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A diferencia de lo que ocurre en algunos países, especialmente en los de gran atractivo turístico, como Italia, donde se ha producido un intenso proceso de privatización desde la década de 1960, en Brasil, las playas y todas las zonas adyacentes a ríos y lagos son propiedad del Estado, y es responsabilidad de la Marina cuidar de estos espacios, así como vigilar los usos irregulares, las vallas, los bloqueos y cualquier otra forma de hacer inviable el acceso público a estos parajes naturales. La Constitución Federal de 1988 garantiza que, a partir del nivel más alto de las aguas, una franja de 33 metros pertenece al Gobierno Federal. Esto no significa, sin embargo, que el uso de estas áreas esté prohibido y que no puedan ser explotadas económicamente, siempre que cuenten con la autorización de los órganos ambientales y de fiscalización.

Dada la longitud del litoral brasileño y el tamaño del país, el trabajo de la Marina en materia de aplicación de la ley se enfrenta a enormes desafíos. Hay miles de construcciones ilegales que cierran el acceso a las playas y que, además, suponen un enorme riesgo medioambiental, ya que ignoran la legislación de protección del medio ambiente. Aun así, los brasileños son conscientes de sus derechos a la libre circulación y al libre acceso a estos espacios, y el vallado de playas es siempre objeto de denuncias y vigilancia por parte de organizaciones de la sociedad civil y fiscales.

La propuesta de enmienda de la Constitución

Sin embargo, un reciente proyecto de ley para modificar la Constitución Federal de 1988, que propone la transferencia de estas áreas a entidades privadas que ocupan este espacio, a los estados y a los municipios, ha avanzado en el Congreso Nacional. Se trata de la PEC 03/2022, propuesta por la Cámara de Diputados y actualmente en trámite en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado Federal, bajo el informe del senador Flávio Bolsonaro. El proyecto de ley, a su vez, fue presentado inicialmente en 2011 y, a lo largo de siete años, es decir, hasta 2018, pasó por muchas comisiones especiales creadas para debatir la propuesta, una presentación, una despresentación y sucesivos pedidos de prórroga del plazo entre 2017 y 2018, además de la realización de varias audiencias públicas para debatir el tema y reunir propuestas similares que fueron presentadas después de 2011.

Fue en 2019 cuando el PEC volvió a cobrar un perfil más incisivo. Con toda la tramitación anterior, que incorporó enmiendas de propuestas similares, el PEC tomó forma como una posibilidad de transferencia de tierras públicas a agentes privados, convirtiéndose en una amenaza para el libre uso de estas áreas. En 2022, en pleno inicio del último año de gobierno de Jair Bolsonaro, el PEC fue discutido en el plenario de la Cámara de Diputados, y lo que antes sólo aparecía como una amenaza se materializó definitivamente. Partidos como el PT y el PSOL presentaron una serie de solicitudes para retirarlo del orden del día, posponer la votación y una serie de formas de retrasar la decisión sobre el PEC, que fueron efusivamente rechazadas por el pleno. Finalmente, el PEC fue votado y aprobado en dos sesiones y, sin demora, enviado al Senado.

Fuente: Portal Metrópoles.

En este escenario, ¿de qué se trata exactamente esta propuesta? El texto del PEC establece que los terrenos de la Marina tendrán titularidad diferente de las siguientes formas:

1. permanecerán bajo el control de la Unión en los casos en que existan servicios públicos;
2. las áreas en las que operen servicios públicos estatales y municipales pasarán al control de los estados y municipios;
3. pasarán a la titularidad de los ocupantes de los terrenos, estén o no registrados en los órganos de gestión de la propiedad. La transferencia de estas áreas se realizará de dos formas: gratuita, en los casos de transferencia a estados y municipios y onerosa, en los demás casos.

No obstante, en la cesión onerosa, es decir, la que implica el cobro de alguna cantidad aún por determinar a los agentes privados para formalizar la posesión de los terrenos, se descontarán las cantidades ya abonadas por estos agentes en los últimos cinco años en concepto de tasas de ocupación o cánones territoriales, que son una cantidad que pagan los agentes privados por el uso de estos terrenos. Dependiendo de cómo se regule este punto tras una posible aprobación del PEC, la cesión a los agentes privados podría ser por cantidades irrisorias y, como no sería de extrañar en un modelo político de neoliberalismo, no se puede descartar que el Estado tenga que seguir pagando a estos agentes privados.

Es importante señalar que esta cuestión fue una de las obsesiones del gobierno de Jair Bolsonaro, que quería convertir cierta región costera del estado de Río de Janeiro en una especie de Cancún brasileño, permitiendo que complejos turísticos y hoteles explotaran a su antojo un tramo de costa, cobrando por el acceso y, según el expresidente, fomentando el turismo. De este modo, la existencia de un PEC en fase avanzada en la Cámara de Diputados respondía plenamente a los deseos del expresidente. Una vez transferido a los agentes privados, que pueden utilizar sus propiedades como deseen, junto con el debilitamiento de los controles ambientales resultantes del proyecto de ley, el escenario previsto por Bolsonaro podría llegar a buen término.

Además de ser una de las propuestas del expresidente –de hecho, una de las únicas ideas que ha presentado en el área de turismo–, esta cuestión también interesa a los grandes capitalistas del negocio hotelero. Urbanizaciones como resorts de playa, condominios de lujo y viviendas particulares, entre otras, son, en principio, las grandes beneficiadas de un traspaso de titularidad. Existen incluso proyectos para transformar 100 kilómetros de playas entre los estados de Pernambuco y Alagoas, en el nordeste de Brasil, que incluyen la construcción de 28 propiedades de alta gama, un proyecto apoyado por el futbolista Neymar Júnior.

Los problemas y los intereses ocultos de la PEC

Los defensores de la propuesta de enmienda a la Constitución argumentan que el cambio no impondrá ninguna carga a la población. El senador Flávio Bolsonaro, ponente de la propuesta en el Senado, ha adoptado un discurso contradictorio en defensa de la PEC. Al principio, dijo que el PEC no tiene nada que ver con la privatización. Más tarde, en entrevistas, afirmó que la intención es cederlo al sector privado, que no cerrará el acceso a las playas. Está claro que la repercusión pública del asunto ha causado problemas a los interesados en la aprobación de la propuesta.

De hecho, el PEC no plantea abiertamente la cuestión de la privatización de las playas. Sin embargo, no es necesario que este término se exprese abiertamente. La simple transferencia de tierras federales a los estados y municipios ya abre una serie de resquicios para que estas zonas se cedan gratuitamente a agentes privados que tengan buenas relaciones con los gobernantes locales. Las esferas de gobierno estatal y municipal en Brasil son bien conocidas por su permisividad y acuerdos espurios en cuestiones como la tierra, el medio ambiente y la protección social. En el ámbito municipal, no es raro que quienes ocupan la alcaldía y el ayuntamiento tengan intereses en la protección del medio ambiente.  Un ejemplo evidente de los problemas derivados de la flexibilización de la legislación estatal y municipal fue lo ocurrido en el estado de Rio Grande do Sul, con las inundaciones que asolaron gran parte del estado.

Los argumentos de que el PEC traerá "seguridad jurídica" (una jerga muy utilizada en Brasil en los últimos años, que en la práctica significa desregulación y flexibilización de las leyes, beneficiando al poder privado, con la "máscara" de la uniformidad legislativa para situaciones en las que hay disonancia de interpretación) y que también creará oportunidades para el desarrollo del turismo, trayendo ingresos a las comunidades pobres, son grandes falacias. En Brasil, la desregulación y la destrucción de las leyes ambientales en realidad sólo perjudica a los turistas y a los trabajadores de la zona, ya que permiten todo tipo de abusos y arbitrariedades por parte de los agentes privados. Las playas privadas sólo benefician a los propietarios, que no permitirían trabajar a una serie de trabajadores del turismo informal, como vendedores ambulantes y proveedores de servicios, tan comunes en la costa brasileña. Además, el acceso a las playas mediado por cualquier propiedad representa un golpe al libre acceso de la población a las zonas de ocio, elitizando así un bien público que históricamente ha sido frecuentado por las clases sociales más pudientes, a pesar de ser público. No es raro ver "vallas" en las playas brasileñas, hechas con o sin la aprobación del gobierno, para el acceso privilegiado de unos pocos turistas.

A pesar de que la Constitución Federal veta la apropiación privada de estas áreas públicas, es común que muchas urbanizaciones obstaculicen el acceso público a estos espacios. La simple construcción de casas de veraneo, como la del presentador y eterno candidato presidencial Luciano Huck, es un ejemplo de los diversos bloqueos que estas urbanizaciones provocan, así como de los crímenes ambientales que el capital comete al forzar la explotación y el uso de estas áreas. Bajo el gobierno de Bolsonaro, el propio ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, actuó para destruir por completo la legislación ambiental, causando daños aún poco conocidos a largo plazo.

Fuente: Jornal GGN.

Aunque el PEC no es de autoría del Gobierno de Bolsonaro, responde a los intereses personales de la familia del expresidente. El propio senador Flávio Bolsonaro mantiene una batalla legal contra el futbolista Richarlison para ocupar una isla en Angra dos Reis. La posible aprobación de la PEC entregaría definitivamente la propiedad de la isla al senador, dejando al descubierto la sospecha de su ponencia en esta propuesta, lo que debería hacer que se declarase impedido para legislar sobre el tema. Además de Flávio Bolsonaro, otros senadores también se beneficiarían de la aprobación del PEC, como Alessandro Vieira, Ciro Nogueira, Esperidião Amin, Fernando Dueire, Jader Barbalho, Laércio Oliveira, Marcos do Val, Oriovisto Guimarães y Renan Calheiros.

Paralelamente a este PEC, avanza en el Senado un proyecto de ley que ya ha pasado por la Cámara de Diputados: la legalización de los juegos de azar, como los bingos, el “jogo do bicho”* y los casinos. El proyecto ya ha sido tratado por la Comisión de Turismo de la Cámara, que se ha mostrado favorable a su aprobación. Con un litoral tan extenso como el de Brasil, la combinación de la cesión de tierras públicas a agentes privados y la autorización de juegos de azar como los casinos podría tener como efecto el encierro de grandes franjas de arena en emprendimientos hoteleros del tipo hotel casino, similar a lo que existe en Punta del Este, Uruguay, y a lo que ya existió en Brasil en las décadas de 1940 y 1950.

Es imperativo que la sociedad y los movimientos sociales comiencen a observar más de cerca las actividades parlamentarias. Una serie de proyectos de ley y enmiendas a la Constitución, que son descaradamente antidemocráticos y perjudiciales para el bien público, son presentados y votados sin enfrentar ninguna resistencia o vergüenza por parte de los parlamentarios que los apoyan. El neoliberalismo utiliza herramientas democráticas, como las comisiones fijas del Congreso Nacional, y también los mandatos parlamentarios, función pública por naturaleza, para desmantelar las estructuras públicas del Estado, debilitar las políticas públicas y, como consecuencia, arrebatar derechos históricamente conquistados.

¡No a la PEC 03/2022!