(article disponible només en castellà)

El pasado 20 de junio en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se llevó a cabo una conferencia de prensa con el objetivo visibilizar el rechazo general con la creciente gentrificación que atraviesan varios destinos turísticos en el país. El colectivo Antigentrificación Cr, junto a otras agrupaciones afines, expusieron por un espacio de una hora las características del proceso gentrificador que están viviendo las costas del país, pero también en destinos rurales. Asimismo, hicieron entrega de una petitoria a los curules legislativos que incluye una serie de demandas para dar solución a las consecuencias sociales y ambientales de la intensa inversión inmobiliaria dirigida a turistas y migrantes por estilo de vida. La transmisión del evento se realizó en vivo y quedó grabado en el canal de YouTube de la Asamblea Legislativa. 

El espacio fue facilitado por el despacho del diputado Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio. La conferencia de prensa contó con la presencia en el público de la diputada frenteamplista Priscilla Vindas Salazar, del diputado capitalino Manuel Morales Díaz del partido oficialista y con la diputada de la provincia de Limón Katherine Moreira Brown del partido Liberación Nacional. Esta última representa al caribe costarricense y aprovechó la oportunidad para, desde sus redes sociales, comunicar su apoyo para encontrarsoluciones a los efectos adversos de la gentrificación en las comunidades con peso importante de la actividad turística. Ningún representante legislativo de las otras provincias costeras, Guanacaste y Puntarenas, se hicieron presentes. 

El colectivo Antigentrificación Cr mediante la coordinación con habitantes de todo el país que han sufrido los efectos de la gentrificación, con el apoyo de profesionales de distintas ramas, ha publicado en la plataforma de recolección de firmas change.orgtreinta y tres demandas al poder legislativo. Estas se agrupan en tres ejes: Político, Económico y Ambiental. En lo político resaltan la solicitud que haya representación comunal y de PYMES que sea vinculante en la toma de decisiones sobre proyectos inmobiliarios. En el eje económico, se demanda la regulación de agentes de bienes raíces y del precio de las tierras para garantizar un acceso real para la población local, revisar la tasa impositiva de las residencias de lujo y diversificación de las actividades económicas en zonas rurales. Finalmente, en lo ambiental, asegurar el acceso y priorización al derecho humano al agua, mayor eficiencia en la detección de delitos ambientales y penas más duras, protección del paisaje natural, fortalecer el presupuesto y las capacidades de las instituciones ambientales, aplicación de las leyes que protegen la zona marítimo terrestre.

Fuente: Arturo Silva Lucas. 

El diputado Ariel Robles Barrantes aprovechó la oportunidad para adelantar que se están elaborando dos proyectos de ley: el primero para garantizar el acceso público a playas y el segundo para que la gestión del agua en destinos turísticos tenga perspectiva comunitaria acorde a las posibilidades ambientales de cada territorio. En Costa Rica las playas son públicas, pero existe un vacío legal sobre la construcción y vigilancia de los accesos. Por su parte, el agua ha sido uno de los principales disparadores de conflictos ambientales por inversión turística

El espacio también fue una oportunidad para que representantes Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (CREMA)hiciera hincapié en el vínculo entre la protección del océano y de las zonas costeras. Y que, por su parte, la Alianza Escazú demandara la ratificación del Acuerdo de Escazú. Costa Rica rechazó la entrada en vigor del acuerdo por votación del anterior plenario legislativo.

La discusión sobre la gentrificación se asoma   

En el último artículo publicado en este blogse hizo un repaso de cómo el turismo residencial avanza de manera agresiva sobre un número importante de playas en el país. Esto ha provocado que aumente el malestar y conflictividad socioambiental sobre este tipo de inversión. Si bien el problema no es nuevo, en Costa Rica los ciclos de movilización y organización social se están extendiendo y toman mayor protagonismo. Desde que publicamos este último artículo, hace pocos días, se contabilizan nuevos episodios. Investigaciones judiciales y suspensiones a altos cargos de Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) han salido a la luz pública por aparentemente otorgar permisos de viabilidad ambiental a proyectos inmobiliariosde manera corrupta.

Fuente: Arturo Silva Lucas. 

Al mismo tiempo, en comisión legislativa la diputada Priscilla Vindas Salazar preguntó al ministro de turismo qué posición tenía el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ante la gentrificación en clave turística que sucede en el país. A lo cual, el ministro de turismo, William Rodríguez, fue claro en que no reconocen esto como una problemática en el ICT. En sus declaraciones dijo que, más bien, el problema que tienen es que no hay fuerza laboral suficiente para grandes proyectos turísticos. También adelantó que están por inaugurar cuatro megaproyectos en el pacífico norte y que están pensando cómo hacer mas atractiva a la inversión la zona marítima costera.  

En realidad, no existe ningún interés por parte de la oficialidad estatal de atender el creciente malestar con las consecuencias asociadas a grandes inversiones turísticas inmobiliarias. Sobre todo, el segmento residencial se ha posicionado como un nuevo nicho de acumulación que cuenta con el pleno apoyo de representantes directamente vinculados con el desarrollo turístico allí en los territorios con intensa inversión. Aunque es evidente que cada vez con mayor vehemencia grupos y población organizada reclaman que se discutido y solucionado.