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Según los hallazgos del informe de la Misión, el enfoque predominantemente asistencialista de los programas de seguridad alimentaria es una de las causas de esta situación. El informe señala la falta de coherencia entre dichos programas y la legislación que reconoce los derechos humanos por un lado, y las políticas públicas y leyes sobre uso y manejo de los recursos naturales, laborales y comerciales por el otro.

Por otro lado, el Estado impone un modelo de desarrollo que se basa en la extracción de recursos naturales para la exportación, que principalmente actúa en beneficio del sector empresarial transnacional. Dicho modelo es contrario a la visión de desarrollo de las comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones rurales, pues ocasiona el acaparamiento de los recursos naturales limitando su acceso, gestión y control por parte de las comunidades.

“Este modelo de producción está hecho a la medida del agronegocio y el latifundio. Los niveles muy elevados de concentración de la tierra, junto con la expansión de los monocultivos a gran escala, impactan directamente sobre los derechos de las personas y la soberanía alimentaria de Guatemala, con fenómenos alarmantes de violencia y de violación de los derechos humanos. La misión pudo constatar cada uno de estos aspectos que, por cierto, nos preocupan sumamente”, subraya Gerardo Iglesias, secretario de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel-UITA).

En sus comentarios sobre el informe, Angélica Castañeda, Coordinadora del Programa para América Latina de FIAN Internacional, remarca: “Como constatado por la misión, el sector privado está sustituyendo al Estado en áreas relacionadas con sus obligaciones de derechos humanos, tales como asistencia alimentaria, educación, salud, seguridad o la creación de empleos, usando los espacios públicos para hacer propaganda o condicionar a la población en el acceso a sus servicios. En algunos  de los casos visitados por la Misión, los niños y las niñas o las mujeres que pertenecen a grupos o comunidades que resisten contra los proyectos de las empresas son discriminados, excluidos e incluso amenazados.”

Además, la Misión ha verificado el aumento de la estigmatización, amenaza, criminalización y violencia por parte del Estado y otros actores hacia las personas defensoras de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en especial hacia las mujeres. Entre los diferentes casos, el informe alude a las mujeres de La Puya con su estrategia “mujeres al frente”, quienes expresan “tener menos tiempo para dedicar a la familia para cumplir con este deber [de defender los derechos de su comunidad].”

Tanto la Misión Internacional como el informe se han llevado a cabo a iniciativa de ACT Alianza UE, la Coalición de Agencias Católicas para el Desarrollo (CIDSE), la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA), y La Vía Campesina Internacional.

Durante la Misión, se llevaron a cabo visitas a seis casos emblemáticos de violaciones de este derecho, así como reuniones con instituciones gubernamentales y diversos actores sociales y políticos.