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Epígrafe de una rebelión inesperada

Nicaragua se encuentra sumergida en una profunda crisis de régimen desde hace más de siete meses, un hecho que se ha presentado de manera recurrente en su historia cada vez más cíclica. El 18 de abril de 2018 inicia una rebelión popular en el país, marcando el inicio de una ruptura decisiva del modelo político y económico que se había desarrollado en la última década, bajo la presidencia de Daniel Ortega. El turismo había sido una de las principales fuentes de divisas del país y su crecimiento progresivo una muestra de la supuesta estabilidad que el gobierno ofrecía a la inversión nacional e internacional.

La promulgación de una reforma a la seguridad social fue el detonante de muchos malestares acumulados en los últimos años, especialmente porque con esta medida se incrementaba el aporte patronal, el de los trabajadores, así como una reducción en las pensiones de los ya jubilados. El sector estudiantil fue el primero en salir a las calles en apoyo de los adultos mayores. La represión policial, así como de grupos de choque del partido de gobierno, solo exacerbaron aún más los ánimos y un efecto “bola de nieve” se apoderó de las principales ciudades del país.

En gran medida, el apoyo popular del que había gozado el gobierno estaba sustentado en la capacidad que tuvieron de articular programas sociales de corto plazo que ayudaron a resolver las necesidades urgentes de la población. Estas medidas se pudieron llevar a cabo principalmente por la cooperación venezolana de la que gozó el país desde 2007, que implicó la disponibilidad de aproximadamente 500 millones de dólares anuales, que además el gobierno gestionaba de manera privada, es decir, fuera del presupuesto general de la República.

La buena salud en la economía del país estaba también sustentada en un modelo corporativista de consenso tripartito. La formulación de las políticas públicas nacionales las decidían tres actores principales: el gobierno central, gremio empresarial y sindicatos afines al partido gubernamental. Es decir, cualquier demanda social del ámbito que fuese, debía atravesar inexorablemente este filtro para poder ser considerada en el momento de las decisiones importantes. Es así que se afirma el carácter corporativista de este modelo de gobierno, que paulatinamente fue privatizando la gestión de lo público.

Protestas en Nicaragua. WikiCommons.

Sin embargo, la gravedad de la crisis en la que se encuentra el país, con un modelo de Estado represivo, con más de300 muertos, miles de heridos y cientos de personas encarceladas por haber participado en las protestas antigubernamentales ha devastado a la economía nacional, que ha estado básicamente paralizada estos largos meses. El panorama de represión e incertidumbre que se vive en el país se está convirtiendo en la receta perfecta que va demoliendo poco a poco la imagen que se había construido de una Nicaragua con estabilidad, seguridad y en rumbo hacia un supuesto progreso.

En buena medida, la respuesta del gobierno a las protestas y a la crisis que se va profundizando en el país demuestra el agotamiento del modelo que se venía gestando, principalmente por la ruptura evidente con el gremio empresarial a raíz de la reforma unilateral a la seguridad social, el detonante de la rebelión de abril. Esta ruptura implicó definitivamente el fin del ciclo de estabilidad de la última década y coloca al gobierno, así como al sector privado nicaragüense en una encrucijada respecto a las decisiones clave que deben tomarse.

Por otro lado, es evidente que la actual situación ha puesto en cuestión la legitimidad del Estado en su conjunto, haciendo muy compleja una posible solución negociada entre los mismos actores del consenso tripartito. El reflejo más palpable de la crisis se ha manifestado en los propiosinformes económicos gubernamentales y delsector privado. Por ejemplo, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), un centro de pensamiento de referencia en el país, en su último informe de coyuntura económica alerta sobre el despido de al menos 347,000 personas, en particular en las actividades relacionadas con turismo, comercio y construcción, que representan el 76 por ciento del total de despidos o suspensiones. Sin duda, este panorama evidencia la catástrofe sin precedente que está experimentando la sociedad nicaragüense, que se ve confrontada nuevamente con una realidad adversa que ha trastocado hasta el peor de los pronósticos.

Descifrando el “modelo turístico de consenso”

La actividad turística en Nicaragua adquiere mayor relevancia a partir del año 2007 cuando Daniel Ortega llega al poder. Durante su primera administración se alcanza por primera vez la llegada de un millón de turistas al país. El modelo turístico que se había planificado en Nicaragua tenía la pretensión, en teoría, de funcionar a través de un consenso entre los grandes, pequeños y medianos empresarios turísticos. Sin embargo, los lineamientos estratégicos apuntaban en el fondo a privilegiar condiciones de inversión para el gran capital turístico nacional e internacional, siguiendo muy de cerca el modelo implantado en la Costa Rica de hace 20 años.

La expansión del turismo refleja significativos aportes al país en términos de empleo, ya que el aporte del sector turístico ha llegado a ser del 8.7 por ciento del total generado en el país. según Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR). En su mayoría, los empleos directos provienen de los servicios de restaurantes, alojamiento, servicios recreativos, transporte, agencias de viajes y tour operadoras.

En cuanto a los pequeños empresarios turísticos, se logró aumentar la oferta de alojamientos, especialmente en los departamentos de León, Granada y Rivas. Sin embargo, la participación de las pequeñas iniciativas de base comunitaria estuvo limitada a intervenir en ferias, congresos o talleres de formación que se organizaban en los hoteles de la ciudad de Managua. Estos encuentros servían básicamente para delimitar e instrumentalizar la política turística, pero no se logró consolidar una estrategia a largo plazo que rescatará los intereses y necesidades de los pequeños empresarios, quienes en realidad representan alrededor del 80 por ciento del empresariado turístico nacional.

Isla de Ometepe. Imagen de Alba Sud.

Las campañas de divulgación y fomento de Nicaragua para atraer al turismo internacional fueron de alto costo, se realizaron potencializando los ejes del turismo de volcanes, sol, playa y ecoturismo. Todo apuntaba al posicionamiento de Nicaragua como un destino en crecimiento, con estabilidad y seguridad. El Barómetro Mundial del Turismo que emite la Organización Mundial del Turismo (OMT) posicionó a Nicaragua en el puesto número ocho de los diez países con más rápido crecimiento en la llegada de turistas en 2017, con un 28,4 por ciento de crecimiento en aumento de turistas en comparación a los años anteriores.

En 2017 ingresaron en el país un total de 1.787.290 millones de visitantes, que generaron ingresos por encima de los 700 millones de dólares, según declaraciones de Anasha Campbell, directora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). Del total de turistas que visitan el país, el 20 por ciento proceden de Estados Unidos, un 6.7 por ciento de Europa y un 50 por ciento aproximadamente de la región centroamericana. Son datos muy reveladores de la estrategia del gobierno por atraer turistas de alto consumo para el país, pero también evidencian la necesidad constante de mantener una imagen atractiva para esos mercados, tomando en cuenta la historia reciente de violencia de Nicaragua.

Este contexto de aparente consolidación del turismo estuvo sustentado en la posibilidad que observaron empresas nacionales e internacionales de profundizar sus inversiones, contando con el respaldo absoluto del gobierno nicaragüense. Esto se tradujo en importantes incentivos turísticos como la Ley 306 de incentivos para la industria turísica que, aunque aprobada en 1999, con el actual Gobierno sus beneficios en términos de exoneraciones fiscales, fueron ampliados con la entrada en vigor de la Ley 822 de concertación tributaria.

Nicaragua cuenta con una de las leyes de incentivos fiscales turísticos más bondadosos de la región centroamericana. Se contemplan exoneraciones de hasta diez años del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que se paga directamente a las municipalidades, así como del impuesto sobre la renta (IR), que pagan las empresas por sus utilidades anualmente. Lo paradójico es que la mayoría de empresas turísticas que se acogen a estos beneficios son las que tienen capacidad de importar equipos, productos e insumos a gran escala y de manera continuada, es decir, la gran empresa nacional y transnacional.

Secuelas de la crisis para el sector turístico de Nicaragua

La actividad turística en Nicaragua inició un proceso de desaceleración a partir del conflicto sociopolítico generado en los últimos meses. Se han emitido alertas de viajes para Nicaragua desde las embajadas de España, Estados Unidos, México y Canadá. En consecuencia, muchas líneas aéreas han disminuido frecuencias de vuelos por la falta de afluencia de pasajeros y algunas las han cancelado por completo.

Debido a los actos de represión por parte de la policía o paramilitares, para prevenir cualquier intento de protesta en contra del gobierno, en algunas zonas altamente turísticas se han venido agudizando aún más los niveles de violencia. Por ejemplo, en la Isla de Ometepe en el departamento de Rivas, un destino de naturaleza en franco crecimiento, donde el turismo representaba una alternativa de vida para muchas familias rurales.

Según un diagnóstico realizado por CANATUR, en el mes de septiembre se registra la pérdida de 68,400 empleos formales y de 16,000 mil en relación laboral parcial. El gremio estima pérdidas alrededor de 400 millones de dólares, lo que ha provocado un paro forzoso de actividades en el sector. En la actualidad, la afluencia de extranjeros que está ingresando al país proviene básicamente del turismo corporativo, que tiene aún inversiones en el país en otros rubros, así como de organizaciones internacionales o medios de comunicación que están dando cobertura a los últimos acontecimientos del país.

En el área de restaurantes se estima el cierre de alrededor de un 35 por ciento del total de la oferta de restaurantes agremiados a las distintas cámaras de turismo en Nicaragua, lo que equivale al cierre de 875 restaurantes, bares y discotecas en distintas partes del país. En el caso de los hoteles, que en su mayoría representan pequeños negocios, un 35 por ciento ha cerrado operaciones, lo que equivale a la desaparición de 380 empresas de alojamiento.

Catación de café. Imagen de Alba Sud.

El carácter vulnerable del turismo se ha puesto en evidencia en Nicaragua, donde la actividad turística ha llegado a los niveles más bajo de su historia. Esta situación ha puesto en una condición de precariedad a miles de familias que en los últimos años han vivido casi exclusivamente del turismo. La actividad turística conlleva un efecto multiplicador que representa un beneficio económico no sólo para los actores involucrados de manera directa, sino para los prestadores de servicios turísticos complementarios que aumentan el gasto de consumo del turista, como los negocios de pulperías, farmacias, transporte, guías locales, entre otros.

Hoy en día, el fantasma que recorre el país es el de incertidumbre, inseguridad y el desasosiego que ha provocado la debacle de este modelo. Una gestión de la administración pública que privilegiaba a las élites empresariales en detrimento de las pequeñas o medianas empresas y que en este nuevo ciclo de violencia que vive el país, vuelve a poner en la línea de fuego a los más vulnerables.

Corolario de un futuro incierto

Ante este escenario, surgen muchas preguntas de cara al futuro de la economía nacional, pero principalmente de la industria turística, que había venido consolidándose a través de este modelo de consenso. Sin embargo, ante la ruptura evidente de este acuerdo desde arriba, que había dirigido el rumbo de este importante sector, cabe preguntarse si es el momento de replantear el tipo de modelo turístico que se estuvo desarrollando en el país, o si ante la falta de legitimidad del Estado o la complicidad durante años de importantes grupos empresariales con el actual Gobierno, es el momento de construir un acuerdo más amplio, que incluya a los sectores subalternos e históricamente excluidos de las políticas públicas turísticas de Nicaragua.

Esa realidad alternativa que hoy se abre en Nicaragua a los ojos de muchos sectores, pero también de la población en general, necesita sin embargo, las mínimas condiciones para convertirse en algo realmente viable. Esos pasos previos pasan necesariamente por algo que genera un consenso extenso en el país, que es la necesidad de reinstalar un diálogo nacional que permita la convocatoria a unas elecciones adelantadas el próximo año.

Aunque se vea como algo bastante lejano debido a las noticias que llegan diariamente desde el país, la intransigencia gubernamental sólo terminará profundizando la imagen negativa del país, el aislamiento internacional crece día a día y al mismo tiempo el riesgo que miles de nicaragüenses puedan caer en la pobreza, al destruirse las actividades económicas alternativas a las que tenían acceso.

Es un hecho irrefutable que el actual gobierno no es ya un factor de estabilidad y que ha acabado por implosionar su propio modelo, que privilegiaba la estabilidad temporal sobre la sostenibilidad a largo plazo, reflejando por supuesto su vocación elitista en la gestión pública, que en el sector turístico encuentra un buen ejemplo.

En conclusión, la fragilidad de las economías centroamericanas es ya indiscutible, que cada cierto tiempo se ven expuestas a crisis políticas que revierten cualquier proyecto económico en marcha, aún uno de naturaleza neoliberal, autoritaria y extractivista como el caso nicaragüense. También es urgente señalar la necesidad de priorizar los pactos sociales sobre los pactos corporativos en países donde la institucionalidad sigue estando gravemente fragmentada y debilitada. El turismo sin duda debe convertirse en un factor de crecimiento fundamental, pero también debe estar llamado a ser un ejemplo de gestión de las demandas locales, donde el Estado siempre debe estar de lado de los que lo necesitan y no de los que lo instrumentalizan como fuente inagotable de lucro.