(reportatge només disponible en castellà)

Ya han pasado cuatro años desde aquella mañana del 28 de junio 2009, cuando un nutrido contingente de militares atacó, disparando, la vivienda del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, forzándolo a abordar un avión y a abandonar en pijama el país rumbo a la vecina Costa Rica, no sin antes hacer una “escala técnica” en Palmerola, la más grande base militar estadounidense en la región centroamericana.

Durante este período, Honduras se ha hundido en una crisis política, económica, social y de seguridad sin precedentes, con un fuerte repunte de los niveles de pobreza, una creciente militarización de la sociedad y un acelerado desmoronamiento de las instituciones y poderes del Estado.

Mientras tanto, los grupos de poder emergentes y aquellos que orquestaron y ejecutaron el golpe han iniciado una lucha interna, para reacomodarse y conquistar espacios en vista del inminente proceso electoral del próximo noviembre.

Un proceso electoral que, por primera vez en más de 100 años, será caracterizado por la ruptura del bipartidismo clásico, cuya crisis se ha acelerado por la creación y participación de un movimiento de base amplio y polifacético y una fuerza política nueva y pujante, cuyas raíces están hondamente enterradas en la lucha contra el golpe de Estado.

En este sentido, el pueblo hondureño se debate entre una crisis estructural de la sociedad, agigantada hoy por los efectos nefastos que ha dejado la ruptura del orden constitucional, y una lucha de resistencia política y social organizada que genera esperanza para el futuro.

“Han sido 4 años caracterizados por la profundización del proceso de resquebrajamiento institucional del Estado, tanto en términos de seguridad, educación, salud y servicios básicos, como de crisis profunda de la política y la justicia”, dijo a Opera Mundi, el sociólogo y analista político, Eugenio Sosa.

Violencia e impunidad

De acuerdo con datos de la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Honduras alcanzó en 2012 la mayor tasa de homicidios del mundo (86 por cada 100 mil habitantes), es decir  casi 10 veces el promedio mundial de 8.8 homicidios. La OMS (Organización Mundial de la Salud) califica de “epidemia” la tasa que supera los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El Observatorio de la Violencia de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras) calcula un promedio de casi 20 personas asesinadas a diario durante ese mismo año. El Ministerio Público (MP) reconoce que solamente 20 de cada 100 casos de asesinato son investigados y es infinitesimalmente baja la cantidad de los que se judicializan y terminan con una condena.

En abril pasado, el Congreso Nacional nombró una Comisión Interventora del Ministerio Público, con el objetivo, entre otros, de realizar un diagnóstico integral de la institución y desarrollar e implementar una evaluación y depuración de todas sus estructuras. Como resultado del diagnóstico, la Comisión iba a proceder a contratar, nombrar, sustituir, rotar y cancelar personal del MP.

Si bien el nombramiento de esta Comisión fue criticado y hasta tachado de ilegal por la forma en que se llevó a cabo, sus miembros siguen investigando y han logrado una prórroga de su mandato que era de 60 días.

“En el país la impunidad es total y el sistema judicial funciona bien sólo para los victimarios, para los que cometieron el golpe, mientras está absolutamente en contra de las víctimas”, asegura el periodista y comunicador social Félix Molina.

Según él, durante estos cuatro años no ha habido sentencias ejemplarizantes que reivindiquen moralmente a las víctimas. “No hay una justicia percibida, y cuando la ciudadanía no percibe la justicia, también tiene dificultad para percibir al Estado”, dijo.

Cuando se habla de violencia e impunidad resulta emblemático el caso de la región del Bajo Aguán, al noreste del país. Ahí, el conflicto agrario que se ha originado por la expansión del monocultivo de palma africana y la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas, ha dejado un saldo de no menos 60 campesinos organizados asesinados después del golpe. “Hasta la fecha, ninguno de estos casos ha sido investigado, ni los responsables han sido asegurados a la justicia. La impunidad es total”, apunta Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).

Durante dos meses, la Comisión Interventora del MP investigó todo acto realizado por cualquier miembro de la institución y después de varios cambios internos, rotaciones de personal y no renovación de contratos, hace dos semanas presentó un informe preliminar ante el Congreso Nacional. En ese informe los integrantes de la Comisión señalaron las graves anomalías cometidas por las autoridades del MP y emprendieron los primeros pasos
para acusar de abuso de autoridad y violación a deberes públicos al Fiscal general, Luis Rubí, y al Fiscal Adjunto, Roy Urtecho.

Como consecuencia inmediata de este informe, la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional recomendó ayer (25/6) separar de su cargo a los dos funcionarios por medio del juicio político. En su informe preliminar, la Comisión del Congreso señala que los fiscales cometieron “incumplimiento grave de sus funciones, atribuciones y obligaciones", y que
no ejercieron la acción penal pública en distintos casos “causando con ello una grave impunidad en perjuicio de la población”.

Además, la Comisión del Congreso recomendó al plenario "iniciar la pronta discusión de una nueva ley orgánica del Ministerio Público, que le permita a la institución cumplir con las funciones y atribuciones que le establece y demás legislación nacional". Ante la fuerte presión generada en los últimos meses, en la noche de este 25 de junio, Luis Rubí y Roy Urtecho presentaron su renuncia.

Sin embargo, la ex directora de Asuntos Internos de la Policía Nacional,  María Luisa Borjas, aseguró a Opera Mundi que la grave crisis de esta institución y del conjunto de órganos encargados de procurar y administrar la justicia aún está lejos de terminar.

Depuración y remilitarización

El nivel de violencia e impunidad en la sociedad hondureña es directamente proporcional al grado de corrupción e infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en las instituciones y poderes del Estado, incluyendo a los órganos de seguridad pública.

Ante esta situación, el presidente Porfirio Lobo, con el apoyo del Parlamento donde goza de amplia mayoría, lanzó una ofensiva contra el crimen, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, los resultados han sido muy escasos.

En junio del año pasado, se aprobó el decreto de emergencia 89-2012, para iniciar un proceso de depuración policial, durante el cual la recién conformada DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial)  iba a aplicar pruebas de confianza integrales - poligráfica, toxicológica, psicométrica y socieconómicas - a los oficiales de polícia.

De acuerdo con las declaraciones ante el Congreso Nacional del director de la DIECP, Eduardo Villanueva, durante los casi trece meses del proceso de depuración se aplicó un total de 774 pruebas de polígrafo, resultando un total de 230 requerimientos de despido de policías a la Secretaría de Seguridad. De esta cantidad, 33 se convirtieron en órdenes de separación y sólo 7 fueron ejecutados, de un total de casi 14 mil miembros que tiene la institución policial.

“¿Cómo es posible que los oficiales que salieron reprobados en las pruebas de confianza no sólo no fueron separados del cargo, sino que fueron ascendidos al grado inmediato superior o están ostentando cargos de dirección? ¿De qué depuración estamos hablando, entonces?”, se preguntó la ex comisionada Borjas.

Para ella, es evidente que se pretende hacer creer al pueblo que realmente se quiere sanar la institución policial, “pero sus actos demuestran lo contrario”. Cita varios ejemplos, entre ellos los del ex vocero del Ministerio de Seguridad, comisionado Iván Mejía Velásquez, y del director general de la Policía Juan Carlos Bonilla Valladares.

Mejía Velásquez tiene un auto de prisión para violación a los derechos humanos, abuso de autoridad y lesiones, mientras el “Tigre” Bonilla, como le dicen aquí, fue investigado por haber perpetrado tres asesinatos extrajudiciales y por estar relacionado con varios casos de secuestro y desapariciones. Ambos continúan desempeñando altos cargos en la institución.

“Deberían estar suspendidos y hasta presos, sin embargo Mejía Velásquez acaba de ser ascendido al cargo de director de la Policía Preventiva, mientras que Bonilla Valladares ostenta el rango más alto en la institución”, explicó.

Borjas estaba a cargo de la Unidad de Asuntos Internos cuando, en 2002, se investigó a Juan Carlos Bonilla. “Lo estábamos investigando por 13 casos de violaciones graves, incluyendo a ejecuciones sumarias de jóvenes y supuestos pandilleros, pero solamente logramos llevar uno ante la Fiscalía, porque ya no nos dejaron continuar”.

La ex comisionada relató a Opera Mundi que fue separada del cargo en 2003, por el entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez . “Nos quitaron la logística, despidieron a mis colaboradores y a los investigadores y finalmente, cerraron la Unidad. Sin embargo, la Fiscalía logró judicializar el caso y el juez emitió orden de captura contra Bonilla Valladares y sus tres acompañantes: Carlos Arnoldo Mejía López, José Ventura Flores Maradiaga y Juan José Zavala Velásquez”, explicó.

Hoy día, los cuatro oficiales siguen ostentando altos cargos en la institución, gracias a una absolución derivada de un “acuerdo extrajudicial” que en 2004 firmaron el ministro Álvarez y la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales. “Bonilla Valladares les sirve para hacer ‘limpieza social’ en todo el país. Esto demuestra que no hay una verdadera voluntad de hacer una depuración, sino temor para actuar y hasta colusión de políticos, fiscales y jueces en actos, tanto de delincuencia común como organizada”, concluyó Borjas.

Además, ese proceso de aparente combate contra el crimen y la impunidad se ha caracterizado por una creciente militarización del país. “Las Fuerzas Armadas están cada día más involucradas en tareas de seguridad y tienen más poder. Se han creado nuevas fuerzas especiales, fuerzas de élite y fuerzas de tarea conjuntas. No hay duda de que, detrás de todo este proceso de remilitarización y de cambio de autoridades de Seguridad, están los Estados Unidos y su proyecto hegemónico en la región”, aseguró el académico Eugenio Sosa.

Proyecto hegemónico

Para el año fiscal 2014, Estados Unidos prevé una ligera disminución de los fondos destinados a la “lucha contra la droga” en México y Colombia, a cambio de un aumento para la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central), para la cual el Departamento de Estado solicitó 162 millones de dólares, es decir 26 millones por encima del presupuesto de 2012. Si bien no es fácil conocer exáctamente qué cantidad de recursos llegará a Honduras a través de diferentes vías y programas, es lógico pensar que ese país gozará de una atención privilegiada.

Recientemente, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la creación de mil nuevas plazas para soldados del Ejército y la conformación del cuerpo élite Tigres (Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial). “Se quiere hacer crecer el poderío militar a costillas de la seguridad pública. Hay una intención manifiesta de cerrar la Policía y que el instituto castrense maneje el tema de seguridad pública”, declaró a medios nacionales el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce.

Durante el 2011, el Péntagono incrementó su gasto militar en el país de un 71% con respecto al año anterior. Pese a la grave crisis económica, político-institucional y social que embistió a Honduras desde el golpe de Estado, a las repetidas denuncias de corrupción, violación a los derechos humanos y colusión con el crimen organizado dirigidas a la Policía Nacional, y al fracaso del proceso de depuración policial, Estados Unidos sigue aportando fondos para continuar con sus programas.

En declaraciones a Opera Mundi, la directora del Programa de las Américas del CPI (Centro para la Política Internacional), Laura Carlsen, sostuvo que Estados Unidos “quiere tener más control sobre las estrategias de seguridad internas de los países centroamericanos, sobre todo ahora que varios gobiernos progresistas o de izquierda se han instalado en América Latina. En este sentido - continuó – Estados Unidos busca fortalecer su presencia militar para enfrentar lo que ve como una amenaza contra su hegemonía tradicional en la región”, dijo.

Según Félix Molina, ya se estarían viendo varios señales que muestran la progresividad de dicha intervención en el escenario hondureño. “Se inició con la firma de un intercambio de inteligencia y de experiencias entre el régimen de Porfirio Lobo y Colombia y después vino la autorización para crear nuevas bases militares de Estados Unidos en La Mosquitia y el Caribe. Asimismo, estamos asistiendo a la llegada de altos funcionarios del Departamento de Estado y a la intervención directa en el proceso de evaluación del Ministerio Público, de depuración de la Policía y de creación de varias leyes”, asegura el periodista.

Entre las leyes cuestionadas, Molina citó, entre otras, la Ley Antiterrorista, la Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas, la Ley de Inteligencia Nacional y la Ley de Extradición para Hondureños.

En marzo pasado, el subsecretario adjunto de Estado de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, informó sobre la aprobación de un financiamiento de 16.3 millones de dolares para crear una fuerza de tarea policial para combatir los crímenes más graves.

Mantener a Honduras en las primeras planas de periódicos y noticieros como el país más violento del mundo y como un Estado fallido sería, entonces, parte de la estrategia norteamericana para justificar una posible intervención de hecho. “Estados Unidos maneja un doble discurso para garantizar sus objetivos y prioridades estratégicas. Estamos viendo un incremento de su presencia y de sus bases militares en la región, así como de sus proyectos sociales y de cooperación, que ocultan sus verdaderos intereses”, dijo Borjas.

Un protagonismo, en apariencia silencioso y sutil pero muy efectivo en la práctica, que según Molina busca fortalecer institucionalmente el aparato de Seguridad  de Honduras, pero que en realidad “apunta a fortalecer al Ejército, es decir el aparato que monopoliza la violencia en el Estado hondureño, y a garantizar su control hegemónico”.

Recientemente, 21 senadores de Estados Unidos  enviaron una carta al Secretario de Estado, John Kerry, señalando como un “fracaso decepcionante” el proceso de depuración. Asimismo, exigieron “una rendición de cuenta” de los fondos desembolsados por Estados Unidos y destinados al Ejército y la Policía hondureña. “Debemos asegurarnos de que fondos estadounidenses no estén permitiendo violaciones desenfrenadas de los derechos humanos, incluso por miembros de las fuerzas de seguridad de Honduras que actúan amparados por la impunidad", señala la carta.

Desastre económico

Según el Observatorio del mercado laboral del Ministerio del Trabajo, en 2012 el 67% de la población - 5.5 millones de personas - estaba en pobreza, de los cuales 3.8 millones en pobreza extrema. Datos del FOSDEH (Foro Social de la Deuda Externa de Honduras) evidencian que del 2009 al 2012, la cantidad de pobres ha incrementado de 2.1 millones.

La actual crisis económica de Honduras es producto de la combinación de dos elementos: la crisis financiera mundial y el golpe de Estado de 2009. Actualmente, la deuda total, calculada en casi unos 14 mil millones de dólares, ha superado el 70% del PIB (Producto Interno Bruto), el déficit fiscal ha alcanzado el 6%, mientras el 63% de los asalariados y el 80% de quienes trabajan por cuenta propia, ganan por debajo del salario mínimo y del equivalente de la canasta básica.

Raf Flores, subcoordinador del FOSDEH, estima que durante los últimos años, “por cada 100 personas en que ha crecido la población, 145 han entrado en pobreza, y los programas gubernamentales para la reducción de la pobreza no están tocando los factores determinantes que la originan”. Además, hay varios sectores de clase medio-baja que ya han caido en condiciones de pobreza, mientras la tasa de desempleo y subempleo ha alcanzado casi el 80%.

“La situación no sólo es muy complicada, sino que tampoco vemos que el gobierno tenga una visión estratégica integral de cómo enfrentar esta problemática, para generar crecimiento y, a la vez, disminuir la brecha de rezago y exclusión social que ha venido ampliándose, y que se manifiesta con mayor migración, pobreza e inseguridad social”, dijo Flores a Opera Mundi.

Según el economista, la principal actividad económica que ha mantenido un fuerte crecimiento es la financiera. Esto se debe a la emisión de grandes cantidades de bonos soberanos de corto plazo y con alta tasa de interés. “El negocio para el sistema financiero en prestarle al Estado y recibir tasas de interés que se acerca al 15% anual. El mercado está tan saturado que el Banco Central está admitiendo que parte del encaje legal de los bancos sea en bonos soberano, garantizándoles un doble interés y una doble ganancia”, explicó.

Durante los primeros meses del golpe, el gobierno de facto de Roberto Micheletti logró sobrevivir y aguantar económica y financiariamente a costa del aumento desmedido del endeudamiento público. Principales receptores de los bonos soberanos fueron justamente los sectores y grupos financieros que apoyaron el golpe y que, hoy, siguen endeudando al país.

“Con esta situación se está ampliando la brecha en el poder adquisitivo de las personas. El costo de la canasta básica se ha ido incrementando, pero el ingreso de salarios no ha compensado este aumento, empeorando la curva de pobreza”, dijo Flores.

El rubro que genera más divisa al país son las remesas familiares, que el año pasado han alcanzado los 3 mil millones de dólares. Por el contrario, ha habido una fuerte contracción del sector productivo, agrícola e industrial, y de la construcción. Ese último, que historícamente ha encabezado la generación de puestos de trabajo en Honduras, no sólo no se ha podido recuperar de la crisis originada por el golpe, sino que se ha transformado en ámbito privilegiado para el repunte del lavado de dinero.

“Los elementos de inestabilidad político-económica derivados de la crisis de 2009 todavía persisten, así como se acrecentaron los elementos de ingobernabilidad.  El gobierno se ha lanzado en medidas extemporáneas que no han resuelto el problema, profundizando el proceso de privatización o concesionamiento de bienes públicos”, explicó Flores.

En efecto, en la mira de la COALIANZA (Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada) están las carreteras, los puertos, las telecomunicaciones, así como la energía eléctrica, acueductos y alcantarillado, los principales recursos naturales para el desarrollo de megaproyectos mineros e hidroeléctricos, y hasta el propio territorio con la aprobación de las reformas y las leyes que impulsan las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), mejor conocidas como ciudades modelo.

“Son procesos muy poco transparentes, cuyo costo en términos de reducción de entradas fiscales se desconoce. La inversión pública está desapareciendo, en cuanto casi el 50% de las entradas tributarias se van entre el servicio de la deuda y el gasto de salarios. Gane quien gane el próximo noviembre, encontrará un país muy complicado y deberá atacar los factores determinantes de la inmovilidad, exclusión e inequidad social, estableciendo nuevas reglas del juego e impulsando un pacto y un acuerdo económico y social serio en el país”, concluyó Flores.

Proceso electoral y derechos humanos

Ante un escenario electoral seguramente muy complicado y, al mismo tiempo, estimulante, el partido Libertad y Refundación (Libre) realizó el pasado domingo (16/6) su Asamblea Nacional, ratificando los resultados de las elecciones primarias del pasado noviembre y adelantando puntos importantes de lo que sería su programa de gobierno.

“Sólo un año después de su conformación, Libre, un partido que se ha formado y ha crecido en las calles con el pueblo, se ha convertido en la primera fuerza política del país. Nuestra candidata de consenso Xiomara Castro, ha sido la candidata presidencial más votada en toda la historia del país”, dijo Enrique Flores Lanza, ex ministro de la presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya y actual candidato a diputado.

Según la última encuesta realizada en mayo por Cid Gallup, Castro encabeza la lista de los siete candidatos que participarán en las elecciones del 24 de noviembre con el 28% de las preferencias. Le siguen el presentador de televisión Salvador Nasralla, del PAC (Partido Anticorrupción) con el 21%, el actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández del PN (Partido Nacional) con el 18% y el candidato del PL (Partido Liberal,, Mauricio Villeda con el 14%.

Durante su intervención ante miles de simpatizantes, Castro prometió refundar a Honduras convocando a “un nuevo pacto social a través de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, incluyente y de profunda participación popular”. De esa manera, pretende “iniciar un camino de reconciliación y de transformación democrática y pacífica del país, derogar las leyes neoliberales aprobadas después del golpe, devolver los militares a sus cuarteles, acabar con la impunidad y reformar el entero aparato de seguridad y justicia”.

Sin embargo, no previendo la legislación electoral hondureña una segunda vuelta de balotaje, los resultados de la última encuesta de Cid Gallup por un lado entregarían la presidencia a la ex Primera Dama, pero, por el otro, determinarían una profunda división en el Congreso Nacional y en la distribución de los gobiernos municipales.

“Nuestra candidata tiene 14 meses de estar creciendo de manera ininterrumpida y ésto tiene con suma preocupación a la derecha y la oligarquía golpista, y la está haciendo reaccionar”, señaló Flores Lanza.

A ese propósito, Bertha Oliva manifestó fuerte preocupación ante una previsible profundización de los ataques físicos contra miembros o simpatizantes de Libre.

“Estamos ante una estructura muy bien organizada para crear terror y la violación de los derechos humanos está aumentando a medida que se acercan las elecciones. De las personas que estuvieron acompañando al ex presidente Zelaya en la embajada de Brasil, ya son 8 las que fueron asesinadas en menos de dos años”, dijo Oliva.

La coordinadora del COFADEH reveló que en estos primeros 6 meses del año ha habido un fuerte aumento de la cantidad de denuncias presentadas ante esta organización, en su mayoría de parte de miembros del partido de Xiomara Castro y de la Resistencia en general.

Para ella, existiría “un verdadero odio colectivo de parte de la gente que dio el golpe”, lo cual, sumado a la creciente militarización de la seguridad pública y la proliferación de los cuerpos privados de seguridad  - se contabilizan más de 700 empresas de seguridad y unas 70 mil guardias privadas -, estarían llevando a Honduras hacia el caos.

“Si las encuestas continúan apuntando a una posible victoria de Xiomara Castro, los sectores golpistas van a hacer cualquier cosa para sembrar el caos y justificar una suspensión del proceso electoral”, aseguró la defensora de derechos humanos.

Para Flores Lanza, las fuerzas aglutinadas en Libre no se están enfrentando solamente al poder oligárquico nacional, “sino a los intereses del imperio norteamericano y de toda la derecha internacional, que actúa como una sola fuerza, al igual que en Venezuela durante las últimas elecciones”, dijo.

Es por eso, que el nuevo partido está enfocado en la formación y capacitación de sus cuadros y militantes  para la defensa del voto. “La fuerza del pueblo es lo único que puede derrotar estos intentos de los partidos tradicionales y de la oligarquía de perpetuarse en el poder”, concluyó.

Criminalización de la protesta

La violencia político-electoral se mezcla también con la criminalización de la protesta social. Es ese el caso de Bertha Cáceres, dirigente indígena del COPINH (Consejo de organizaciones populares e indígenas de Honduras), quien el pasado 24 de mayo fue detenida ilegalmente por efectivos del ejército y la policía, junto con el comunicador social y miembro de la misma organización, Tomás Gómez, mientras viajaban en vehículo hacia la zona de Río Blanco, donde desde hace casi 3 meses las comunidades indígenas lencas están protestando y deteniendo la ejecución del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Después del sobreseimiento provisional dictado por el tribunal de Santa Bárbara, la Procuraduría de la República apeló la sentencia y Cáceres deberá enfrentar otro juicio  por los supuestos delitos de posesión ilegal de armas y por estar atentando contra la seguridad del Estado.

La lucha contra los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la minería, la expansión de monocultivos, así como contra el concesionamiento de recursos naturales y de territorios de parte de las organizaciones sociales y populares que participaron activamente contra el golpe de Estado, sigue siendo criminalizada.

“Se trata de un juicio político, a través del cual se pretende seguir criminalizando la lucha histórica que el pueblo lenca está librando contra el saqueo de recursos y territorios. Sin embargo, pueden encarcelarnos o hasta asesinarnos, pero la lucha no se va a detener. Las comunidades están listas y decididas y no van a permitir otro atropello a su territorio ancestral”, dijo Cáceres.

La ex comisionada Borjas confirmó este análisis al declarar que los policías que integrarán la Unidad Tigres ya están siendo entrenados en tres unidades militares, en lo que es combate de baja intensidad y contrainsurgencia. “Su función es la persecución de líderes sociales, con la que se pretende desarticular a las organizaciones sociales. No es más que la réplica del nefasto Batallón 3-16, que funcionó en los años 80 para perseguir, secuestrar, torturar y ejecutar a personas con ideología diferente a la del gobierno y los grupos de poder. La ciudadanía continúa en una situación de alto riesgo y de precariedad extrema, pero seguimos trabajando para cambiar las cosas con propuestas serias y concretas”, concluyó Borjas.

II

“Los sectores que dieron el golpe son torpes y están afuera de la historia”, dice Víctor Meza, ex ministro de Zelaya

Víctor Meza. Fotografía de Giorgio Trucchi | Opera Mundi.

Cuatro años después del golpe de Estado que derrocó al  presidente Manuel Zelaya Rosales, Honduras no ha podido recuperarse. Sin embargo, algo que los sectores de la “oligarquía golpista” no habían previsto fue la espontaneidad de la reacción popular, que desembocó en una masiva protesta social en defensa de los derechos y los bienes comunes. Tampoco creyeron en la posibilidad de que surgiera y se consolidara un nuevo partido político, como es Libre (Libertad y Refundación), cuya candidata presidencial, la ex Primera Dama, Xiomara Castro, lidera las encuesta para las elecciones del 24 de noviembre próximo.

Sobre estos y muchos otros temas, Opera Mundi conversó con Victor Meza, ex ministro del Interior y pieza clave de la delegación que representó a Zelaya en la negociación post-golpe, es también director y fundador del CEDOH (Centro de Documentación de Honduras). El año pasado, el nombre de este intelectual prestado a la política apareció en unos cables enviados por el entonces embajador estadounidense, Larry Palmer y publicados por Wikileaks.

En ellos, el diplomático lo señalaba como informante de la embajada estadounidense. Meza siempre ha rechazado esta versión, denunciando la manipulación de los periódicos hondureños y el intento de desprestigiarlo por señalar el involucramiento norteamericano en el golpe.

Opera Mundi: ¿Cuál es la situación de Honduras cuatro años después del golpe de Estado?
Víctor Meza: La Honduras que tenemos hoy es la consecuencia directa del golpe y es muy diferente de la Honduras pre golpe. Antes del 28 de junio de 2009, el país tenía relativa estabilidad interna, con niveles de seguridad alarmantes, pero todavía controlables, con índices de crecimiento económico aceptables y con una deuda interna manejable.

La Honduras de hoy es exactamente lo contrario. El país está sumido es su peor crisis de inseguridad, con una deuda interna inmanejable que constituye el 43% de la deuda total, la cual ya ha alcanzado casi el 40% del PIB (Producto Interno Bruto).

Es una Honduras en crisis de institucionalidad, con fuertes conflictos sociales y a punto de desembocar en un proceso electoral que va a ser el más complicado de los últimos 30 años.

OM: ¿Por qué va a ser el más complicado?
VM: Por varios factores. En primer lugar porque se produce en condiciones post golpe, es decir en medio de una nueva polarización político-social en el país. El enfrentamiento ya no va a ser entre los viejos adversarios tradicionales de la política hondureña, sino entre golpistas y anti golpistas. Además, el sistema bipartidista, que fue una de las primeras víctimas institucionales del golpe, ha dejado de existir. Hoy tenemos por lo menos tres partidos grandes disputándose el poder y nueve partidos participantes, lo cual es algo absolutamente nuevo en la historia contemporánea de Honduras.

Una cosa es cierta: las fuerzas de ultraderecha, concertadas entorno a las élites conservadoras hondureñas que son, sin duda alguna, las más conservadoras de América Latina, están pagando las consecuencias del golpe. Están sumidas en un estado de verdadero pánico ante la posibilidad de que el partido Libre, surgido de las entrañas de la resistencia contra el golpe de Estado, pueda triunfar en las próximas elecciones.

OM: ¿Si los efectos del golpe fueron tan negativos para estos sectores, ¿por qué cree que tomaron esta decisión?
VM: El golpe de Estado es el resultado del miedo de las élites conservadoras ante una creciente dinámica de inclusión social de los sectores más pobres. El proyecto que animaba al gobierno zelayista no era un proyecto revolucionario, sino de elemental justicia social, que inició a tomar forma sólo después de la mitad del período de gobierno.

La gran pregunta que nos hacíamos era cómo hacer incluyente un sistema diseñado para ser excluyente. El gobierno estuvo buscando formas de inclusión y de movilización social, y el proyecto de la Cuarta Urna fue una de las expresiones de esta búsqueda. Queríamos que la gente dejara de ser el tradicional objeto de los procesos electorales, sino que participara y que comenzara a convertirse en un sujeto social, con autonomía propia y con dinámicas sociales movilizadoras.

Eso provocó el miedo en estos sectores de la élite político-económica del país, animada ideológicamente por el fundamentalismo religioso y respaldada por militares herederos de la Guerra Fría y congelados en el tiempo, que fingían ser subordinados ante las autoridades democráticamente electas.

OM: ¿Cuáles son las características de estas élites?
VM: Son élites asustadizas, poco ilustradas y torpes, que recibían con entusiasmo los consejos de grupos ultraderechistas de Washington, particularmente del lobby de los sectores vinculados a los grupos de exiliados cubanos de Miami y a los grupos de venezolanos antichavistas.

La combinación y la mezcla de estos elementos producen esa aberración histórica que fue el golpe, generando las consecuencias ya mencionadas, es decir la ruptura del bipartidismo y el surgimiento de una tercera fuerza política importante en el país.

Fueron tan idiotas que no se dieron cuenta que derrocando a un gobierno constitucional generaban un nuevo escenario político, en donde las nuevas dinámicas sociales se traducirían en nuevas opciones políticas.

Creo que aún no han entendido lo que significó realmente el golpe, ni el movimiento social que se generó y que sorprendió hasta el mismo gabinete de Zelaya. Fue nuestro Mayo francés.

OM: Sin embargo, el sector financiero salió ganando con el golpe
VM: El sector financiero siempre sale ganando. Desde 1990, este sector es el grupo económico más beneficiado de la economía hondureña. Ese grupo nunca pierde, porque siempre le apuesta a los ganadores.

Durante el golpe fue el grupo que le prestó el dinero al gobierno de facto de Micheletti. Estamos hablando de más de 2 millones de dólares diario y hoy este sector está cobrando con creces su dinero y sus intereses. Es por eso que la deuda interna de Honduras se ha vuelto inmanejable.

OM: ¿Cuáles son los elementos que caracterizan la crisis de seguridad que está viviendo Honduras?
VM: Es una combinación de factores. En primer lugar es una crisis determinada por el crecimiento alarmante de las redes delincuenciales y del crimen organizado en todo el país. Esto se traduce en penetración institucional, fuerte debilitamiento de las mismas instituciones estatales, incluyendo a las de seguridad, y en un peligroso proceso de erosión y evaporación de la presencia del Estado.

Honduras, por su posición geográfica, tiene 3 fronteras terrestres y 9 marítimas, y está muy expuesta a la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, lo cual genera consecuencias muy graves en términos de violencia. Además, la Policía hondureña permaneció 35 años como una unidad subordinada dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Es hija del militarismo y, por lo tanto, tiene una profunda cultura militar y un gran déficit de cultura policial.

Esto hace que sea una Policía fácilmente convertible en un órgano de represión interna, siempre a la búsqueda de un enemigo  para destruirlo y no de un ciudadano para protegerlo.

Esta Policía, militarizada culturalmente y corrompida institucionalmente, se convierte en una arma contra la ciudadanía y no es auto reformable, sino que hay que reformarla desde afuera, con voluntad política, valentía, decisión y conocimiento.

Si a eso le agregamos una Fiscalía y una Corte Suprema de Justicia en proceso de contaminación política permanente, que las degrada y las vuelve ineficientes y corruptas, el resultado es una crisis de seguridad nunca antes vista.

OM: En varios sectores de la sociedad hay fuerte preocupación por la creciente militarización de la seguridad pública.
VM: El militar está preparado para la guerra y educado para aniquilar al enemigo, no para proteger al ciudadano. Por el contrario, el policía debería estar preparado para evitar la muerte y proteger la vida de las personas. Esto explica los altos niveles de virulencia y de brutalidad con que la Policía reaccionó después del golpe contra la población. Ahí vimos los policías actuar por lo que son: apéndices de los militares.

Es por eso que debemos acelerar el diseño de una reforma de la Policía, para lograr una profesionalización que rompa, de una vez, la cultura castrense, reemplazándola con una cultura comunitaria.

OM: ¿Por qué ha fallado la depuración de la Policía?
VM: Por varias razones. La depuración comenzó de abajo hacia arriba, mientras debería ser lo contrario, es decir comenzar a depurar la cúpula policial porque después va a ser más fácil depurar la base. Además, la depuración fue concebida como un proceso muy largo, prolongado y lento, recubierto de un manto de secretividad que lo volvió sospechoso y poco creíble, quitándole legitimidad pública.

Tampoco fue parte de un proceso de reforma integral mucho más amplio, que incluya un cambio radical del sistema de selección, nombramiento, educación y promoción de los policías. Visto solamente como un componente aislado, el proceso de depuración no va a poder impedir de que haya un retroceso.

Es por eso que decimos que puede haber depuración sin reforma, pero nunca reforma sin depuración.

OM: ¿Quién gana al fracasar la depuración policial?
VM: Los primeros que ganan son los actores vinculados al crimen organizado. Son grupos fácticos informales que operan en la sociedad hondureña, que tienen influencia, que financian campañas políticas,  que controlan eslabones importantes de la economía y que influyen en el sistema institucional y político de Honduras.

Son los primeros beneficiarios de la ausencia de una real política de depuración y por lo tanto, son los que alimentan, estimulan y financian la contrarreforma. En medio de esta situación hay que enfocar el tema de la politización partidaria y sectaria de las instituciones. En la medida que sigue este proceso, las instituciones son inútiles.

Tenemos un Estado paquidérmico, lento, contaminado, vulnerable, que en lugar de caminar avanza casi arrastrándose, incapaz de enfrentar el desafío de la inseguridad.

Hay que cambiar toda la estructura y el sistema, y no solamente reaccionar ante la coyuntura aprobando nuevas medidas y nuevas leyes, o cambiando personas. Es por eso que la consigna es la Asamblea Nacional Constituyente, para refundar un Estado que está diseñado para no cambiar y perpetuar el statu quo.

OM: ¿Qué rol está jugando Estados Unidos en Honduras?
VM: Estados Unidos es un país que tiene su propia agenda y sus prioridades en términos de seguridad. Por la importancia estratégica que tiene nuestro país para Washington, frecuentemente la agenda de Honduras queda supeditada a la de Estados Unidos, y muchas veces las prioridades de los dos países no coinciden.

Los norteamericanos, por ejemplo, privilegian la formación de grupos élites y de fuerzas de tarea, y ya hay unos 10 grupos dentro la fuerza de seguridad hondureña controlados, dirigidos y estructurados por Estados Unidos. Cuando Honduras pretende diseñar y poner en práctica una agenda propia inevitablemente entra en choque con estas tendencias y prioridades norteamericanas.

Además, durante los años 80, la política norteamericana dejó a Honduras como un territorio poblado por habitantes y no un país poblado por ciudadanos. La situación fue cambiando poco a poco a partir de los años 90, pero el golpe le dio un impulso inesperado a este proceso y generó una dinámica de vocación ciudadana como nunca antes visto. Esta situación le preocupa a Estados Unidos.

Espero que tengan la capacidad de buscar y construir una relación relativamente respetuosa con un posible gobierno de Xiomara Castro, así como de cooperación más intensa a nivel económico.

La Honduras de hoy es consecuencia de la firma del Acuerdo Tegucigalpa-San José Diálogo Guaymuras, que condujo a diversificar el sistema político y a enterrar el viajo equilibrio en el país. Con una dosis suficiente de pragmatismo, los norteamericanos tendrán que saber negociar este proceso de construcción de un nuevo equilibrio, que supone la aceptación de un tercer invitado en la mesa.

OM: ¿Qué elecciones van a ser las del 24 de noviembre?
VM: Elecciones difíciles y complicadas, con un sistema electoral diseñado para dirimir la disputa entre dos fuerzas políticas iguales y sin diferencias ideológicas, y con un aparato militar y de seguridad que fue parte del golpe. Ahora la situación ha cambiado y este sistema electoral no está preparado.

Siento que el pueblo es más despierto, más exigente, con demandas sociales más consistentes. Hay como un deseo de expresarse en las urnas para vengarse del golpe.

 III

“Vamos a defender el voto en las urnas y en las calles”, dice Juan Barahona

Juan Barahona. Fotografía de Giorgio Trucchi | Opera Mundi.

El 4 aniversario del golpe de Estado que en 2009 derrocó al presidente constitucional de Honduras, Manuela Zelaya Rosales, se enmarca en una coyuntura electoral que, el próximo 24 de noviembre, llevará a unos 5.3 millones de hondureños a las urnas para elegir el futuro presidente de la República, 128 diputados y los alcaldes de los 298 municipios con que cuenta el país.

La profunda crisis político-económica y social derivada del golpe ha sacudido y dividido la sociedad y las familias hondureñas. Juan Barahona, actual subcoordinador del FNRP(Frente Nacional de Resistencia Popular) y candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Libre (Libertad y Refundación), asegura a Opera Mundi que la mañana de aquel 28 de junio de 2009 el pueblo se volcó a las calles de manera espontánea, para luchar contra el quiebre del orden constitucional en el país.

Según el también secretario general de Libre e histórico dirigente sindical, nadie se esperaba que el FNRP pudiese organizarse y crecer tanto a nivel nacional, dando vida, sólo tres años después, a un partido cuya candidata, Xiomara Castro, encabeza todas las encuestas de preferencia de voto.

Opera Mundi: Faltan cinco meses a las elecciones nacionales. ¿Cómo se está preparando el partido Libre ante esta cita?
Juan Barahona: Somos un partido nuevo, que tiene poco más de un año de vida, y ya contamos con estructuras en todos los municipios y departamentos del país. Fuimos capaces de ir a elecciones primarias para elegir a nuestros candidatos en vista de las elecciones nacionales de noviembre.

Estamos creciendo y nuestra candidata de consenso, Xiomara Castro, está encabezando todas las últimas encuestas. Eso nos indica que tenemos el apoyo y el respaldo de la mayoría del pueblo, porque hemos sabido interpretar sus aspiraciones de cambio y presentar propuestas concretas.

OM: ¿Cuáles son los elementos que más caracterizan la propuesta política de Libre?
JB: Sin lugar a duda la propuesta de impulsar y gobernar con un modelo diferente al modelo neoliberal, que históricamente concentra riqueza y reproduce pobreza.  Además, durante su discurso en la Asamblea Nacional de Libre el 16 de junio pasado, Xiomara Castro ha dicho que quiere promover un socialismo democrático, es decir avanzar hacia un cambio del modelo capitalista.

Son propuestas que el pueblo está apoyando firmemente, no porque somos un partido nuevo, sino porque tenemos propuestas concretas para cambiar la situación económica, política, social y cultural de nuestro país. Libre es una esperanza para el pueblo y una mayor responsabilidad para quienes lleguemos a ocupar cargos de elección popular en el gobierno y en la conducción del partido.

OM: ¿Cómo se va a cambiar un modelo que está hecho para mantener el statu quo y para que nada cambie?
JB: Nos es posible si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente y no aprobamos una nueva Constitución Política. Todo está legislado para garantizar y legalizar los intereses de los oligarcas que han mantenido el control del país, así que es necesario un proceso de refundación, que rompa ese estado de concentración de poder y de recursos.

OM: No sería, entonces, suficiente ganar la Presidencia, sino tener también una mayoría en el Congreso.
JB: Estamos trabajando para tener una fuerza significativa en el Congreso y para controlar un número importante de alcaldías. Solamente de esta manera podremos generar cambios en las instituciones y poderes del Estado, y en la sociedad en general.

OM: Tu trayectoria personal está marcada por una larga historia de lucha sindical al lado de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es la propuesta de Libre en el ámbito laboral? 
JB: Libre ha prometido respetar las conquistas de los trabajadores y trabajadoras, que están reflejadas en la legislación laboral nacional y los Convenios internacionales ratificados por Honduras, tal como el derecho de sindicación y de negociación colectiva. También ha prometido derogar la Ley de Empleo Temporal, que cercena muchas de las conquistas logradas en más de 50 años de lucha.

OM: Ya han pasado 4 años del golpe de Estado. En esos días tan difíciles, ¿cuáles eran las expectativas y qué tanto se han hecho realidad?
JB: En aquel momento estábamos en las calles, desafiando el estado de sitio y la suspensión de los derechos constitucionales, luchando para revertir el golpe y restituir al presidente Manuel Zelaya en la Presidencia.

Aun así no dejamos ni un solo día de salir a las calles en todo el país, Fue un desafío a todas estas medidas represivas de los golpistas, sin pensar que íbamos a llegar a una situación de fuerza como la que tenemos ahora. El FNRP está organizado en todo el país y ha dado paso a la organización de una fuerza política que le está disputando el poder al bipartidismo, que ha gobernado por más de cien años.

OM: Ya hay señales preocupantes en cuanto al aumento de la violencia contra miembros del FNRP y de Libre. ¿Tiene temor de que la situación pueda empeorar a medida que se acercan las elecciones?
JB: Desde el día del golpe de Estado hemos estado bajo una represión salvaje, una violación sistemática de los derechos humanos y muchos compañeros y compañeras han sido reprimidos, perseguidos, encarcelados y hasta asesinados de manera selectiva.

Un día antes de la celebración de nuestra Asamblea Nacional asesinaron a Marvin José Rivera, un joven militante del partido Libre, quien acababa de salir del lugar donde se estaba montando la estructura para la actividad. El 24 de este mes fue secuestrado el periodista Aníbal Barrow, quien estaba comprometido con la Resistencia, y todavía no se sabe nada de él.

Creemos que, a medida que se acercan las elecciones, vamos a enfrentarnos a una profundización de la represión, porque los golpistas apuntan a meter miedo y generar terror, para que el pueblo retroceda y deje de respaldar a nuestro partido.

Prueba de eso es el hecho de que el principal asesor del candidato oficialista, el actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, es J.J. Rendón, el mismo que asesoró al candidato de la derecha venezolana, Henrique Capriles, y que enfocó su campaña en la confrontación, la violencia y el terror.

OM: ¿Se están preparando para defender el voto en las urnas?
JB: No solamente estamos preparándonos para defender el voto en las urnas, sino también en las calles si pretenden robarnos el triunfo. Asimismo, estamos preparándonos permanentemente para conservar nuestras vidas, porque estamos en este proyecto político para cambiar la situación en nuestro país, no para morir.

OM: ¿Cuáles son tus planes en caso de salir electo como Designado Presidencial el próximo 24 de noviembre?
JB: Actualmente soy secretario general de Libre y en la fórmula presidencial de Xiomara Castro voy como primer Designado. Yo vengo de los sectores sociales y populares y voy a representarlos en el marco de un futuro gobierno. Mi responsabilidad va a ser seguir al lado de estos sectores, que históricamente han sido abandonados y excluidos, escuchando sus necesidades y demandas, y tratando de dar respuestas concretas desde el gobierno.