Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): ¿Y los Derechos Humanos qué?

La decisión de EDF Trading, subsidiaria en Londres de la sociedad anónima francesa de capital público EDF SA e integrante del coloso energético EDF Group, de rescindir un contrato comercial de 2.8 millones de dólares conExportadora del Atlántico S.A.(Grupo Dinant), para la compra de créditos de carbono en el Bajo Aguán, Honduras, senta un importante precedente. Organizaciones internacionales especializadas en la investigación de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y en políticas relacionadas con el mercado del carbono, exigieron que los derechos humanos sean un elemento fundamental para la aprobación de estos proyectos, manifestando la necesidad de revisar el esquema de compensación establecido bajo el Protocolo de Kyoto.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un mecanismo de compensación en base a proyectos en el marco del Protocolo de Kioto. Permite la generación de créditos de reducciones de emisiones resultantes de proyectos de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en países en desarrollo. Según esta política, compañías contaminantes de los países del Norte pueden evitar tener que reducir sus propias emisiones de carbono comprando crédito de proyectos en el Sur que supuestamente reduzcan las emisiones, previa autorización de los gobierno. Ese mecanismo prevé también que la Junta Ejecutiva del MDL evalúe cada proyecto que haya sido autorizado por los gobiernos, y decida si extender la respectiva certificación o registro.

Bajo este esquema, la empresa hondureña Exportadora del Atlántico S.A., división agrícola de Corporación Dinant e integrante del Grupo Dinant, cuyo presidente es el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, ha presentado un proyecto localizado en la zona del Bajo Aguán, al noreste de Honduras, con el propósito de reducir emisiones de efecto invernadero mediante la recuperación y uso de biogás, a partir de los estanques de efluentes de la planta de aceite de palma. Con ese proyecto, Exportadora del Atlántico S.A. pretende reducir alrededor de 23.000 toneladas de dióxido de carbono anualmente, obteniendo una ganancia aproximada de 2.8 millones de dólares entre febrero de 2010 y enero de 2017.

Según la organización belga CDM Watch, en junio de 2009, pocas semanas antes del golpe de Estado que derrocó al presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, el gobierno británico autorizó EDF Trading para la compra de créditos de carbono a Exportadora del Atlántico S.A.

Ante esta decisión, las organizaciones CDM Watch, Salva la Selva (Rettet den Regenwald) y Biofuelwatch, iniciaron una campaña de presión a nivel internacional, denunciando la existencia de un profundo conflicto agrario y la grave violación a los derechos humanos de las familias campesinas del Bajo Aguán, en la que estaría involucrada la misma empresa que impulsa el proyecto. Con una carta abierta, pidieron al gobierno britànico retirar la autorización otorgada y 76 organizaciones de los cinco continentes, entre ellas ALBA SUD, apoyaron la iniciativa.

Violaciones a los derechos humanos en el Aguán

Según el informe preliminar presentado por la Misión Internacional que del 24 de febrero al 4 de marzo 2011 investigó la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán, 23 campesinos pertenecientes a organizaciones de la zona fueron asesinados entre enero de 2010 y febrero de 2011.Todos estos delitos siguen impunes y los pobladores de la zona vinculan directamente al terrateniente Miguel Facussé y a sus guardias privadas por las repetidas violaciones a los derechos humanos. Según fiscales del Estado, las investigaciones de por lo menos cinco de los asesinatos están dirigidas exclusivamente a las fuerzas de seguridad privadas contratadas por una empresa propiedad de Facussé.

El pasado 19 de abril, dos campesinos -uno de los cuales perteneciente al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA)- fueron asesinados y sus cuerpos mutilados.

En la carta enviada al gobierno británico, las organizaciones internacionales evidenciaron que la aprobación del proyecto a beneficio de Exportadora del Atlántico S.A. agravaría aún más "la situación de los derechos humanos en Honduras, al otorgar ingresos adicionales a una empresa conocida por gastar importantes sumas de dinero para pagar a paramilitares armados causantes de graves violaciónes de los derechos humanos".

Además, explicaron que el cultivo intensivo de palma africana “acarrea opresión, secuestros y asesinatos. Promesas de créditos de carbono y de dinero de esquemas como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), apoyado por Naciones Unidas, parecen estar entre las causas de brotes de violencia. La violencia y la impunidad en el Bajo Aguán -continúa la carta- han sido ampliamente condenadas por las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, tanto en Hondurascomo internacionalmente. Sería inaceptable que se conceda financiación del MDLa una de las empresas que se sitúan en el centro de la violencia y los abusos contra los derechos humanos".

Ante la fuerte presión internacional, el gobierno británico envió una comunicación escrita en la que consideró como “muy graves” las acusaciones formuladas sobre las violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán. Asimismo, aseguró que iba a pedir aclaraciones al gobierno de Honduras, la opinión de EDF Trading sobre el proyecto y solicitar a la Junta Ejecutiva del MDL que tomara en cuenta esta situación, al momento de revisar el pedido de registro del proyecto hecho por Exportadora del Atlántico.

También, el 13 de abril, la Asociación de Inversores en el Mercado de Carbono(CMIA por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el cual sostuvo que, de comprobarse violaciones de los derechos humanos relacionadas a proyectos MDL, estos deben ser "rechazados de los procesos de aprobación de la ONU" y "debe pedirse a todos los compradores, verificadores y otros proveedores de servicios relacionados con el MDL de terminar inmediatamente su relación comercial."

Sin embargo, hasta la fecha, ni el gobierno británico, ni la Junta Ejecutiva del MDL han informado sobre su decisión acerca del proyecto, y se espera que lo hagan en el transcurso de las próximas semanas.

Pese a la actitud temorosa de estas dos instancias, el pasado 14 de abril la empresa EDF Trading decidió rescincidr el contrato comercial con Exportadora del Atlántico. En su escueto comunicado, el Presidente Ejecutivo de EDF Traiding, John Rittenhouse, dijo haber tomado muy en serio la situación en Honduras. "Hemos pasado los últimos meses mirando las opciones con respecto a nuestro retiro" (del proyecto). Por lo tanto hemos emitido nuestra notificación de rescisión al vendedor y ya no participaremos en el proyecto".

Según Eva Filzmoser de CDM Watch, esta decisión “es el resultado de la presión a nivel internacional y de la campaña dirigida a los actores involucrados en el proyecto del MDL en el Bajo Aguán.

Es un impacto político fundamental. Nunca había pasado antes y va a sentar un precedente muy importante, porque logramos que se tomara en cuenta el tema de los derechos humanos en un proyecto del MDL.

Debemos aprovechar ese resultado -continuó Filzmoser- porque puede tener un fuerte impacto en otros inversores. La comunidad internacional tiene los ojos puestos en el Bajo Aguán. Las empresas que invierten en esta zona saben ahora que la violación a los derechos humanos va a tener costos económicos muy relevantes para ellas”, expresó durante una conversación con el Sistema Informativo de la Rel-UITA (Sirel).

MDL fuertemente cuestionado

Pese a ese importante resultado, las mismas características del MDL podrían abrir paso a que, en futuro, Exportadora del Atlántico S.A. encuentre nuevas empresas interesadas al proyecto.

En un comunicado conjunto del 18 de abril, CDM Watch y FIAN Internacional alertaron la comunidad internacional sobre declaraciones emitidas por la Junta Ejecutiva del MDL, en las que habría argumentado carecer del mandato para “investigar abusos de derechos humanos” y que cualquier asunto relacionado al desarrollo sostenible de un proyecto -uno de los dos requerimientos oficiales clave en el MDL- “son determinados por el gobierno donde el proyecto se está realizando”, en este caso Honduras.

"Esto coloca una decisión crucial a manos de un gobierno que tiene claros intereses de que el proyecto siga adelante. Por ello no es sorprendente que hasta la fecha ningún proyecto haya sido rechazado por no cumplir con los criterios de desarrollo sostenible" expresó Eva Filzmoser.

Por su lado, el coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional, Martín Wolpold-Bosien, consideró“inaceptable que el gobierno del Reino Unido se adhiera a la aprobación del proyecto y que se deje guiarpor las opiniones del gobierno de Honduras, que es ampliamente considerado ilegítimo y finalmente responsable de la impunidad de crímenes como los cometidos en las disputas de tierras en el Bajo Aguan”.

Revisar esquema de compensación de carbono

Esta situación ha abierto un fuerte debate acerca del esquema de compensación de carbono.

"La Junta Ejecutiva del MDL debe tomar en serio este asunto. Si no hay reglas disponibles que permitan rechazar proyectos cuando existen pruebas claras de abusos contra los derechos humanos, entonces es hora de cambiar esta situación ya”, aseveró Filzmoser.

En el comunicado conjunto de CDM Watch y FIAN Internacional se advierte que agrupaciones ambientales y de derechos humanos están ahora pidiendo a los miembros de la Junta Ejecutiva del MDL reevaluar su mandato y “encuentren formas de prevenir que proyectos que estén vinculados a cualquier tipo de violaciones de leyes internacionales sean admitidos bajo el MDL”. Una las opciones planteadas sería que auditores del MDL “implementen requisitos más estrictos para controlar la conformidad de proyectos de validación con las leyes internacionales de derechos humanos cuando validen proyectos”. 

Por otra parte -continúa el comunicado- si se detectan casos de incumplimiento durante el período de monitoreo, por ejemplo incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos, “esto debería conducir a la suspensión de la validación y el proyecto debería perder elegibilidad bajo el MDL”.

"Excluir proyectos de compensación de carbono que financien abusos contra derechos humanos con fondos provenientes del MDL sólo sería un paso lógico dado que inversores responsables no deberían estar interesados ​​en comprar créditos de carbono de proyectos que no cumplan con las normas internacionales, incluyendo las convenciones de la ONU”, concluyó la directiva de CDM Watch.

Pero la crítica a estos proyectos y al esquema de compensación de carbono en general va más allá del caso específico del Bajo Aguán en Honduras.

Según Eduardo Geisen, coordinador en Latinoamérica de la Alianza Global ante las Alternativas de Incineración(GAIA), “el MDL es una falsa solución como mecanismo para impulsar procesos técnicos de incineración y recuperación de energía. Por ejemplo, apoyar la quema de metano en los rellenos de basura, afecta que se implementen soluciones reales a está problemática”.

Durante un taller impartido recientemente en El Salvador por GAIA, CDM Watch, Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)-Amigos de la Tierra, Geisen sostuvo también que la utilización de los MDL genera incentivos perversos, “como la distorsión artificial de los procesos productivos con el fin de aumentar la cantidad de emisiones para aumentar simultáneamente los créditos a comercializar”.

Según lo expuesto en el taller, los MDL representan o significan tanta rentabilidad financiera a costa de las condiciones ambientales, sociales, políticas y económicas en cada país. “Es importante conocer sobre estas alternativas porque son propuestas corporativas, y hoy en día estas corporaciones quieren continuar comercializando el carbono a través de proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) y del MDL”.

Actualmente hay más de 2.500 proyectos MDL registrados en 58 países y cerca de 2.500 proyectos en proceso de validación o registro. En base a las estimaciones presentadas en los documentos de diseño de proyectos, el MDL podría generar más de 2.900 millones de bonos de carbono hasta el final del primer período de compromiso del Protocolo de Kioto en 2012. Cada uno de estos bonos equivale a una tonelada de dióxido de carbono.