(article disponible només en castellà)

En Costa Rica la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 sigue su marcha. Mientras que los primeros tres meses el país tuvo un éxito relativo en la contención del virus a partir de la declaratoria de emergencia nacional el 16 de marzo pasado, ahora el escenario es distinto. La segunda ola de infecciones aumentó de manera dramática el número de casos positivos en momentos en que la depresión económica alcanza a sectores más vulnerables. Si para mayo los casos positivos no llegaban a ochocientos a mediados de julio superan los ocho mil. Concretamente a 15 de julio se reportan 8.482 casos confirmados y 37 muertes según el John Hopkins Resource Center. 

La discusión nacional se polariza entorno a la voluntad de continuar con las normas restrictivas en el transporte y comercio o, por el contrario, avanzar de manera más expedita en las fases de reapertura. Estas últimas demandas proceden principalmente de cámaras y gremios empresariales que, además, extienden sus peticiones a una reforma general del Estado. Sus propuestas versan sobre distintas dimensiones de la actividad económica como a todos los sectores productivos, incluido el turismo.   

¿Qué está pasando en Costa Rica?

El manejo institucional de la pandemia contempla cuatro fases distribuidas entre los meses de mayo y agosto. Cada fase tiene medidas cada vez mas flexibles concernientes a la apertura de comercios, restricciones vehiculares, capacidad máxima en recintos, acceso a espacios públicos como parques y áreas silvestres protegidas. El paso a cada fase depende del aumento en el conteo de casos positivos.  

Por el relativo éxito en los primeros tres meses, el paso de la fase uno a la dos fue acorde a las fechas previstas por el Ministerio de Salud (MINSA). Para el 21 de junio se esperaba entrar a la fase tres, sin embargo, el aumento dramático de casos en el mes de junio imposibilitó cualquier intención de una apertura general. Solo en el mes de junio se registraron 2370 nuevos casos según el conteo del John Hopkins Resource Center.

El aumento de casos positivos es extensivo a todo el país, con especial protagonismo en los cantones y distritos del valle central. No obstante, la evolución del mapa de contagios muestra una marcada tendencia hacia las provincias fronterizas del noroeste del país. Guanacaste y el norte de la provincia de Alajuela aparecen como zonas de alerta roja por el súbito aumento en el registro de casos positivos en el mes de junio. 

Resultado de una mayor flexibilidad en la fase dos, sucedieron brotes masivos de contagios en los cantones centrales. Y a causa de una mayor densidad poblacional, y por ende una mayor exposición al riesgo, las barriadas del sur de la capital San José han experimentado un aumento fuera de las proyecciones del MINSA. 

Al mismo tiempo, los cantones norteños de San Carlos, Los Chiles y Upala han tenido un repunte importante. En gran parte, las precarias condiciones de la fuerza laboral que nutre la agroindustria local han develado una alta vulnerabilidad al contagio. El 24 de junio el MINSA ordenó la clausura de 23 empresas piñeras y empacadoras por incumplimientos sanitarios  Las acciones forman parte de giras de campo realizadas por la segunda vicepresidenta Epsy Campbell a 249 empresas de la zona. Se ha evidenciado un alto número de trabajadores sin seguridad social, subcontrataciones fuera de la legislación salarial, incumplimiento del pago de horas extras, contratación de extranjeros en condición irregular y plantas físicas sin condiciones sanitarias mínimas. Esta situación ha sido un secreto a voces en el país. La precariedad laboral junto a la degradación ambiental en la cual conviven migrantes y familias trabajadoras de la piña ha sido objeto de criticas por grupos ambientales, comunales y de la academia. La crisis pandémica lo único que ha hecho es visibilizar esta situación.   

Imagen de danielfoster437, bajo licencia creative commons.

En el plano económico las expectativas tampoco son alentadoras. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en los meses de febrero, marzo y abril se registró un aumento del 4,4% de desempleoen relación con los mismos meses del año anterior. Estos datos reflejan únicamente el primer mes y medio a partir del inicio de la pandemia. Se espera un aumento significativo de las cifras en el segundo trimestre del año [1]. Para el cierre del 2020 el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima una caída del 3,6% del PIB, principalmente en lo que tiene que ver con la demanda de construcciones (-8.7%), hotelería y restaurantes (-27,6%) en relación con el año anterior [2].

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) plantea un escenario un poco menos alentador. Afirma que la contracción económica será de entre 4% y 6%, y el sector mayormente afectado será el turismo. En proyección al segundo semestre del año, estima que la caída del turismo aportara a la contracción el 1,5% del total estimado [3].  

El turismo en búsqueda de soluciones 

El sector turístico se ha visto muy afectado por la crisis provocada por el COVID-19. Las medidas iniciales tomadas por el MINSA significaron un parón en toda la red de servicios y encadenamientos que caracterizan al sector. El cierre absoluto de los puertos aéreos y la clausura temporal de hospedajes llevaron a que, por primera vez en la historia turística del país, se declarara Temporada 0, es decir ningún ingreso para el sector. 

En un artículo anterior, publicado el 2 de mayo, se detalló en las primeras acciones tomadas tanto por el gobierno como las reacciones iniciales del sector en específico. Entre las primeras medidas que en este ámbito tomó el Ejecutivo destacan: compensar con un subsidio a personas que hayan visto sus ingresos disminuidos a causa de la pandemia; suspensión en las ordenes de corte de servicios esenciales; y postergación del pago de impuestos de utilidades y valor agregado. Por su parte el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) suspendió el pago de tributos específicos y diseñó un plan escalonado para reactivar la actividad turística.   

Entre las primeras reacciones descritas en ese artículo fue el rechazo de poblaciones costeras a la llegada de turistas durante la Semana Santa. A través de bloqueos en playas del pacifico central y Caribe Sur las comunidades receptoras pretendían detener la propagación del virus en sus comunidades. Hoy el escenario es opuesto. El 24 de junio se realizaron marchas simultáneas en las ocho principales playas turísticas del país: playas del Coco y Tamarindo en Guanacaste, Playas de Manuel Antonio y Jacó en el pacifico central, Pavones y Santa Teresa en el Pacifico Sur y Puerto Viejo en el Caribe Sur. A pesar de que a partir de la fase dos los servicios de hospedaje pueden recibir el 50% de su capacidad y las playas tienen un horario de apertura de 5:00am a 9:30am los manifestantes reclaman la apertura total de las costas. Las marchas estaban conformadas por micro y pequeños comerciantes, empleados de servicios turísticos, pobladores y asociaciones de surfistas locales. Consideran que si el principal producto turístico está cerrado durante mayor parte del día, no hay ningún atractivo para que el turista visite las costas.   

Entre las declaraciones de los manifestantes recogidas en la prensa resaltan expresiones como: “Al COVID-19 le tengo respeto… Al hambre le tengo pánico”.  Otros, que se inspiraban en las movilizaciones contra el racismo en Estados Unidos señalaban: “Beach Lives Matter”. Y en un reclamo directo a las restricciones institucionales afirmaban “Ministerio de Salud nos condena a la quiebra” o “Viva la Libertad”. El episodio más dramático se dio en playa Tamarindo con el arresto de una manifestante por violar las medidas de distanciamiento social, según fuentes oficiales. Estas demandas son bien recibidas por gremios y cámaras vinculadas a servicios turísticos como hoteles, transportistas y restaurantes. Al mismo tiempo son recogidas por la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) que las ha hecho llegar al ICT. 

Imagen de Rob Lambert bajo licencia creativa commons.

Pero la presión por darle oxígeno a la industria turística no solo pasa por flexibilizar las medidas sanitarias, sino también por la exigencia de resultados inmediatos. En el corto plazo, el ICT trabaja a tres líneas de acción: búsqueda de sostenibilidad financiera a las mipyes turísticas, atracción de turistas extranjeros y potenciar el turismo nacional. En relación a la primera el ICT ha estado negociando con diversas entidades financieras el pago de deudas y acceso a créditos diferenciados para emprendimientos turísticos. También trabaja en la aplicación de capacitaciones y protocolos sanitarios a personal hotelero, restaurantes, transporte turístico, actividades acuáticas y guías turísticos. 

Por lo que respecta a la segunda línea de acción, el ICT, contrario a la intención del Ejecutivo de trasladar todos los superávits institucionales a caja única para atender la pandemia, ha invertido 18 millones de dólaresen posicionar Costa Rica a nivel mundial. Se busca promocionar el país como el primer destino a visitar en el segundo semestre del año, a medida que el resto de los países vayan relajando sus políticas migratorias. El ICT, en coordinación con la Dirección General de Migración y el Ejecutivo, acordó la apertura de los puertos aéreos para el primero de agosto bajo estrictas normas de ingreso. El anuncio sobre qué nacionalidades podrán entrar al país se dará días antes de la apertura formal. Sin embargo, ya se ha explicado que serán de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá dependiendo de la evolución del contagio en ese país. De manera extraoficial se dio a conocer que el presidente de la República está en conversaciones con el canciller austriaco para formar parte de una “burbuja turística”. Denominada “First Movers” o primeros movilizados. La meta es alcanzar mercados inéditos como el Oceánico, Medio Oriente, países nórdicos y Europa Oriental. La iniciativa es motivada por el mal manejo sanitario en Estados Unidos, principal emisor de turistas a Costa Rica.    

En cuanto al turismo nacional, ICT trabaja en la actualización constante del portal Vamos a Turistear, puerta de difusión de ofertas encauzadas al turista costarricense. Con el eslogan “Conocé tu país”, se promocionan destinos y actividades que se puedan realizar en viajes cortos. La estrategia de mercadeo utilizada es mostrar la diversidad cultural, gastronómica y natural costarricense a través de un correlato de cercanía y familiaridad.    

CANATUR, por su parte, ha hecho suyo el reclamo en la Asamblea Legislativa de trasladar los feriados nacionales al siguiente lunes a partir de este año y el 2021. Tramitado bajo el expediente 21.941 la propuesta de reforma de ley pretende extender fines de semana a tres días. De esta manera, los costarricenses tendrían un incentivo para aprovechar ofertas turísticas en destinos nacionales. Rechazado en el primer de los dos debates, diputados opuestos alegan que primero habría que suspender la obligación de doble pago en feriados nacionales.    

La propuesta del empresariado

El 5 de junio la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), principal órgano de representación del gran empresariado costarricense, entregó al presidente de la República el Pacto por Empleo. El texto recoge 113 acciones que el emprersariado considera vitales para reactivar la economía en un plazo de dos años. El documento está firmado por 48 asociaciones, cámaras y federaciones de nueve sectores económicos: agropecuario, comercio, comercio exterior, construcción, financiero, industrial, tecnología e innovación, transportes y turismo. La representación del sector turístico estuvo conformado por CANATUR, la Cámara Costarricense de la Salud (PROMED), la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) y la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE).

El objetivo de la propuesta es generar un “clima de confianza” en el sector empresarial que eleve la inversión y el empleo para así reactivar la economía. El texto esta organizado en dos capítulos, el primero aglutina 12 temas transversales que la UCCAEP y todos sus afiliados consideran claves para reactivar la economía. En el segundo capítulo cada sector puntualiza en peticiones específicas e inmediatas que dependen de lo propuesto en el primer capítulo.      

Los 12 temas transversales que incluye el documento son: 

• Generación de confianza

• Oferta de crédito

• Tramitología

• Eficiencia Institucional

• Reducir la Informalidad

• Déficit fiscal, Educación

• Establecer centro de manejo de crisis

• Ley de empleo público

• Alianzas Públicos-Privadas

• Seguridad Ciudadana, Situación Portuaria.

En realidad, los 12 temas transversales sintetizan las reformas estructurales que la UCCAEP ha demandado en la historia reciente y se puede resumir en: reducción de cargas fiscales y sociales; cierre de instituciones públicas y recorte de personal estatal; participación en la redacción de política pública junto a promoción de alianzas público-privadas; flexibilizar legislación laboral y ambiental; y represión al delito común y el contrabando.  

Lo primero que resalta del documento es que está redactado como un listado de peticiones. Carece de justificación o siquiera una explicación de porque esas medidas son de carácter urgente. La interpretación que se desprende del documento es que el empresariado se considera víctima del aparato público. Esto se hace explícito cuando pide “detener el acoso tributario y los mensajes de amenaza al sector privado” (pág. 9).  

En la dimensión laboral el documento plantea combatir el desempleo y la informalidad con medidas que atentan contra la legislación laboral vigente. Entre las más relevantes señala la necesidad de “actualizar la ley de jornadas laborales para que permitan excepciones de acuerdo con las necesidades de las partes, permitir el contrato a tiempo parcial” (pág. 15) y “adecuar la ley del empleo público para que incentive la eficiencia y la disciplina en el funcionario público” (pág. 18). Aunque sobre esta última no da mayores detalles en que puntos de la Ley General del Empleo Público hay que reformar. Reclama que no se avance con iniciativas que vendrían a fortalecer la labor del Ministerio de Trabajo: “detener el asedio legislativo con la ley de fortalecimiento de la inspección laboral” (pág10). 

También piden reestructurar la educación pública en función del sector productivo. Consideran que el Estado debe de garantizar más recursos a la educación preescolar y escolar (pág. 17), para posteriormente alinear la formación profesional y técnica a las necesidades del mercado. 

Asimismo se propone un readecuación general a la normativa vigente. De manera explicita solicitan “erradicar el asedio ambiental” (pág. 23), ya que consideran que las disposiciones ambientales actuales imposibilitan un adecuado “clima de negocios”.       

La promoción de alianzas público-privadas es un eje que articula el ideario de UCCAEP que alcanza a la actividad turística. Junto a una mayor flexibilidad laboral y una reducción en la legislación ambiental, las alianzas público-privadas serían “un mecanismo para ejecutar más obras…” (pág. 19). Estas alianzas se consideran fundamentales en el “desarrollo de los planes reguladores, especialmente, en los cantones donde se ubican los 32 Centros de Desarrollo Turístico” (pág.41). Con especial mención a la “titulación de propiedades inscritas en favor del Estado en Tortuguero y Caribe Sur” (pág.41) [5]. Al mismo tiempo se apela a una reducción en la tramitología para obtener permisos de construcción (pág.12). 

¿Qué viene?

Es difícil pronosticar cuál será el escenario post pandemia en Costa Rica. Junio fue un mes convulso en Costa Rica. El número de casos positivos sigue en aumento, y la primera quincera de julio han quebrado récords. La amenaza de expansión del contagio comunitario asoma. A pesar de las reacciones adversas en las comunidades costeras, el ministro de salud se mantiene firme en la decisión de mantener cerradas las playas. 

Mientras la presión por adoptar medidas que faciliten el comercio y la actividad económica toma cada vez más fuerza. Las acciones del ICT están dirigidas a un regreso paulatino a la normalidad turística y grupos de presión demandan medidas extraordinarias que trascienden la coyuntura actual. El clima social y político en Costa Rica se polariza. La ruta de atención a la crisis pandémica aún está abierta a cambios repentinos y golpes de timón. El segundo semestre del año será decisivo y veremos qué orientaciones predominan.