(article disponible només en castellà)

El Informe de situación de trata de personas en Guatemala 2017 presentado en mayo pasado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) no deja lugar a dudas: en Guatemala la trata de personas y delitos conexos van en aumento, aunque los indicadores cuantitativos que brindan las autoridades públicas no lo reflejen.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), durante 2017 se detectaron 460 posibles víctimas de trata de personas y se registraron 266 denuncias por este mismo delito. Estos datos evidenciarían una reducción del 23% de las posibles víctimas y del 21% de las denuncias en comparación con 2016. Datos que según la PDH no son creíbles y que revelarían un enorme subregistro debido a las debilidades que afronta la institucionalidad, y por ende el Estado, para un adecuado abordaje de la temática.

En efecto, una reducción tan significativa resulta inexplicable si consideramos que las causas estructurales de la trata de personas, como son los índices de pobreza, la marginación, discriminación, desigualdad de oportunidades, la falta de acceso a la justicia y a los servicios básicos, la ineficiencia y desinterés del Estado hacia los pueblos indígenas, no sólo no han cambiado, sino que se han profundizado. Además, se estrecha cada vez más la relación entre trata de personas y crimen organizado. “La explotación de seres humanos es un negocio altamente lucrativo para los grupos criminales organizados”, se lee en el informe de la PDH.

Una tragedia con enfoque de género y tintes raciales

Durante su visita a Guatemala en noviembre del año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Zeid Ra’ad Al Hussein, dio a conocer algunos datos de la grave situación del país. “Hay dos realidades en Guatemala: para una pequeña minoría es un país moderno y funcional, para el resto de la población –en particular para las mujeres, pueblos indígenas, migrantes y personas con discapacidad– es un país donde se han enfrentado a toda una vida de discriminación, marginación y los efectos perniciosos de la corrupción y la impunidad”.

Esta dura realidad se refleja en las estadísticas brindadas por Al Hussein. Alrededor del 60% de la población vive en pobreza absoluta y el 23% en pobreza extrema. El 46,5% de las y los menores de 5 años padecen de desnutrición crónica, más del 20% de la población es analfabeta y entre las mujeres indígenas esta cifra asciende al 43%. El Estado sólo asigna el 3,15% del PIB al sector salud.

Ana Lucía Peláez. Imagen de Giorgio Trucchi.

Es inevitable que, con una situación tan dramática, los sectores más vulnerables de la población guatemalteca, en particular niños, niñas, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas, estén expuestos al flagelo de la trata de personas, violencia sexual, explotación sexual infantil, incluyendo al turismo sexual. Del total de víctimas detectadas por el MP en 2017, el 61% (280) son mujeres y el 21% (95) son niñas, niños y adolescentes (NNA). Las adolescentes mujeres representan el 79% (75) del total de NNA víctimas de trata.

Otro dato muy preocupante brindado por la PDH es que el año pasado,el Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidasreportó 1.810 mujeres desaparecidas, el 77% de las cuales eran niñas y mujeres adolescentes. Del total, solamente 320 (17,7%) fueron localizadas.

Asimismo, señala grandes debilidades en cuanto a prevención y detección de casos, identificación, atención y protección a las víctimas, falta de un enfoque multicultural y el aumento de la impunidad. El Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial (CIDEJ) reportó que durante 2017 solamente fueron dictadas 43 sentencias por trata de personas y 3 por el delito de remuneración por trata. El 78% (36) de estas sentencias fueron condenatorias mientras que el restante 22% (10) absolutorias.

La fuerte debilidad que sigue mostrando Guatemala hizo que el año pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos bajara la categoría al país (pp.37), ya que pasó del nivel 2 de vigilancia a la lista de países en vigilancia “El Gobierno de Guatemala no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata, sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo”, se lee en el Informe anual sobre la Trata de Personas 2017.

“Las causas estructurales de los delitos de explotación sexual infantil y trata siguen intactas. Cada vez más evidenciamos como las mujeres continúan siendo el grupo en mayor riesgo y en situación de vulnerabilidad ante estos delitos. Esto refleja que seguimos siendo víctimas de una sociedad patriarcal, de un sistema de dominación y subordinación que funciona a través de la desigualdad de género y el racismo”, dijo Ana Lucía Peláez, defensora de las personas víctimas de trata de la PDH, a Alba Sud.

Trata y turismo sexual

El informe de la PDH manifiesta que “la trata coloca a mujeres y niñas en situaciones de explotación específica a su género, como la prostitución en condiciones de explotación y el turismo sexual, y de trabajo forzoso en los sectores del trabajo doméstico y los servicios. La trata –continúa el documento– trae también como consecuencia daños asociados a su género, como la violación, el matrimonio forzoso, el embarazo no deseado o forzado, el aborto forzoso y las enfermedades de transmisión sexual. De todos estos casos, en su mayoría se ven más afectadas las niñas, mujeres adolescentes y mujeres adultas indígenas”.

Una de las caras de la explotación sexual comercial como modalidad de la trata de personas es indudablemente el turismo sexual. “El turismo sexual no es una modalidad de la trata de personas, pero sí es una forma de explotación sexual vinculada directamente con la trata. También en ese caso hay un subregistro muy alto. La gente sabe de estos delitos, que se dan principalmente en los lugares más turísticos y en las zonas fronterizas, pero nadie lo denuncia. La Secretaría contra la violencia sexual explotación y trata de personas (SVET) ha desarrollado campañas específicas para combatir este delito y promover la denuncia ciudadana”, agregó Peláez.

Augusto Jordán Rodas Andrade. Imagen de Giorgio Trucchi.

“En Guatemala hay turismo sexual. Lamentablemente tenemos muy poca capacidad de detectar casos y, por eso, hay pocas denuncias. Comenzamos un proceso de concientización y capacitación para mejorar el nivel de denuncia y persecución del delito, pero falta mucho por hacer. El gobierno debería ver la trata y la explotación sexual comercial como problemas de nación. También es importantes que se sumen todos los sectores sociales para sensibilizar. Es un flagelo que nos afecta como población y todos debemos participar para erradicarlo”, dijo el Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, a Alba Sud.

En este sentido, la SVET preside laMesa Nacional para la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual en actividades relacionadas con viajes y turismo (MENACESNNA), instancia intersectorial integrada por instituciones públicas, privadas y organismos internacionales, cuyo Plan estratégico institucional (2018-2022) fue aprobado el año pasad.

Es en el marco de esta instancia y la SVET que se ha desarrollado la campaña “Protegiendo nuestro mayor tesoro”, que se propone sensibilizar sobre la problemática de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en actividades relacionadas con viajes y turismo, así como prevenir  a turistas nacionales y extranjeros de las consecuencias de sus actos al incurrir en estos delitos, y fomentar la cultura de denuncia.

Asimismo, Guatemala se adhirió a la Campaña “Corazón Azul”, promovida a nivel mundial por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), logrando la adhesión de la primera empresa privada del sector turístico, el Hotel Hilton Garden Inn, realizando un proceso de capacitación de todo su personal en materia de trata de personas.

En julio de este año, en ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas, la PDH lanzó la nueva campaña #DenunciaLaTrata, para crear conciencia entre la población sobre este grave problema y promover entre la población la denuncia de este delito.

Entre las principales recomendaciones hechas por la PDH al Estado de Guatemala en su Informe, destacan contrarrestar las causas estructurales que originan la explotación y trata de personas, mejorar el abordaje de estos delitos con pertinencia cultural y desde una perspectiva de los derechos humanos. También se recomienda insistir en que se garanticen derechos específicos de los pueblos y las víctimas identificadas, y la atención, protección y reparación digna con el fin de procurar la restauración de sus proyectos de vida.