Mega-proyectos del BID: desplazamiento y migración forzada

Entre el 19 y el 23 de marzo de 2010 tuvo lugar en Cancún, México, la Reunión Anual de Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Coincidiendo con esta actividad la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe y el Programa de las Américas del Center for International Policy - CIP presentaron el informe Megaproyectos del BID, desplazamiento y migración forzada. En él incluyen cuatro estudios de caso en México, Colombia, Brasil y Honduras en los que queda en evidencia el impacto de este tipo de iniciativas para las poblaciones locales. Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del CIP en la Ciudad de México, y Michael Collins, asistente del Programa de las Américas del CIP, dos de su autores, publicaron en la página Web del Programa para las Américas del CIP el artículo de presentación del estudio que a continuación reproducimos.


LOS MEGAPROYECTOS DEL BID: DESPLAZAMIENTO, DESTRUCCIÓN Y ENGAÑO
por Laura Carlsen y Michael Collins, Programa de las Américas del CIP.

En la reunión del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) este mes en Cancún para celebrar su quincuagésimo primer aniversario, sus gobernadores esperan un colosal regalo de cumpleaños: la inyección de millones de dólares en la cartera del banco para abordar los efectos de la crisis económica global en la región. ¿Pero está preparado el BID para encabezar la carga en los esfuerzos para aliviar el sufrimiento causado por la crisis y la pobreza persistente en la región? ¿Qué revela su historial al respecto?

Cuando las organizaciones de la sociedad civil afectadas por proyectos bancarios sesionaron el año pasado durante la convención bancaria en Medellín, Colombia, presentaron pruebas condenatorias concluyentes de que el BID se había vuelto persona non grata en gran parte de América Latina, y de que sus prácticas han infligido impactos ambientales, sociales e incluso económicos negativos en la región. Cada vez más ciudadanos se han organizado para protestar contra los proyectos que el BID financia en toda Latinoamérica, especialmente cuando estos pobladores pertenecen a alguna comunidad directamente afectada por el desplazamiento financiado por el BID.

Como parte del esfuerzo para evaluar las prácticas del BID y recomendar modificaciones a ellas, la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe y el Programa de las Américas del CIP decidieron examinar el tema, frecuentemente ignorado, del desplazamiento en los proyectos del BID. La concentración del banco regional en la construcción de grandes proyectos de infraestructuras ha desembocado en el desplazamiento, planeado o impremeditado, de miles de comunidades latinoamericanas al correr de los años. Pese a los lineamientos del BID que ordenan evitar los desplazamientos debido a sus elevados costos humanos, sociales, culturales y ambientales, el banco ha llevado adelante proyectos que causan desplazamiento físico masivo y ha forzado a las comunidades locales a migrar. En muchos casos, los desplazados son comunidades indígenas o con ancestros africanos que han estado presentes en la región durante siglos.

Nuestro informe aborda megaproyectos del BID en México, Brasil, Colombia y Honduras, y lo que se ha dado en llamar "desplazamiento inducido por desarrollo". Con base en los resultados de estos proyectos para las comunidades locales, encontramos perverso el empleo del término "desarrollo."

En estos estudios de casos, los habitantes de las tierras que serían inundadas, o bajo o sobre las cuales se construiría, desempeñan un papel activo. En su mayoría, en lugar de unirse pasivamente a la diáspora, se han organizado para defender sus tierras y llaman a la suspensión o modificación de los megaproyectos promovidos por el banco. Han tenido que enfrentar las amenazas y asesinatos producto de los intereses implícitos en inversiones de millones de millones de dólares, pero están logrando que sus voces sean escuchadas.

1. Las presas y proyectos hidroeléctricos mexicanos. En México, los planes para construir un gigantesco proyecto hidroeléctrico en La Parota, Guerrero—financiado por el BID como parte del esquema de desarrollo regional del Plan Puebla-Panamá—se prestaron a fuertes controversias desde el primer día. Los pobladores, activistas ambientales y organizaciones internacionales en contra de la construcción de presas criticaron el plan de inundar un valle de la selva y desplazar a sus más de 25,000 habitantes. La ausencia de consulta previa hizo que los agricultores locales supieran de la expropiación de su tierra para el proyecto de la presa, apenas cuando el equipo pesado de construcción comenzaba a llegar.

Luego de las protestas por la falta de la consulta que es requisito legal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo del proyecto, inició una consulta simulada. Se la llevó a juicio con éxito por falsificación de documentos, y todavía enfrenta acusaciones por delitos contra el ambiente y construcción sobre tierras sin permiso. Los problemas legales se acumularon, los pobladores se negaron a marcharse, y la ONU y el Tribunal Internacional del Agua censuraron duramente al gobierno mexicano por el proyecto. Sin embargo, el BID continuó promoviéndolo.

En un caso similar, el BID propuso también financiar un proyecto de presa hidroeléctrica llamado Arcediano, sobre el río Santiago. El proyecto implica la desaparición total del pueblo de Arcediano en Jalisco y ha merecido las críticas de los especialistas por la ausencia de consulta, los riesgos ambientales, problemas de salud relacionados con la calidad del agua, el costo del proyecto y el desplazamiento como temas cruciales. La contaminación del agua condujo a la muerte de un niño de ocho años a consecuencia de envenenamiento por arsénico luego de haber caído al río el año pasado. Los pobladores preguntan por qué el banco propone embalsar el río para distribuir sus aguas envenenadas a mayor número de gente, en lugar de ayudar a descontaminarlas.

Las presas La Parota y Arcediano fueron recientemente suspendidas a resultas de la protesta pública. No han sido definitivamente canceladas, y hay evidencias de que pronto tendrá lugar una nueva ronda de batallas.

2. El aceite de palma en Colombia y el desplazamiento de las comunidades afrocolombianas. En nuestro caso en Colombia estudiamos la participación activa del BID en la promoción de la producción de palma de aceite para agrocombustibles. En Colombia, el conflicto armado y el aceite de palma están inextricablemente unidos, ya que empresas productoras de este aceite, apoyadas en poderosos intereses, han estado adueñándose de las tierras de comunidades afrocolombianas, desplazándolas intencionalmente por la violencia. Ha habido asesinatos documentados de sus dirigentes con el fin de obligar a las comunidades a que vendan sus tierras para destinarlas a producir la palma de aceite, y la emigración forzada suele ser la táctica para apoderarse de las tierras campesinas y así expandir la producción de esta palma. El BID promueve las plantaciones de palma de aceite a través de sus programas "de cambio climático" y "de desarrollo", elogiándolas como una "oportunidad transformativa" y como un generador de inversiones, desarrollo y empleo en las áreas rurales. El impacto del desplazamiento ha sido ignorado.

3. Brasil: el desplazamiento por presas y los riesgos de la reubicación. En 1999, el BID financió una presa de gran envergadura conocida como CH Cana Brava. El proyecto condujo a un cambio devastador en la conformación socio-ambiental del área, y tuvo el dudoso honor de ser la primera presa construida íntegramente por una compañía privada conforme a un marco legal e institucional neoliberal que el gobierno brasileño introdujo a finales de los 1990s.

Más de 1,000 familias en la comunidad local—casi todas inmigrantes del noreste de Brasil y descendientes de esclavos africanos—fueron desplazadas por el megaproyecto. Muchas perdieron sus tierras y medios de subsistencia. El BID desempeñó un papel clave en los procesos de negociación y reubicación. Presidió juntas comunitarias en la presencia intimidante de la policía militar, y el Banco intentó negar la importante función de los dirigentes comunitarios asumiendo la postura—junto con sus socios, el banco brasileño de desarrollo BNDES y la empresa Tractebel—de rehusarse a negociar colectivamente con la comunidad. Más de diez años después, y después de muchos ajustes en el proceso de reubicación, más de 600 familias siguen sin ser reintegradas con éxito en comunidades autosuficientes.

4. Honduras: Los megaproyectos turísticos y el desplazamiento. Un proyecto financiado por el BID en la Bahía de Tela en la costa de Honduras está provocando el desplazamiento de las comunidades de garífunas y campesinas. El golpe de estado en aquel país abrió la puerta a intereses más que dispuestos a dar velocidad a este proyecto, a pesar de la resistencia local y de estudios que auguran graves daños ambientales. En este caso se examinan los niveles de desplazamiento que el desarrollo turístico involucra, así como el cumplimiento por el BID de sus propias reglas sobre desplazamientos.

Una nota final: Pese al compromiso del BID con la transparencia, nos resultó difícil localizar ciertos documentos e información general acerca de proyectos polémicos. Consultas por correo electrónico no fueron contestadas; documentos importantes fueron retirados de la red; funcionarios se negaron a atender consultas telefónicas, y las descripciones oficiales de los proyectos a menudo resultaron vagas y engañosas.

También descubrimos que el BID casi siempre omite aplicar sus propias políticas en asuntos de importancia vital. El banco se compromete a realizar consultas, pero muchos de sus proyectos carecen de la deliberación que el propio BID promete y que es requisito exigido en la Convención 169 de la OIT y otros instrumentos legales internacionales. El BID se compromete a supervisar los proyectos de sus deudores, pero luego de otorgar el crédito el interés que el banco muestra por las consecuencias suele ser mínimo, en especial cuando se trata de desplazamientos.

Los desplazamientos masivos de poblaciones humanas y la desintegración de comunidades no pueden descartarse como daños de corta duración colaterales al combate a la pobreza. Toda la literatura disponible apunta al empobrecimiento mayor o continuo de las comunidades desplazadas, así como a la pérdida de sus herencias culturales, sociales y ambientales. El BID debe poner fin a su silencio y responder públicamente a las críticas y controversias que rodean sus proyectos. También debe abandonar su concentración exclusiva en los megaproyectos, y explorar otras opciones de desarrollo y energéticas.

Traducción al español de: María Soledad Cervantes Ramírez.


El informe completo está disponible aquí