(reportatge disponible només en castellà)

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua en los pasados días 13 y 22 de marzo en Costa Rica se realizaron dos actividades de protesta y movilización social. Decenas de comunidades viajaron hasta San José para reclamar su derecho al agua, mostrar la necesidad de un nuevo marco legislativo y hacer un llamado a las autoridades públicas exigiendo el cese de permisos para proyectos hidroeléctricos, inmobiliarios y de monocultivo sin antes garantizar el acceso de agua para consumo humano  en cantidad, calidad y continuidad.

A este respecto, es clave señalar que para el último Informe del Estado de la Nación (2013, capítulo Capítulo “Armonía con la Naturaleza”), en Costa Rica hubo un aumento de la conflictividad ambiental,  pasando de 34 protestas en 2010 a 48 en 2013. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la entidad reguladora del agua en el país, fue una de las principales instituciones estatales a las que se dirigieron estas protestas. El mismo Estado de la Nación concluye que es el Estado el principal promotor de dicha conflictividad: “una vez más los conflictos ambientales fueron generados por decisiones políticas de alto nivel, o bien por acciones u omisiones de entidades públicas y gobiernos locales”.  

Sin embargo, el mismo Informe afirma que a pesar de que la conflictividad ambiental ha ido en aumento, la protesta ciudadana ha estado también acompañado de las vías judiciales para obstaculizar y hasta modificar las decisiones previamente tomadas sobre el despojo de los bienes ambientales como el agua. Esto llevó al éxito (al menos temporal) de algunas comunidades como las Nimboyores en 1998, Sardinal en el 2010 y Potrero en el 2014. Las protestas ambientales han tenido sus frutos éxitos a lo largo de la historia ambiental costarricense.

Movilización frente a SETENA

El 13 de marzo de 2014 la protesta tuvo lugar frente a las instalaciones de la  Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la institución encargada de analizar los estudios de impacto ambiental para dar viabilidad o no un proyecto específico. En la actividad se hicieron presentes personas de diferentes partes del país. Desde la Zona Sur llegaron indígenas Cabécar y Térrabas así como comunidades de Longo Mai, Buenos Aires, Rey Curré, Boruca, Sonador entre otros. Estas comunidades están amenazadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís el cual se declaró de interés nacional sin antes haber realizado una consulta como lo estipula el Convenio 169 de la OIT. Actualmente se desarrollan distintos Comités de Lucha ya que no sólo el PH Diquís les tiene activos si no que alrededor de 15 Proyectos Hidroeléctricos en la región. De Guacimal de Puntarenas viajaron varios vecinos para mostrar su inquietud sobre un proyecto de riego que se otorgó en 2010 y que podría poner en riesgo el río Veracruz, una arteria del Río Guacimal que supone el principal atractivo de la comunidad para atraer turismo rural comunitario. Desde el Pacífico Norte también se manifestaron representantes de la comunidad de Potrero de Guanacaste, donde hace pocas semanas se desató un conflicto socioambiental por la administración del acueducto comunal a causa del intento del AyA de apropiarse del espacio físico de donde se abastece de agua a toda la comunidad. Todas estos grupos y muchos otros más hicieron eco al lema ¡Agua para la vida, no para los negocios!

Este aumento de protesta corresponde a un modelo de desarrollo económico que históricamente  ha privilegiado los intereses privados en detrimento de las comunidades locales, de una institucionalidad que cede permisos sin comunicar ni hacer partícipe a los afectados y sin hacer estudios a profundidad sobre los verdaderos impactos sociales y ambientales que se producen a nivel local. Las siguientes fotografías dan muestra de algunas de las principales petitorias:

Concierto frente a la plaza de la cultura, 22 de marzo 2014. Foto: Inge Hougaart.

Manifestación frente a SETENA, 13 marzo 2014. Foto: Grettel V. Navas.

Festival por el Agua

Por su parte, el 22 de marzo de 2014, en el Día Mundial del Agua, en la Plaza de la Cultura se realizó el Festival por el Agua, en el que además de celebrar con música y actividades culturales se hizo un llamado a las autoridades nacionales sobre la necesidad de un nuevo marco legislativo en temas hídricos. En el país la Ley de Agua data del año 1942 por lo cual ha quedado obsoleta para la realidad actual. Desde 2012 el movimiento popular reclama una actualización de este marco legislativo a través de la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Costa Rica (núm. 17742).

Este proyecto de ley fue llevado a la Asamblea Legislativa mediante el mecanismo de iniciativa popular el año 2012. En ese momento170,000 costarricenses firmaron a favor para que el proyecto ingresase al Congreso y fuera votado al menos en los dos años siguientes. Sin embargo, al día de hoy, el panorama de este proyecto de ley es desfavorable: diputados en contra del proyecto presentaron textos sustitutivos, una Asamblea saliente con diputados pocos diputados a favor y para finalizar el Poder Ejecutivo convocó el expediente para votarlo en los siguientes 3 días. Ante este panorama de incertidumbre Costa Rica aún no sabe si tendrá o no una nueva ley de aguas.

De igual forma, en el mismo Festival se promocionó la necesidad de una reforma constitucional que declare el agua como “un bien de dominio público y derecho humano”, así como una Ley de Fortalecimiento de Acueductos Comunales donde se establezcan con mayor claridad las competencias de las comunidades y del sector estatal, que permita generar alianzas y cierre portillos para la posible privatización del agua en el país.

Manta, 22 de marzo 2014. Foto: Inge Hougaart.

Manta, 22 de marzo 2014. Foto: Inge Hougaart.

Hacia una movilización social cada vez más articulada y fortalecida

Para José María Villalta, diputado del Frente Amplio, “la diversidad de las luchas es nuestra fortaleza”. Y sin embargo, continuó explicando Villalta en el evento, esta diversidad de luchas corresponden a las mismas causas: una institucionalidad poco clara en el manejo del agua y un Estado que beneficia los intereses de los actores privados. A pesar de esto, Costa Rica, cuenta con un marco legal que permite a las comunidades exigir sus derechos y cambiar muchos de los procesos.

Otra de las actividades que se realizó el 22 de marzo, y como parte de ejercicio colectivo, se creó un mapa de conflictividad existente. En una manta con el mapa de Costa Rica cada comunidad señaló la situación, acciones de movilización y los actores que participan. Con esta acción se pretendía hacer conciencia sobre las causas que producen estos conflictos y fortalecer la articulación entre comunidades para que juntas puedan identificar estrategias de resistencia y de lucha socioambiental.

Mapeo de conflictividad, 22 marzo 2014. Foto: Carles Arias.

Este próximo  6 de abril el pueblo costarricense decidirá en segunda ronda el mandatario para el período 2014-2018. Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudana (PAC) lleva una amplia ventaja y su agenda ambiental promete ser más participativa. Sin embargo aún quedan muchas dudas sobre su posición sobre  proyectos hidroeléctricos, concesiones en infraestructuras, expansión de monocultivos y diferentes proyectos de ley y de reforma constitucional sobre el agua. Además en las últimas votaciones quedó una Asamblea Legislativa fraccionada donde será complicado hacer consensos para la aprobación de la Agenda Hídrica. Mientras tanto, el pueblo continúa gritando en las calles lo que los medios de comunicación no informan y tomando las plazas populares con comparsas, bicicletas, música y hasta poesía bajo el lema de ¡Agua para la vida no para los negocios!