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Desde hace años, la península de Zacate Grande, departamento de Valle, al sur de Honduras, está en el ojo del huracán. La antigua isla, que en la década de los 70 fue unida a tierra firme a través de la construcción de una carretera, está rodeada por tres lados por el Golfo de Fonseca.

La península cuenta con 11 comunidades [1] donde habitan un poco más de 1000 familias que viven principalmente de agricultura y pesca, y tienen escaso acceso a servicio básicos y a trabajos remunerados. Aunque no posean el dominio pleno de los terrenos donde viven desde hace décadas, las familias tienen posesión efectiva de dichos inmuebles [2].

La ubicación geográfica de Zacate Grande es estratégica. La península es parte del Parque Nacional Marino “Archipiélago del Golfo de Fonseca” (PNMAGF) [3], que en 1999 fue declarado como un área natural protegida e integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). Además, en estos lugares se instalará la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo (charter city). Se trata de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas. Las ZEDE estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad. También podrán establecer sus propios sistemas de salud, educación y seguridad social.

No es para extrañarse, entonces, si las familias más pudientes del país, corporaciones y grupos económicos nacionales, terratenientes y empresas transnacionales han puesto sus ojos en esta zona. Es justamente aquí donde el gobierno pretende implementar un plan estratégico de ‘desarrollo’, a través de inversiones multimillonarias en el sector energético, minero, turístico y en infraestructuras.

Tragando playas

A finales de los años 90, las familias de las comunidades y caseríos de Zacate Grande comenzaron a ser notificadas que las tierras donde vivían les pertenecían a empresarios, familias acaudaladas, terratenientes.  En contubernio con un cada vez más desacreditado sistema judicial, estos sujetos fueron adueñándose de las mejores tierras y playas. Buena parte de la costa ya resulta inaccesible a la población.

Algunos, como es el caso del ya fallecido empresario palmero Miguel Facussé Barjum, hasta levantaron largos y altos muros para que nadie tuviese acceso a sus nuevas propiedades vacacionales, cuidadosamente protegidas por guardias armados. Son los miembros del “Club del Coyolito”, como le llaman los habitantes de la zona a ese grupo de ‘ricos y famosos’ que hacen y deshacen a su antojo.

La persistente amenaza de perder lo poco que tienen motivó a varias familias a organizarse para resistir los embates de la invasión. Fue así que en el año 2000 crearon el Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierra de Zacate Grande, que luego se estructuró en la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA). En el 2010 se creó la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, uno de los bastiones de la lucha de las comunidades de la península en defensa del territorio, la tierra, la playas y el mar.

La respuesta al esfuerzo organizativo de las comunidades no se hizo esperar. Comenzaron las amenazas, el hostigamiento, la persecución. El territorio fue militarizado y la lucha criminalizada. Decenas de activistas de la ADEPZA fueron demandados por usurpación de tierra y daños a la propiedad. Ejército y policía llevaron a cabo desalojos violentos y en diversas ocasiones los pobladores fueron agredidos, golpeados, heridos y detenidos.

Una de las estrategias adoptadas por los ‘nuevos dueños’ fue dividir a las comunidades y romper la unidad interna. Eso debilitó a la organización. También hubo atentados contra la vida. En el 2011, el entonces director de la radio, Franklin Meléndez, fue herido de bala en una pierna. Meses después, Pedro Canales, antiguo coordinador de ADEPZA, sufrió un sabotaje a su vehículo y fue amenazado con armas de fuego. Varios jóvenes comprometidos con la defensa de la tierra tuvieron que abandonar sus comunidades, como es el caso de Miguel Ángel Vásquez, quien fue amenazado, perseguido, encarcelado, sufrió atentados y finalmente tuvo que auto exiliarse.

En la zona se generó un ambiente de terror. La gente vivía con miedo de que, en cualquier momento, uniformados pudiesen llegar a sacarlos de sus casas, encarcelarlos o hasta asesinarlos

Criminalizar la lucha

Según el estudio Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra [4], realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), en Honduras existen más de cinco mil campesinos y campesinas procesados judicialmente. La mayoría de esos casos remontan al período sucesivo al golpe de Estado del 2009 e involucran a unas mil mujeres. ADEPZA registra al menos 70 personas criminalizadas en Zacate Grande.

El caso de Abel Pérez y Santos Hernández, del caserío Puerto Sierra, es un claro ejemplo de la represión que están sufriendo los pobladores. En agosto del año pasado, la Sala Dos del Tribunal de Sentencia de Choluteca los condenó a 5 años y un mes de prisión por usurpación de tierra, daños a la propiedad y amenaza constitutiva de falta en perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva. Otro acusado de los delitos fue Santos Tomás Cruz, quien finalmente quedó absuelto.

Santos Hernández y Abel Pérez. Imagen de Giorgio Trucchi.

Ambos son miembros de ADEPZA y Abel Pérez también es parte de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), que acompaña al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en la defensa de los dos activistas.

El conflicto remonta a 2014, cuando unas 45 familias del dicho caserío, colindante con la comunidad de Playa Blanca, decidieron limpiar un predio abandonado que históricamente había servido como camino de paso para los habitantes. El terreno servía también para vehículos comerciales que llegaban a abastecer el lugar con productos alimentares o material de construcción.

La situación económica de las familias de la zona es muy precaria y las personas sobreviven de la agricultura y la pesca. Para complementar los escasos ingresos, las familias decidieron acondicionar el predio como estacionamiento para las personas que, durante las vacaciones de Semana Santa, iban a visitar las playas. En efecto, tras el ‘cierre’ de playa Guayaba Dorada y playa La Gaviota –el acceso fue ilegalmente prohibido por empresarios y terratenientes instalados en la zona– la playa de la comunidad de Playa Blanca iba a ser un importante atractivo turístico para los veraneantes de estos.

“Los turistas que llegan a la playa no tienen donde dejar el vehículo. Pensamos entonces que para promover el turismo podíamos limpiar el predio y crear un parqueo comunitario. Nos juntamos un representante por cada una de las 45 familias y comenzamos a trabajar. Todo el caserío se involucró y la ADEPZA nos apoyó con la alimentación. Trabajamos durante un año y hasta tuvimos que mover grandes rocas y hacer un relleno con piedras y tierra. Finalmente llegó Semana Santa [de 2014], inauguramos el parqueo y nos organizamos para atraer a los turistas”, dijo Abel Pérez a Alba Sud.

El primer año no llegó mucha gente, pero la población de Puerto Sierra siguió cuidando el lugar. Al año siguiente hubo mucha más presencia de veraneantes y las cosas iban bien para las humildes familias del lugar. Desafortunadamente Cassis Leiva decidió demandar a los ‘tres cabecillas’ por haber usurpado y ocasionado daños a su terreno.

Cárcel y castigo

A los imputados se les concedieron medidas sustitutivas a la prisión, como firmar cada 15 días en el juzgado de Amapala en la isla del Tigre, no salir del país, no acercarse al predio, ni al demandante. Pero Abel Pérez y Santos Hernández no tenían las capacidades económicas para asistir regularmente a firmar a Amapala. Además, fueron acusados por personas de la comunidad de Playa Blanca afines al terrateniente de haber llegado al predio. Todo eso hizo que el juez revocara las medidas y ordenara su encarcelamiento.

“Cuando las personas vieron lo que nos estaban haciendo se asustaron. La mayoría de las familias se retiró del proyecto. Cassis nos usó para sentar un precedente e infundir miedo en la comunidad. Pero hay familias que resistimos y no nos dejamos atemorizar. En 2016 y 2017 la afluencia de turistas fue grande y nos ayudó muchísimo. Todo lo que recaudamos con el parqueo se reparte en partes iguales entre las familias”, explicó Santos Hernández.

Predio recuperado. Imagen de Giorgio Trucchi.

Los dos pescadores guardaron prisión durante más de 100 días. En agosto de 2017 fueron sentenciados a 5 años y un mes. De inmediato los abogados presentaron un recurso de Casación y están esperando la audiencia pública.

“Fue injusto lo que nos hicieron. No tenemos un empleo fijo y con costo llegamos a ganar unos 100 lempiras diario (4 dólares). Una familia de 5 o 6 personas no sobrevive con esa cantidad. Se nos hacía imposible viajar dos veces al mes hasta el juzgado de Amapala, pero no les importó. Fueron casi cuatro meses de infierno. Calor insoportable, hacinamiento, hostigamiento continuo. Fue una experiencia demasiado grande para ambos y nos cuesta quitárnosla de encima. Ni quiero pensar que pasaría si nos vuelven a encerrar”, dijo preocupado Pérez.

“Vivir aquí no es fácil. Estamos rodeados de terratenientes. Sólo queríamos aprovechar las playas y el turismo para mejorar un poco nuestra condición económica. El turismo debe ser incluyente, para que las familias que vivimos aquí podamos aprovechar de las bellezas naturales. Los ricos se están adueñando de todo. Privatizan las playas, amenazan a quien se acerca, no permiten que la gente transite por estos lugares. No es justo y es ilegal, pero a nadie le importa. El sistema de justicia prefiere mirar para otro lado y ensañarse contra los más débiles”, concluyó Hernández.

Más criminalización

Un sistema de justicia que hasta podría llevarlos nuevamente a la cárcel después de que el Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala decidiera aceptar la solicitud del Ministerio Público de ampliar el requerimiento fiscal en contra de dos mujeres (Oneyda Cárdenas Flores y Jessica Cruz Cárcamo) y un hombre (Jacinto Hernández Cruz), todos pobladores de Puerto Sierra acusados por el mismo Cassis Leiva de daños a la propiedad y agresión física, involucrando en el caso propio a Abel Pérez, Santos Hernández y a otra pobladora (María Concepción Hernández)por los supuestos delitos de daños continuados y agravados, y girando orden de captura.