Guatemala ocupa actualmente el puesto 126 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con marcadas diferencias en acceso a servicios e igualdad de oportunidades laborales y académicas. En términos generales, tal y como se indica en el informe anual del PNUD, los países de América Latina han tenido avances en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, Guatemala va contra corriente. Los niveles de pobreza y pobreza extrema han aumentado en el país, cuando en el resto de la región la tendencia ha sido a la baja, lo que alimenta la desigualdad.

De hecho, según un informe del Banco Mundial de 2014, ya por entonces Guatemala era el cuarto país más desigual de Latinoamérica. A pesar de aumentar su Producto Interior Bruto (PIB) en un 3% anual de media en lo que va de siglo, incluso pudiendo superar el 4% en este 2020, los beneficios de dicho crecimiento repercuten en una minoría de su población. Un hecho constatable teniendo en cuenta la tasa de pobreza del 60% que soporta y el mayor índice de trabajo infantil de toda América Latina, con más de 850.000 menores integrados en el mercado laboral. Un dato que va muy de la mano con otro aún más sangrante. Según los cálculos más recientes, en Guatemala uno de cada dos menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, una cuestión que tiene que ver con las escasas posibilidades de desarrollo y precarias condiciones de vida.

El Altiplano guatemalteco, así como el departamento de Alta Verapaz, han sido regiones olvidadas por muchos años por parte del Estado, con limitaciones muy altas en términos de inversión pública en el acceso a la justicia, infraestructura, salud y educación. La alta ruralidad del país, con más de siete millones de personas (el 44% de la población total) viviendo en municipios muy rurales, aunado a una carga tributaria tan baja e ineficiencia en su ejecución, hace que no alcancen los recursos para atender las demandas sociales más básicas.

Al hilo de esa escasa recaudación fiscal, como una de las principales causas, cabe indicar que el promedio nacional se ubica en el 21,3%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Guatemala es, en este sentido, el país con la carga tributaria más baja de América Latina y el Caribe, equivalente sólo al 13% del PIB nacional. En el caso de una correcta gestión de los impuestos directos sobre la renta que pagan las personas y el que pagan las empresas sobre sus beneficios, se podría hablar de una cierta compensación de dicha desigualdad, ya que en teoría pagaría más el que más gana o el que más riqueza tiene. Sin embargo, Guatemala ostenta el dudoso honor de tener el menor porcentaje de ingresos públicos en el mundo, en relación con el tamaño de su economía. Una circunstancia que conlleva, por ejemplo, que la inversión educativa sea de apenas el 2,9 por ciento del PIB, la más baja de toda Centroamérica, según constata la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). Al cóctel hay que añadir una tasa del 12% de analfabetismo, con más de 1,2 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir.

El turismo como tabla de salvación

Ante esta coyuntura, y como casi siempre, el turismo emerge como un posible bálsamo al que agarrarse. Ya en la actualidad, el sector supone una de las actividades productivas más importantes, con un peso del 5% en la economía nacional, sólo superada por las divisas generadas por el envío de remesas de guatemaltecos emigrados en el exterior. Según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), se estima que el turismo generó en 2019 más de 173.000 empleos directos, con la previsión de aumentar alrededor de un 3% anual hasta alcanzar los 247.000 en 2025. 

Ruinas maya en la Reserva de la Biosfera Maya. Imagen de Javier Tejera. 

Con 32 volcanes, playas en el océano Pacífico y el mar Caribe, sitios arqueológicos, exuberancia natural y tradiciones arraigadas, Guatemala es un atractivo natural en la región centroamericana. Con apenas un 2% de superficie urbanizada, la naturaleza está muy presente, sobre todo en la vasta región de Petén, en donde las 2,2 millones de hectáreas de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) lo monopolizan todo. No obstante, el turismo en Guatemala está muy centralizado en la capital a través de unas pocas empresas, que lo manejan todo a escala nacional. 

Esta circunstancia dificulta un desarrollo equitativo del sector que genere oportunidades de desarrollo socioeconómico para las comunidades rurales y campesinas del país. Las políticas de promoción, al mismo tiempo, proyectan una realidad de fachada con contenido contradictorio. Por ejemplo, durante la Feria Internacional de Turismo FITUR, celebrada recientemente en Madrid, Guatemala se presentó como un destino gastronómico para los visitantes extranjeros, con el objetivo de complementar sus atractivos culturales y naturales. Una diferenciación que queda en entredicho cuando se contrapone con los datos de desnutrición crónica en muchas de las áreas rurales del país. 

La RBM, un creciente polo de atracción de visitantes

A pesar de la centralidad en la gestión del modelo turístico, cada vez son más los turistas que se interesan por Petén. Con más de 250.000 visitantes nacionales y extranjeros registrados en 2019, el Parque Nacional de Tikal aglutina en la actualidad el 90% de los visitantes que llegan a la RBM. Una cifra que ha ido incrementándose exponencialmente en los últimos años. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1979, desde entonces ha sido uno de los principales recursos turísticos del país. Según un estudio de TripAdvisor en 2016, el Templo IV del Parque Nacional Tikal es el recurso turístico mejor valorado por los visitantes que llegan a Guatemala, lo que da una idea de su importancia para el sector del país. 

A pesar de estas cuestiones, se puede afirmar que el crecimiento turístico en Tikal se ha dado de forma desordenada y priorizando más bien poco los intereses de las comunidades locales. Una mayoría de empresas que operan en el parque son foráneas, hay poca redistribución de beneficios y una presencia institucional débil, con poca participación de las comunidades. Se han destapado casos de corrupción graves en la gestión del dinero procedente del cobro de entradas, así como episodios de conflictividad interna entre trabajadores, por lo que se ha externalizado el sistema a través de agencias bancarias autorizadas.

Parque Nacional de Tikal. Imagen de Javier Tejera. 

Del mismo modo, quedan por resolver graves asuntos medioambientales relacionados con la generación de residuos y el manejo de la escasez de agua en la zona, principalmente en los momentos de mayor afluencia de visitantes en el año. Esta es, de hecho, una realidad del contexto de Petén para todos los lugares arqueológicos con potencial de visitación. En todo caso, el atractivo de la zona, ejemplificado en el Parque Nacional de Tikal, ha sido un elemento nuclear de disputa entre los intereses foráneos y las necesidades u oportunidades de las comunidades residentes. 

Megaproyectos turísticos frente a necesidades de comunidades locales

En el 2002, el arqueólogo estadounidense Richard Hansen, financiado por el Global Heritage Fund, presentó el proyecto turístico llamado Zona Arqueológica Especial Cuenca Mirador. Según el científico, el turismo sería la única salvación para el desarrollo económico de Petén, defendiendo un modelo que proyecta hoteles en el bosque y un sistema de ferrocarril para transportar a los visitantes. Sus cálculos hablan de más de 80.000 visitantes por año en el plazo de una década, en una zona apenas visitada en la actualidad. No obstante, la propuesta de Hansen considera, dentro de sus límites espaciales, áreas que corresponden a las unidades de manejo de las concesiones forestales, entre ellas la de Carmelita (recientemente renovada). 

Precisamente, ante la prórroga de las concesiones forestales comunitarias agrupadas dentro de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) en la Zona de Usos Múltiples de la RBM, ha habido intentos desde algunos ámbitos políticos y empresariales de dejar fuera al turismo del concepto integral de manejo de las áreas. Esta cuestión, de hecho, está suscrita bajo un contrato con el Estado, lo que supone una contradicción. A nivel del marco normativo y del respaldo legal que da la Ley Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala, pero también por concebir al turismo como un sector desligado de la dimensión conservacionista y de otras actividades productivas en la zona. 

Por esta razón, proyectos como este liderado por Hansen afectarían a comunidades locales que se benefician actualmente de derechos de uso, acceso, extracción y manejo de los recursos de acuerdo con procesos legales de contratos de concesión. En la actualidad, el acceso a El Mirador es uno de los circuitos de trekking más reconocidos en la región. Requiere de cinco días en total para su realización a pie, dos días de caminata a la ida y otros dos a la vuelta. El Mirador se sitúa en una ciudad fundada en el Preclásico Medio y que, según los expertos, es uno de los sitios del origen de la civilización maya. Siguen siendo muchas las expectativas e intereses generados con este lugar, con presencia cada vez mayor de actores externos y una presión turística incipiente que va en aumento.

Inicio de la ruta de trekking desde Carmelita hacia El Mirador. Imagen de Javier Tejera. 

Las diferentes visiones en torno a la conservación y puesta en valor de El Mirador, principal recurso turístico del entorno de la comunidad de Carmelita, que recibe ahora mismo la visita de unos 2.000 turistas al año, es el epicentro de numerosas disputas, controversias y conflictos de intereses. Frente a los derechos adquiridos por la comunidad y de otras adyacentes como Uaxactún, hay arqueólogos, funcionarios, empresas privadas y organizaciones ambientalistas que difieren sobre la mejor fórmula para avanzar en la gestión y conservación de este recurso. A grandes rasgos, quien usa el área, quién la controla y quién se beneficia.

El caso de El Mirador no es circunstancial, sino que más bien pone el foco en un problema que puede ser de raíz. Las presiones externas e injerencias foráneas pueden crear fragmentación social en el seno de las comunidades, sobre todo en relación con el debate sobre el mejor modelo de desarrollo turístico. Frente a eso, debe quedar la convicción de que una experiencia única en la interpretación del patrimonio natural y arqueológico de la zona pasa por la interacción del visitante con la comunidad. 

No sólo eso. También pasa por el fortalecimiento de un modelo a pequeña escala, gestionado por las propias comunidades, en donde primen variables cualitativas sobre las cuantitativas, incluyendo el turismo dentro de concepto de manejo integral de las áreas concesionarias. El manejo forestal sostenible, corroborado por todo tipo de indicadores y entidades conservacionistas internacionales, es el mejor aval para apostar por el buen hacer de los comunitarios con el turismo a desarrollar a medio y largo plazo en la zona.