(article disponible només en castellà)

Las comunidades garífunas en el litoral caribe, al norte de Honduras, continúan sufriendo los embates de un modelo, dizque de “desarrollo”, que las despoja de sus territorios, persigue y criminaliza a sus habitantes, en aras de un no muy bien definido “progreso”. La construcción de complejos turísticos, residenciales y viviendas vacacionales crecen a la par de mega proyectos extractivos que amenazan el futuro de miles de personas.

Hace poco más de un año, la dirigente garífuna Miriam Miranda explicaba a Alba Sud cómo los pueblos indígenas y negros hondureños estaban sufriendo un acelerado proceso de destierro, que conduciría en un mediano plazo a una desaparición forzada de sus comunidades. El principal responsable de este proceso de despojo es el gran capital nacional y transnacional, coludido con autoridades locales y nacionales, a través de la implementación y profundización del régimen extractivista. Por luchar contra la consolidación de este régimen en la región, Miranda y decenas de activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) han sido perseguidos, criminalizados, judicializados y hasta asesinados.

Esta dramática situación fue ampliamente descrita el año pasado por Alba Sud en el reportaje: Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística. Un año después, la situación parece haber degenerado aún más.

Pérdida de soberanía e integridad territorial

“En toda la zona de la Bahía de Trujillo hay un fuerte incremento de las inversiones extractivistas. Tanto las autoridades locales y nacionales como el gran capital le han puesto el ojo, ya no sólo para la construcción de complejos residenciales con fines turísticos, sino también para sentar las bases de la construcción de un gran complejo energético y una refinería”, explicó Miriam Miranda a Alba Sud. Dichos proyectos representarían una inversión de casi 2,8 billones de dólares.

Miriam Miranda. Imagen de Giorgio Trucchi.

 A ese propósito, la coordinadora de la OFRANEH recordó que este repunte de inversión es parte del Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico “Honduras 20/20”, una alianza estratégica del sector público-privado que en un período de 5 años (2016-2020) tiene planeado invertir unos 13.000 millones de dólares y generar 600 mil puestos de trabajo, más de un tercio de los cuales (255 mil) a través de la actividad turística, uno de los siete ejes del programa.

Una de las principales herramientas que dinamizan dicho programa son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocidas como ciudad modelo o charter city. Se trata de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas. Las ZEDE estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad. También podrán establecer sus propios sistemas de salud, educación y seguridad social.

El gobierno de Honduras dio a conocer el año pasado que diez empresas –cinco nacionales y cinco extranjeras– ya habrían mostrado interés en invertir en los clústers donde se desarrollarían las ZEDE, entre ellas las zonas de Trujillo, Colón e Islas de la Bahía, en el litoral Caribe. Tanto el Programa 20/20 como las ZEDE han sido fuertemente cuestionados por amplios sectores de la sociedad hondureña y por organismos nacionales especializados en temas económicos y de políticas públicas, por presentar proyecciones sin sustento, incoherentes y no apegadas a la realidad, y por representar pérdida de soberanía nacional y de la integridad territorial.

Miriam Miranda. Imagen de Giorgio Trucchi.

La situación ha venido ejerciendo una creciente presión sobre las comunidades indígenas y campesinas y sus territorios. “Este conglomerado de proyectos viene a arrebatarnos nuestros territorios. Los habitantes de la comunidad garífuna de Puerto Castilla (Trujillo) ya están siendo desalojados y desplazados. La comunidad de Cristales y Río Negro, de Guadalupe, San Antonio y Santa Fe ya sufrieron la pérdida de buena parte de sus territorios a raíz de la implementación de proyectos turísticos. Afortunadamente la población ha reaccionado, se ha organizado, defendido y ha echado a andar importantes procesos de recuperación de las tierras ancestrales”, agregó Miranda.

En Guadalupe, por ejemplo, un grupo de jóvenes, con el apoyo de la comunidad, recuperó un terreno de unas 3,3 hectáreas que habrían sido vendidas ilegalmente al ciudadano canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación turística de capital canadiense Carivida S.de R.L. Lo mismo está ocurriendo en diferentes lugares de la zona de Trujillo.

Lamentablemente, exigir y hacer respetar el derecho a la tierra ha desencadenado todo un proceso de criminalización y judicialización en contra de las comunidades garífunas.

Criminalización y judicialización

Dirigentes y activistas de la OFRANEH fueron demandados por usurpación de tierra, calumnia y difamación. Algunos de ellos fueron detenidos en repetidas ocasiones, como es el caso de Medalime David, César Geovany Bernárdez y Celso Guillén. Otras, como Miriam Miranda, Neny Heidy Ávila, Lety Hernández y la misma Medalime David, fueron demandadas y esperan ser citadas por la primera audiencia.

“Nos están enjuiciando por calumnia y difamación. Nosotras solamente nos pronunciamos por la violación de los derechos territoriales de las comunidades garífunas. Tenemos suficientes evidencias de lo que ha significado el acaparamiento ilegal de tierras, así como la manipulación de los ‘impartidores de justicia’ en contra del pueblo garífuna”, manifestó Miranda.

Con respecto al caso de Celso Guillén, quien a pesar de haber sido sobreseído de todos cargos ha sido detenido dos veces de manera ilegal e injustificada, la dirigente indígena aseguró que se trata de un claro caso de persecución y criminalización de los defensores del pueblo garífuna. “El juez nunca transmitió el resultado de la sentencia absolutoria a las demás instituciones del Estado. De esta manera, nunca se revirtió la orden de captura inicial. Esto es terrible, es algo premeditado. Lo hacen con alevosía y con la clara intención de hacerle daño al compañero. La presión ya se ha vuelto insostenible”, dijo.

Imagen de Giorgio Trucchi.

La posible imposición de una oleada de proyectos extractivistas –incluyendo a los turísticos– choca abruptamente con una de las demandas históricas de los pueblos indígenas, es decir el derecho a ser consultados de forma previa, libre e informada. Un derecho que está garantizado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre poblaciones indígenas y tribales, pero que casi nunca es respetado por los Estados.

“Ha sido un tema manipulado por el Estado de Honduras que, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha tratado de hacer aprobar una ley que de hecho se revierte en contra de los mismos pueblos. Es un remedo de consulta que no aceptamos, que rechazamos en cuanto pretende legitimar la expoliación de territorios, la explotación de los bienes comunes, la violación de derechos humanos, el desalojo de comunidades enteras”, aseguró la dirigente garífuna.

“Un Estado –continuó Miranda– que ya tiene pies hinchados por el incumplimiento de las dos sentencias condenatorias dictadas en el 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación a las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Ya fue condenado una vez, pero no le interesa. No sólo no cumple la sentencia, sino que vuelve a imponer las mismas prácticas violatorias que lo llevaron a perder los juicios internacionales. Esto ya raya en el racismo y la discriminación. Quieren vaciar nuestros territorios para luego entregárselos al capital transnacional y a sus proyectos de muerte”, concluyó la coordinadora de la OFRANEH.