Honduras: Nueva crisis institucional

Tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya el año 2009, este nuevo incidente somete al país a un grave crisis institucional. Este episodio releva las contradicciones y luchas por el poder de los diferentes grupos oligárquicos. Desde Tegucigalpa, Giorgio Truchi, explicó los acontecimientos y ayudó a entender las claves de este nuevo conflicto en una serie de tres artículos que reproducimos a continuación.

Congreso destituye a magistrados y abre nueva crisis política

Tres años y medio después del golpe de estado que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya, Honduras parece estar al borde de una nueva crisis político-institucional.

Ya pasada las primeras horas de la madrugada,  el Congreso dio lectura al informe de la Comisión especial que durante la últimas 24 horas investigó la conducta administrativa de los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Inmediatamente después, con una moción firmada por mas 110 diputados, los congresistas votaron la destitución de los 4 magistrados de dicha Sala, Antonio Gutierrez Navas, Francisco Ruiz, Rosalinda Cruz yGustavo Enrique Bustillo, "por poner en peligro inmediato la seguridad ciudadana y porque su conducta es manifiestamente contraria al interés del Estado de Honduras", dice la moción que obtuvo  97 votos a favor y 31 en contra.

Conspiración

"Es una conspiración y debemos tratar este tema. Estamos aquí a defender los más caros intereses del pueblo, no es posible que se siga con esta ola delincuencial", dijo Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso.

Las instalaciones del Congreso estuvieron rodeadas por contingentes de militares durante toda la durada de la sesión parlamentaria.

El conflicto que durante el ultimo año ha enfrentado los dos candidatos presidenciales del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández y Ricardo Álvarez, ese último alcalde de la capital Tegucigalpa, se ha recrudecido durante las últimas semanas.

Durante las elecciones internas del pasado 18 de noviembre, Álvarez denunció un fraude electoral que, supuestamente, facilitó la victoria de Hernández, quien goza del apoyo del ejecutivo.

El día de ayer (11/12), el alcalde de la capital presentó ante el Tribunal Supremo Electoral un recurso de suspensión para dejar sin valor y efecto la declaración final emitida por la máxima autoridad electoral, en la que decretaba el triunfo de su contrincante. También, pidió el recuento voto por voto de todas las juntas receptoras del país.

Días antes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados, según varios analistas políticos, responderían a los intereses de grupos económicos que respaldan la candidatura de Álvarez, emitió un fallo con el que declaraban la inconstitucionalidad de las pruebas de confianza, a la que son sometidos los policías como parte del proceso de depuración de la institución.

Esta misma Sala desechó el proyecto, impulsado por el ejecutivo y el mismo Hernández, de creación de las Ciudades Modelo y rechazó  leyes y decretos que imponían nuevos impuestos a las grandes empresas del país, aumentando las recaudaciones del Estado.

La respuesta del presidente Lobo no se hizo esperar y la semana pasada hizo pública una denuncia con la que advertía de la posibilidad de un nuevo golpe de Estado por manos de varios grupos económicos, corporaciones mediáticas, como el presidente de los periódicos El Heraldo y La Prensa, Jorge Canahuati, así como por poderes e instituciones del Estado.

La creación de una comisión de investigación sobre la conducta administrativa de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como la destitución de los 4 magistrados, podría desatar ahora un conflicto institucional, que tiene como objetivo el reacomodamiento de los grupos de poder que están detrás del poder político.

"Estos magistrados no han estado cumpliendo con su papel de magistrados públicos, aprobando leyes en función de grupos minoritarios de poder, sin responder a los anhelos de la mayor parte de los hondureños. No vamos a permitir otro golpe de estado, y cualquier intento de este grupo que financió, dirigió y asesoró el golpe del 2009 va a fracasar", dijo el diputado del Partido de Unificación Democrática (UD), Sergio Castellanos.

Contrariamente a esta posición, la diputada del Partido Liberal, Waldina Paz, aseguró que la destitución es un delito que hasta podría ser considerado como una traición a la patria. "Esta destitución es un mal mensaje que se envía a nivel mundial, y como lo dijo el Fiscal general adjunto, Roy Urtecho, es catalogado como traición a la patria, en cuanto se le quita la potestad a la independencia de poderes", dijo.

En declaraciones a los medios, Roy Urtecho dijo que hasta se podría ordenar la detención de todos los diputados que votaron a favor de la destitución.

Por el momento, el mando del ejercito de Honduras no se ha expresado, aunque se ha filtrado la noticia de que el presidente del Congreso si habría reunido con el jefe de las Fuerzas Armadas, René Osorio, antes de regresar al hemiciclo para reanudar la sesión parlamentaria.

Para Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso, esta decisión es totalmente válida en cuanto tiene precedentes. En 1992, el Congreso destituyó a Osvaldo Ramos Soto del cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, e hizo lo mismo en 1998, haciendo lo mismo con el Fiscal general, Porfirio Navarro.

Hasta el momento, el partido Libre (Libertad y Refundación) del ex presidente Manuel Zelaya, cuya esposa, Xiomara Castro, obtuvo mas de 600 mil votos como candidata presidencial durante las recientes elecciones internas, no se ha expresado acerca de esta nueva crisis institucional que está afectando a Honduras.

Tegucigalpa, 12/12/2012. Publicado originalmente en LINyM.

Destitución de magistrados de la Corte Suprema genera críticas
 

Magistrados destituidos (Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, Francisco Ruiz y Gustavo Bustillo Palma). Efe.

Diferentes sectores de la sociedad y de la política hondureña reaccionaron negativamente ante la decisión tomada en la madrugada de este miércoles (12/12) por el Congreso Nacional, de destituir a cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y de nombrar de inmediato a sus sustitutos.

“Lo que acaba de ocurrir en el Congreso es una prueba más de que no hay institucionalidad en el país”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), a Opera Mundi.

Según ella, lo que está ocurriendo es “un enfrentamiento entre las fuerzas que dominan el país”, y esto no abona a que Honduras “pueda reconstruir el tejido social, ni fortalecer sus instituciones”, aseveró la defensora de derechos humanos.

Durante una improvisada conferencia de prensa, los cuatro magistrados destituidos – Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, Francisco Ruiz yGustavo Bustillo Palma – declararon que su destitución es “totalmente ilegítima, ilegal e injusta”, y que no se ha respetado el debido proceso, “violentando sus derechos constitucionales”.

Los magistrados aseguraron que van a usar todos los instrumentos legales que la ley les faculta para tratar de revertir esta situación. En este sentido, la Barra de Abogados Anticorrupción ya presentó un recurso de amparo a favor de los cuatro magistrados, “para dejar sin efecto la decisión tomada por el poder legislativo”.

Para Enrique Flores Lanzas, ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y actual candidato a diputado por el partido Libre (Libertad y Refundación), lo que ocurre en el Congreso hondureño no es solamente un golpe técnico, "sino una seria amenaza para nuestro partido y para el país”.

“Hay intereses ocultos que se están imponiendo y que van a dejar al partido de gobierno (Partido Nacional) con el control total de los principales poderes del Estado, en un año electoral. Hoy, más que nunca, toma vigencia nuestro proyecto para refundar el país", dijo.

Durante la noche de este miércoles, el presidente Porfirio Lobo hizo un llamado al diálogo nacional entre poderes del Estado, informando que, en las próximas horas establecerá un canal "amplio y abierto" entre los presidentes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, para buscar “una salida y un ambiente de colaboración".

Hasta el momento, ni las Fuerzas Armadas, ni la empresa privada ha dado a conocer su posición acerca de la crisis actual , mientras que el Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, solicitó toda la documentación que ha servido de base al Congreso para tomar su decisión.

“Solamente después de haber estudiado todo esa documentación vamos a dar nuestra opinión”, dijo Rubí.

“Nueva crisis es el resultado del reacomodamiento de los grupos de poder”, dice el sociólogo Eugenio Sosa (CESPAD)

Eugesio Sosa. Fotografía de Giorgio Trucchi - Opera Mundi. 

La nueva crisis político-institucional iniciada en la madrugada de este martes (11/12) con la destitución, por parte del Congreso, de cuatro de los cinco magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es el reflejo de una lucha entre los diferentes grupos de poder que, en Honduras, controlan y disponen de la política y la economía del país.

Esta es la tesis que defiende el sociólogo e investigador del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Eugenio Sosa, durante su conversación con Opera Mundi.

Sosa aseguró también que los resultados de las recién pasadas elecciones internas, las denuncias de fraude que involucran a los candidatos de los dos partidos tradicionales – Partido Nacional y Partido Liberal – que salieron derrotados, así como el alto grado de apreciación conquistado por el partido Libre (Libertad y Refundación) del ex presidente Zelaya, habrían obligado a dichos grupos a reacomodarse estratégicamente en vista de las elecciones nacionales de 2013.

¿Cuáles son los elementos a destacar del recién pasado proceso electoral interno?

Un primer elemento es la crisis política, económica y social que no ha dejado de afectar y hundir al país. A eso hay que agregar el fraude denunciado por diferentes grupos de los partidos tradicionales, así como la falta total de confiabilidad de las autoridades electorales. Todo esto nos indica que hay una fuerte disputa de poder entre los grupos oligárquicos, con el objetivo de seguir controlando y saqueando al Estado y sus recursos naturales.

Estos poderes, que están detrás de los candidatos nacionalistas Juan Orlando Hernández, actual presidente del Congreso y principal aliado del presidente Porfirio Lobo, y Ricardo Álvarez, alcalde saliente de la capital Tegucigalpa, se están reacomodando. Esto genera  fuertes contradicciones y conflictos profundos.

¿De qué poderes estamos hablando?

Detrás de Ricardo Álvarez está todo el poder financiero, de los bancos, de los terratenientes y de los inversionistas del sector energético. Un poder oligárquico tradicional que se vincula con algunas de las grandes corporaciones mediáticas del país, como los periódicos El Heraldo y La Prensa de Jorge Canahuati. Hernández y el presidente Lobo son apoyados por grupos económicos emergentes que están conquistando su espacio, como el Grupo Gutiérrez y el grupo agroindustrial Colibrí, especializado en contrataciones diversas con el Estado. La lucha va a ser fuerte y ambos grupos van a mostrar el músculo.

También hay que destacar el hecho de que el partido Libre se posiciona definitivamente en el escenario electoral como la segunda fuerza política del país. Ahora, tendrá que preparar una estrategia político-organizativa para hacerle frente a un posible fraude que se estará gestando desde el poder electoral, cuyos miembros están controlados por los grupos de poder. En este proceso interno, Libre ha demostrado lo que puede hacer en 2013, desvirtuando definitivamente la campaña mediática de desprestigio impulsada por los partidos tradicionalistas.

Mientras en el Partido Nacional gana la parte menos conservadora encabezada por Hernández y Lobo, en el Partido Liberal prevalecen los sectores más retrógrados.

Gana Mauricio Villeda, que es militante activo del Opus Dei y negociador de Roberto Micheletti durante el golpe. Con él resurge la imagen del ex presidente de facto Micheletti, se reafirma la influencia en el país del ex presidente Carlos Flores Facussé (1998-2002) y se destacan grandes corporaciones mediáticas como Televicentro, de la familia Ferrari-Villeda. Por el contrario, parece estancarse el más moderado Jaime Rosenthal, cuyo hijo Yani fue el contrincante de Villeda.

Además con un tribunal que mucho dicen estar totalmente colapsado.

Es el mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dirigió las elecciones manipuladas de 2009, cuyo resultado fue un completo fracaso. Está completamente deslegitimado para dirigir las elecciones de 2013.

¿A quién van a apuntar los grupos de poder que fueron derrotados en las elecciones internas?

Creo que, al final, van a apuntar más a Villeda porque nunca estuvieron de acuerdo con Hernández-Lobo y su decisión de “normalizar” la situación del país, firmando los Acuerdos de Cartagena y permitiendo el regreso de Zelaya y la inscripción de Libre. Nunca les van a perdonar que Zelaya esté en el país y que Libre pudiese lograr esa importante cantidad de votos.

En este sentido, hay que esperarse una fuerte campaña orquestada no sólo dirigida hacia el presidente Lobo y Hernández, sino también contra Libre, reactivando quizás los viejos juicios en contra de los ex funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya.

¿Podríamos entonces decir que lo que ha ocurrido en estos días en el Congreso es el reflejo de esta lucha de poder?

Definitivamente, sí. El presidente Lobo siente que estos grupos están conspirando contra él y no le permiten llevar adelante sus políticas. La Corte Suprema de Justicia se ha convertido en el instrumento privilegiado para boicotear las políticas del gobierno. Es por eso que, en un primer momento, él salió denunciando un posible golpe contra su gobierno y, en un segundo momento, sus diputados, encabezados por Juan Orlando Hernández, destituyen a los cuatro magistrados que habían votado por declarar la inconstitucionalidad de las pruebas de confianza a la que son sometidos los policías, como parte del proceso de depuración de la institución. Es una respuesta a la Corte y a los empresarios que están detrás de Ricardo Álvarez. Todos son pulsos políticos de grupos de poder.

Además, poderes del Estado como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público se están cuidando las espaldas, porque el tema de la depuración podría, muy pronto, involucrarlos también a ellos .

¿Cuál puede ser el escenario futuro?

De inmediato, no creo que se pueda dar un golpe, como en 2009. Sin embargo, es posible que se agudicen las contradicciones entre poderes y, una vez agudizadas, hay que ver los efectos. Al contrario de Zelaya en 2009, el presidente Lobo y Hernández tienen el control del Congreso y eso les da cierta confianza en su estrategia.

¿Cómo mira el papel del Ejército, que en 2009 jugó un papel fundamental en el derrocamiento y expulsión de Zelaya?

Creo que se mantendrá a la expectativa, pero no dudo que, tarde o temprano, va a tomar bando para defender los puestos de poder político y económico que volvió a ocupar después del golpe.

Tegucigalpa, 15/12/2012. Publicado originalmente en Opera Mundi (portugués) y Nicaragua y más (español)