Fin de año en el Bajo Aguán, Honduras

REDACCIÓN. Después que el pasado 15 de noviembre de 2010, 5 campesinos fueran asesinados en la zona del Bajo Aguán, Honduras, a manos de guardias privados del productor palmero y presidente de la Corporación Dinant, Miguel Facussé Barjum, Giorgio Trucchi publicó en la Web de ALBA SUD el reportaje De nuevo corre la sangre en el Bajo Aguán. En él se intentenban describir las causas profundas de este conflicto, vinculadas a la usurpación de tierras campesinas para la expansión del monocultivo de palma africana por parte de grupos terratenientes.

En esta nueva actualización, recopilamos varias notas informativas publicadas desde entonces por Giorgio Trucchi en la Web de la Rel-UITA y el Blog Lista Informativa Nicaragua y más. Destacamos la noticia de la ocupación militar y policial de la comunidad Guadalupe Carney el pasado 15 de diciembre de 2010 seguida de entrevistas a diversas personas clave para entender la evolución del conflicto: el sacerdote Fausto Milla, defensor de derechos humanos y miembro de la Comisión de Verdad; José Santos Cruz, directivo del Movimiento Campesino del Aguán (MCA); Wilfredo Paz, activista social y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP); Gilberto Ríos, secretario ejecutivo en Honduras de FIAN Internacional y Jari Dixon, abogado, ex fiscal y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ).

Llega fin de año, y el conflicto en el Bajo Aguán continúa y se recrudece. Según informaba el pasado 19 de diciembre de 2010 la Web Vos El Soberano, en base a información proporcionada por el equipo periodístico de El Libertador Digital, más de 5.000 campesinos y campesinas de diversas comunidades de El Bajo Aguán habían sido desplazados por centenares de efectvivos militares, policiales y los cuerpos de seguridad al servicio del terrateniente Miguel Facussé. Pocos días después, el 23 de diciembre el diario Tiempo, informaba que la Corporación Dinant, del mismo Facussé, había despedido a 265 trabajadores de su planta de palma africana alegando problemas financieros creados por las tomas de carreteras y las disputas de tierras con campesinos de la zona.

A continuación la notas informativas de Giorgio Trucchi:

Militares y policías invaden la comunidad Guadalupe Carney

Por Giorgio Trucchi, publicado en Rel-UITA el 15 de diciembre de 2010.



Fotografía: La policía toma la comunidad Guadalupe Carney, by Orbin Adalid Felipe Rojas / Rel-UITA.

Desde tempranas horas de la mañana de hoy, 15 de diciembre, unos 600 efectivos del Ejército y la Policía rodearon y militarizaron la comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, donde está asentado el Movimiento Campesino del Aguán (MCA), y donde desde hace diez días se mantenía una toma indefinida de la carretera Litoral Atlántica. Miembros de la comunidad informaron a Sirel que en este momento hay helicópteros sobrevolando la zona y tanquetas lanza agua. Temen que al caer la noche pueda desatarse una represión generalizada contra las familias campesinas.

“Intervinieron militarmente la comunidad y hay helicópteros sobrevolando la zona. Los cerros a nuestro alrededor están llenos de militares. Aparentemente están buscando armas y les han quitado los machetes a los campesinos -dijo alarmado a Sirel el directivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) Wilfredo Paz-. Ayer, ante el inminente desalojo de la toma que manteníamos en la carretera frente a la comunidad, nos comunicamos con funcionarios del gobierno. Acordamos suspender la toma y reunirnos hoy con una comisión del gobierno, para abordar las demandas que impulsan las organizaciones campesinas y tratar de solucionar esta grave situación.

Sin embargo -continuó Paz-, a las 5 de la mañana llegaron más de 600 uniformados entre militares y policías, con dos tanquetas lanza agua. Rodearon la zona e invadieron la comunidad. La tensión sigue muy alta. Por el momento no ha habido una fuerte violencia física, sólo algunos golpeados, pero sí un fuerte acoso. Los policías filmaban y tomaban fotos de las personas, las registraban y hasta tuvimos que cerrar la radio comunitaria Orquídea, porque fue rodeada por militares fuertemente armados”, explicó el directivo del FNRP.

Según el directivo del MCA, José Santos Cruz, la actitud del gobierno y de los cuerpos represivos del Estado es absurda e irresponsable. “Estamos pidiendo que cese la militarización, la represión contra las familias campesinas y que se resuelvan los conflictos agrarios. Lo estamos haciendo de manera pacífica, sin embargo el mes pasado nos asesinaros a cinco compañeros. La respuesta ahora ha sido más militarización y más represión. Ante estos hechos, las organizaciones campesinas no vamos a renunciar a nuestros derechos. Vamos a seguir luchando hasta que nos den respuesta a nuestras legítimas demandas. Las tomas de carreteras no van a parar”, aseveró Cruz.

“La comunidad está secuestrada. Buscan a los supuestos ‘guerrilleros’. Es evidente que estamos ante una verdadera campaña de represión y violación a los derechos de las familias campesinas. La Guadalupe Carney es propiedad de estas familias y ha sido intervenida militarmente sin ninguna orden judicial, sin nada, sólo con el poder de las armas. No hay duda de que detrás de este nuevo intento de criminalizarnos está la mano de Miguel Facussé y de los otros terratenientes. El gobierno está ejecutando sus órdenes”, concluyó Wilfredo Paz.

Secuestran a familias campesinas

Según la Red Morazánica de Información, un bus en el que viajaban unas 60 personas, entre niños, jóvenes y adultos, de la empresa campesina “Los Marañones” del Movimiento Unificado del Aguán (MUCA), fue detenido y secuestrado por guardias privados de los terratenientes de la zona, en presencia de policías que no intervinieron. Horas después fueron liberados, luego de ser identificados y registrados.



“La única ley que se cumple es la del Dios Dinero”. Entrevista con Fausto Milla

Por Giorgio Trucchi, publicado en Rel-UITA el 15 de diciembre de 2010.


Fotografía: Fausto Milla, by Giorgio Trucchi / Rel-UITA.

La violencia impune que sigue azotando las tierras del Bajo Aguán es consecuencia natural de un modelo salvajemente explotador, que asegura el enriquecimiento de unos pocos a costa del sudor, el atraso y la sangre de miles de familias campesinas. La militarización es el instrumento que estos sectores hegemónicos utilizan para mantener ese inhumano status quo. Durante su permanencia en el Bajo Aguán, Sirel conversó sobre ésto con el sacerdote Fausto Milla, defensor de derechos humanos y miembro de la Comisión de Verdad.

En estos días hemos presenciado la militarización, el desalojo y la represión contra familias campesinas indefensas. Un clima de constante violencia en todo el Valle del Aguán. ¿Cuáles son sus comentarios?

En Honduras ya no existe la ley. Aquí la única ley que se cumple es el capricho del poderoso, y el pueblo indefenso está bajo esa ley mortal. Porfirio Lobo dijo que aquí hay miles de armas en manos de los campesinos. La verdad es que se están aprovechando de estas palabras para justificar la represión. Ya son 35 los asesinatos de campesinos en esta zona.

También hemos visto una gran pobreza y desesperación…

Hay que ir a las casas y ver cómo están viviendo las familias campesinas. Miseria total. Desgraciadamente, ésta es la norma y la idea que está destruyendo al mundo: el dinero por encima de la vida.

Esta situación tan difícil se enmarca en un contexto de desarrollo del cultivo de la palma africana, en su mayoría controlado por los grandes terratenientes. A nivel mundial, donde hay palma africana hay explotación, conflicto y derramamiento de sangre.

Son empresas de mucho dinero; para que el negocio de la palma africana dé resultado debe plantarse en gran escala y, por consiguiente, se necesitan esclavos. Todo eso genera miseria y conflicto. Un infierno en la tierra, porque al dinero se le ha dado categoría de Dios. Y esto se va a extender por toda Honduras y va a ser un desastre. Recientemente estuve en Colombia y es exactamente lo mismo. La represión contra el pobre ha generado 4 millones de desalojados y miles de desaparecidos cada año. A eso nos quieren llevar en nuestro país.

Hay temores de que en cualquier momento las fuerzas represivas puedan desalojar a las organizaciones campesinas, que mantienen una toma indefinida contra la militarización del Bajo Aguán.

Es seguro que lo van a hacer. Sin embargo, en las comunidades que hemos visitado, como por ejemplo la Guadalupe Carney, he podido palpar que la gente está muy consciente del porqué de su lucha, y pese a ver la muerte tan cerca tiene un espíritu de resistencia muy fuerte.

¿Cómo se sale de esta situación?

Es difícil. Sin embargo, creo que la educación, la capacitación y la organización del campesinado van a ser fundamentales para contrarrestar ese proceso. De lo contrario, aquí va a desatarse una violencia horrible, con militares y policías que toman al pobre como enemigo. Lo que hemos presenciado en estos días es demasiado provocador, indignante, y necesitamos la ayuda del mundo. No puede ser que se cierren los ojos ante las masacres, la impunidad, la falta de aplicación de las leyes. No puede ser que no haya nada para defender a ese pueblo y hay que darlo a conocer al mundo.

¿Hay conciencia de ello en el pueblo?

En cualquier rincón del país que uno vaya puede encontrar esta semilla de esperanza. Es alentador y es casi un milagro. El golpe de Estado provocó una reacción tan grande que ahora las palabras “Resistencia”, “Constituyente” y “Poder Popular” se han vuelto patrimonio del pueblo hondureño, y esto es muy esperanzador.



“La violencia no detendrá nuestra lucha”. Entrevista con José Santos Cruz

Por Giorgio Trucchi, publicado en Rel-UITA el 15 de diciembre de 2010.


Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA.

Hace un mes, el 15 de noviembre, Teodoro Acosta, Ignacio Reyes, Raúl Castillo, Ciríaco Muñoz y José Luis Sauceda Pastrana, todos miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), fueron brutalmente asesinados por grupos paramilitares a sueldo del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum. Una masacre que tiñó nuevamente de sangre el Bajo Aguán, enlutando a las familias campesinas que luchan para reapropiarse de las tierras que les fueron usurpadas por terratenientes ávidos de dinero y poder.

“Después de haber pasado más de tres meses negociando sin mayores resultados para recuperar 570 hectáreas de tierra que nos pertenecen, decidimos ir al lugar para hablar con el ingeniero y enseñarle los documentos que teníamos -recuerda José Santos Cruz, directivo del MCA-. Cuando llegamos, la sorpresa fue que los guardias de seguridad comenzaron a disparar sin mediar palabras. Comenzamos a correr entre las palmeras, mientras llegaban más y más guardias que nos persiguieron hasta dentro de nuestra propiedad. El tiroteo fue impresionante. Eran ráfagas y ráfagas. Los compañeros comenzaron a caer y fueron rematados a sangre fría. Creían que como no tenían armas no les iban a hacer nada y se rindieron. Fue una masacre sin sentido”, aseveró Santos Cruz.

La mayoría de los caídos eran fundadores del MCA. “Compañeros que trabajaban con el corazón, con ideales, sin armas. Ahora quedan las viudas y los huérfanos. Los vemos llorar, pidiendo por sus padres, y la comunidad está ayudando con lo que pueda. La situación es difícil y hay un sentimiento de impotencia ante tanta violencia y militarización. Quieren que reaccionemos con violencia para justificar la represión. Pero no lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir luchando con las armas de la unidad y la resistencia, exigiendo lo que nos pertenece y pidiendo al mundo que nos apoye”, concluyó el directivo del MCA.

El último saludo

Entre los testigos de este acto de violencia está un joven que prefirió mantener el anonimato. “Desde que ocurrió la masacre prefiero mantenerme en la casa y no salir. Siento que mi vida está en peligro y tengo miedo por lo que me pueda pasar -explica visiblemente preocupado a Sirel-. Llegamos a la finca ‘El Tumbador’ de manera pacífica, desarmados, y cuando los guardias comenzaron a disparar y a llamar refuerzos, empezamos a correr. Dos de los compañeros que estaban a mi lado fueron heridos: uno en la cara y el otro en la pierna. Conmigo estaba Ciríaco Muñoz, y los cargamos hasta la calle pavimentada donde nos estaba esperando un carro. Ayudamos a montar a los heridos al vehículo, mientras la zona se llenaba de guardias. Me despedí de Ciríaco para llevar los heridos al hospital. Esa fue la última vez que lo vi. Horas más tarde me dijeron que lo habían asesinado”, recordó el muchacho.

Continuando con sus dolorosos recuerdos, el joven explicó que los grupos paramilitares de Miguel Facussé no tuvieron ninguna piedad para los heridos. “A Ignacio Reyes lo encontraron muerto de un tiro en la cabeza, mientras que mi hermano me contó que vio cuando hirieron a Teodoro Acosta. Teodoro no podía correr porque tenía problemas en un pie. Estaban juntos cuando los guardias los emboscaron. Mi hermano logró esconderse, mientras que a Teodoro lo agarraron y lo mataron”, explicó a Sirel.

José Luis Sauceda también fue asesinado a sangre fría. El joven que tuvo el valor de contarnos estos hechos recuerda que un amigo estaba muy cerca de José Luis cuando fue herido. Logró esconderse bajo un cúmulo de hojas y escuchó cuando llegaron los guardias. “Se reían y le decían que se despidiera y que dijera las últimas palabras. Enseguida resonó el disparo. Cuando lo encontraron tenía la cara desfigurada por las balas. Fue muy triste lo que vivimos. Han caído compañeros para defender nuestras tierras. Han caído sin la posibilidad de defenderse, y toda esta situación va a generar más violencia. Si me llegara a pasar lo mismo, espero ...”. El joven no pudo continuar y rompió en un llanto de tristeza y rabia.



Lo que está en juego en el Bajo Aguán

Por Giorgio Trucchi, publicado en Lista Informativa Nicaragua y más el 16 de diciembre de 2010.


Fotografía: Desalojo en la Comunidad Guadalupe Carney, by Orbin Adalid Felipe Rojas / Rel-UITA

Estas últimas semanas han sido de fuerte tensión en el departamento de Colón. Una zona cuya cabecera departamental, Tocoa, fue en su momento bautizada como la “Capital de la Reforma Agraria”. Una zona donde compañías transnacionales y terratenientes locales fueron paulatinamente recuperando las tierras que estaban en manos de los campesinos, muchas veces con artimañas legales, corrupción y represión generalizada. Es en esta zona que hoy se juega el futuro, no solamente de miles de familias campesinas desposeídas, sino de la inmensa mayoría del pueblo hondureño.

La Lista Informativa “Nicaragua y más” conversó sobre ese tema con Wilfredo Paz, activista social y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

¿Qué representa para Honduras el Valle del Aguán y las luchas que aquí se están librando?

Las organizaciones campesinas de esta zona tienen un sistema organizativo y una proyección de su lucha mucho más combativa y efectiva que en el resto del país. Los poderes fácticos que dominan el país están viendo el Valle del Aguán como un foco que no les conviene que siga avanzando, ni extendiendo. Por lo tanto, para estos sectores retrógrados es estratégico vencer a las organizaciones campesinas y al movimiento popular en el Aguán, porque de esa manera estarían asestando un duro golpe a todo el movimiento popular hondureño.

Una lucha estratégica que los grupos hegemónicos y las fuerzas represivas del Estado no pueden perder...

Es estratégico para ellos acabar con esa lucha porque tiene un alto contenido político y necesitan mantener el status quo que existe en el país. La oligarquía no puede ceder, no puede permitir que haya cambios. En este sentido, estos sectores que históricamente conformaban el régimen previo al golpe de Estado y que se han consolidado después del 28 de junio de 2009, están poniendo todas sus cartas en la mesa, afinando estrategias para terminar con el movimiento popular y el movimiento campesino en particular.

Y su mejor arma parece ser la militarización y la represión.

Hay dos tendencias. Una primera tendencia es el discurso vacío, sin contenido, de las instituciones. Porfirio Lobo dice que la solución al conflicto es por la vía pacífica, sin embargo lo que estamos viendo es que hay una segunda tendencia, enlazada con la primera, que privilegia el uso de la fuerza, de las armas, de la represión. Una verdadera declaración de guerra contra el movimiento campesino. De esta manera, queda demostrado que quiénes mandan en el país son los militares, los oligarcas, que imponen sus intereses. No importa si para lograrlo tienen que asesinar, violentar los derechos humanos, ni les importa la imagen internacional que pueda tener nuestro país.

¿El sistema judicial es parte de esta estrategia?

No hay ninguna duda de eso. Los operadores de justicia en esta región se venden al mejor postor y están al servicio de los terratenientes. Al momento de firmar el acta de compromiso entre el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y Porfirio Lobo sólo había entre 45 y 50 órdenes de captura contra miembros de las organizaciones campesinas. Han pasado seis meses y ahora hay 350 órdenes de captura. Esto significa que, a la par del diálogo, han buscado la forma para que la negociación fracase y así poder aplicar la que se ha convertido en una versión actualizada de la Doctrina de Seguridad Nacional de los años 80. Cada acción o demanda que plantee el movimiento campesino y popular es clasificada como “insurgente” y en esto tienen el firme apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

¿Qué sigue después del desalojo de la toma indefinida y de la militarización de la comunidad Guadalupe Carney?

No podíamos arriesgar más vidas, así que hemos decidido optar por un retiro estratégico antes de que llegaran el Ejército y la Policía. Sin embargo, no vamos a parar la lucha. Vamos a salir nuevamente a las calles, porque no vamos a renunciar mientras no se desmilitarice la región del Valle del Aguán, y no se dé respuesta a las demandas de las organizaciones campesinas.



“Necesitamos una nueva estrategia de desarrollo rural”. Entrevista con Gilberto Ríos, FIAN Honduras.

Por Giorgio Trucchi, publicado en Rel-UITA el 17 de diciembre de 2010.


Fotografía: Gilberto Ríos, by Giorgio Trucchi / Rel-UITA.


El grave conflicto agrario desencadenado en el Bajo Aguán no se puede resolver sin un cambio estructural del modelo capitalista neoliberal, que concentra la propiedad de la tierra, explota y reprime al campesinado y no se preocupa por garantizar la seguridad alimentaria de la población. Para analizar esta difícil situación, Sirel dialogó con Gilberto Ríos, secretario ejecutivo en Honduras de FIAN Internacional.

¿Qué pudieron observar en el Bajo Aguán?

Viajamos a la zona con una delegación de casi 90 personas y pudimos constatar la grave situación de pobreza, violencia y violaciones a los derechos humanos que padecen las familias campesinas. Según las organizaciones campesinas hay once conflictos abiertos que han dejado un saldo de entre 30 y 40 campesinos asesinados. Vimos la militarización de la zona, el miedo de la población y la miseria en que vive la gente. Escuchamos las denuncias de violaciones en contra de las mujeres y los atropellos cometidos por los terratenientes. Es una historia que se repite, década tras década. Es la historia de Honduras.

¿Qué pidieron las organizaciones campesinas a la misión que llegó a la zona?

Que se instale un Observatorio de Derechos Humanos Permanente, porque hemos constatado que cuando hay presencia de defensores de derechos humanos disminuye la represión. Estamos analizando la posibilidad de responder a esa demanda, aunque eso implica disponer de recursos importantes en términos económicos y humanos. Además, vamos a profundizar la comunicación con la Comisión Internacional de Derechos Humanos y con otras instancias internacionales. Necesitamos ir a más con el trabajo de denuncia e incidencia política en los gobiernos y los organismos de financiamiento internacional. Vamos a pedir, por ejemplo, que se suspenda cualquier tipo de apoyo económico al Ejército y la Policía locales. Nuestro trabajo debe ser constante, profundo, con mucha presión. Si no lo logramos, la violación a los derechos humanos puede, incluso, ser peor de la que hay ahora.

El conflicto agrario y las demandas de las organizaciones campesinas tienen raíces profundas...

Los campesinos no salen a las calles por el miedo de ser golpeados o asesinados. Es evidente que si el gobierno no implementa políticas públicas apropiadas, si no se resuelve el problema del acceso a la tierra, de la pobreza extrema, del desempleo, las tomas podrían expandirse al resto del país. En el Bajo Aguán hay una lucha por la supervivencia frente a la voracidad de los terratenientes. Estos sectores se han consolidado después del golpe de Estado y han impulsado en el Congreso un sinnúmero de leyes y medidas nefastas, que se enmarcan en la estrategia plasmada en los documentos “Visión de País 2010-2038” y “Plan de Nación 2010-2022”. Privatizan los recursos naturales y los servicios básicos, precarizan el trabajo, anulan las conquistas laborales y sociales, criminalizan la protesta. Estamos presenciando una acumulación acelerada de capital y poder de la oligarquía nacional.

¿Qué escenarios prevés para el futuro?

Tenemos una nueva generación que crece con miedo y desconfianza. Para estos niños, niñas y jóvenes, los militares y policías no garantizan su seguridad, más bien los ven como enemigos porque reprimen, torturan, violan y asesinan. Todo eso da al traste con el tan cacareado discurso de la reconciliación que pregona Porfirio Lobo. En el Valle del Aguán no puede haber reconciliación mientras no se resuelvan todas estas contradicciones, toda esta explotación y miseria.

¿Cómo se enmarca el monocultivo de palma africana en este contexto?

Alrededor de las plantaciones en manos de los grandes terratenientes se han creado grandes cordones de pobreza. Los campesinos asalariados viven en condiciones de gran explotación, sin derechos laborales ni sindicales, sin prestaciones sociales. Sin embargo, no tienen otra alternativa y deben trabajar en las condiciones que impone el terrateniente. No hay ningún interés en invertir en la seguridad alimentaria de la población, y lo que se profundiza es el concepto neoliberal de producir para la exportación e importar alimentos del exterior. Una visión diametralmente opuesta a la de FIAN, que apunta a que el país tenga la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de alimentación de la población.

¿Cuál podría ser la propuesta para comenzar a cambiar?

El problema es complejo. No es suficiente la redistribución de las tierras, porque en Honduras no existe un modelo de desarrollo que acompañe este proceso de convertir a los campesinos en empresarios por cuenta propia. Necesitamos dar vuelta totalmente al asunto, cambiando las políticas de ajustes estructurales impuestas por el modelo neoliberal. Necesitamos de una nueva estrategia de desarrollo rural que reconozca que el pequeño productor es una fuerza importante para el desarrollo del país.



Honduras: El reino de la impunidad y la mala justicia. Ex fiscal denuncia irregularidades y violaciones de la ley en el Bajo Aguán

Por Giorgio Trucchi, publicado en Lista Informativa Nicaragua y más el 20 de diciembre de 2010.


Fotografía: Desalojo en Paso, Aguán, Trujillo, by Giorgio Trucchi / Rel-UITA.


Según informó en los días pasados el sitio web del periódico El Libertador, unos 5 mil miembros de familias campesinas se habrían refugiado en la comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, debido a los desalojos salvajes impulsados por el régimen de Porfirio Lobo y llevados a cabo por los cuerpos represivos del Estado hondureño. La ofensiva que ha desplazado a miles de campesinos y que mantiene un cerco militar en toda la zona del Bajo Aguán, favorece los intereses de los terratenientes y productores palmeros. Según las organizaciones campesinas, los desalojos y la represión carecen de fundamento legal y profundizan el sistema de impunidad que rige en la zona.

Sobre esta situación, la Lista Informativa “Nicaragua y más” conversó con Jari Dixon, abogado, ex fiscal y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ).

Después de estos días pasados en el Bajo Aguán, ¿Cuáles son tus impresiones con respecto a la aplicación de justicia en la zona?

Es preocupante ver lo que está pasando al campesinado en el Valle del Aguán, que sigue bajo la amenaza de las fuerzas represivas del Estado. Quieren que se desmovilicen, que abandonen la lucha y salgan de sus tierras. Hay sectores enteros de la población en el campo que ya no le tienen miedo al crimen común u organizado, sino que al Estado. Es terrible, porque ahí es donde se pierde el sentido de la institucionalidad y del derecho.

Ha habido muchos desalojos con causales supuestamente sustentadas en la ley. ¿Qué opinas?

Los militares y los policías te dicen que están cumpliendo con su deber y con la ley, pero es falso. Hicimos una revisión del expediente de la finca Panamá, donde se produjo un violento desalojo. Detectamos muchas irregularidades, como por ejemplo, que en el requerimiento fiscal se pidió citar a los imputados a declarar y el juez hizo caso omiso, y dictó orden de captura. Además, nombró un juez ejecutor pero no resolvió la solicitud de desalojo. Es un proceso ilegal que se repite en casi todos los casos de desalojo. Hay una clara confabulación entre militares, policías, jueces y fiscales, acompañada por el ocultamiento de información por parte de los medios tradicionales, que publican sólo lo que les conviene a los terratenientes, a Miguel Facussé.

Todo esto se vuelve muy peligroso para la gente...

Aquí se está poniendo en riesgo la vida de las personas. Asesinan a campesinos y no hay nadie que esté detenido. Los campesinos recuperan sus tierras y son atacados y desalojados, sin orden judicial, por los guardias privados de los terratenientes. Pareciera que a estos guardias se les ha dado licencia para delinquir. Tenemos una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público totalmente plegados a los intereses de estos terratenientes. A nada sirve poner la denuncia, porque nunca se le va a dar trámite cuando se trata de campesinos.

Hace un mes asesinaron a cinco miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA). ¿A qué punto está la investigación?

No hay detenidos, supuestamente porque los guardias de Facussé eran muchos y no era posible saber quiénes fueron los que mataron a los campesinos. Además, en el sector de administración de justicia hay cierta predispoción en contra de ellos. Ya no es el conflicto de Miguel Facussé con los campesinos, sino el conflicto de los campesinos contra Facussé, el poder judicial, el Ejército y la Policía. Ya lo están personalizando.

También existen centenares de órdenes de capturas contra miembros de las organizaciones campesinas...

Los acusan de guerrilleros, de tener armas prohibidas, pero cuándo les preguntamos, tanto al juez como al fiscal, que cuántas armas de grueso calibre se habían decomisado, nos dijeron que ninguna. Esto contradice lo que dicen Porfirio Lobo y los medios corporativos de información. Quieren crear un ambiente propicio para militarizar, desalojar y asesinar. Lo que hemos visto en estos días es un proceso ilegal utilizado contra los campesinos para despojarlos de su lucha y de su tierra. El golpe de Estado vino a profundizar ese plan y lo estamos viendo en varias partes del país.

¿Cómo enfrentarse a esta situación?

Las organizaciones nacionales e internacionales deben analizar, estudiar, documentar y denunciar lo que está ocurriendo. Es una tragedia humana que profundiza la esclavitud y ante la cual hay que unirnos y reaccionar.


Vea las galerías fotográficas del conflicto del Bajo Aguán:

- Primer aniversario del MUCA (09/12/2010)
- Militares y policías toman la Comunidad Guadalupe Camey (15/12/2010)
- La vida en los asentamientos del Bajo Aguán (16/12/2010)