro, por conflictos con desarrolladores inmobiliarios que reclamaban títulos de propiedad. Finalmente, producto de la mediación estatal el traslado se hizo efectivo mediante una serie de promesas como la construcción de viviendas de bien social, infraestructura comunal, servicios de salud y agua potable [1] (Solís, V; Fonseca M; Cubillo R, 2015).

Imagen de Alba Sud.

No es sino hasta el año 2001 que se conforma la Asociación de Pescadores Artesanales Mar Nuestro de Dominicalito(APAD) que, a su vez, forma parte de la Red del Golfo, Pescadores de Guanacaste, Puntarenas y la Zona Sur. La Asociación cuenta con más cuarenta asociados y tiene como objetivo facilitar la representación institucional para la canalización de recursos que proporcione el desarrollo de la comunidad.

Con ellos tuvimos la oportunidad de conversar, durante una jornada de intensa lluvia, sobre los desafíos que enfrentan, la situación que atraviesa la pesca artesanal como principal sustento comunal y la relación que existe con la actividad turística presente en la zona.

Pesca, Estado y ambiente

La costa de Dominicalito posee una serie de características naturales que permiten que la actividad pesquera se lleve a cabo en muy buenas condiciones. La barrera coralina que la resguarda impide la entrada de fuertes oleajes, y esto facilita el aglomeramiento de fauna marina y buenas condiciones para la pesca.

En 2018 fue certificada como Área de Pesca Responsable por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). Esto significa que los pescadores de la zona llevan a cabo prácticas que no atentan contra la regeneración natural de los recursos marinos utilizando líneas y carnadas para la captura de peses, permitiendo un balance entre conservación y sustento para las familias pesqueras. Se trata de una práctica opuesta a otras formas, como la pesca de arrastre, que con redes que llegan hasta el fondo marino arrastran con toda vida marina que caiga en las redes.

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Sin embargo, la reciente pretensión de la nueva Reserva Marina Álvaro Ugalde amenaza con volcar la balanza hacia un conservacionismo ambiental que no contempla las practicas y comunidades locales [2]. El proyecto de Ley, tramitado bajo el expediente N° 20333, es impulsado por varias ONG ambientales nacionales e internacionales como PRETOMA y Preserve Planet, así como por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Con él se pretende ampliar la cobertura de preservación de una abundante vida marina, entre la más importante la visitación de ballenas jorobadas. La Reserva Marina Álvaro Ugalde comprendería desde el Parque Nacional Marino Ballena en Playa Uvita (ubicada a 16 kilómetros sur de Dominicalito) hasta la punta más al sur de la Península de Osa, albergando mas de 400.000 hectáreas de espacio marino y 171 kilómetros de litoral pacífico.

Carlos Stevenson, presidente de la APAD, valora en declaraciones a Alba Sud este proyecto a la luz de lo sucedido en Marino Ballena: “Usted ve lo que pasó con los pescadores artesanales de Uvita, a ellos les prometieron que les iban a dejar pescar cuando inauguraran el Parque Marino Ballena, que les iban a dar unas panguitas para pescar y ahora están viendo cómo hacen… fue un desastre porque no tienen donde pescar hasta tienen restricciones al acceso a la playa porque se prioriza la entrada de turistas”.

Además, Stevenson agrega que esto conllevaría más presión a Dominicalito porque “donde van a tener que pescar toda esa gente sino es aquí (en Dominicalito). Uno los entiende porque, somos de los mismos, compartimos las mismas necesidades, pero lo que esta haciendo el gobierno es dar la espalda a la realidad nuestra”.

La APAD insiste en que el caso citado tiene que ver con un problema de representatividad e incidencia del sector pesquero artesanal ante instituciones públicas para que sus demandas sean atendidas. Durante la conversación con el grupo de pescadores, nos dieron tres ejemplos que permiten reconocer esta situación. Primero, una gestión centralizada de INCOPESCA en el cantón central de Puntarenas que dificulta la atorgación de permisos de pesca para el sector artesanal. Así lo cuenta el mismo Stevenson: “Vea, con INCOPESCA yo creo que el principal problema es que hay un manejo más político que otra cosa. Porque se supone que en la mesa directiva se sientan representantes de cada sector marino, y ellos son los que hablan con el (Poder) Ejecutivo. Cuando nosotros (el sector pesquero artesanal) nos reunimos con el presidente de la República ¿Qué nos dice? No se reúnan conmigo, reúnanse con mis jerarcas”.

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En segundo lugar, la reciente aprobación de la Reforma Fiscal aumenta en un 13% una gran parte de los bienes y servicios del mercado, lo cual disminuye las posibilidades de continuar con la pesca artesanal como sustento porque, según Miguel Sibaja, miembro de la APAD, “la pesca depende mucho de las condiciones del mar, del precio del pescado. A veces nos va bien, a veces va mal. Ya de por sí casi siempre tenemos que salir endeudados al mar. Ahora imagínese con este aumento…lo que a veces la gente no entiende es que gran parte de los gastos los tenemos que hacer con préstamos, pero las perdidas siempre nos quedan asumirla nosotros”.

Y Stevenson refuerza el argumento: “la Reforma Fiscal ha afectado a todo el país, especialmente a los pescadores en el sentido del alza para el consumo de aceite, de combustible, de todo lo que se tiene que usar en la pesca…y el pescador por la situación en que vive de bajo salario…donde se le hace mucho más difícil cubrir los gastos”.

Como tercer ejemplo, citan el reciente Decreto Ejecutivo N° 41775 para la Gobernanza Marina, que busca trasladar las competencias en materia de pesca artesanal del INCOPESCA al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Esto implica, para la APAD, que la actividad sea canalizada mayoritariamente desde un lente de conservación y protección ambiental, ya no como una actividad esencialmente productiva, según explica Sibaja: “Es una medida que uno la entiende, sabe de dónde viene. Los ambientalistas lo que quieren es prevenir la pesca de arrastre, y cuidar los medios naturales, pero ese decreto atenta contra nuestro medio de vida. Realmente están dejando al sector con las manos atadas…sin tener donde pescar.”

Comunidades costeras con las manos atadas

La experiencia relatada por los pescadores de Playa Uvita muestras políticas e iniciativas legislativas con un fuerte contenido ambiental que dejan de lado las necesidades y realidades de comunidades locales. Por su parte, el caso de Dominicalito es ejemplarizante. Por su ubicación rodeada de parques nacionales queda en una especie de encierro geográfico: es el único espacio donde otras comunidades del litoral van a poder llevar a cabo la pesca artesanal, de una franja total de litoral que comprende 233 kilómetros, desde el Parque Nacional Manuel Antonio, pasando por Dominicalito hasta la punta más al sur de la Península de Osa. 

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Actualmente la pesca artesanal pasa por momentos de mucho agravio, las recientes movilizaciones nacionales del sector pesquero artesanal dan fe de esto. En términos estructurales tiene que ver con una contradicción ya puesta bajo análisis en Costa Rica: la promulgación de políticas ambientales a escala nacional en muchas ocasiones no tiene consonancia con políticas y estatutos que norman el desarrollo y actividad comunal.

A esto le podemos sumar las políticas de atracción de inversiones, que tienen en el turismo un sector de gran dinamismo vinculado con los mercados internacionales. Estos análisis han subrayado las contradicciones que traen consigo la creación de legislación que no encuentra balance entre destinos que han tenido un súbito desarrollo turístico, protección a espacios y recursos naturales con la reproducción de la vida en comunidades costera [2]. 

En el escenario actual de Dominicalito, no es casualidad que aparezca como alternativa el turismo, una actividad que en años recientes ha cobrado importancia. A esto se le dará detalle en la segunda parte de este artículo.