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Guatemala registró su primer caso de infección por COVID-19 tres meses después que China y 43 días después que España. A los tres días, el 16 de marzo, el presidente Alejandro Giammattei, un médico cirujano que nunca llegó a ejercer y que tomó posesión a principios de este 2020, tomó las primeras medidas. Ordenó la suspensión de clases, el cierre de fronteras y del transporte público, además del cese de toda actividad no esencial a nivel público y privado. Sin embargo, un solo día después reculó, presionado por los grandes lobbys empresariales del país, permitiendo trabajar siempre y cuando se cumplieran con medidas sanitarias. 

En este sentido, las empresas debían notificar la decisión al Ministerio de Economía y asegurar transporte privado para sus empleados. A pesar de llevar poco tiempo en el cargo, marca una continuidad ante una realidad que lleva mucho tiempo instaurada en la política guatemalteca. Las élites económicas ejercen una suerte de poder de veto, que utilizan para influir en su beneficio en todas aquellas medidas que les afectan y para promover políticas públicas que las fortalezcan. En un país como Guatemala, priorizar el manejo de la crisis económica por encima de la crisis sanitaria, equivale a anteponer la acumulación de capital a las vidas humanas. 

De hecho, en paralelo hubo otro movimiento que ha levantado sospechas entre líderes de la oposición, por parecer estar al servicio de intereses que no se corresponden con la gestión sanitaria. En cuanto aparecieron los primeros casos positivos de coronavirus en el país, el gobierno preparó un paquete de propuestas en el Congreso, basadas en ampliaciones presupuestarias que el Ejecutivo quería solicitar desde enero, al encontrarse con el mismo presupuesto vigente de 2019. Entre estas peticiones sorprenden cuestiones como inversiones en infraestructuras viales, la compra de un radar para la red meteorológica nacional o un programa de incentivos para proyectos forestales, entre otros. Al hilo de este asunto, cabe preguntarse si esta coyuntura abre la puerta a seguir generando fisuras en el débil poder institucional del país.

Giammattei lleva más de una década buscando la primera magistratura con el apoyo de diversas fuerzas políticas. Muchos hablan de sus ansias de poder, otros de vocación de servicio público. Lo que es evidente que este político de derechas y de profundas convicciones católicas, lleva veinte años intentado alcanzar un cargo en elección popular, sin éxito hasta ahora. Se postuló a la jefatura del Estado en las votaciones de 2007, 2011 y 2015 y, con anterioridad, probó con la alcaldía de la Ciudad de Guatemala en 1999 y 2003. Ha prometido mano dura para combatir algunos de los males endémicos del país como la violencia, la emigración o la corrupción política depredadora de recursos públicos. En este último caso, basta anotar como tres de los últimos cinco presidentes del país han pasado por la cárcel. 

Ante las dudas que genera entre parte de la sociedad civil por una previsible involución en términos de derechos humanos, el contexto en el que se ha de gestionar esta crisis no se puede desligar de las graves carencias históricas del sistema de salud guatemalteco. Su potencial incapacidad ante un repunte brusco en el número de personas afectadas tendría, a buen seguro, consecuencias impredecibles. El hecho de no haber superado los 300 casos confirmados (a fecha 22 de abril) ayuda, pero cabe preguntarse cuál puede ser la capacidad de resistencia de la sanidad nacional. Entre los aspectos más cuestionados, está el escaso número de camas y el hacinamiento de pacientes, la falta de personal sanitario, el desabastecimiento de medicinas o la inexistencia de salas de espera. 

Fotografía de Lara Natalia, bajo licencia creative commons. 

De hecho, según un estudio sobre la eficacia de los sistemas de salud en Latinoamérica, publicado en 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guatemala ocupa el último lugar de los 22 países latinoamericanos y caribeños analizados. Por su parte, el Índice Global de Seguridad Sanitaria apunta a cuatro países situados en la clasificación de “peor preparados” (Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela). Como factor de análisis, se apunta al número de camas de hospital por habitante, que es muy bajo. De hecho, los países mejor posicionados (Cuba y Argentina) multiplican por cinco a los peor situados, entre los que destaca Guatemala, que está por debajo de 1.

En este contexto, Giammattei ordenó la obligación de ingreso de cualquier paciente contagiado o con síntomas leves de COVID-19 en hospitales designados para la gestión de la emergencia sanitaria. De momento, un centro hospitalario de especialidades inaugurado en 2019, a la espera de contar con cinco más de campaña, aún en construcción, alrededor del país. Sin embargo, el pasado 29 de marzo hasta 15 médicos se pronunciaron y señalaron dificultades y escasez de insumos para la atención. Incluso pusieron en cuestionamiento la gestión de los pacientes, lo que podría multiplicar los casos. Mencionaron que había algunos en cuarentena, sin síntomas y otros con nexo epidemiológico, que compartían duchas o sanitarios con pacientes en recuperación.

El reto de dar respuesta a las necesidades de las familias más vulnerables

Ante esta situación de extrema fragilidad de la sanidad guatemalteca, la reflexión pasa por la necesidad imperiosa de contención de la pandemia. Para la gestión de la crisis, sin duda, al igual que otros ejemplos en el contexto regional, ha podido beneficiar la experiencia de lo ocurrido en Asia y Europa. Esto ha facilitado reaccionar antes y tomar decisiones drásticas con mayor antelación. Sin embargo, el presidente hacía una llamada reciente a reforzar las medidas de confinamiento, ante un inminente y previsible repunte de casos, haciendo obligatorio el uso de mascarillas para toda la población en lugares públicos o privados abiertos al público. Los asintomáticos o presintomáticos están obligados a hacerlo incluso en sus casas

Desde el 23 de marzo se impuso el toque de queda entre las cuatro de la tarde y las cuatro de la madrugada y, desde el 5 de abril, pesa la prohibición de trasladarse entre los 22 departamentos que dividen al país. Medidas, ambas, todavía vigentes en la actualidad. 

Pese a ello, es constatable que miles de guatemaltecos salen cada día a las calles en busca de ingresos. De hecho, juzgados y cárceles están saturados por el alto número de infractores del toque de queda. La causa que está detrás de esta circunstancia, sin duda, puede que sea el hecho de que casi el 70 por ciento de los siete millones de personas económicamente activas en Guatemala trabajan en la informalidad. Es decir, dependen exclusivamente de los pocos ingresos que pueden generar día a día para poder sobrevivir.

La dimensión de vulnerabilidad de una parte mayoritaria de la población se termina de entender teniendo en cuenta la tasa de pobreza del 60% que soporta la población y el índice de trabajo infantil, el mayor de toda América Latina. Son más de 850.000 los menores integrados en el mercado laboral, obviamente también en la informalidad, que colaboran activamente en las maltrechas economías familiares. Al hilo de esto, según los cálculos más recientes, en Guatemala uno de cada dos menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, una cuestión que tiene que ver con las escasas posibilidades de desarrollo y precarias condiciones de vida.

Con estos datos en la mano, se entiende que las primeras medidas tomadas de apoyo a las familias más vulnerables, en colaboración con donaciones privadas, esté siendo el reparto de 200.000 cajas con insumos de comida a otros tantos hogares desfavorecidos. Una cifra que se quedará corta. De hecho, entidades como la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) ya han estado repartiendo alimentos en diferentes comunidades ubicadas en la Reserva de la Biosfera Maya en el norte del país, gracias a donaciones privadas de entidades como la Fundación Ford. La emergencia social es enorme y, por esta razón, el congreso de Guatemala aprobó medidas para apoyar a familias de escasos recursos o desempleados debido al COVID-19, así como empresarios afectados por el parón de actividad.

Fotografía de Jeison Higuita, bajo licencia creative commons. 

El auxilio financiero contra la emergencia sanitaria, sin embargo, ha sido criticado por varios sectores de la sociedad civil debido a que, según argumentan, no llegará a toda la población y podría ser entregado de manera arbitraria. De hecho, esta semana se sabía como serán los criterios de asignación del Bono Familia de 1.000 quetzales, un programa social temporal creado para ayudar a las familias guatemaltecas que están siendo afectadas por la crisis económica generada por el COVID-19. Tendrán derecho al mismo aquellas que en su factura de febrero tengan un consumo energético de menos de 200 kWh, pero el problema se presenta con el amplio porcentaje de familias que ni tan siquiera tienen acceso a la electricidad. En estos casos el procedimiento burocrático se complica y habrá que recurrir a información del Instituto Nacional de Estadística y otras instituciones del Estado, en un contexto en donde la ayuda no sólo es necesaria, sino muy urgente. 

Los flujos migratorios se han visto también muy afectados y se han dado situaciones ciertamente esperpénticas. Hace escasas fechas, 44 inmigrantes deportados desde EEUU daban positivo por COVID-19 en Guatemala. Según las autoridades nacionales, hay por lo menos 2.000 migrantes en fila para ser deportados y otros 2.000 que vendrán luego, además de los que deportan de México. Si antes ya no los querían, ahora menos, y los deportados y su potencial para transportar el virus a Guatemala es un tema que preocupa a especialistas. El gobierno estadounidense ha continuado con las devoluciones de guatemaltecos durante la pandemia, pero algunas comunidades están comenzando a rechazar a los que regresan a casa por temor a que estén infectados.

Una recesión económica en un país de unos pocos ricos y de muchos pobres

Más allá de la gestión sanitaria de esta crisis y del enorme reto social que supone, el estancamiento económico puede ahondar en la brecha existente en el que es uno de los países más desiguales de Latinoamérica. La sociedad guatemalteca sigue dividida entre unos pocos que tienen grandes privilegios y una gran mayoría de población excluida. Las mujeres rurales e indígenas se ven especialmente alejadas de cualquier atisbo de igualdad de oportunidades. Eso en un contexto en donde muchas zonas rurales llevan olvidadas por muchos años por parte del Estado, con limitaciones muy altas en términos de inversión pública en el acceso a la justicia, infraestructura, salud y educación.

Según el reciente estudio ’Entre el suelo y el cielo’ elaborado por Oxfam, junto a la London School of Economics, el análisis de la realidad en Guatemala es demoledor. En el cielo social se encuentra el 1% de los más ricos, que se llevan los mismos ingresos que la mitad de la población. Las grandes empresas, que sólo suponen el 3% de la economía formal, muy minoritaria en el país, acumula el 65% de los beneficios generados. Por su parte, la mortalidad infantil es 3 veces mayor entre el 20 % más pobre de la población, con respecto al mismo porcentaje más rico. Al mismo tiempo, debido a la insuficiencia alimentaria crónica que padecen, las niñas indígenas pueden medir hasta 14 centímetros menos que la media de su edad.

Este cóctel social se explica, en parte, por la escasa potencia fiscal del Estado guatemalteco, que recauda tan solo el 10% del PIB, la mitad de lo necesario para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de una de las recaudaciones más bajas del mundo. Por eso, con todo este bagaje, resulta curioso escuchar al gobierno nacional defender un posible crecimiento de su economía durante 2020, pese a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y a los pronósticos contrarios del Fondo Monetario Internacional. Sin duda, una visión macroeconómica demasiado optimista, muy alejada a su vez de la realidad social y de las necesidades de la gran mayoría de la población. 

¿Dónde queda el turismo en este tablero?

Al igual que en la práctica totalidad del mundo, el turismo será uno de los sectores más afectados en todos los sentidos. De forma previa a la pandemia, venía siendo una de las actividades productivas más importantes, con un peso del 5% en la economía nacional, sólo superada por las divisas generadas por el envío de remesas de guatemaltecos emigrados en el exterior. En 2019 se batió el record de turistas, con más de 2,5 millones de visitantes no residentes. En el país se generaban 177 mil empleos directos, entre hoteles, restaurantes, tour operadores, transportistas, guías y otros oficios vinculados a la cadena turística. 

Fotografía de Javier Tejera. 

Sin embargo, como en muchas otras realidades en Guatemala, las cifras macro no reflejan la realidad de las personas que viven del sector. A pesar del crecimiento exponencial en las cifras de visitantes, hablamos de un modelo centralizado en la capital y manejado por las grandes empresas hoteleras, operadores y transportistas. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) baila al son de estos intereses, en lugar de jugar un rol activo en el necesario replanteamiento del modelo, para aprovechar las oportunidades que se puedan generar con esta nueva situación. Hasta la fecha se ha limitado a anunciar un plan de reactivación del turismo, de la mano de los grandes lobbys empresariales representados por la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR), con el apoyo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). También se preparan campañas de promoción para los mercados internacionales, aunque el futuro a corto y medio plazo del sector se presenta incierto en todo el mundo. 

Por el contrario, la realidad a nivel comunitario es otra bien distinta. Por ejemplo, los guías son, casi por regla general, trabajadores independientes cuyos ingresos dependen directamente del trabajo que realizan a diario. Se han quedado sin nada de la noche a la mañana. En el contexto de comunidades con un peso importante del turismo, como Carmelita en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), la situación de vulnerabilidad es muy grande, porque son muchas las familias que se dedican al sector. Lo mismo ocurre con las comunidades que trabajan en el Parque Nacional Yaxhá. En este último caso, son 197 personas las que trabajan como guías, atendiendo el restaurante o vendiendo artesanías, que han bajado su actividad a cero. 

En la RBM llueve sobre mojado, ya que es una situación agravada por el hecho de que otras actividades productivas comunitarias desarrolladas en las concesiones forestales también se han visto seriamente afectadas. Sin ir más lejos, la crisis ha coincidido de lleno con la campaña de recogida y exportación del xate. Más de 500 familias se han quedado sin ingresos, con unas pérdidas económicas de más de 70.000 dólares, porque más de 1.300 paquetes de esta planta decorativa no han podido salir al mercado. La caída de ingresos, además, podría afectar a los recursos necesarios que se generan para el monitoreo y prevención de incendios en los bosques, en un contexto en donde los comunitarios suplen los roles que debería asumir el Estado, que ni está ni se le espera. La situación es similar en otras zonas del país con peso importante de la actividad turística comunitaria, como el Lago Atitlán o el área rural de Quetzaltenango. En esta última zona, un grupo de guías turísticos comunitarios se han tenido que reinventar y paliar en parte la caída de ingresos con la venta de verduras.

Con todo, Guatemala, que en un primer momento cerró la entrada a viajeros procedentes de 12 países y que luego la amplió a toda Europa, lleva desde el 17 de marzo con las fronteras cerradas, permitiendo solo el ingreso de guatemaltecos. Las previsiones optimistas hablan de un comienzo de recuperación de los mercados internacionales para finales de año, pero muchas incógnitas planean. Considerando la frágil estructura de salud en Guatemala, al país le llevará más tiempo recuperarse de esta pandemia. De nada va a servir que el INGUAT haga promoción e invite a los viajeros a visitar el país, si la crisis sanitaria no se logra controlar con todas las garantías. Y mientras eso pasa, el reloj estará contando para muchas familias vulnerables, que tendrán que esperar a la reactivación o tendrán que reinventarse para sobrevivir.