(nota disponible només en castellà)

En su octavo y más reciente informe sobre trata de personas y delitos conexos, incluyendo a la explotación sexual comercial infantil y el turismo sexual, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala privilegió una perspectiva de género y pueblos indígenas. Para entender la realidad guatemalteca –asegura la PDH– es importante tomar en cuenta la historia del país y de una serie de flagelos cometidos contra los pueblos indígenas [1], en especial la esclavitud y servidumbre a que fueron sometidos, así como la discriminación étnica y racial que tuvo un impacto devastador en la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios. Explica el informe que la esclavitud y la servidumbre son sin duda el antecedente de la trata de personas, y que sus impactos han agudizado la vulnerabilidad de la población indígena frente a este delito.

“Muchas veces se dice que el problema de la trata de personas tiene una causa estructural y nos enfocamos en un pasado muy reciente. Sin embargo, para la población indígena todo comienza a partir del cambio de vida impuesto por la invasión de su territorio. A partir de la presencia de otra cultura, cuya relación con la cultura originaria se basó en una lógica de imposición y dominio, la población indígena se constituyó en una población dominada, derrotada y víctima de decisiones bastantes crueles”, dijo Alberto Mazariegos, Defensor de Pueblos Indígenas de la PDH, a Alba Sud.

En la actualidad, los pueblos indígenas siguen siendo excluidos y discriminados, tanto económicamente como socialmente, políticamente y culturalmente.

“Desde la sociedad y las instituciones aún persisten los resabios de la colonización. Nos siguen viendo como fuerza de trabajo barata, sujeta a jornadas laborales extenuantes, y como ‘producto cultural’ para incentivar el turismo. Los pueblos indígenas siguen siendo despojados de los medios de producción, de sus tierras, de los bienes comunes, en el marco de la implementación de supuestos modelos de desarrollos contrarios a la vida de las comunidades. Esto vuelve cada vez más difícil poder satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, la salud y demás servicios básicos. Además, hay una desvalorización tanto de sus autoridades como de sus cosmovisiones”, explicó Mazariegos.

El defensor de pueblos indígenas afirma que existe una sistemática criminalización de las luchas sociales: “Cuando las comunidades indígenas se ven vulneradas en sus derechos, tanto individuales como colectivos, no se quedan con los brazos cruzados, sino que reclaman y luchan por sus derechos vulnerados por el Estado. Por eso hablamos de emancipación de los pueblos en contra del sistema explotador que se quiere implementar. Desafortunadamente, aunque se diga que en Guatemala estamos en paz, se siguen repitiendo prácticas muy similares a las que se dieron durante el conflicto armado interno. Es decir, ante el reclamo de derechos el Estado responde con violencia y represión”.

Indígena objeto de turismo

Falta de oportunidades, bajos niveles de desarrollo humano, marginación, pobreza, criminalización y judicialización de la protesta llevan a miembros de las comunidades indígenas a abandonar sus territorios y migrar hacia los centros urbanos u otros países. De esta manera son presas fáciles de las redes de trata de personas o quedan expuestos a abusos físicos, violencia sexual, explotación infantil, turismo sexual. La impunidad es prácticamente absoluta.

Alberto Mazariegos. Imagen de Giorgio Trucchi.

En este contexto, el desarrollo turístico puede ser muy delicado. “El turismo en sí no es malo, lo que es malo es convertir al indígena en objeto de turismo, en folclor de consumo turístico para satisfacer las expectativas de extranjeros y turistas nacionales. Quieren ver los trajes típicos o escuchar hablar ‘lenguas extrañas’. Hemos llegado al punto que la misma pobreza de la población indígena se ha convertido en negocio, en mercancía. Los turistas llegan porque piensan que es atractivo ver como las familias viven en casas de un solo ambiente, hacinados, durmiendo en el suelo. Les encanta también ver la forma con que la gente carga productos, o como las mujeres llevan a sus niños colgados de una tela en la espalda”, lamentó el defensor de la PDH.

“Pero cuando estos mismos pueblos empiezan a reclamar y a exigir derechos que les fueron arrebatados; cuando comienzan a cuestionar las políticas nefastas de los gobiernos; cuando denuncian que estos pseudo elementos culturales son producto de un modelo excluyente y racista, entonces los indígenas ya no son ‘bonitos’, sino rebeldes, peligrosos y, cuidado, que hasta te pueden linchar”, aseveró Mazariegos.

Turismo sexual

El informe de la PDH revela que la población indígena es la más expuesta a la trata de personas y la explotación laboral y sexual, incluyendo el turismo sexual. La escasa capacidad y la falta de voluntad de parte del Estado de detectar casos y la invisibilización de la problemática dificultan el dimensionamiento de este flagelo.

“Niños, niñas y adolescentes indígenas son los más vulnerables al turismo sexual. El turismo se concentra en los departamentos indígenas de Sololá, Quiché, Petén y Verapaz. Es ahí donde más se da esta problemática. Aunque la Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) ha involucrado a la empresa privada y a organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar la explotación sexual comercial con fines turísticos, los niveles de vulnerabilidad e impunidad siguen elevadísimos”, dijo Mazariegos.

Ante esta situación, Rosalina Tuyuc, presidenta de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), dijo que es necesario que las políticas públicas de atención a la niñez garanticen una visión multiétnica, multicultural y multilingüe, así como la capacitación de personal indígena.

Rosalina Tuyuc. Imagen de Giorgio Trucchi.

“No es igual ser solidario y defender los derechos de los pueblos indígenas, que ser indígena y conocer normas, visión cultural y la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Aquellas niñas que durante la guerra fueron violentadas repetidamente por militares –y fueron muchas– hoy son mujeres adultas y tienen hijos e hijas. Muchas de ellas nunca han podido superar aquel trauma. Su corazón está lastimado, violentado. Si no lo curamos, tampoco podremos sanar su mente, y seguirán estando expuestas a la explotación. La única forma de hacerlo y de restituirlas a la vida es a través de nuestras prácticas ancestrales. Estos conocimientos aportan también a la reeducación de la niñez y la ciudadanía en general. Guatemala merece una oportunidad, con ciudadanos consientes de los derechos de la niñez y la juventud. La desigualdad, el racismo y la explotación laboral y sexual solamente se puede combatir construyendo una nación multiétnica y multicultural”, concluyó la presidenta de CONAVIGUA.