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El capital turístico no descansa. Ahora parece tener los ojos bien puestos en la Isla Tasajera. El reciente desalojo de unas veinte familias, que aseguran tener décadas viviendo en el lugar, para dar paso a la construcción de un gran hotel, podría ser sólo el inicio de una ofensiva contra cientos de personas que viven principalmente de la pesca artesanal y pequeñas actividades comerciales y turísticas.

La Isla Tasajera está ubicada en el municipio de San Luis la Herradura, departamento de La Paz, a tan sólo 70 km de la capital y a menos de 10 minutos de lancha de la playa La Puntilla, extremo sur de la Costa del Sol. Con una superficie total de unos 3 kilómetros cuadrados, la isla se encuentra entre la desembocadura del río Lempa y la bocana del Cordoncillo, está rodeada por las aguas del Estero de Jaltepeque y es parte del Complejo de Jaltepeque, sexto sitio Ramsar de El Salvador.

En la Isla Tasajera habitan unas 500 familias distribuidas en las comunidades de San Rafael Tasajera y La Colorada, que viven principalmente de los recursos del mar y el turismo, que en los últimos años está teniendo un importante repunte. Los fines de semana, por ejemplo, los mismos pescadores usan sus lanchas para trasladar a turistas a las playas de la zona y a los manglares. Lamentablemente, lo que podría ser un recurso importante para contribuir a asegurar una vida digna se está convirtiendo en una pesadilla.

Desalojo forzado

El pasado 7 de octubre, unos 300 efectivos policiales se desplegaron en la Isla Tasajera para desalojar a unas 20 familias con más de medio siglo viviendo en el lugar. De acuerdo a un comunicado del Centro de Reorientación Familiar y Comunitaria (CREFAC) el desalojo de unas 4 manzanas (2,8 hectáreas) de tierra fue ordenado por el Juzgado de Paz de San Luis la Herradura, a petición del empresario Antonio ‘Tony’ Closa para la construcción de lo que será el primer hotel de gran envergadura en la isla. Acto seguido, terreno y casas fueron cercados usando alambre de púas, mientras efectivos policiales derribaban e incendiaban otras construcciones.

El CREFAC condenó “el desalojo arbitrario e ilegal” de las familias, así como “la clara vulneración de su derecho a la defensa, vivienda y seguridad”. También reprochó la actitud del gobierno y el Estado salvadoreño “por no estar tomando cartas en el asunto” y por permitir que una persona particular se adueñe de un terreno que no sólo no le pertenece, sino “que es parte de una importante área protegida”, continúa el comunicado.

“Desde hace más de 20 años, la familia Closa ha venido impulsando varias estrategias para apoderarse de la Isla Tasajera, construir una serie de hoteles y explotar la zona para convertirla en el ‘Cancún de El Salvador’. Lo que ha venido a atrasar su proyecto hotelero es la presencia de asentamientos poblacionales con familias que tienen más de 50 años viviendo en la isla”, dijo Rudy Joya, director del CREFAC, a Alba Sud.

Viviendas destruidas. Imagen del CREFAC.

De acuerdo con el Diagnóstico de la Comunidad “San Rafael Tasajera”, realizado por estudiantes de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Isla Tasajera pertenecía a un ente privado. Después de que el territorio fue embargado pasó a ser propiedad del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual donó el terreno de la isla al Estado salvadoreño en octubre de 2013 para su protección y conservación.

La Isla Tasajera esuna de las reservas naturales más importantes de Centroamérica y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. En la isla se encuentra la zona de manglares más grande de El Salvador. La donación también pretende que las propiedades sean incluidas en el Sistema de Áreas Naturales y Protegidas (SANP), cuyo administrador es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), señala el diagnóstico de la UCA.

La ejecución de proyectos turísticos es regulada a través de la Ley de protección y desarrollo turístico de la Isla Tasajera y zonas aledañas (1995), que establece disposiciones especiales para “conservar la integridad ecológica y promover el desarrollo turístico ordenado que se desarrolla dentro de la Isla Tasajera y zonas aledañas”.

Lamentablemente, a inicios del nuevo siglo los gobiernos ultraconservadores de Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio ‘Tony’ Saca (2004-2009), ambos condenados por corrupción, cedieron ilegalmente estas cuatro manzanas a la familia Closa, despertando sus apetitos voraces. Los gobiernos progresistas que les sucedieron detuvieron una gran cantidad de órdenes de desalojo promovidos por la jueza de paz de San Luis la Herradura.

Terreno cercado después del desalojo. Imagen del CREFAC.

Según explicó el director del CREFAC: “Fueron más de 20 procesos de desalojo que favorecían, de forma arbitraria, a la familia Closa. Afortunadamente se logró parar todos estos intentos, pero ahora el nuevo gobierno de Nayib  Bukele parece que quiereretomar la misma dinámica del pasado y esto nos preocupa muchísimo. La jueza de paz llegó sin orden judicial, acompañada por más de 300 efectivos policiales. Golpearon a hombres y mujeres, les botaron sus cercos, quemaron casas con sus pertenencias adentro. Pero lo peor es que realizaron una inspección y el desalojo se extendió a familias que tienen sus casas alrededor del terreno. Ya no son cuatro sino casi treinta las manzanas que se tomó Tony Closa, y no nos quepa duda que su intención es apropiarse de toda la isla. Fue una violación de derechos humanos inaudita. Vamos a interponer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional para frenar todo esto”.

Una ley nefasta

El desalojo de las familias de la Isla Tasajera tiene su origen y razón en la aprobación de una ley muy cuestionada que, de hecho, facilita y acelera estos procesos de desposesión. El desalojo fue ordenado en aplicación al Decreto 23-2009. Veamos de que se trata.

A raíz de estos acontecimientos, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) publicó un comunicado donde explica que a iniciativa del gobierno, el 25 de mayo de 2009 –una semana antes de entregar el mandato presidencial a Mauricio Funes, ganador de las elecciones con el apoyo del FMLN–, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (Decreto 23-2009), cuyo objeto es “establecer un procedimiento eficaz y ágil, a fin de garantizar la propiedad o la posesión regular sobre inmuebles, frente a personas invasoras”.

Protesta por abrogación del Decreto 23. Imagen del CREFAC.

De hecho, su aplicación “promueve desalojos forzados, transgrede el derecho a la vivienda adecuada y las garantías fundamentales reconocidas en la Constitución de la República. Lo anterior, soslaya obligaciones internacionales como las que están contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por El Salvador, y que incluyen el derecho a la vivienda (art. 11), desarrollado en las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en los puntos 4 ‘Derecho a una vivienda adecuada’ y 7 ‘Desalojos forzosos’”, señala el comunicado de la FESPAD.

Actualmente, El Salvador es el quinto país de América Latina y el Caribe con mayor déficit habitacional. Del total de hogares a nivel nacional (1,9 millones), solo el 52,8% son propietarios de sus viviendas [1], mientras que el 58% no cuenta con una vivienda o habitan en viviendas de mala calidad [2].

Para FESPAD, el nuevo gobierno “no cuenta con una política o plan de vivienda que permita generar condiciones para la reducción del déficit habitacional”. Asimismo, la Asamblea Legislativa, en lugar de enfocar su agenda en la protección del derecho a una vivienda adecuada y digna, “ha creado normativas que atentan contra el mencionado derecho, propiciando los desalojos forzados”.

En este sentido, condenó el desalojo de las 20 familias, ya que “atenta contra los derechos desarrollados en la observación general n° 7 del Comité DESC”, al tiempo que exhortó al sistema de justicia “a promover procesos resguardando los derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, derecho de defensa y audiencia. Finalmente pidió a los legisladores “adecuar la normativa interna a los estándares internacionales de los derechos humanos”, derogando el Decreto 23-2009.

Protesta por abrogación del Decreto 23. Imagen del CREFAC.

Turismo como oportunidad

Es por eso que el 21 de octubre pasado representantes de diferentes organizaciones sociales y comunidades se hicieron presentes en la Asamblea Legislativa, exigiendo a las y los legisladores la derogación de dicho decreto, ya que vulnera el principio de presunción de inocencia, estableciendo una penalidad antes de que finalice el proceso.

En efecto, la Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado por la inconstitucionalidad del artículo 5 de la referida ley, que dice “a fin de proteger la propiedad o posesión regular, el juez podrá decretar como medida cautelar el desalojo de los posibles invasores”. Para el CREFAC y demás organizaciones, la posibilidad de decretar desalojos como medida cautelar vulnera el principio de presunción de inocencia.“En la isla la gente está preocupada y hay zozobra. Toda una vida viviendo ahí y ahora prácticamente se quedan sin nada y no saben qué hacer. Además, saben que este desalojo podría ser la punta del iceberg y que estos empresarios vienen a por todo. Lo que estamos haciendo es apoyar la organización comunitaria para defender sus derechos”, manifestó Rudy Joya.

“Hay estudios del gobierno durante la administración Funes que arrojaron datos contundentes: la isla no está apta para grandes proyectos turísticos. La pequeña actividad turística puede ser una fuente de ingresos para mejorar el nivel de vida de las familias y es por eso que cualquier proyecto debe hacerse en coordinación con las comunidades”, concluyó.