10-03-2019
Tren Maya: ¿Un modelo de desarrollo turístico en el Sur-Sureste mexicano?
Angélica Duarte | Alba SudEl Tren Maya es uno de los proyectos insignes del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Las dudas sobre sus posibles impactos se acumulan en el debate público, mientras se espera más información detallada sobre múltiples aspectos que condicionan su valoración.
Crédito Fotografía: Angélica Duarte.
El Tren Maya es uno de los proyectos insignes del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, presentado como un proyecto turístico de desarrollo integral para los estados más pobres del sur de la República Mexicana. El turismo siempre ha ocupado un lugar destacado en la agenda política mexicana, ya que representa la tercera fuente de ingresos para el país, con aproximadamente 21 mil millones de dólares para el año 2017, según datos de la Secretaría de Turismo (SECTUR).
El informe de la Organización para la Cooperación y El Desarrollo Económico (OCDE) Estudio de la Política Turística en México 2017, indica que la capacidad de movilización del turista dentro de un territorio es un elemento clave para el desarrollo de este rubro, y que este ha sido uno de los grandes desafíos del país para fortalecer el sector turístico. En este sentido, el informe asegura que, de desarrollar un sistema de transporte con alcance global y local, se podría brindar una mejor conexión para poder acceder a los destinos no tan promocionados, así como para fortalecer el turismo interno.
El Tren Maya se presenta, por tanto, como un medio para interconectar los Estados del Sur-Sureste de México, promover el desarrollo turístico regional de los estados de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, e incentivar los destinos que no han estado potencialmente visibles dentro de la oferta turística. El recorrido del Tren Maya implica 1,525 kilómetros de longitud e incluye 15 estaciones de ruta entre los distintos estados. Será utilizado en tres modalidades: traslado de carga, pasajeros locales y regionales, así como turismo de lujo. Se estima que la inversión alcanzará entre los 120 y los 150 mil millones de pesos entre inversión pública y privada. Según las proyecciones hechas por el gobierno mexicano, las primeras obras darán inicio a partir del año 2020.
Fuente: Página Web oficial del presidente de México.
Uno de los principales retos que presenta el proyecto es alcanzar los consensos necesarios, así como promover que actores sociales que se verán afectados por esta obra se involucren efectivamente. El trayecto implica atravesar comunidades indígenas, áreas naturales protegidas y territorios ejidales. Esto ha provocado diferentes posicionamientos de aprobación o descontento con el proyecto. El debate se ha centrado fundamentalmente en la discusión sobre los impactos socioambientales, así como por el enfoque del modelo de desarrollo turístico que privilegia a los grandes consorcios turísticos.
Hacia el fortalecimiento de las alianzas público-privadas
El proyecto será financiado bajo un esquema de inversión mixta. Según el modelo financiero del Tren Maya presentado el 11 de febrero de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, una parte de la inversión (aproximadamente el 10%) quedará a cargo del Gobierno, el resto quedará a cargo de las empresas privadas que resulten adjudicatarias de las licitaciones correspondientes. Este esquema incluye “la elaboración de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). Una vez que se obtengan los resultados de los estudios, se aplicarán las medidas de contención y mitigación correspondientes. Asimismo, el Tren Maya realizará las consultas a los pueblos originarios con apego a la ley y en completa observancia del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas.” Es decir, la inversión mayoritariamente se encontrará en manos del gran capital nacional y transnacional.
Según declaraciones del responsable del proyecto y director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) Rogelio Jiménez Pons, la construcción del Tren Maya ya cuenta con una vía férrea existente que representa más de la mitad del proyecto. La primera parte abarca los 720 kilómetros correspondiente a la línea del ferrocarril del Sureste, además de las líneas de la comisión federal de electricidad de carreteras. La nueva ruta es el trayecto que pasaría por Calakmul, entrando hacia Chetumal, y sube hacia Tulum, playa del Carmen y Cancún.
Así como se ha planteado el proyecto, queda bastante claro que se vincula con una política turística que privilegia a las zonas costeras como escenarios turísticos destacados. Este proyecto debe plantearse un reordenamiento de la planificación territorial turística en los estados involucrados, ya que actualmente la planta turística se concentra en las áreas de las zonas costeras, y existen una serie de atractivos turísticos dispersos que no reciben la misma atención en términos de incentivos, apoyos y programas sectoriales.
La concentración del capital turístico en las zonas costeras se manifiesta principalmente en las playas del Mar Caribe. De 39.3 millones de turistas internacionales que recibió México en 2017, se estima que ingresaron al Estado de Quintana Roo un total de 15, 064,092, millones de turistas, entre los que destaca la playa de Cancún, que recibió en el año 2017 un total de 7, 907,225 millones de turistas, lo que representa el ingreso total de turistas internacionales en Chile y Colombia. El proyecto del Tren Maya ya ha atraído la atención de cadenas hoteleras españolas como Meliá, Riu, Iberostar o Barceló, que están atentas a invertir en las zonas que se han planificado como estaciones del tren, como Playa del Carmen, Tulúm, Bacalar, Palenque o Mérida.
El Tren Maya: ¿es viable ambientalmente?
De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que persigue el proyecto es el desarrollo económico de las comunidades y el fortalecimiento de las acciones de conservación de los ecosistemas. Así afirmó que “no se va a tirar un solo árbol, al contrario, vamos a sembrar millones en el sureste, vamos a cuidar del medio ambiente”. Esto fue considerado como una alerta para las organizaciones civiles ambientalistas y las comunidades indígenas.
Entre las principales demandas a este respecto es la presentación de la manifestación de impacto ambiental, ya que es evidente que el tren ocasionará daños colaterales a los sistemas ecológicos que existen en la selva, así como para las formas de vida comunitaria de las zonas que atraviesa. Uno de los trazos de selva que puede verse afectado incluye al único sitio reconocido por la UNESCO en México como patrimonio mixto de la humanidad, conocido como la Reserva de la Biosfera Calakmul y la Reserva de Biosfera de Sian Ka' an.
Imagen de Angélica Duarte.
El biólogo Lucio Tehuitzil, doctorando en desarrollo rural y educador ambiental en la zona de los Tuxtlas Veracruz, comenta que aunque se esté aprovechando un trayecto de líneas férreas que cayeron en desuso, la rehabilitación de las mismas no es comparable con el impacto ya existente debido a la regeneración natural de la vegetación que ha sufrido la ruta por la falta de tránsito. De igual manera, afirma que los estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación del proyecto del Tren Maya deben ser presentados previo al inicio de obras.
Estos estudios deben incluir la evaluación de la biodiversidad, tipo de vegetación o de hábitats, especies endémicas existentes en la zona, estudios de impacto acústico, estudios de compactación y permeabilidad de suelo, el análisis espacial de los corredores biológicos, entre otros. Estos estudios serán de utilidad para dimensionar que tanto el proyecto promueve acciones con altos impactos ambientales, que permitan replantearse medidas de mitigación que sean reconocidas por las instancias de representación y organización comunitaria. En algunos casos, estas comunidades ya cuentan con sus propias Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, que han sido certificadas por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP).
Entre el consenso y la resistencia
Otro desafío para la construcción del Tren Maya es lograr establecer consensos entre los habitantes del Sur-Sureste que permita mayor legitimidad a un proyecto de esta envergadura. El fin de semana del 24 al 26 de noviembre de 2018 se llevó a cabo una consulta ciudadana en todo el territorio nacional, financiada por los Senadores de Morena y a iniciativa del entonces Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, donde se le pidió a la población que se pronunciara sobre los 10 proyectos prioritarios de la nueva administración. En esa consulta, participaron 946 mil 81 habitantes de todo el país. La construcción del Tren Maya en el sur del país obtuvo 88.9 por ciento de votos a favor y 6.6 por ciento en contra. El porcentaje de boletas anuladas fue de 3.6 por ciento.
Sin duda, esta iniciativa de consulta mostraba la necesidad de legitimar de manera muy pronta los proyectos estratégicos del nuevo gobierno, apostando por dar un golpe mediático ante la opinión pública. Lo que sí es cierto es que la consulta informada y amplia es una de las demandas que genera mayor consenso entre los sectores representativos del país. Las posiciones son diversas desde las comunidades involucradas, académicos y asociaciones civiles, tomando en cuenta que en los 5 estados involucrados, el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó con amplia mayoría en las elecciones pasadas.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha sido uno de los mayores opositores al nuevo gobierno de México y a los megaproyectos que se plantean realizar en el sureste mexicano. En una carta firmada por las mujeres zapatistas rechazan el proyecto del Tren Maya: “pues resulta que los nuevos malos gobiernos ya lo dijeron claro que van a hacer sus megaproyectos de los grandes capitalistas. De su Tren Maya, de su plan para el Istmo de Tehuantepec, de la siembra de árboles para mercancía de maderas y frutas. También dijo que entran las mineras y las grandes empresas de alimentos. Y además tiene un su plan agrario que es que lleva hasta lo último la idea de destruirnos como pueblos originarios, de la manera de convertir nuestras tierras en mercancías, que así quieren completar lo que dejó pendiente el Carlos Salinas de Gortari que no pudo porque lo paramos con nuestro alzamiento.”
Por otro lado, en el estado de Quintana Roo son 12 los ejidos por donde pasará el Tren Maya, en uno de los tramos que no cuenta con vías férreas existentes. En este caso, los ejidatarios no se han mostrado opuestos al proyecto, sino que han solicitado la intervención de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de la que son miembros, para que les ayude en las negociaciones con el Gobierno Federal, con FONATUR y el fideicomiso Fibra.
Los ejidatarios buscan una negociación justa por sus tierras o la posibilidad de entrar en el esquema de participación accionario como parte del fideicomiso, donde serían socios del proyecto en la proporción de su capital. Así mismo, se plantean la posibilidad de vender sus terrenos pero a un precio ajustado al mercado. Resulta interesante que en una entrevista, Fidel Hinojosa Pulido, un abogado quintanarroense que representa a la CNC y es el enlace con los ejidatarios, expresa que no existe resistencia por parte de los ejidatarios a ser socios o vender, que todos están de acuerdo, siempre y cuando les paguen bien.
Fuente: Página Web oficial del presidente de México.
La orientación estratégica de los proyectos de desarrollo turístico del nuevo gobierno, sin duda, incentivan y fomentan la inversión privada. La implementación de este tipo de proyectos turísticos implica transformaciones en el tejido social de las comunidades. Por eso, en la implementación del Tren Maya deben tomarse en cuenta los aspectos socioterritoriales, los posibles conflictos socioambientales, las dinámicas de privatización de tierras de propiedad ejidal y comunal, la transformación de las formas de vida comunitaria, la generación de nuevos grupos de poder en las comunidades, así como el riesgo de una mayor precarización laboral.
Aún hay muchas preguntas por responder en relación al Tren Maya, especialmente a partir del debate público que ha generado, pero sin un estudio en profundidad sobre la viabilidad ambiental, social o territorial aún es complejo establecer el impacto verdadero de este proyecto. De la misma manera, falta por ver cómo se llevará a cabo la consulta informada que se ha prometido y, por supuesto, si su ejecución se desarrollará según lo prometido. Por el momento, cabe analizar lo que hasta el día de hoy se ha dicho y publicado, así como esperar una información o documentación más amplia y transparente sobre las siguientes etapas de este megaproyecto, que sin duda cambiarán el Sureste mexicano.
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