El impacto inicial de la pandemia provocada por el virus Covid-19 aún no se ha dejado de sentir en toda la profundidad que algunas voces vaticinan. El virus no solo ha puesto en riesgo a la salud pública, sino que también ha provocado una desaceleración económica que ha venido a cimbrar al capitalismo global. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo parece discutir al unísono como salir de la amenaza sanitaria al mismo tiempo que busca alternativas para reactivar las economías locales, nacionales, regionales y, por supuesto, global. 

Costa Rica no es ajena a esta situación, a 2 de mayo se han confirmado 725 casos y 6 muertes, según John Hopkins Resource Center, concentrados mayormente en la región central del país. Desde que se decretara emergencia nacional el 16 de marzo, los esfuerzos por atender la amenaza han implicado una mayor coordinación interinstitucional. Primero por contener la curva ascendente del virus bajo la dirección del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Seguridad en el cierre de fronteras, restricciones vehiculares y cierre de locales comerciales. Al mismo tiempo, desde el gobierno central se han coordinado acciones con instituciones descentralizadas para adoptar medidas, proveer subsidios e ingresos extraordinarios a personas que hayan visto afectado sus ingresos económicos. 

Entre las principales medidas adoptadas por las autoridades públicas para la totalidad de la población de Costa Rica están la postergación del pago de impuestos de utilidades y el de Valor Agregado por los meses de abril, mayo y junio; la suspensión de ordenes de corte del servicio de agua potable por impago a usuarios domiciliares, residenciales, preferenciales y comerciales por 60 días con posibilidad de prórroga; así como una reducción tarifaria del 50 % del servicio de luz eléctrica para clientes comerciales e industriales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por 3 meses. 

Uno de los sectores que mas ha sufrido los impactos provocados por el Covid-19 ha sido el turismo. La actividad turística es un eje estratégico de la política macroeconómica del país. Sobre ella descansa no solo la “marca-país”, sino que también se vincula toda una cadena de recursos y servicios que van desde lo local hasta lo nacional. Si bien los efectos a largo plazo aún no se vislumbran con facilidad, si podemos tomar en consideración los efectos y medidas tomadas desde que la epidemia estallara en marzo pasado. 

¿Qué sucede con el turismo?

El último estudio efectuado por el Banco Central de Costa Rica en 2016 indica que el turismo aporta a la economía nacional alrededor del 6,3% del PIB, es decir cerca de 2,712 millones de dólares anuales [1]. Según el Programa Estado de la Nación el sector ha tenido un crecimiento sostenido por encima del promedio nacional desde el 2012. La importancia de la actividad turística no solo radica en el empleo directo que genera, sino también en toda una serie de encadenamientos productivos y servicios a lo largo del país. Cabe mencionar que el 94% de las empresas de hospedaje con declaratoria turística está constituida por pequeñas y medianas empresas [2]. 

Como extensión de la declaratoria de emergencia nacional el 19 de marzo, mediante un comunicado presidencial, se cerraron todas fronteras nacionales. Esta orden ejecutiva conllevó que el 23 de marzo se declara oficialmente la “Temporada 0” por la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR). Esto significa un periodo de cero ingresos para el sector, es decir la paralización absoluta de la cadena de servicios vinculados al turismo. Como el cierre obligatorio de hospedajes, transporte de turistas y actividades dirigidas a turistas. 

La cancelación de reservas en hoteles, la prohibición de llegadas internacionales y el cierre obligatorio de los principales destinos de visitación turística en Costa Rica como playas y Áreas Silvestres Protegidas (ASP) provocó una contracción en las economías locales. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Ministerio de Trabajo, al 15 de abril 25.085 trabajadores directos del sector habían visto afectados sus ingresos, a causa de despidos, suspensión temporal de contratos y/o reducción de jornadas laborales. Estos datos no incluyen servicios y productos complementarios que se producen a través de encadenamientos o por parte de trabajadores informales vinculados a la actividad turística. 

Las estimaciones que se están haciendo sobre la duración de esta situación por parte de sus dos principales voceros, el ICT y CANATUR, es que la crisis tenga una duración de 15 meses. Esto es 3 meses de cero ingresos para el sector y posteriormente 12 meses de una lenta recuperación; dependiendo del contexto internacional y la evolución de la pandemia. Estas estimaciones son en el mejor de los escenarios, aunque un cálculo del ICT estima que la perdidas para Costa Rica solo para el mes de abril será de 366 millones de dólares. De mantenerse esa tendencia, el hueco provocado por la crisis será muy profundo y la recuperación del sector puede ser de aún más tiempo. Mas allá de impacto que puede tener esta crisis para la balanza de pagos a nivel país, ya se han hecho visibles algunas de sus conscuencias, y también reacciones sociales ante la gravedad de la situación. 

Impactos locales 

El principal producto turístico costarricense es el de Sol y Playa. Las costas no solo son la primera opción para el turista nacional, sino que es la principal actividad realizada por turistas extranjeros. Siete de cada diez extranjeros no residentes afirmaron al ICT haber pernoctado en alguna playa por lo menos una noche antes de salir del país por vía área [3]. Es por eso que las provincias costeras de Limón, en el Caribe Sur, Puntarenas el Pacífico Central y Guanacaste en el Pacífico Norte han tenido un especial protagonismo en medios de comunicación durante las últimas semanas, desde que se decretara la orden de cierre de costas, al ser los principales espacios de presencia turística. Veamos algunos casos. 

Los días 28 de marzo y 4 de abril se reportaron bloqueos de carreteras en el Caribe Sur y en la entrada del Ferry de Paquera, puerto de entrada para las playas del Golfo de Nicoya en Puntarenas. Ambos tenían por objetivo detener la entrada de turistas nacionales durante la Semana Santa. Los residentes locales de ambos destinos argumentaban que la llegada de turistas del centro del país representaba una amenaza a la salud local por la propagación del virus y que el turismo tarde o temprano regresara a la normalidad. 

Mientras tanto, en la provincia de Guanacaste, a pesar de que se registraron traslados masivos desde diversos puntos del país, no se produjeron acciones de freno a la llegada de turistas. En los medios, las noticias hicieron énfasis en la salida, temporal o permanente, de la fuerza laboral vinculada a cadenas hoteleras y comercios. Por ejemplo, las principales cadenas hoteleras ubicadas en la provincia se han acogido a la “Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo”. Esta ley faculta a los patronos que demuestren una caída en los ingresos brutos en al menos un 20% respecto al mes del año previo que puedan hacer una reducción unilateral de jornada, y por ende del salario del trabajador, de hasta el 50% de las horas de la jornada ordinaria. Hoteles como Dreams-Las Mareas, RIU, Westin Golf Resort & Spa, Andaz Resort, Westin Resort y el W Hotel en Playa Conchal han optado por suspender contratos con reducción de salarios paulatina a tres meses hasta pagar solo un 35% del salario neto. Al mismo tiempo CANATUR ha comunicado que sus cifras indicarían que durante el mes de abril se estarían produciendo alrededor de mil despidos en la provincia de Guanacaste. Estos despidos principalmente en pequeños y medianos hoteles, así como restaurantes, supermercados y servicios complementarios. 

De este modo, lo que se ha visto reflejado en los medios de comunicación es que mientras en el Caribe Sur y el Pacífico Central ha habido acciones directas para evitar la entrada de turistas por parte de comunidades locales, en la provincia de Guanacaste lo que ha primado son noticias sobre el impacto en el mercado laboral. Guanacaste vendría a ser el principal termómetro con el cual se mide el impacto de la pandemia en la industria turística costarricense, por ser el lugar que concentra la mayor cantidad cadenas hoteleras internacionales. Mientras que en el Caribe Sur y en el Golfo de Nicoya las acciones de rechazo a la llegada de turistas permiten entrever que, si bien el turismo es parte fundamental de los ingresos, la preocupación sanitaria adquiere mayor protagonismo. Lejos de ser algo sorprendente, esta diferencia pone una vez más en evidencia la mayor dependencia de Guanacaste en relación al turismo, lo que deriva en una mayor exposición al riesgo. 

Medidas propuestas

Una de las principales medidas para atender la crisis y disminuir la deuda pública que ha propuesto el poder ejecutivo ha sido la "Ley para frenar el crecimiento de la deuda estatal", que pretende el traslado del superávit de once instituciones autónomas al ejecutivo, entre ellas el ICT. Con esta iniciativa se pretende recaudar un total de 396.700 millones de dólares en caja única. La dirección ejecutiva del ICT se ha mostrado contraria a la intención de traslado del superávit institucional de más de 24 millones de dólares al gobierno central para atender la emergencia nacional. Argumenta que esos fondos son claves para ayudar a la recuperación al sector y, sobre todo, promocionar Costa Rica como el primer destino a visitar en nuevos mercados, principalmente países que han mostrado mayor resiliencia a la pandemia y que podrían permitir antes la salida de turistas. 

Como medidas de apoyo inmediatas al turismo, el ICT aprobó la suspensión el pago del impuesto turístico de 5% a empresas turísticas, suspensión de cobros judiciales, suspensión del cobro de préstamos a Pymes turísticas; todo esto por un periodo de tres meses con posibilidad de prórroga. Medidas que se suman a otras ya en marcha como el “Plan Proteger” y el “Programa Alivio” [4], impulsadas por el gobierno de la república. Estas dos medidas buscan dar un subsidio al bolsillo de las familias, así como también dar sostenibilidad al sector pymes en Costa Rica. 

Además, el ICT ha diseñado un plan de trabajo de tres fases para implementar una estrategia de rescate en conjunto con cámaras y asociaciones turísticas. La primera fase consiste en una revisión del estado actual de la actividad turística bajo tres grandes áreas de trabajo: turistas nacionales y extranjeros; tejido empresarial de la industria turística costarricense; y profesionales del sector turismo. Con ocho temas prioritarios: atracción de líneas áreas, mercadeo, productos turísticos, empresas de la industria, capacitación y empleo, inversión extranjera y nacional, cruceros y el Polo Turístico Golfo de Papagayo. En la segunda fase se definirán las acciones concretas, así como el presupuesto disponible para ejecutarlas. Finalmente, la tercera fase será de revisión y análisis del plan por parte de la Junta Directiva y públicos interesados para luego ejecutar las acciones. El ICT espera tener la estrategia lista para implementarla en la segunda mitad del año en curso. 

La presidenta del ICT, María Amalia Revelo, ha hecho énfasis en reiteradas ocasiones que el turismo nacional va ser pieza clave en la recuperación el sector, por ser la primera línea con la que se podría contar. Anteriormente en la crisis financiera del 2008-2009 el turismo nacional fue pieza clave a través de la creación de plataformas como el programa Vamos a Turistear, dedicado a facilitar el turismo para la población nacional. 

La institucionalidad a prueba 

Estos primeros dos meses de crisis han estado marcados por la medición del impacto sanitario y económico como por la respuesta del sector público-institucional. Las acciones propuestas e impulsadas por el aparato institucional han ido dirigidas a sostener la economía nacional mediante un intervencionismo estatal, cubriendo el vacío dejado por la crisis económica. Esto ha implicado un recorte en el pago de obligaciones fiscales y servicios públicos para la población en general. Al mismo tiempo que pretende garantizar, independientemente del mercado laboral al que pertenezcan, recursos mínimos a personas directamente afectadas por la disminución en sus ingresos. 

Aún es temprano para avizorar cuando y de que manera el sector podrá recuperar el dinamismo que lo ha caracterizado. Las medidas propuestas por el ICT parecen indicar que el primer escalón en la recuperación pasa primero por sostener el sector con apoyo estatal, luego por fortalecer la demanda nacional, para finalmente, y dependiendo de las regulaciones sanitarias internacionales, el reingreso de turistas extranjeros. El termómetro que cabría tomar en cuenta es seguir de cerca si las comunidades que dependen en algún grado de la actividad turística realmente se van a beneficiar tanto de las medidas generales como las que llevará a cabo el ICT. Para así recuperar la normalidad o si, por el contrario, estaremos a las puertas de cambios importantes en el sector turismo.