(article disponible només en castellà i anglès)

El 22 de abril de 2021 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) puso en marcha el Acuerdo de Escazú. Este es el primer tratado latinoamericano sobre temas ambientales que aborda la urgencia de proteger a personas defensoras del ambiente. A pesar de que en el 2018 fue redactado y firmado en el cantón costarricense de Escazú, Costa Rica aún no lo ha ratificado de pleno.  

En vísperas de que se vote en la Asamblea Legislativa grupos empresariales han comunicado su rechazo abierto al acuerdo. Aducen que el Acuerdo de Escazú atenta contra la seguridad jurídica y la reactivación económica del país luego del golpe por la COVID-19. Esto pone en riesgo que se ratifique en el legislativo y que el liderazgo ambiental que Costa Rica exhibe en la región quede en entredicho. En momentos en que pactar una salida regional a la crisis ecológica y económica se hace más necesaria que nunca. 

¿Qué es el Acuerdo de Escazú? 

El Acuerdo de Escazú es el primer macro convenio latinoamericano de cooperación con marco jurídico propio en el que se pone acento en el ambiente, que además propone medidas de protección a ambientalistas. Desde el multilateralismo y cooperación interinstitucional busca concretar el ideario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Conferencia de Rio+20 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. A la fecha lo han ratificado 12 países de los 24 firmantes, entre esos México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Argentina.

Puede descargar el acuerdo aquí

Se cimenta en el derecho a la transparencia, apertura y participación. Mediante la creación o fortalecimiento de mecanismos institucionales, así como en herramientas jurídicas introduce el elemento de justicia ambiental de carácter vinculante entre las legislaciones de la región. También toma en consideración el desarrollo institucional de cada país. Es decir, si alguno de los países carece de instituciones o legislación ambiental competentes el acuerdo facilita la cooperación en procura de su perfeccionamiento. Si como en el caso de Costa Rica las posee, fortalece su debida aplicación a través del ejercicio real de la ciudadanía y organizaciones civiles en un marco de multilateralismo entre naciones. 

El acuerdo es un instrumento que facilita la acción ambiental en una lógica de abajo-arriba. Establece de antemano que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.” (CEPAL, 2018: 11) Para esto articula cuatro ejes principales:

Participación pública en los procesos de toma de decisiones 

Establece que los Estados o dependencias correspondientes tomarán medidas que aseguren espacios de participación pública en el diseño y aplicación de planes, estrategias, políticas de ordenamiento y uso del territorio. Con el debido tiempo para que sea valorado y discutido, garantizando la participación de grupos sociales menos favorecidos allí donde se lleven a cabo. (CEPAL, 2018:24)

Acceso a la información ambiental

El acuerdo contempla que toda información ambiental referente a concesiones, contratos, convenios o autorización de usos este a disposición del público. Para esto insta a instituciones o grupos interesados a crear sistemas de información, divulgar por medios y formatos posibles, facilidad para solicitar información sin que sea necesario justificar las razones por la cual se solicitan. Guarda la salvedad que cuando la información solicitada no se entregue por estar en regímenes de excepciones establecido en legislaciones nacionales, se deberá comunicar las disposiciones jurídicas y las razones que lo justifiquen. (CEPAL, 2018:17) 

Acceso cumplido a la justicia en asuntos ambientales

Para garantizar el acceso a la justicia ambiental se deben eliminar las barreras que interrumpan su satisfacción. Es decir, acceso libre a instancias judiciales y administrativas sin costos prohibitivos, a través de procesos legítimos en órganos competentes en la materia y que contemplen reparación de daños ambientales cuando sea pertinente. (CEPAL, 2018:28)

Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

El acuerdo establece que se tomaran las medidas adecuadas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de personas defensoras del ambiente. Incluidos el derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión, asociación y de circular libremente. Para cumplir esto los estados deben de no solo reprimir e inhibir cualquier acto de intimidación sino también propiciar e incitar a ciudadanos y organizaciones a llevar a cabo acciones que promuevan los derechos contemplados en el acuerdo (CEPAL, 2018:30).

¿Quiénes están en contra?

Un día antes de la entrada en vigor del acuerdo, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) hizo público un comunicado en el que explica su rechazo al Acuerdo de Escazú. Recoge las preocupaciones hechas por distintas cámaras adscritas, entre ellas la de turismo, afiliada a UCCAEP. A las pocas horas de hacer público el comunicado, un bloque de 15 diputados de corriente conservadora cristiana anunció que de ser convocado al legislativo lo votarán en contra. Esto pone en riesgo que se ratifique.  

La UCCAEP sostiene que el acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y amenaza los esfuerzos que se hacen para reactivar la económica. Entre sus argumentos están: 

• Inadecuada participación del público en la toma de decisiones.
• Somete a las empresas a tener que demostrar que no se incurre en daños ambientales. 
• Detiene la producción y la inversión. 
• Excede la base normativa nacional.
• No protege el derecho a la información confidencial del sector privado.
• Posee definiciones ambiguas en temas ambientales. 

En realidad, el Acuerdo de Escazú pone en cuestión las propuestas que la UCCAEP presentó para hacer frente a la pandemia a inicios del año pasado en el Pacto por el Empleo. Dicho documento señala que entre las causas que impiden que Costa Rica reactive su economía están el “acoso ambiental” a empresas. Junto a esto, la UCCAEP urge al Estado a flexibilizar procesos administrativos y adoptar alianzas público-privadas para diseñar política pública y ejecutar más obras. 

Fuente: Antonio Solera, bajo licencia creative commons. 

Por ejemplo, el principio de participación del Acuerdo de Escazú supone un obstáculo a la intención de UCCAEP de que se le otorgue al empresariado la potestad de redactar planes reguladores en cantones y destinos turísticos (UCCAEP, 2020:41). Esto, junto a la negativa de facilitar información agravaría la tensión socioambiental que se vive en destinos turísticos con enorme presión inmobiliaria. Como es el caso del conflicto en Marbella, Guanacaste, donde a pesar de dos años de litigio el gobierno local aún no facilita documentos que prueben la debida adjudicación de obras en terrenos de dominio estatal.   

Pero en Costa Rica, lejos de haber provocado una ruptura, la crisis pandémica ha evidenciado un sector empresarial bien cohesionado que supervisa a las autoridades públicas. Así lo describen los investigadores Bull y Robles (2020) en el último número de la Revista CEPAL dedicada a los impactos de la COVID-19 en América Latina. Argumentan que, para el caso de Costa Rica, las elites empresariales han establecido una relación que los investigadores llaman de cooperación con el gobierno. Esta afirmación es claramente visible, por ejemplo, en la designación de importantes empresarios en puestos públicos, transferencia de fondos públicos a programas de responsabilidad social empresarial, flexibilizar tramites institucionales, rechazo a nuevos impuestos, medidas de austeridad y reducción del tamaño del Estado (Bull y Robles, 2020: 90). 

El manejo politico durante los primeros siete meses de la pandemia tuvo una marcada tendencia pro-empresa. Mas de la mitad de las medidas tomadas por el ejecutivo fueron de carácter comercial o fiscal (Bull y Robles, 2020). Es una tendencia que continua en el segundo año de crisis pandemica. Algunos diputados han señalado que la agenda legislativa esta pautada por la del ejecutivo con el apoyo de diputados afines al empresariado. Señalan que en este año prima una agenda de austeridad economica sin una agenda social que la acompañe. Iniciativas como los impuestos a ingresos altos o la renta básica universal han sido desechados. Actualmente solo tienen prioridad proyectos de ley que tratan la reducción del gasto, fiscalistas o medidas superficiales como el traspaso de días feriados y exoneraciones al consumo. Queda por ver si el pulso politico entre empresariado y ambiente termine por ratificar un acuerdo que lleva tres años en espera.       

¿Por qué es importante el Acuerdo? 

Mas allá de reafirmar el liderazgo ambiental de Costa Rica, el Acuerdo de Escazú es un esfuerzo de democratización ambiental. Es un tratado de derechos humanos, con garantías mínimas que facilita la gobernanza ambiental. Así lo han expresado expertos en la materia como Mario Peña, director de la maestría en derecho ambiental, y Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional, ambos de la Universidad de Costa Rica (UCR). Para estos, si bien Costa Rica tiene camino recorrido en derecho ambiental, el Acuerdo ayudaría a ordenar el marco normativo vigente que es abundante pero disperso y fragmentado. Lo que facilitaría reordenar recursos administrativos para alcanzar una justicia pronta y cumplida en temas ambientales. 

Para estos académicos, lejos de amenazar la seguridad jurídica de las empresas, el Acuerdo ajusta los estándares regionales tal y como cualquier tratado comercial entre naciones lo hace. Sin embargo, la discusión se ha planteado en términos de ambiente o economía. En el que el tema de la participación y la fiscalización pública parece ser el principal agravio de los grupos empresariales.

En Costa Rica el número de conflictos ambientales ha ido en aumento desde la década de los noventa. El principal disparador de acciones colectivas ambientales ha sido la ausencia de consulta y procesos participativos en comunidades receptoras. Esta situación ha conducido a la criminalización de personas defensoras del ambiente al punto de sufrir los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas en el 2019 y Yehry Rivera en el 2020 (Álvarez y Casas, 2020). 

El Acuerdo de Escazú es por diseño un instrumento de participación y transparencia social, que acredita a comunidades y grupos de base a contribuir al desarrollo de sus localidades. Lo que en algunos casos podría suponer que se le reste poder a otros sectores y hasta a los gobiernos. Tal vez, esa es la discusión que está teniendo lugar en estos momentos.