Fondos de pensión suecos: una oportunidad para hacerlo mejor

Los fondos de pensión suecos deberán usarse para hacer inversiones éticas siempre y cuando éstas no pongan en peligro su rendimiento. Así se puede leer en la normativa vigente para gestionar las pensiones de los suecos. Pero diferentes investigaciones han mostrado que los fondos de pensión han invertido en empresas que violan los derechos humanos, contribuyen a la degradación del medio ambiente y que están en la lista negra de otros inversores institucionales [1]. Ahora varios partidos del gobierno y los socialdemócratas están revisando y discutiendo nuestro sistema de pensiones: tienen la oportunidad de rehacer las cosas,  y hacerlo mejor.

Una de las empresas en la que han invertido los fondos de pensión es la compañía minera canadiense Goldcorp. En total estos fondos han invertido en la empresa 364 millones de coronas suecas (5.709.516.085 de dólares).El futuro económico parece brillante para la empresa [2]. Pero detrás de unos números bonitos hay escándalos ambientales y abusos a los derechos humanos en distintos lugares de Centroamérica.

Un ejemplo relevante en este sentido lo aporta el Procurador para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en El Salvador, Óscar Luna,que en enero de 2013 señaló críticamente a Goldcorp y su proyecto minero Cerro Blanco, donde la empresa prevé extraer oro y plata [3].La mina, que aún no está en funcionamiento, se encuentra en la región de Trifinio donde convergen las fronteras de Honduras, El Salvador y Guatemala. Según el informe, el agua y el medio ambiente en la zona estarán en alto riesgo de contaminación cuando las actividades de minería inicien. El PDDH considera además que el proyecto minero es una amenaza directa para el suministro del agua en el país, principalmente porque pone en peligro la calidad del agua en el lago Guija y el río Lempa. El río representa el 37 por ciento del agua potable en el área metropolitana de San Salvador. El país ya tiene poco acceso al agua potable y la mayor parte de las fuentes de agua del país están contaminadas [4]. 

El PDDHen su informe pide al Estado de El Salvador tomar medidas contra el proyecto minero para evitar la degradación del medio ambiente y la violación de los derechos humanos – tales como el derecho al agua, la salud y el medio ambiente - que el proyecto minero puede implicar. Propone también realizar estudios sobre qué impacto tendrá el proyecto de minería en los recursos naturales del país. Además ha solicitado una Audiencia Especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso [5]. Por su parte, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, ha creado una comisión para investigar si hay peligro de contaminación en el área [6].

El informe de la Procuraduría de Derechos Humanos también menciona a la Mina Marlin como ejemplo de los efectos negativos que la industria minera Goldcorp ha tenido en Guatemala, y sigue teniendo, en las personas y el medio ambiente. Desde que Goldcorp comenzó la extracción de oro en la mina ha habidovarios reportes sobre violación de derechos humanos y del medio ambiente [7]. La mina también ha sido criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por una serie de organizaciones internacionales [8].

Suecia ha firmado y ratificado una serie de convenios que defienden los derechos humanos, lo que significa que el gobierno es responsable de las consecuencias que tengan las inversiones suecas en países extranjeros. Ya es hora de que el país tome sus compromisos con los derechos humanos y el medio ambiente en serio. Los partidos en el Grupo Parlamentario de Pensiones – formado por los partidos del gobierno junto con los socialdemócratas – tienen que dar a estos temas un lugar prominente en la discusión de los fondos de pensiones y el futuro de nuestra pensión.

La revisión de la normativa vigente abre la posibilidad para cambiar las condicionesy cumplir los requisitos de inversión responsable.

Algunos cambios concretos que podrían realizar para avanzar en la dirección correcta:

• Incluir los compromisos y el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente en la Ley que regula los fondos de pensiones y destacar que la rentabilidad no puede ser elegida por encima de los derechos humanos.

• Agregar un Consejo de Ética independiente con recursos suficientes para permitir investigaciones profundas del uso ético e impacto ambiental de los fondos de pensiones. Hoy en día, los participantes en el Consejo de Ética, son los propios representantes de los fondos de pensiones.

No podemos construir nuestras futuras pensiones usando un sistema que viola los derechos de los demás.

Lina Karlsson es comunicadora. Corresponsal para Centroamérica de Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), con sede en Managua, y colaboradora de Alba Sud.