(article disponible només en castellà)

El COVID-19 se ha convertido en el tema del momento en todas partes del mundo. En los últimos meses esta pandemia ha paralizado la economía global, buena parte de la población se ha visto obligada a permanecer en cuarentena, las fronteras se han cerrado y, por supuesto, el turismo ha desaparecido. Hasta el día de hoy el coronavirus ha infectado a más dos millones de personas en el mundo y ha provocado la muerte de más de ciento setenta mil personas, según el monitoreo en tiempo real que realiza la Universidad John Hopkins. 

Esta pandemia ha generado también un fuerte debate alrededor de las medidas que han adoptado distintos gobiernos en el mundo. En algunos países el confinamiento de sus ciudadanos ha sido obligatorio, el cierre de la economía casi total y el uso de la fuerza pública ha sido desproporcionado. En cambio, otros gobiernos han optado por medidas de cuarentena voluntaria, sin uso de la fuerza pública y con un cierre paulatino de las actividades económicas. Sin duda, hay muchas aristas dependiendo de cada caso, lo que es evidente es que, en América Latina, donde el trabajo informal supera en la mayoría de los países la mitad de la población económicamente activa, este tipo de decisiones resultan aún más complejas. 

En la región centroamericana, a 24 de abril, según datos de la Universidad John Hopkins, los casos de coronavirus han alcanzado los 7.088, mientras que los fallecidos suman 223. Las estrategias dentro de los países de la región para combatir la pandemia han sido dispares. Mientras que El Salvador fue el primer país en cerrar las fronteras, establecer cuarentena y tomar medidas drásticas para frenar el virus, en Nicaragua el gobierno aún promovía el turismo y las actividades propias de la temporada de verano. 

Panorama sanitario y respuesta gubernamental 

En Nicaragua la incertidumbre sobre la afectación de la pandemia se ha agudizado ante la respuesta de un gobierno que se muestra despreocupado, promueve las actividades masivas y no sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a medidas concretas frente al COVID-19. De hecho, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, se refería así a la reacción del gobierno frente al virus: "Tenemos preocupaciones por la falta de distanciamiento social, la convocatoria a reuniones masivas. Tenemos preocupaciones sobre los tests, el seguimiento de los contactos, la forma en que se reportan los casos”. 

Por otro lado, después de dos años de crisis sociopolítica el gobierno Ortega-Murillo ha profundizado su política de centralización del poder y restricción de acceso a la información pública. Esto ha implicado que en el país no hay datos exactos oficiales que indiquen cuántos exámenes de coronavirus se han aplicado, con cuántos respiradores se cuenta o incluso qué hospitales se han habilitado para atender los casos de COVID-19. El primer caso reportado de coronavirus en el país fue el día 18 de marzo. En el comunicado de esa noche la vicepresidenta del gobierno, Rosario Murillo, no mostró ningún tipo de plan de acción ni protocolos de atención ante la pandemia, y solamente recomendó “acudir al centro de salud de inmediato más cercano si presentáramos síntomas”. Según el reporte oficial del Ministerio de Salud, hasta el día 13 de abril en el país se habían confirmado solamente 9 casos de COVID-19, todos ellos importados. En este sentido, la información oficial se ha limitado a comunicados como éste: “Hoy tenemos, en total, 3 personas con COVID-19: 3 estables y atendidos. Todos importados”. Mientras tanto el presidente Daniel Ortega estuvo más de un mes sin aparecer públicamente y la vicepresidenta Rosario Murillo solo se comunicaba telefónicamente con los medios de comunicación oficialistas. 

El término “importado” ha sido enfáticamente reforzado en los comunicados de las autoridades de salud nicaragüenses. Sin embargo, muchos sectores en el país han puesto en duda que aún no exista contagio comunitario. Para respaldar esa percepción se ha dado seguimiento a los informes del Ministerio de Salud Pública de Cuba, que hasta la fecha ya ha reportado 5 casos positivos de COVID-19 provenientes de Nicaragua, lo que haría dudar de la veracidad de la información proporcionada por las autoridades de este país. Por ahora, el gobierno nicaragüense no se ha referido a esta situación, demostrando una vez más que está dando prioridad a la estabilidad económica frente a los efectos de la pandemia. Pero como bien se señala en el informe de Alexander Segovia, La respuesta de Centroamérica frente a la pandemia: distintas prioridades y apuestas riesgosas, publicado el 6 de abril por la Fundación Carolina: “el gobierno nicaragüense estaría jugando con fuego, puesto que, si la crisis sanitaria se sale de control, además de causar una gran pérdida de vidas humanas, provocará una profunda crisis socioeconómica, lo que más temprano que tarde se traducirá en una crisis social y política de grandes proporciones.”

En esta línea, el nivel de preparación del sistema público de salud frente a esta pandemia es incierto y precario. Sobretodo si se toma en cuenta que desde el año 2018 según cifras del Banco Central de Nicaragua, el país ha entrado en una recesión económica que ha significado un decrecimiento en 2018 de -4.1 %, de -3.9 % en 2019 y para este 2020 con la crisis del coronavirus el Banco Mundial pronostica otra caída de -4.9% en el PIB. Adicionalmente, el país ha sido altamente dependiente de la cooperación internacional para mantener el Presupuesto General de la República y los programas de inversión pública. El aislamiento internacional y las sanciones impuestas por la represión gubernamental de 2018 han puesto al país en una situación aún más vulnerable al tener cerrado el acceso a créditos de organismos multilaterales. El gobierno de Nicaragua ha solicitado 400 millones de dólares al FMI para enfrentar el COVID-19, sin obtener aún respuesta formalmente, a diferencia de El Salvador, al que le fueron aprobados 389 millones de dólares en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido de dicho organismo.

Estas condiciones tan adversas para enfrentar la pandemia, que continúa avanzando en el mundo y en la región, podría explicar lo errática de la estrategia gubernamental. La insistencia por mostrar que la “normalidad” sigue su curso en Nicaragua con la promoción, por ejemplo del “Plan Verano 2020”, contrasta con la realidad que se vive fuera de las fronteras nacionales. En contraposición a estos inverosímiles planes, que suponen la promoción de actividades públicas masivas, no se dispone de una propuesta seria que garantice los derechos laborales de miles de trabajadores que han sido despedidos, que plantee apoyos para la micro, pequeña y mediana empresa nacional o que alivie la pesada carga de los servicios básicos y de los créditos bancarios para miles de nicaragüenses que cada día entran en la precariedad y la pobreza.

Ante este panorama se conformó en Nicaragua un Observatorio Ciudadano de COVID-19, integrado por profesionales de distintas disciplinas, que incluye a médicos. Se han dedicado a localizar casos de COVID-19 no reconocidos por el Ministerio de Salud (MINSA) y reciben información de la sociedad civil, redes territoriales, activistas digitales y de familiares de personas afectadas. Esta iniciativa, así como otras impulsadas desde la sociedad civil se han dado a la tarea de informar a la ciudadanía respecto a las medidas que se han orientado desde la OMS, entre otras informaciones relevantes.

El turismo frente a la pandemia del COVID-19

El turismo en Nicaragua ha sido históricamente uno de los sectores más volátiles y frágiles de su economía. En los últimos años ha sido profundamente afectado por la crisis sociopolítica que afrontó el país en abril de 2018. La profunda grieta que dejó esta crisis llevó a que pequeñas y medianas empresas turísticas suspendieran operaciones, casi el 80% de los hoteles pequeños cerraron y aquellos hoteles grandes que lograron mantenerse tomaron medidas para reducir su personal a un tercio de su capacidad. 

Con la actual crisis sanitaria del COVID-19 la llegada de viajeros internacionales está frenada por lo menos en lo que resta del año, ya que actualmente no hay ninguna aerolínea operando desde o hacia Nicaragua. En el caso de los hoteles la afectación es también mayúscula. Por ejemplo, uno de los hoteles de mayor categoría en Managua, Intercontinental Metrocentro, de cinco estrellas, actualmente solo atiende en un piso destinado a habitaciones ejecutivas y dos de sus restaurantes fueron cerrados por completo, dejando en el desempleo a más de 150 personas. Las pequeñas y medianas empresas que intentaban sobreponerse a la crisis del 2018 atienden solamente a un número reducido de turistas nacionales, sobre todo en la oferta de alojamiento. En el caso de la mayoría de restaurantes, únicamente están trabajando los fines de semana y en periodos vacacionales. 

Por otra parte, el llamado “Plan Verano 2020”, impulsado por el Gobierno en esta época de Semana Santa, para promover el turismo nacional en las playas nicaragüenses, demostró no ser una prioridad para la mayoría de la ciudadanía, lo que puso de manifiesto la preocupación de la población ante la crisis sanitaria del COVID-19. A diferencia de otras ocasiones, las playas más populares del país lucieron despejadas de turistas nacionales y extranjeros y en municipios altamente turísticos como San Juan del Sur diversos negocios cerraron temporalmente. Es el caso, por ejemplo, de importantes hoteles como Hacienda Iguana, Tree Casa Resort, Hotel Alcázar y El Victoriano que, en un hecho insólito para estas fechas, se encontraban cerrados al público.

Playa Maderas, Nicaragua, abril 2020. 

En este sentido, Leonardo Torres, presidente de la Cámara de la micro, pequeña y mediana empresa turística (CANTUR) y allegado al Gobierno, se expresaba así sobre el Plan Verano 2020: “La gente se está quedando en sus casas y hay muy poca afluencia en los destinos turísticos, hasta el momento no tenemos un parámetro de estimación [...] habíamos hecho una meta que ya no es válida y no tiene ningún sentido. Decir que vamos a recibir 160 mil turistas como el año pasado no es cierto, decir que vamos a recibir el 50% de eso, es decir 80 mil turistas tampoco es cierto”. ¡

Así mismo, las aerolíneas que operan en Nicaragua iniciaron la suspensión temporal de sus vuelos hacia Nicaragua a partir del 28 de marzo. Entre ellas Copa Airlines, American Airlines, Avianca Airlines, Spirit Airlines, Delta Airlines y, finalmente, Aeroméxico, que fue de las últimas en suspender sus vuelos, tras un último viaje el 9 de abril. Sin embargo, el gobierno nicaragüense no anunció el cierre del aeropuerto a vuelos internacionales por COVID-19 ni el cierre de fronteras en los países vecinos. En contraste, países como El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica cerraron su espacio aéreo y terrestre para hacer frente a la propagación de esta pandemia mundial.

El personal de las agencias de viajes también se ha visto afectado de manera directa en sus ingresos, ya que en su mayoría dependen de las comisiones por ventas mensuales y al estar suspendido los vuelos no tienen posibilidades de vender. Algunas de las aerolíneas que operan en Managua han enviado a su personal a trabajar desde casa con la contrapartida de un bono económico de ayuda, pero de momento solo se ha garantizado para el mes de abril, de tal modo que la incertidumbre entre los trabajadores es enorme. 

Ometepe como ejemplo

Los pequeños y medianos empresarios turísticos se sienten amenazados ante las perspectivas del turismo en el país y las posibles exigencias de los intermediarios mayoristas, que son cada vez más rigurosas. En sitios turísticos que ofertan actividades de turismo rural comunitario, los requerimientos de puestos de atención médica cercana se convertirán en una obligatoriedad, las medidas de higiene y seguridad serán altamente prioritarias, sobre todo para este tipo de turismo que tiene una interacción cercana con las comunidades que reciben en sus hogares a los turistas. La incertidumbre sobre las nuevas tendencias del consumo turístico son una de las grandes interrogantes para las familias vinculadas al turismo rural comunitario en Nicaragua.

Así, en la isla de Ometepe una de las socias de la Asociación Puesta del Sol, dedicada al turismo rural comunitario, explica que decidieron “parar las actividades a inicios de marzo, ya que teníamos miedo que se enfermará un turista en nuestras casas y también por si nos contagian a nosotras o a nuestros familiares”. Los impactos sociales que deja esta crisis no solo ponen en jaque mate el modelo de turismo que se venía gestando en el país, sino también la garantía de derechos básicos. Por ejemplo, en la isla solo existen dos hospitales y tres centros de salud, pero en caso de especialidades o emergencias tienen que trasladar a los enfermos a la ciudad de Rivas o Managua, porque no hay condiciones para asistir una cirugía sin estar programada y ante el escenario del COVID-19 no se cuenta con una unidad de cuidados intensivos en la isla.

Asimismo, el transporte lacustre se sostiene con la afluencia del turismo hacia la isla, así como por la actividad comercial hacia la cabecera departamental Rivas. Ante este nuevo escenario, los ferries han reducido sus salidas, tomando en cuenta que en temporadas vacacionales trasladaban hasta 300 personas en un solo viaje y en la actualidad apenas logran movilizar a 15 pasajeros en cada ruta. 

Perspectivas del turismo postCOVID-19

Los escenarios posibles del turismo en Nicaragua son cada vez más inciertos. Sin embargo, es necesario insistir en la necesidad de un cambio de paradigma en el modelo turístico hegemónico que nos ayude a generar dinámicas menos vulnerables. En esta línea, proponemos algunas ideas para aportar a debate necesario, en cuanto las condiciones sanitarias permitan reactivar la actividad turística, fundamentalmentecentradas en el apoyo a la pequeña y mediana empresa turística insertada en un desarrollo menos dependiente:  

• Garantizar incentivos turísticos para los pequeños y medianos empresarios turísticos en torno a la compra de equipamiento e infraestructura. 

• Otorgar garantías necesarias a corto plazo para estos pequeños propietarios, en forma de subsidios para cubrir servicios básicos, para incorporarse a la seguridad social, apoyo para renegociar créditos en los bancos, formación y capacitación para conectar a estas iniciativas con otros mercados para que no dependan únicamente de los mismos países emisores de viajeros

• Generar una nueva oferta de turismo de viajes cortos y de proximidad, como una alternativa que  permita incentivar el turismo nacional y regional.

• Diseñar una normativa de seguridad e higiene adecuada al contexto actual, consensuada desde los actores públicos y privados, que genere las garantías necesarias tanto para los  viajeros y anfitriones.

• La formulación de lineamientos para la recuperación de la actividad turística que sea producto de un nuevo consenso nacional, donde se incluyan a los micro, pequeños y medianos empresarios y a las comunidades involucradas en el turismo rural comunitario.

• Promover la diversificación económica de los territorios turísticos tomando en cuenta que la recuperación de la industria está contemplada en el largo plazo. 

En conclusión, la puesta en marcha de medidas de recuperación del sector turístico en Nicaragua no solamente depende de los actores involucrados en la prestación de servicios sino también de la voluntad política del gobierno en turno. Es posible que no se logre un consenso generalizado en torno a una nueva política turística nacional mientras continúe el conflicto sociopolítico sin resolverse. Sin embargo, el replanteamiento de la política turística actual también es inevitable, tomando en cuenta el impacto socioeconómico de la doble crisis que atraviesa el país. En definitiva, las grandes transformaciones y la consecución de derechos nunca han sido regalías del gobierno en turno, sino producto de la capacidad de los actores de la vida económica, social y política de articularse más allá de sus intereses gremiales o particulares.