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“DICTADURA” DE LA AUSTERIDAD IMPONE “TOQUE DE QUEDA” PARA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

La Constitución italiana, en vigor desde 1948, declara en sus primeros 12 artículos cuáles son los pilares de la República. Los constituyentes decretaron, en el artículo 1, que Italia es "una República democrática fundada en el trabajo". A la República corresponde remover los obstáculos de orden económico y social que "impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país" (art.3). También se reconoce a todos los ciudadanos "el derecho al trabajo” y la promoción de “las condiciones que hagan efectivo este derecho" (art.4).

Ante la violenta crisis económica que, a partir de 2008, ha sacudido la península italiana y el resto de Europa, esos Principios Fundamentales quedaron aún más rezagados y prácticamente vacíos de contenido.

Actualmente, la deuda pública italiana ha sobrepasado los 2 mil billones de euros, es decir más del 126% del PIB (Producto Interno Bruto). De 60 millones de habitantes, solamente 23 millones trabajan. Cuatro millones de personas no tienen ocupación, que equivale al 10% de la población economicamente activa, e igual cantidad tiene un trabajo precario que no les garantiza una entrada económica durante todo el año, ni gozan de los derechos laborales mínimos. El 35% de la población desocupada tiene menos de 35 años, y en su mayoría, mujeres.

Los datos publicados por la revista Altreconomia arrojan un total de casi ocho millones de personas desempleadas o con empleos precarios, mal pagados y por tiempo determinado. Además, durante el año 2012, se ha calculado un total de un billón de horas de paro forzoso, que equivale a un promedio de un mil horas para un millón de personas que recibieron solamente el 60% de su salario.

Según el sociólogo y experto en temas laborales, Luciano Gallino, el desempleo es “una herida profunda en la autoestima de una persona y el escándalo más grande para una sociedad”.  De acuerdo con Roberto Giudici, coordinador de Organización de la FIOM Milano (Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos), “es una crisis muy extensa, que está golpeando a todos los sectores de la economía italiana, y que tiene sus raíces en el claro predominio del capital financiero sobre el capital productivo, es decir la financiarización de la economía”.

Roberto Giudici. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

El resultado ha sido dramático y ha llevado al cierre de empresas grandes, medianas y pequeñas, al aumento del desempleo y de la precarización laboral, sobre todo entre los jóvenes. Además, ha demandado nuevos y más profundos sacrificios a la mayoría de las familias italianas. “Lamentablemente, estos sacrificios no están sirviendo para reactivar la economía, la producción y las inversiones, sino para pagar las deudas de los bancos”, afirmó Giudici.

En menos de tres años (2008-2011) la deuda pública europea ha aumentado del 20% y la respuesta ha sido el recorte al estado social. En 2012, el gasto social de los entes locales en Italia tuvo una disminución de hasta el 13%, y los recortes se dieron, sobre todo, en el área de los servicios brindados a la población más desprotegida.

Más allá de la disminución de los recursos, lo que más preocupa a las organizaciones que trabajan en el sector de los servicios sociales es la crisis de un diseño político, basado en el trinomio derechos-welfare-servicios.

Para Don Virginio Colmegna, sacerdote y director de la Fundación Casa della Carità, lo que hay que enfrentar con firmeza es la injusta redistribución de la riqueza que hay en Italia. “El riesgo es que se consolidice la vieja y nueva pobreza alrededor de respuestas de carácter asistencial, sin atacar estructuralmente el profundo vulnus (lesión) que se ha creado, como producto del vacio de la política y el rechazo del capitalismo a redistribuir la riqueza”, dijo.

Explosión del sistema

Para Pietro Raitano, director de Altreconomia, no se trata simplemente de una crisis que refleja un momento particular de la historia económica del mundo, sino de la explosión del sistema mismo. “No sólo una parte del planeta ha vivido y consumido recursos más allá de sus posibilidades reales, sino que el propio sistema financiarizado ha demostrado todos sus límites y su absurdidad”. En este nuevo siglo, estamos viendo Estados que emiten Títulos Valores para salvar a los bancos, y “el peso de ese nuevo endeudamiento lo trasladan a la población, a través de recortes al welfare y la pérdida de derechos”, continúa.

Pietro Raitano. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

En lugar de invertir en innovación tecnológica para aumentar el valor de la producción, el gran capital nacional ha preferido enfocarse en la reducción del costo de la mano de obra, así como en la fragmentación y atomización de las empresas. Es por eso que, entre los efectos más nefastos de esa crisis, señala Giudici, no solamente está el cese de la relación laboral o la adopción de amortiguadores sociales, sino sobre todo “el ataque despiadado a los que son los derechos históricos de la clase trabajadora”.

“En las últimas décadas y con el gobierno Monti, se ha puesto en contraposición el trabajo con los derechos adquiridos en tantos años de lucha. Hoy en día, en Italia, si quieres trabajar debes renunciar a tus derechos laborales”, asegura el dirigente sindical.

También para el profesor Gallino, las reformas del mercado del trabajo impulsadas a inicio del nuevo siglo se han enfocado en la flexibilización y precarización del empleo, supuestamente para crear más ocupación. “No existe algún estudio empírico que meta en relación la flexibilidad laboral con el aumento del empleo, antes bien, se ha demostrado lo contrario”, explica el catedrático a Altreconomia.

Según datos del OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) el índice de rigidez del empleo en Italia ha disminuido mucho durante la última década, pasando de 3.5 en 2003 a casi 1.8 en 2012, en una escala de 0 a 5, donde el valor máximo (5) significa casi la imposibilidad de despedir.

¿Derechos o desechos?

Entre los derechos laborales históricos que han sido fuertemente afectados por las reformas del trabajo, el coordinador de Organización de la FIOM-CGIL señala una profunda revisión del sistema de pensiones con, entre otros, el aumento de la edad de jubilación, la eliminación de la pensión de vejez y el paso del sistema retributivo al sistema contributivo.

También se derogó, para varios sectores o ramas, el Convenio Colectivo Nacional, se implementaron diferentes instrumentos de flexibilidad y precarización laboral y se reformó el artículo 18del Estatuto de los Trabajadores, que prohibía el despido sin causajustificada.

“En Italia se ha venido impulsando con fuerza la idea de que el trabajo es una mercancía y ya no un derecho. Con estas reformas, se ha perseguido el objetivo de atomizar, dividir y debilitar las organizaciones sindicales, modificando drásticamente las ‘relaciones de fuerza’ entre los trabajadores organizados y el capital”, apuntó Giudici.

Para él, el artículo 1 de la Constitución ya perdió su significado más profundo, porque el trabajo ya está en función de las exigencias del capital. “Italia se ha transformado en una República fundada en el trabajo precario”, dijo.

Una situación extremadamente grave que se inserta en un contexto de país caracterizado por la fuerte concentración de la riqueza, los altos índices de evasión fiscal, corrupción y agotamiento de los recursos naturales, así como la falta de medidas para gravar las transacciones financieras o de pasos firmes para alcanzar tratados internacionales sobre los ‘paraísos fiscales’.

“Hay una crisis ecológica mundial y estamos acabando con los recursos naturales. Sin embargo, seguimos viendo  la ‘ganancia’ como motor imprescindible de desarrollo del país. Al endeudamiento financiero estamos respondiendo con el endeudamiento ecológico, es decir, con más política del cemento y la postergación de sus efectos desastrosos. La crisis no es solamente económica, sino moral y de falta de legitimidad y representatividad de la clase política tradicional”, analizó Raitano.

Para Colmegna, es imprescindible enfocarse en los que son los derechos de ciudadanía y un estado social (welfare) más justo, incluyendo necesariamente en el debate político la relación entre ética y financia, para así definir los pilares de la economía del futuro. “Necesitamos de una cultura antropológica económica que se mida con el futuro. Para hacerlo, necesitamos de una visión que acabe con el individualismo exasperado del capitalismo y el individualismo orgiástico del berlusconismo, que produjo una laceración de carácter ético enorme”, aseveró el director de Casa della Carità.

¿Una crisis eludible?

En su libro La lucha de clase después de la lucha de clase, Luciano Gallino asegura que la lucha de clase hoy es una lucha emprendida desde arriba, desde el gran capital que nunca ha abandonado su lucha ideológica. Ahora, quiere recuperar los privilegios y el poder que había perdido durante las décadas pasadas, producto de la lucha del movimiento obrero.

En este sentido, la crisis que se está viviendo, no sólo en Italia sino en toda Europa, es el resultado de una ideología muy bien definida que el capital ha impuesto en las últimas décadas, cuyos impactos eran previsibles.

Una clase dominante, asegura Gallino, que es la expresión de un poder político y económico que dice al 90% de la población qué es lo que debe hacer. “Aquí no es el sistema que está en crisis, sino que es el mismo sistema capitalista-neoliberal que precisa de la crisis para mantenerse y renovarse”, subrayó el director de Altreconomia. Según él, el problema es salir de la crisis eliminando un sistema que no funciona, y en el cual “los ricos han mantenido o aumentado su riqueza, los evasores siguen evadiendo los impuestos, mientras que los trabajadores y sus familias se hunden en la pobreza”.

Un plan que para Giudici se basa en ‘recetas’ que ya fueron experimentadas ‘exitosamente’. “Las políticas de precarización y tercerización laboral que se han impulsado en América Latina, por ejemplo, son las mismas que ahora se están implementando en Europa y que nos están llevando hacia el abismo”, dijo Giudici.

Para el dirigente sindical de la FIOM es necesario no sólo volver a impulsar una democratización de los procesos y de las actividades productivas, sino sobre todo “retomar la autonomía de análisis de la situaciós y reactivar las relaciones con el mundo, tomando en cuenta la dimensión más global de este fenómeno”.

La respuesta pasa también por una toma de conciencia de lo que de verdad está ocurriendo, impulsando un consumo que apunte a la sostenibilidad ambiental, económica, a la solidaridad entre consumidores, volviendo a la modalidad cooperativa, cuyo objetivo no es el lucro sino dar trabajo a todos, garantizando el bienestar de sus socios.  “Es a través de la decisión de cada día que podemos comenzar a cambiar este modelo. Debemos analizar y hablar de lo que está ocurriendo, porque el silencio ayuda a que estas doctrinas nefastas tengan éxito”, concluyó Raitano.

JÓVENES, MUJERES E INMIGRANTES SON LAS PRICIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS

Después de la caída de Berlusconi, Monti hizo una reforma drástica del mercado laboral y del sistema de pensiones. Dario Anzani es educador de la Cooperativa Social “Comunità del Giambellino”. Tiene más de 20 años de trabajar por las calles del barrio Giambellino, una de las zonas históricamente más conflictivas de Milán, ciudad que, hace algunas décadas, se jactaba de ser la capital económica e industrial de Italia. “La crisis económica está golpeando duro y los principales afectados son los y las jóvenes”, dijo.

Para Cristina Tajani, concejal del Ayuntamiento de Milán para la política laboral y el desarrollo económico, los datos sobre el desempleo en esta ciudad, aunque en niveles inferiores a la tendencia nacional (10%), siguen siendo alarmantes, situándose en un 6%. Tajani es la más joven concejal (34 años) de la Junta municipal encabezada por el alcalde izquierdista Giuliano Pisapia, quien, en mayo de 2011, puso fin a veinte años de ‘berlusconismo’ en esta ciudad. También para ella, la situación del empleo juvenil necesita de acciones urgentes.

Cristina Tajani.Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

“Aunque registramos una leve disminución en los últimos dos años y quedamos muy lejos del promedio nacional (35%), la tasa de desempleo juvenil (entre 15 y 24 años) en Milán aún supera el 20%”, explicó a Opera Mundi. La concejal advierte que, en medio de la crisis, la mujer es la que más está sufriendo la caída de la ocupación, “en un mercado laboral que se ha vuelto más flexible y precario como nunca antes se había visto, y que difícilmente tutela la maternidad”. Una situación que, para Anzani, tiene mucho que ver con la evolución de una crisis económico-financiera, que en las últimas dos décadas se ha mezclado con el deterioro significativo yacelerado de los valores, en todos los estamentos del tejido social. “El modelo individualista de Berlusconi fue como un terremoto. Un modelo que ha contribuido de manera determinante a la modificación del tejido social italiano”, aseguró.

Durante los últimos 20 años trabajando en la educación de calle, Anzani dijo haber asistido a una modificación brutal del territorio. “Años atrás, grupo de jóvenes se encontraban en cada parque o rincón de la ciudad, relacionándose con su propia historia y lenguaje. Nosotros interveníamos para reconocer cuáles eran las dinámicas de cada grupo y ayudar con la evolución positiva de dichas dinámicas y el desarrollo de valores compartidos”, manifiestó. Hoy en día, esto ya no es posible. Los grupos prácticamente han desaparecido y los pocos que quedan se han transformado en “un conjunto de sujetos que solamente comparten el consumo de sustancias ilegales. La sociabilidad juvenil ya no existe”, explicó Anzani.

Según él, esta situación es producto no sólo del advinimiento de las nuevas tecnologías y la comunicación virtual, sino sobre todo “ese manto deindiferenciae intolerancia que se respira, como producto de un modelo individualista que ha fragmentado la sociedad. Es una crisis que necesita de una respuesta amplia y coordinada, que vuelva a posicionar la importancia del gasto público y de las relaciones sociales”, concluyó Tajani, recordando los esfuerzos que el Ayuntamiento de Milán está haciendo a través de varios ‘paquetes de medidas anticrisis’, como la asistencia directa a las personas, los incentivos a las empresas para reactivar la ocupación y el apoyo para la creación de nuevas empresas (start-up), con un claro enfoque juvenil.

“Exodados”

Lutz Kühn es alemán, tiene 60 años, los últimos 26 pasados en Italia, donde ha trabajado como ingeniero electrónico en el sector de la telefonía. En 1993, comenzó a trabajar para la empresa alemana Siemens, la cual, en 2005, creó una joint-venture con Nokia. En 2008 la empresa de capital alemán-finlandés tomó la decisión de reducir las actividades y anunció un excedente de personal. A Lutz - como a muchos de sus colegas -  le faltaban solo seis años para su jubilación (2014) y le ofrecieron un “incentivo para el éxodo”.

A cambio de la renuncia inmediata y definitiva al puesto de trabajo, la empresa le garantizaba 3 años de “movilidad” (2009-2011), durante los cuales recibiría un salario reducido (80%), más el pago, en una sóla cuota, del equivalente a las 36 mensualidades que aún faltaban para llegar a su jubilación (2012-2014).

Lutz Kühn. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

Después de la caída del gobierno Berlusconi en 2011, el gobierno técnico de Mario Monti y su ministra de Trabajo, Elsa Fornero, impulsaron una drástica reforma laboral y del sistema de pensiones. Eliminaron la pensión de vejez [1], elevaron de forma progresiva la edad de jubilación y pasaron del sistema retributivo al sistema contributivo, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras, que habían aceptado el plan de incentivo para el éxodo, sin los medios mínimos para sobrevivir.

“En mi caso, la reforma impulsada por la ahora ex ministro Fornero extendió mi edad de jubilación hasta el año 2019, es decir, cinco años más, durante los cuales no voy a tener ni salario, ni pensión”, afirmó Kühn.

Según datos del INPS (Instituto Nacional de Previsión Social), serían no menos de 390 mil los ex trabajadores y trabajadoras en esta situación. Hasta el momento, los programas del dimisionario gobierno Monti prevén medidas alternativas a la reforma solamente para 130 mil personas. Nadie al momento sabe qué pasará con los otros 250 mil trabajadores exodados y sus familias.

“Afortunadamente, yo vivo solo, tengo mi casa y algunas pequeñas inversiones. Voy a poder aguantar esta situación hasta mi jubilación, pero hay muchas personas que están desesperadas y no sabe qué hacer”, explicó Kühn.

Pero él no se ha quedado de brazos cruzados y, junto con la CGIL Milano (Confederación General Italiana del Trabajo), se ha involucrado en el movimiento de protesta. “Lo que han hecho no es humanamente justo, porque no pueden cambiar las reglas del juego sin tomar en cuenta las consecuencias, dejando a centenares de miles de personas en una situación muy difícil”.

Es por eso que en la sede central de la CGIL en Milán se ha abierto un espacio para esos trabajadores. “Todos los martes escuchamos a la gente, le damos orientación y consejos, tratamos de responder a sus inquietudes. Están preocupados, no saben como van a poder seguir pagando sus deudas e hipotecas, quieren saber si están a salvo o si quedaron atrapados en el bolsón de los exodados”, continuó el alemán.

Según él, es muy importante que la gente se reapropie de su dignidad de trabajador y de ciudadano. “El gobierno saliente habla de ‘salvar’ a las personas, pero no debemos olvidar que nos están quitando un derecho adquirido. No nos están dando ninguna limosna, ni queremos ser salvados, simplemente exigimos nuestros derechos”, concluyó.

Últimos de los últimos

Paolo Oddi es abogado inmigracionista y miembro de la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración. No tiene la menor duda de que los que más están pagando esta crisis son los sectores más desprotegidos, entre ellos, los inmigrantes, aún más si son irregulares o ilegales.

Durante las últimas dos décadas, Italia ha adoptado una política inmigratoria marcadamente prohibicionista, y uno de sus efectos ha sido la imposibilidad de regularizar el estado migratorio para centenares de miles de ciudadanos extracomunitarios (no perteneciente a la Unión Europea). “Esa situación los ha llevado a buscar trabajos precarios y subpagados, expuestos al chantaje de los empleadores y a la amenaza de ser detenidos y expulsados”, contó Oddi.

Paolo Oddi. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

El mercado laboral, en plena crisis, ha aprovechado de esta gran cantidad de mano de obra, engrosando los bolsones de ‘trabajo en negro’ y de pobreza. La precarización laboral ha ido creciendo a la par de la precarización de los derechos de los inmigrantes, y las políticas represivas han conllevado una mayor invisibilización de estos sujetos sin derechos.

Pese a que recientemente la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de algunos de los aspectos más nefastos de la Ley 189 de Regulación de la Inmigración (conocida como Ley Bossi-Fini) - entre otros, el ‘delito de clandestinidad’ y la ‘ilegalidad migratoria’ como agravante de la pena - la pérdida del trabajo, hasta para un inmigrante regular, “hunde a las personas en una espiral de chantajeabilidad y debilidad, y esto pese a que los inmigrantes constituyen una fuerza vital y un recurso extraordinario para el país”, aseveró el abogado inmigracionista.

El Centro de Identificación y Expulsión (CIE)

“El CIE o ex CPT (Centro de Estancia Temporal) es la abominación y una violación a los derechos fundamentales”, sentenció Oddi. Con la Directiva del Retorno de la Unión Europa (2008), que en Italia entró en vigor en 2011, de hecho se uniformaron las políticas de expulsión de inmigrantes de todos los países miembros. Con ella, se determinó una detención administrativa no superior a 18 meses, de personas extracomunitarias que no podían ser expulsadas de otra forma. “En Italia hemos sido incapaces de crear condiciones civiles para la detención de estas personas”, dijo el abogado.

En efecto, no sólo no hay claridad sobre los derechos de las personas recluidas, ni sobre la reglamentación de los procedimientos de reclusión, sino que tampoco hay personas encargadas de la dirección de estos Centros, ni una instancia judicial que vigile sobre lo que ahí ocurre. “Son verdaderas cárceles, una especie de Guantánamo donde las personas viven en condiciones infrahumanas, y donde reina el caos y la casualidad. Ahí se mezclan criminales que han cometido varios delitos, con personas que simplemente han perdido el trabajo y no pueden renovar su permiso de estancia en el país”, explicó Oddi.

Muchas veces, cuando logran salvarse del proceso de expulsión, los inmigrantes se mezclan con los sectores más pobres de la población italiana y con los ‘nuevos pobres’ de la crisis.

Casa della Carità

La Casa della Carità (Casa de la Caridad) es una fundación cuya sede central surge en las afueras de Milán y desarrolla sus actividades con el apoyo del Arzobispado y el Ayuntamiento. Su objetivo es tutelar y velar por los derechos de las personas que se aproximan a la estructura residencial y crear nuevos caminos para la autonomía, así como concientizar a las instituciones y a los ciudadanos acerca de los derechos de ciudadanía.

Cada año, ofrece hospitalidad a más de 300 personas y varios servicios a miles de ciudadanos en dificultad. En su 10 años de existencia, la Casa ha atendido las necesidades urgentes de personas provenientes de 90 países en el mundo.

Emanuela “Tea” Geromini es trabajadora social y hace siete años comenzó a trabajar con la Casa della Carità. Ella explica que el Centro de Escucha, donde desempeña su actividad laboral, ha registrado, entre 2009 y 2012, un aumento significativo de las demandas, sobre todo de parte de ciudadanos extranjeros. “Hay mucha más gente que llega a buscar apoyo y que vive situaciones extremadamente difíciles. Las solicitudes de trabajo, por ejemplo, se han sextuplicado y esto nos indica que el trabajo se ha convertido en una prioridad”.

También hubo un aumento sustancial del número de familias desahuciadas. “Pierden el trabajo y no pueden seguir pagando la hipoteca, quedando así expuestas al desahucio. Muchas veces, esta situación genera formas diversas de trastorno mental, aumentando la carga de sufrimientoque ya los agobia”, continuó la trabajadora social.

Emanuela “Tea” Geromini. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

En el caso de los extranjeros, esta situación comporta la pérdida del permiso de estancia en el país. “Personas que quizás tienen hasta diez o veinte años de vivir legalmente en Italia, se encuentran de repente sufriendo una condición de clandestinidad, expuestos a la precariedad y hasta a la detención y la expulsión”, dijo Geromini.

En el caso de las mujeres, hay una verdadera pérdida de identidad. “Quedan atrapadas en una doble ausencia: de su país de origen y de Italia, donde, con muchas dificultades, habían adquirido un estatus, una razón de ser”.

Geromini advierte también del peligro de un recrudecimiento del racismoy de nuevas formas de discriminación racial. “La crisis y la necesidad de encontrar a quien culpar de todas sus desgracias acentúan la intolerancia hacia los extranjeros. Una guerra entre pobres donde solamente hay perdedores”.

"LA ECONOMÍADEL LADRILLO": ITALIA INVIERTE EN GRANDES OBRAS A PESAR DE LA RECESIÓN

Un ejemplo es la construcción del TAV (Tren de Alta Velocidad), casi 240 kilómetros de la ruta ferroviaria Turín-Lyón.

Al llegar al pequeño poblado de Giaglione, en el Alto Valle de Susa, al noroeste de Italia, el cielo plomizo y cargado de agua no parece ser motivo de preocupación. Una multitud se ha reconcentrado en un vasto estacionamiento, localizado en las inmediaciones de un pequeño camino que se pierde entre las montañas, y se apresta a emprender una nueva marcha.

Hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, ancianos, varios de ellos y ellas con banderas y mantas que reproducen el logo del Movimiento NO TAV. Megáfonos y altoparlantes difunden música entremezclada con consignas, bajo una llovizna fina y ligera que, poco a poco, va creciendo de intensidad.

La marcha pacífica inicia y, después de varios kilómetros bajo una intensa lluvia, consigue llegar hasta las redes metálicas y el alambre de púas que cercan el lugar de las excavaciones.

Miles de personas se acercan a la zona de la Maddalena de Chiomonte, dispersándose debajo de los altos arboles que han sobrevivido a las retroexcavadoras que han hecho estragos del bosque de abedul. Debajo de sus paraguas, gritan su rechazo y, al unísono, golpean con piedras la estructura metálica, detrás de la cual  se entrevén los uniformes de militares y policías que resguardan uno de los megaproyectos más polémicos de las últimas décadas.

El primer estudio de factibilidad sobre los casi 240 kilómetros de la ruta ferroviaria Turín-Lyon, para la implementación del TAV (Tren de Alta Velocidad) tiene más de 20 años (1991). El proyecto de esta línea ferroviaria trasfronteriza entre Italia y Francia prevé también un maxi túnel de 57 km (12.5 km en territorio italiano).

Manifestación contra la construcción del TAV. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

El costo previsto para la realización de la Fase 1 de la obra, es decir la parte transfronteriza, es de 8.5 billones de euros, de los cuales Italia tendrá que garantizar 2.7 billones, ya que el acuerdo prevé una repartición de gastos entre la Unión Europea (40%), Francia (42.1%) e Italia (57.9%). El costo total podría sobrepasar los 25 billones de euros y nadie, al momento, sabe decir de dónde saldrá esta cantidad que equivale a casi el 1.6% del PIB (Producto Interno Bruto) italiano.

Según los planes de la Unión Europea, la línea Turín-Lyon será parte del megaproyecto “Prioritario 6”, que se propone unir esa ciudad francés con la frontera de Ucrania en el marco de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), un conjunto planificado de redes de transporte pensadas para facilitar la comunicación de personas y mercancías a lo largo de toda la Unión Europea. Las obras se extenderían más allá del año 2030, con un costo total que ronda los 230 billones de euros.

Lo que las maquinas están excavando en la Maddalena de Chiomonte es una galería exploratoria de casi 8 km para llevar a cabo estudios geognósticos. El costo sobrepasa los 145 millones de euros y, para proteger el inicio de esta inversión público-privada ante las incesantes protestas, la zona ha sido totalmente cercada y militarizada.

También en ese caso, el costo de la seguridad de la inversión corre por cuenta del Estado, es decir de los mismos ciudadanos que sufren la crisis económica y a los cuales se les exigen sacrificios para sanar la deuda pública.

“Una vez más estamos aquí, como siempre lo hemos hecho en los últimos años. En el Valle de Susa nos estamos jugando el futuro, y nuestra lucha ya es un símbolo de esperanza para todos aquellos y aquellas que creen que un mundo diferente es posible. Les agradezco por todo el apoyo que me han dado en estos meses tan difíciles. No nos van a detener nunca”, dijo Luca Abbà ante la multitud.

Luca Abbà. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

En febrero de 2012, Abbà, figura histórica del Movimiento NO TAV, se había subido a una torre de alta tensión para protestar contra el levantamiento de las vallas metálicas y denunciar el desalojo violento de centenares de activistas. Mientras unos policías subían a la torre para apresarlo, Abbà fue alcanzado por una descarga eléctrica y cayó al suelo desde una altura de 10 metros, sufriendo fracturas graves y quemaduras en todo el cuerpo.

“Economía del ladrillo”

El movimiento NO TAV, dicen los integrantes de los Comités que han surgido a lo largo de todo el territorio nacional, lucha en defensa de los bienes comunes, rechazando su mercantilización. De la misma forma, se opone a un modelo que pretende dar respuesta a la crisis económica a través de la implementación y profundización de una “economía del ladrillo”, basada en la construcción de infraestructuras y grandes obras.

En aras de fomentar un supuesto mayor crecimiento económico, estabilizar los índices macroeconómicos, mostrar un aumento, aunque mínimo, del PIB (Producto Interno Bruto) y, sobre todo, invertir los excedentes financieros, en Italia, a través de la ‘ideología’ de las grandes obras, se pierden 244 mil hectáreas de territorio cada año, es decir 688 hectáreas diario.

“El TAV no tiene sentido. Ya existe una línea Turín-Lyon que está subutilizada y que registra una disminución constante del tráfico ferroviario. Además, nunca va  a ser sostenible económicamente y los impactos ambientales van a ser desastrosos”, dice el periodista económico Roberto Cuda a Opera Mundi, citando datos del estudio realizado por la Comision Técnica de la Comunidad Montana del Valle de Susa y Valle Sangone, junto con varios expertos externos.

Contra el proyecto, que ha sido repetidamente modificado en el trascurso de las últimas dos décadas, se ha movilizado un abanico muy amplio de sectores, que involucran no solamente los diferentes Comités de ciudadanos de los valles afectados, sino también la inmensa mayoría de Ayuntamientos de la zona y un sinnúmero de organizaciones radicadas en todo el territorio nacional.

“El Movimiento NO TAV es muy diverso, incluyente e intergeneracional. Ha crecido, se ha extendido geográficamente y hasta se ha solidarizado e intercambiado experiencias con otros movimientos y frentes de lucha. Pese a la criminalización de la lucha y a la violenta represión, las movilizaciones han sido masivas, constantes y no se van a detener”, puntualizó Cuda.

Roberto Cuda. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

Según el periodista, la gente ya está cansada y no tolera más el abuso y derroche de los recursos públicos, Además, está tomando conciencia acerca de que no se puede seguir depredando el territorio. “Existe una creciente demanda de mejor calidad de viday de sustentabilidad ambiental que ha motivado y sigue fortaleciendo al movimiento”, afirma.

Pese a esta situación, el aparato político y económico del país no parece estar dispuesto a ceder. La maniobra financiera,bautizada por el ex primer ministro Mario Monti de "Salva Italia", impuso un reajuste presupuestario de 30 billones de euros, que costó a cada familia italiana un promedio de 635 euros de más en impuestos. Sin embargo, mantuvo el financiamiento de 2.2 billones de euros para la línea de alta velocidad.

“El TAV se ha vuelto algo simbólico. Ceder ante la presión popular pondría en riesgo la misma ideología de las grandes obras, alentando la protesta contra otros proyectos”, concluyó Cuda.

Para Eugenio Cantore y Bruno Teghille, activistas del Comité NO TAV de Sant’Ambrogio, el Movimiento no va a ceder. “Están devastando nuestro territorio, afectando nuestra salud, atacando nuestra economía. Es una obra que no tiene ningún sentido y que nunca se llevará a cabo. Vamos a continuar la lucha pese a la militarización y a la criminalización”, aseguran.

Teghille evidencia también los grandes intereses que estarían detrás de esa, como de muchas otras grandes obras. “A los lobbies financieros no interesa la utilidad colectiva, sino el lucro personal. Y la política ha jugado un papel vergonzoso e indigno”.

Manifestación contra la construcción del TAV. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

Pese a la fuerte lluvia y a los fuertes chorros de agua lanzados por camiones de la policía, una joven activista señala a todos los presentes la grande fuerza moral que caracteriza la lucha del Movimiento NO TAV. “Ellos tienen las retroexcavadoras, las maquinas perforadoras, los blindados, las armas y las prisiones, pero nosotros tenemos nuestra lucha para garantizar un futuro digno. Tenemos nuestra voluntad, nuestra esperanza y alegría”, concluyó.

Más cemento

En el marco de las grandes obras, en Italia está prevista la construcción de 33 nuevas autopistas, es decir, dos mil kilómetros más de una red vehicular que ya es entre las más grandes de Europa.

Sólo en la región Lombardía, en el norte de Italia, pretenden realizar ocho nuevas autopistas (400 km), con un aumento del 80% de la actual red vehícular. Entre ellas, destacan los proyectos de la Pedimontana, la Brebemi (Brescia-Bergamo-Milano) y la TEM (Tangenziale Esterna Milano), con un costo no inferior a los 10 billones euros.

Pese a que en Italia el mercado del auto está en crisis, con una reducción de las ventas del 20% durante el 2012  y con una pérdida de facturación de 7 billones de euros, y el precio de los combustibles sigue creciendo, el sector público-privado prefiere perseguir el espejismo de las grandes obras.

“En vez de potenciar y mejorar los servicios de transporte existentes, como por ejemplo, las líneas ferroviarias que a diario trasladan a miles de trabajadores hacia los lugares de trabajo, continúan invirtiendo dinero público en obras que nadie va a financiar y que, con mucha probabilidad, nunca serán concluidas”, reitera Cuda.

Según el periodista, en Italia es imprescindible forjar una nueva política nacional de transporte, reduciendo la movilidad y facilitando el acceso de los ciudadanos al trabajo, al estudio y a los servicios en general, mediante diversos modos de transporte. “Es preciso romper esta colusión de la política con la industria y los negocios. Sólo así podrán cambiar las cosas, dejando de promover obras que no solamente son inútiles, sino que son fuertemente dañinas para la sociedad y el futuro del país”, concluyó.