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Desde hace años, el movimiento sindical salvadoreño vive días muy complicados. Después de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que en 1992 pusieron fin a doce años de cruenta guerra civil, y la embestida neoliberal que sacudió al mundo entero, las organizaciones sindicales quedaron fragmentadas, desarticuladas, atomizadas. Las dificultades de la clase trabajadora, la inercia gubernamental y la fragilidad de las instituciones encargadas de defender y tutelar derechos fueron aprovechadas por el gran capital nacional y transnacional para irrespetar derechos adquiridos y criminalizar cualquier tipo de protesta, reivindicación y lucha.

“En El Salvador hacer sindicalismo en el sector privado es todavía un delito. Los empleadores despiden a trabajadores y trabajadoras por el simple hecho de estar ejerciendo su derecho constitucional a organizarse. Los sectores en donde más se vulneran los derechos laborales y sindicales son el de comercio y servicio, zona franca (maquila) y turismo. En la maquila, por ejemplo, de las 214 empresas instaladas solamente 15 cuentan con presencia sindical, mientras que en el sector turismo la presencia es prácticamente nula”, dijo a Alba Sud, Martha Zaldaña, secretaria general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES).

“Las autoridades públicas que tienen como mandato velar por el respeto de los derechos laborales y sindicales –continuó Zaldaña– cuentan con un presupuesto muy reducido, y las denuncias que reciben rebasan su capacidad de respuesta. Además, tenemos un sistema de justicia que penaliza al trabajador y una mora judicial en casos laborales que desalienta la búsqueda de justicia, fomentando la impunidad empresarial. Si, por ejemplo, a una mujer la despiden por estar embarazada y la empresa no acata la resolución del Ministerio del Trabajo que dispone su restitución inmediata, el empleador simplemente paga una multa de 57,14 dólares. Hasta puede apelar la resolución si no está conforme con ella. Sabe perfectamente que, tarde o temprano, la trabajadora aceptará la indemnización porque un juicio en un juzgado de lo laboral tardaría no menos de dos o tres años”, explicó la dirigente sindical.

Trabajo poco decente

De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017 de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), la rama de comercio, hoteles y restaurantes concentra más del 31% de la población ocupada. Más del 45% de las mujeres se emplea en esta misma rama de actividad económica. El salario promedio mensual es de 287 dólares y se ubica por debajo del salario mínimo nacional (300 dólares). Muestra además una preocupante brecha salarial de género: 341 dólares promedio para los hombres y 250 dólares para las mujeres. De cada 100 personas ocupadas en El Salvador, 66 están en la informalidad y no cotizan a la seguridad social, tanto pública como privada. En el área rural, esta cantidad se eleva a 82 personas de cada 100. El 55% de las personas ocupadas trabaja como asalariados permanentes (42%) o temporales (13%). De todas ellas, solamente el 45% reporta haber firmado un contrato de trabajo.

Martha Zaldaña, secretaria general de FEASIES. Fotografía de Giorgio Trucchi.

“Hay una cantidad muy grande de trabajadores y trabajadoras que siguen sin poder organizarse para exigir el respeto de sus derechos. Durante los últimos años, con los dos gobiernos progresistas que hemos tenido, se ha avanzado un poco en el ordenamiento de la base de datos de sindicatos, en el rescate de la instancia tripartita, pero no ha sido posible frenar la avanzada de la empresa privada que pretende implementar leyes que desregularizan y flexibilizan aún más el mercado laboral”, señaló la secretaria general de la FEASIES.

Martha Zaldaña manifestó que el sector turismo es donde más inversiones se han hecho en los últimos años. El Ministerio del Turismo (MITUR) señala que en 2017 hubo un crecimiento del 9,5% de los visitantes en relación al año anterior. La actividad turística generó divisas por casi 1500 millones de dólares, con un aumento de casi el 7%. Se calcula que unas 300 mil personas estarían involucradas directa o indirectamente en el sector.

“Siempre se debe investigar qué tipo de empleo se está generando, porque muchas veces en el sector turismo se trata de trabajo subcontratado, por temporada, sin o con muy pocos derechos. Hay restaurantes, por ejemplo, donde los salarios salen de las mismas propinas que dejan los clientes. Hay otros donde las propinas no son repartidas entre el personal y el empleador se apropia de ellas. Desafortunadamente, las y los trabajadores del sector turismo no están organizados. Creo que hay unos dos o tres sindicatos en todo el país”, lamentó Zaldaña.

Uno de los pocos ejemplos de protesta organizada que contribuyó a revelar al mundo el grave estado de indefensión de las y los trabajadores salvadoreños del sector turismo fue el del Hotel Royal Decameron Salinitas y del Hotel Las Veraneras, ubicados en la zona de Los Cóbanos, en el municipio costero de Acajutla (vea aquí el amplio reportaje de Alba Sud). El sólo hecho de querer organizarse desató la reacción de las compañías hoteleras –primera de capital colombiano y la segunda de capital nacional-– y el despido de decenas de empleados.

Turismo y construcción

Uno de los sectores vinculados directamente al turismo es el de la construcción. Un rubro que a partir de 2008 ha sufrido una fuerte caída, y que solamente en los últimos dos años ha vuelto a dar señales de recuperación, sobre todo por el despegue de proyectos inmobiliarios (residenciales, hoteleros, comerciales, de ampliación de infraestructuras). Según el Banco Central de Reserva (BCR), el año pasado el sector inmobiliario y construcción representaron el 12,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Datos brindados por la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) indican que la empresa privada podría invertir unos 1,500 millones de dólares en los próximos tres años, generando unos 25 mil empleos directos. El sector turismo, incluyendo a la construcción, se convertiría así en uno de los principales dinamizadores de la economía salvadoreña.

Julio Flores es el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de El Salvador (SOICSCES). Fundado en 1980, la organización se enfrentó a los embates de la represión militar. Durante una histórica huelga de casi tres meses en la que paralizaron el proyecto de viviendas “Distrito Italia”, ubicado en las afueras de la capital San Salvador, a cargo de la empresa constructora italiana Cogefar-Fiat, los batallones contrainsurgentes militarizaron en diferentes ocasiones el lugar.

Julio Flores, secretario general de SOICSCES. Fotografía de Giorgio Trucchi.

El sindicato fue acusado de estar coludido con la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), algo que en aquel tiempo equivalía a una sentencia de muerte. Por defender sus derechos laborales y sindicales, varios trabajadores fueron detenidos, otros asesinados, otros desaparecidos. Hoy el SOICSCES es uno de los sindicatos de la construcción que ha logrado firmar convenios colectivos con diferentes empresas, y que reafirma la importancia de reivindicar el respeto de los derechos laborales.

“El sector privado de la construcción ha entrado en una crisis profunda. Lo que en parte nos ha salvado ha sido el sector público, que ha invertido prevalentemente en infraestructuras.  Esta situación ha generado un fuerte desequilibrio en las relaciones obrero-patronales. Ahora el empleador puede hacerte una oferta y, si no estás de acuerdo, no pierde tiempo en negociar contigo porque sabe que hay mucha gente dispuesta a trabajar hasta en peores condiciones. Esto desata una reacción a cadena, que genera un ajuste a la baja de los derechos y pone en serio peligro la existencia misma de los sindicatos”, dijo Flores a Alba Sud.

En los últimos años, las dos etapas de Fomilenio (la primera en la zona norte y la segunda en la franja marino costera del país), proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos por medio de la Corporación del Reto del Milenio,  han contribuido a dinamizar un poco el sector. A esto hay que agregar un proyecto complementario para realizar importantes obras en el marco del programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina, que será financiado con un préstamo de 25 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Hasta este momento no hemos escuchado nada concreto. Además, en la primera etapa del Fomilenio, las empresas contrataban a personas del lugar, de la zona rural, con muy poca experiencia y dispuestas a aceptar salarios hasta más bajos del mínimo nacional y pésimas condiciones de trabajo. Esto generaba una competencia desleal que aprovechaban las empresas para aumentar sus ganancias”, explicó el secretario general del SOICSCES.

Actualmente el sector emplea de manera formal a unas 25 mil personas y otras 10 o 15 mil que trabajan de manera informal y subcontratada. El salario mínimo es de 10 dólares la jornada laboral, por un total aproximado de 300 dólares mensuales.

Rafael López Calderón, secretario de Organización del SOICSCES.

“Donde hay convenio colectivo y unidad de los trabajadores se logra garantizar estabilidad laboral y respeto de los derechos adquiridos. Lamentablemente, en el país hay una atomización sindical generalizada y en el sector construcción existen no menos de 20 sindicatos, la mayoría de los cuales son muy pequeños, no tienen representatividad y son patronales. Muchas veces llegamos a las obras para explicar a los trabajadores cuáles son sus derechos, como por ejemplo los mínimos salariales, la jornada laboral y los horarios, el pago de horas extras, de las prestaciones, el pago a la seguridad social, las normas básicas de seguridad e higieneen el trabajo. Pero tienen miedo y se niegan a escucharnos. Además, la empresa ya tiene armado su sindicato amarillo. La estrategia es mantenernos divididos y dispersos”, dijo Rafael López Calderón, secretario de Organización del SOICSCES.

El dirigente sindical señaló entre las principales problemáticas que afectan al sector construcción la violación constante y reiterada de los Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical y de negociación colectiva, así como el no pago de los aportes a la seguridad social y la subcontratación.

“En la construcción se subcontrata todo lo que es carpintería, armaduría y parte de la albañilería. Lo que hace la empresa es subcontratar a todas estas personas a través de una empresa tercerizadora o de intermediarios y se desinteresa de los derechos y condiciones de trabajo de estos obreros. Lo que hacen es evadir responsabilidades”, concluyó López.