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Durante las últimas dos décadas, la industria minera -en particular la minería metálica- ha retomado gran relevancia en América Central. Ese nuevo auge se debe, por un lado, a la disminución de regulaciones para su actividad de parte de los gobiernos nacionales y, por el otro, a la creciente demanda y los altos precios internacionales de metales como el oro, que en 2013 fue cotizado U$ 1.300 la onza (28 gramos), un incremento aproximado del 350% en los últimos 15 años.

Asimismo, la incesante demanda de mineral de hierro para la producción de acero crudo de parte de China, el mayor consumidor mundial de este elemento, sumado a la aprobación de varias directrices en países del norte, ante el agotamiento de materias primas y su obligación a garantizar el abastecimiento de minerales industriales para sus economías, profundizó aún más la expansión de la actividad minera en América Central.

De acuerdo con el estudio de 2011 “Impactos de la minería metálica en Centroamérica” del CEICOM (Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio), el 14% del total de territorio centroamericano está concesionado a empresas mineras, sobre todo de capital canadiense. El Resumen Ejecutivo del Informe presentado a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) sobre los impactos de la minería canadiense, aclara que entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina está a cargo de empresas canadienses.

Honduras, Nicaragua y Guatemala son los países con más kilómetros cuadrados de territorio concesionados y con más concesiones mineras otorgadas a empresas, tanto nacionales como transnacionales.

Movilización contra la minería en Managua. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

El país con mayor número de concesiones es Honduras. El “Diagnóstico de la Situación Minera en Honduras 2007-2012”, realizado por el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), evidencia que actualmente hay 72 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 102 solicitudes presentadas. Sin embargo, el Cehprodec (Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario) asegura que existen 837 proyectos mineros potenciales -metálicos y no metálicos-, que en términos territoriales significarían casi el 35% del territorio nacional.

En otro diagnóstico presentado el año pasado, el ICEFI reveló que en Guatemala hay 107 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 359 nuevas solicitudes. Si a esos datos sumamos los proyectos no metálicos, el total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los movimientos sociales y populares guatemaltecos alertan que el área total concesionada a empresas mineras supera los 32 mil km², es decir casi el 30% del territorio guatemalteco.

Nicaragua enfrenta una situación muy parecida. En el informe “Estado actual del sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013”, la organización ambientalista Centro Humboldt reveló que la superficie total concesionada es de casi 18 mil km², es decir el 13.5% del territorio nacional, con un total de 446 proyectos mineros.

El Salvador y Costa Rica viven situaciones diferentes. En El Salvador hay un total de 29 proyectos mineros metálicos -más 36 no metálicos-, pero ninguno de ellos se encuentra en fase de explotación. A partir de 2008, varias organizaciones de la sociedad civil salvadoreña iniciaron un minucioso y profundo trabajo de contrainformación, para incidir en la opinión pública sobre los efectos perversos de la minería metálica.

De esta manera buscaban contrarrestar la campaña mediática pro minería, promovida con fuerza por las empresas que estaban desarrollando proyectos explorativos, con el apoyo de los grandes medios de información corporativos y los partidos políticos de la derecha salvadoreña. En este intento, las organizaciones sociales coincidieron con el recién electo presidente Mauricio Funes (2009-2014), apoyado por el partido FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), que condujo al establecimiento de una moratoria ‘de facto’ sobre la minería a cielo abierto.

La decisión del nuevo gobierno y del partido izquierdista salvadoreño en la Asamblea Legislativa de no otorgar ningún permiso de explotación minera, permitió volver a introducir en la agenda parlamentaria la discusión de un proyecto de ley integral, que permitiese definir un marco legal específico para reglamentar cualquier tipo de extracción.

“Lamentablemente, la visión extractivista de los otros partidos ha atrasado lo que consideramos un paso urgente y necesario. Sin embargo, el nuevo presidente Salvador Sánchez Cerén ya se declaró abiertamente contra la minería metálica, dándonos la oportunidad de seguir insistiendo en la urgencia de discutir ese tema”, dijo a Opera Mundi la diputada del FMLN y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Lourdes Palacios.

Mientras tanto, en 2010, tras una larga campaña de concientización y movilización nacional, la Asamblea Legislativa de Costa Rica votó, por unanimidad, la prohibición en su territorio de la minería a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en la actividad minera.

Falsos mitos

Recientemente, Managua fue sede del I Congreso Internacional de Minería, donde delegaciones de gobiernos, empresas mineras, expertos de la ingeniería y geología de más de 25 países de América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá, debatieron sobre innovaciones, programas, adelantos en materia técnica y geológica en la exploración y explotación minera.

Paralelamente, organizaciones sociales y populares de toda América Central realizaron un foro regional alternativo por la defensa de los bienes comunes, donde denunciaron los falsos mitos que rigen la industria minera, así como los graves impactos socio-ambientales que esta actividad y el modelo extractivista en general dejan tras de sí.

Un primer mito es que la explotación minera genera bienestar y desarrollo. “Se trata de un desarrollo artificial. Las empresas mineras se instalan en un territorio por un tiempo determinado, dedicándose a la extracción de un recurso no renovable. A medida que el recurso se agota, la inversión y todo lo que se había generado desaparece, y lo que queda son pueblos fantasmas, retroceso económico y devastación ambiental”, dijo a Opera Mundi, Pedro Landa, miembro del Cehprodec.

Pedro Landa, miembro de Cehprodec. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

Además, las empresas pagan una regalía muy baja por cantidad extraída y su contribución al fisco es prácticamente insignificante. De esta manera, dejan al país una cantidad mínima de recursos si se compara con el valor de exportaciones generado.

En Nicaragua, por ejemplo, el oro se ha convertido en 2013 en el principal rubro de exportación con más de 442 millones de dólares. Sin embargo, la regalía del 3% del valor extraído resulta insignificante frente a las enormes ganancias de las compañías mineras. “Dejan las migajas y se llevan el grueso del dinero. Además, no les importa lo que pasa después. Cuando el oro se acaba, abandonan las minas y los pocos empleos que se han generado, dejando solamente desolación y daños ambientales”, explicó Tania Sosa del Centro Humboldt.

En definitiva, la contribución de la actividad minera a la economía nacional de los países centroamericanos sigue siendo marginal, oscilando entre el 1.25% del PIB (Producto Interno Bruto) de Honduras y el 2.5% de Nicaragua. “Si comparamos estos datos con la actividad agrícola, que en Honduras representa casi el 40% del PIB, es evidente que estamos ante una política errada que está destinada al fracaso”, dijo Landa.

Un segundo mito de la minería es la generación masiva de empleo. Estudios realizados por el Cehprodec demuestran que las empresas mineras medianas, como las que operan en América Central, generan, en su período de mayor explotación, entre 250 y 300 empleos directos y unos 1,200 indirectos.

En Honduras, por ejemplo, la participación de la minería en la generación de empleo absorbió un promedio del 0.2 % de la PEA (Población Económicamente Activa), es decir un poco más de 6,300 puesto de trabajo. En Nicaragua y en Guatemala este porcentaje va un poco más allá del 2%.

Además, se trata de empleos informales, no calificados, mal pagados y esporádicos. “Las empresas operan un promedio de entre 10 y 15 años y después se mudan, o comienzan a generar una serie de traspasos de dueños para crear un ‘velo corporativo’, que no permita identificar quien es el propietario. De esta manera, ocultan a los responsables de los impactos ambientales que, paulatinamente, comienzan a aparecer”, agregó el directivo del Cehprodec.

“Minería verde”

La generación de una minería amigable con el ambiente, una “minería verde”, representa la tercera gran mentira y el espejismo que el capital transnacional pretende presentar como una realidad.

“Mundialmente es ampliamente conocido que la minería es una industria desastrosamente contaminante, genera daños que probablemente nunca puedan resarcirse. En un país tan pequeño y, a la vez, tan poblado como El Salvador, la minería y el uso de grandes cantidades de agua y de venenos tienen un fuerte impacto ambiental en cuanto a la destrucción del ecosistema”, sostuvo Ricardo Navarro, presidente del CESTA-Amigos de la Tierra (Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada).

En efecto, las empresas mineras necesitan de mucha agua para realizar sus labores. De acuerdo con la publicación del Centro Humboldt “La minería o el poder del dinero”, estas empresas gastan en un día lo que una familia campesina consumiría en 20 años.

Además, para realizar el proceso de lixiviación y separar el oro de la roca en las minas a cielo abierto se usa el cianuro, un veneno altamente tóxico cuyo uso en minería ya fue prohibido por la Unión Europea a partir de 2010. Este modelo ocasiona también graves contaminaciones con metales pesados como plomo, arsénico, mercurio, zinc y aluminio.

Según el CEICOM, por cada onza de oro se remueven 20 toneladas de roca, se usa un promedio de 4 kg de cianuro de sodio y se desperdician 28 mil litros de agua por segundo. Además, por cada gramo de oro se requieren dos o tres de mercurio. El agua envenenada va a parar a grades pilas, donde se queda temporalmente para después ser vertida en ríos y quebradas.

“Las empresas mineras aseguran que con el uso de la nueva tecnología se puede generar una minería amigable con el ambiente. Hasta juran que, al final de la explotación minera, las zonas estarán en mejores condiciones a la que estaban antes. La verdad es que este proceso acelera la degradación y destrucción socio-ambiental de la zona”, advirtió Pedro Landa.

El especialista en temas mineros relató que, en Honduras, existen alrededor de ocho “pasivos ambientales”, es decir minas que nunca fueron tratadas adecuadamente y que hoy están generando graves problemas de salud. Asimismo, se registran otros impactos graves, como la deforestación, la contaminación del aire por el polvo que se genera de las explosiones, la pérdida de la capa fértil de los suelos.

“En la zona de Valle de Ángeles, una zona muy turística en las afueras de Tegucigalpa, hay una mina que cerró hace más de 40 años y que continúa generando una cantidad inimaginable de contaminación de aguas acidas. Son montañas de desechos donde hay de todo: mercurio, plomo, arsénico, cadmio, aluminio, hierro. Cuando llueve, de estos cerros sale agua de color sangre por la cantidad de metales pesados que trae”, resaltó Landa.

Daños a la salud

Para el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT (Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimasde la Tortura) y ex rector de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), uno de los problemas más críticos es el de los impactos sobre la salud.

“Para determinar si hay o no contaminación no podemos seguir pensando en la salud desde un enfoque capitalista y reduccionista, basadoúnicamente en valores mínimos y máximos que decide la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Tenemos que ver la salud como una totalidad de la vida y de los seres vivos. En este sentido, lo que la minería altera gravemente y destruye es la totalidad de la vida de un lugar, de una comunidad”, dijo Almendarez. 

Juan Almendarez, director del CPTRT. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

En los casos emblemáticos del Valle de Siria, en Honduras, y de San Miguel Ixtahuacán, en Guatemala, lo que la explotación minera dejó fueron graves problemas de la piel, partos prematuros, malformaciones congénitas, abortos, pérdida de la vista y caída del pelo. “¿Quién va a responder por todo estos atropellos a la salud humana?”, se preguntó el exrector.

Criminalización de la protesta

En toda América Central, los procesos organizativos comunitarios y la protesta contra la expansión minera han sido constantemente criminalizados y judicializados. Eso ha generado decenas de conflictos sociales que han dejado un saldo dramático de centenares de personas perseguidas, reprimidas y encarceladas. También se registra el asesinato de varios líderes comunitarios y activistas campesinos e indígenas comprometidos con la lucha antiminera.

“Son estrategias que vulneran los intereses individuales y colectivos, entre otros, el derecho a la integridad personal, a la salud, a la alimentación, a la propia vida. Militarizan las zonas de explotación minera, dividen las comunidades, les niegan una consulta previa, libre e informada, criminalizan su protesta y la defensa de sus derechos, profundizan las amenazas, el hostigamiento, la represión y la violencia”, dijo Julio González de Madre Selva Guatemala.

Según él, las empresas fomentan, descaradamente, la compra de conciencias y la criminalización de los líderes comunitarios. “El modelo extractivista va en perjuicio de los pueblos, golpea la vida de las comunidades, desarticula los procesos organizativos, violenta los derechos del campesinado y de los pueblos originarios”, ahondó el doctor Almendarez.

Julio González de Madre Selva Guatemala. Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi.

Para el reconocido defensor de derechos humanos, la sola respuesta posible es más organización y articulación a nivel regional. En este sentido, el Movimiento Mesoamericano contra el modelo extractivo Minero (M4) es un ejemplo de articulación de organizaciones “que han tomado como base el análisis del modelo extractivo minero del sistema capitalista, para combatirlo y contrarrestar su avanzada”, agregó el director del CPTRT.

Estados coludidos

Esta situación y los efectos que se están viendo en las sociedades centroamericanas no serían posibles sin una corresponsabilidad de las autoridades nacionales. Una de las estrategias usadas es la supeditación de la legislación nacional a los intereses del capital minero, para así contener y criminalizar la protesta social. En muchos casos, estas leyes o reglamentos no solo rozan con la Constitución Políticas de los países, sino que violentan repetidamente el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

“Es de esperar que las autoridades estén al lado de los pueblos, sin embargo el bien común no se garantiza apoyando a un modelo económico que no asegura el bien para todos. Lo que hacen es poner una alfombra legal para que las empresas puedan seguir operando, con más privilegios, a costa de los derechos colectivos e individuales”, aseguró Julio González.

Para Byron Garoz, del Colectivo de Estudios Rurales CER Ixim, en Guatemala hay un endurecimiento de la situación político-institucional, donde todos los poderes del Estado se juntan para perseguir a la dirigencia indígena y campesina. “Su apuesta es desruralizar y desagrarizar a Guatemala, convirtiéndola en un país de ciudades intermedias donde se desarrolla el urbanismo y se destina el área rural para las actividades extractivistas. Todo esto está generando más conflictividad y represión”, dijo.

También en Honduras, la aprobación de una nueva Ley de Minería ha generado problemas muy serios. “Desde que el año pasado entró en vigencia la nueva legislación, ya contamos con 11 asesinatos relacionados directamente con la minería. Más de 60 personas han sido judicializadas por oponerse a la actividad minera”, reveló Landa.

En El Salvador, la resistencia contra la minería en Cabañas sufrió una violenta represión en los años pasados, dejando un saldo trágico de 4 activistas asesinados. Asimismo, la UDEFEGUA (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala) reveló que se está asistiendo a un incremento sin precedentes de los ataques contra defensores, incluyendo a varios casos de asesinato de líderes comunitarios que encabezan movimientos contra la minería.

“El modelo extractivista o corporativo se está convirtiendo en una profundización del modelo neoliberal, donde las corporaciones cooptan los Estados, los desaparecen institucionalmente y asumen el control de las políticas nacionales”, concluyó Pedro Landa.

Publicado originalmente en portugués en Opera Mundi 1 - Opera Mundi 2 y en español en LINyM.