(article disponible només en castellà)

Se dice que el COVID-19 puede afectar a todos, aunque las consecuencias son graves en personas mayores y con algún tipo de enfermedad o deficiencia respiratoria. Sin embargo, en realidad no es tan universal. Más bien estamos ante una pandemia con un claro sesgo de clase. En estos primeros días de incidencia en España, se percibe ya con claridad que las clases trabajadoras están mucho más expuestas al modo en el que socialmente se está gestionando esta crisis sociosanitaria. Lo que se avecina a medio plazo estará también marcado por la desigualdad de clase. Difícilmente podía ser de otra manera, pero identificar esta diferencia en términos de clase señala los términos de la disputa social que condicionará probablemente los próximos años de nuestras vidas. La experiencia de cómo fue gestionada la crisis financiera internacional de 2008, que acabaron sufriendo y pagando los sectores populares frente al capital corporativo-financiero, es demasiado cercana en el tiempo como para no tener referentes evidentes de que las crisis no son vividas de la misma forma por todas las personas.

¿Por qué decimos que las consecuencias de la pandemia tienen una dimensión de clase? Los términos en los que se esto se expresa son múltiples. En primer lugar, por sus efectos en el empleo. Cada día vemos más despidos –en especial de quienes tienen contratos menos seguros–, suspensiones de contratos temporales, desinformación e irregularidades varias. Además, las reformas laborales de 2010 y 2012, aun no derogadas, empeoraron las condiciones de empleo y lo hicieron más inseguro. Algunos sectores, como el turístico, han quedado nuevamente expuestos, ya que son incapaces de aguantar la menor incidencia sin deshacerse de trabajadores, aunque constantemente estén pidiendo ayudas e inversiones públicas con el manido argumento de la “creación de empleo”. Las declaraciones tempranas de los responsables de Foment del Treball solicitando al gobierno medidas exprés para facilitar el despido exponen en su mayor crudeza qué cabe esperar de esta clase empresarial. El caso más paradigmático en el ámbito turístico es sin duda el de la joya de la corona turística, Meliá International Hotels, que es la única empresa turística del selecto grupo del IBEX35. En los primeros momentos de la crisis del coronavirus y antes de la declaración del Estado de Alarma, Gabriel Escarrer, CEO de Meliá, ordenó a sus directivos el despido de 230 personas, reducción de jornadas y sueldos. Las perspectivas de una profunda recesión, con la consiguiente destrucción de tejido productivo, y efectos dramáticos sobre el trabajo autónomo, hace prever que amplios sectores de clase trabajadora tengan de forma inmediata y a medio plazo enormes dificultades para poder ingresar los recursos necesarios en sus hogares. A su vez, la situación de verá agravada por el hecho que la salida a la crisis de 2008 se realizó mediante la profundización de la vía turística, lo que conlleva una elevada vulnerabilidad especialmente en situaciones como esta.

En segundo lugar, destaca de esta pandemia la mayor exposición a situaciones de riesgo de determinados colectivos, en especial de trabajadoras precarias, y sus allegados. Es evidente que todo el sector sanitario que se encuentra en primera línea de atención pública está sometida a un riesgo para su salud –aunque en la mayoría de los casos no implique riesgo de muerte–. Los casos de personal sanitario afectados por el COVID-19 así lo atestiguan, como el reconocimiento de muchas personas con aplausos y vítores desde sus casas a horas concertadas a través de las redes sociales. Un reconocimiento justo y necesario. Pero no podemos olvidar que la situación de la sanidad pública se encuentra muy debilitada después del violento ataque contra los servicios sociales durante los años centrales de la crisis, mediante recortes y privatizaciones. La falta de medios es suplida hoy por el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública. Pero más allá de este colectivo, son muchos los sectores que no pueden seguir las indicaciones de teletrabajo, y se ven obligados a trabajar expuestos al riesgo de contagio sin suficientes condiciones de seguridad y medidas de protección. Cajeras y reponedores de supermercados; trabajadoras de cuidados –del hogar, del servicio de atención domiciliaria o de residencias–; trabajadores y trabajadoras de empresas logísticas, de transporte, incluso de call centers. Lo fundamental es que estas personas pueden convivir con personas mayores o con algún tipo de inmunodeficiencia y no pueden decidir si trabajar o no, por lo que pueden poner en riesgo a sus allegados. Son trabajadores y trabajadoras que, además, se ven expuestas a usar el transporte público, con el mayor riesgo que esto entraña. La apuesta por el teletrabajo, aunque necesaria, no deja de ser una medida al alcance de determinados trabajadores y trabajadoras, pero difícilmente universalizable, porque para algunos trabajos no es una opción elegible. Es decir, que un amplio sector de las clases trabajadoras se enfrenta a la tesitura de o bien perder su empleo o bien exponerse a mayores situaciones de riesgo. Esto creemos que pone en entredicho la estrategia de “bajar la curva” de contagios si al final son las empresas las que deciden al final quién trabaja y en qué condiciones–.

En tercer lugar, las medidas de cuarentena o confinamiento no se viven igual según sean los ingresos y condiciones de partida. Tener que pasar semanas de confinamiento encerrados en viviendas pequeñas, hacinadas, oscuras, con pocas condiciones de salubridad, con ruidos de vecinos, no es lo mismo que hacerlo en otro tipo de viviendas. El riesgo de incremento de las situaciones de tensión y agresiones que se pueden producir en estas condiciones se puede ver agravado, algo que puede ser especialmente peligroso en casos de violencia machista. Cuando, además, se le suma la incertidumbre del futuro inmediato, la exposición a un ambiente hostil aumenta. Mientras tanto, se han suspendido los desahucios, pero todavía no se ha dicho nada de las hipotecas y los alquileres. Tal como han manifestado desde los movimientos sociales, sería plausible que después de la crisis, en caso de no tomar medidas, haya un repunte de los desahucios.

Todo esto implica la necesidad de exigir un plan especial de apoyo para que los efectos de la pandemia y la crisis no recaiga nuevamente sobre las clases trabajadoras. Está demasiado presente el plan de choque contra la crisis de 2008 que fundamentalmente fue un ataque de enorme violencia sobre las clases trabajadoras. No hay fórmulas mágicas, pero lo que es seguro es que esa dirección no es la que se debe tomar. La prioridad debe ser la protección de las personas y por ello los instrumentos que se activaron entonces para rescatar al capital financiero, debería activarse ahora para las clases populares. Una medida que cada vez está sonando más es la de un tipo de Renta Básica Universal aunque sea como mecanismo de emergencia, como la renta de cuarentena, que garantice unos ingresos mínimos a toda la población –sobre todo a los más vulnerables que no tienen acceso a paro u otros colchones–, o en su defecto, se podría crear una prestación por desempleo con requisitos muchísimo más accesibles; un plan de garantía laborales con una estricta vigilancia sobre condiciones de abuso e irregularidad; planes de ayuda específicos para apoyar a trabajadores autónomos –como ya se está haciendo en Italia–; planes de apoyo a pymes vinculados al mantenimiento de empleos; más la recuperación y ampliación de los servicios públicos vía expansión del déficit público. En cualquier caso, la discusión debería estar centrada en las medidas concretas de apoyo social para evitar que nuevamente las consecuencias de esta crisis la paguen los de abajo, porque, en definitiva, la vida de muchos más de los que se verán afectados por el COVID-19 es lo que está en juego.