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Hace tan sólo un año, la entonces subdirectora del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y presidenta pro-tempore del Consejo Centroamericano de Turismo (Cct), Maruja Acevedo, explicaba a un medio internacional que uno de los objetivos prioritarios de Guatemala era “convertir el turismo en palanca clave del crecimiento económico”, y que la inversión extranjera en este sector era fundamental para lograr dicho objetivo.

“Guatemala tiene potencial para convertirse en destino turístico de primer orden. Posee la mayor cantidad de sitios arqueológicos relacionados con la civilización maya y esto es un patrimonio incalculable. Más de la mitad de nuestra población pertenece a 23 grupos étnicos, una diversidad que estimula al visitante a entrar en contacto con una cultura viva”, señalaba Acevedo.

Efectivamente, el turismo en Guatemala ha venido creciendo en los últimos años. De acuerdo con datos preliminares del Inguat, en 2015 el sector registró la llegada de 1,7 millones de visitantes y la captación de 1.603 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3,1% y del 2,5% respectivamente en comparación con el año anterior. Su contribución directa al PIB fue del 3,4%. Según datos oficiales del mismo Inguat, en 2013 el sector turismo ha generado unos 171 mil puestos de trabajo y se espera que aumente un3,1% al año, hasta llegar a 245 mil empleos directos en 2024. La contribución del turismo al empleo total, incluyendo el indirecto, fue del 7,7% (459 mil puestos).

Tal como explica Acevedo, las autoridades de Guatemala se han enfocado en promocionar tanto las bellezas naturales del país como la enorme riqueza de la historia y la cultura milenaria indígena maya.

Pero ¿qué queda a estos pueblos ancestrales de toda esta algarabía turística? Por lo que vemos muy poco. La población indígena guatemalteca es de 6 millones de personas y representa un poco más del 40% de la población total del país. Guatemala es el segundo país de América -después de Bolivia- con la mayor proporción de población indígena, sin que eso haya significado mayor bienestar y mejores condiciones de vida para ese sector de la población.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (Encovi) revela que el 59,3% de las y los guatemaltecos son pobres (9,4 millones), de ellos, el 32,4% extremadamente pobres (3,7 millones). La pobreza entre la población indígena alcanza casi el 80% y la pobreza extrema el 40%. Alta Verapaz, que cuenta con grandes clúster turísticos y agroindustriales e importantes recursos acuíferos y petroleros, es el departamento con el índice más elevado de pobreza (80%) y pobreza extrema (53,6%). El 90% de su población es indígena.

Paradójicamente, esa “cultura viva” y ese “patrimonio incalculable” que las autoridades turísticas guatemaltecas presentan como el principal catalizador del desarrollo de la industria turística y, por ende, de la economía nacional, son sometidos a las mismas políticas acaparadoras que, desde hace siglos, tienen a las poblaciones indígenas en el olvido y en el desamparo total.

Turismo y trabajo decente: dicotomía insanable

El Informe Trabajo y Desarrollo Humano 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el 70% de los empleos que existen en Guatemala son “informales”, por lo que carecen de todo tipo de garantías. Eso se traduce en “falta de protección, falta de estabilidad y, en muchas ocasiones, un trabajo que no es decente y donde los derechos laborales son violados”, explica el PNUD.

Valerie Julliand, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, dijo a medios nacionales que no es el desempleo el problema mayor en Guatemala. “Aquí casi todo el mundo trabaja, pero lo hace en condiciones que no son dignas de un ser humano”.

Esa situación no es para nada ajena a la industria turística, que sigue siendo el segundo generador de divisas en el país. “Hay un amplio sector de la política guatemalteca que señala al turismo como una de las principales herramientas para generar desarrollo económico-social. Pero cuando uno analiza cuáles son las condiciones de trabajo en el sector turismo, se da cuenta que se están reproduciendo las contradicciones que son propias de la sociedad guatemalteca”, dijo a Alba Sud el abogado laboralista Alejandro Argueta.

Alejandro Argueta. Fotografía de Giorgio Trucchi / Alba Sud / Rel-UITA.

“Son las mismas condiciones que encontramos, por ejemplo, en el sector de la agroindustria exportadora, como modelo hegemónico de organización del trabajo. Todas las prácticas inhumanas que vemos en una finca las encontramos también en el sector turismo”, agregó Argueta.

El experto en temas laborales señaló, entre otros, el incumplimiento de las garantías básicas del trabajo decente, trabajo infantil, prácticas de trabajo forzoso, largas jornadas de trabajo bajo la amenaza de despido, y hasta situaciones extremas como el acoso y abuso sexual y la violencia antisindical.

Tras la presentación de un informe de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está por decidir si conformará una Comisión de Encuesta en Guatemala, para investigar a fondo las repetidas denuncias de violación sistemática de los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical, libre sindicación y derecho a la negociación colectiva.

Además, Guatemala enfrenta un proceso judicial en el marco del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), por no aplicar sus leyes laborales, no proteger los derechos de los trabajadores y tolerar los altos índices de impunidad laboral.

De acuerdo con datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), 70 sindicalistas han sido asesinados en Guatemala entre 2004 y 2015. En su mayoría estos crímenes han quedado impunes.

“Los turistas llegan, escogen diferentes rutas turísticas, viajan por el país, gozando las bellezas naturales, el arte y la cultura. Casi nadie se percata que los meseros de esos grandes restaurantes no reciben tan siquiera un salario fijo y sobreviven con las propinas”, señaló Argueta.

“Tampoco se dan cuenta que en los puertos donde atracan los cruceros, los estibadores trabajan en condiciones terribles y que su denuncia a nivel internacional es parte del juicio laboral impulsado por Estados Unidos en el marco del CAFTA-DR”, explicó.

“Lo irónico de todo esto es que el pensum de estudio del InstitutoTécnico de Capacitacióny Productividad (Intecap), donde profesionalizan a las personas que trabajarán en turismo, ni siquiera contempla elementos de derecho laboral. Es decir, la alienación de su identidad profesional va a la par con su formación”, aseveró el también catedrático universitario.

El caso Pan American

El Hotel Pan American está ubicado en el centro histórico, en el corazón de la capital guatemalteca, a pocos pasos del Plaza Central. Heredado de sus padres en los años 80, el ciudadano norteamericano John Carrette Smith quedó como único representante de Empresa Hotelera S.A., sociedad que operaba comercialmente el hotel.

La mala administración de Carrette fue mermando la liquidez de la empresa y en 1998 la Inmobiliaria Bipeyfa, dueña del edificio, demandó a Empresa Hotelera S.A. por incumplimiento del pago de alquiler. Paralelamente, Carrette comenzó a retrasar el pago de salarios y a descontar los aportes al seguro social pero sin entregarlos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Las deudas fueron aumentando aceleradamente y en 2005 Carrette anunció una sustitución patronal. Los empleados, que por años habían acumulados deudas y habían sobrevivido gracias a las propinas, decidieron quedarse. Para ellos era una oportunidad de recuperar los salarios atrasados y, sobre todo, de no perder el derecho a su indemnización.

Hotel Pan American. Fotografía de Giorgio Trucchi / Alba Sud / Rel-UITA.

Operadora del Centro Histórico S.A. adquirió la propiedad del Hotel Pan American, que actualmente es operado por la cadena Porta Hotels (Hoteles Porta). Aunque la sustitución patronal no afecta los contratos de trabajo existentes, ni permite obviar las obligaciones que de dichos contratos derivan, desde un principio los nuevos dueños dejaron claro que no iban a asumir ninguna deuda anterior.

Comenzaron los despidos masivos y unos 30 trabajadores decidieron buscar asistencia legal. “Los trabajadores dieron la pelea, pero al final algunos renunciaron y aceptaron lo poco que les ofrecieron, otros fueron recontratados en peores condiciones laborales y salariales que antes. Solamente dos trabajadores aguantaron las presiones y decidieron ir hasta el final”, recuerda Alejandro Argueta.  

Rodney Palma, recepcionista nocturno, y Edwin Roldán, cajero del restaurante, comenzaron en marzo de 2006 una reclamación judicial para lograr el pago de sus prestaciones laborales.

El juicio quedó asignado al Juzgado Tercero del Trabajo y Previsión Social y, en medio de grandes atrasos y tropiezos que aparentaron no ser involuntarios, la sentencia condenatoria quedó firme en diciembre de 2008. Según la orden judicial, ambas empresas tenían la obligación de pagar las prestaciones en un plazo de tres días, pero nunca cumplieron con el fallo judicial.

Argueta explicó a Alba Sud que el tribunal ordenó el embargo de cuentas bancarias que el Hotel Pan American tenía en el Banco Industrial, uno de los institutos financieros más grandes del país. De acuerdo con las investigaciones, el banco mintió ante el juez y ocultó dichas cuentas para evitar cumplir con la sentencia. El año pasado, el mismo juez abrió proceso criminal contra el gerente del Banco Industrial. “Es un indicador de cómo estas empresas hoteleras se sirven de estructuras de impunidad muy poderosas para salvaguardar sus intereses”, indicó Argueta.

Luegode cuatro años de gestiones ante los tribunales, en octubre de 2012 el juez certificó lo conducente al ramo penal por el delito de desobediencia e incumplimiento de sentencia firme. Por el momento, la estrategia dilatoria de la defensa de la patronal no ha permitido llegar a una sentencia definitiva.

Diez años después el inicio de la pelea legal, los dos trabajadores siguen firmes en la demanda de sus prestaciones.

Un modelo (ir)responsable

Alejandro Argueta asegura que no ha sido fácil. “En más de una ocasión fui intimidado por el abogado defensor de la empresa. Esta gente no litiga derecho sino trata de imponer ideología y violencia. Si se atreven a hacer esto en un juzgado penal, frente a un Fiscal, ¿qué no harán con sus trabajadores entre las cuatro paredes de un hotel, de un restaurante o de un complejo turístico?”, se preguntó el abogado laboralista.

“Detrás de estosparaísos tropicales hay un infierno. Te hablan de cultura maya, de tradiciones y saberes ancestrales, pero ocultan lo que a diario viven miles de trabajadores y trabajadoras. Lo que pasa en el Hotel Pan American no es una excepción desafortunada, sino la regla general”, indicó.

“Para que el turismo se convierta en una verdadera herramienta para la erradicación de la pobreza y la generación de bienestar social debe ser respetuoso de la dignidad de las personas que trabajan, de la dignidad de las comunidades receptoras. Pero bajo este modelo irresponsable lo que se genera es todo lo contrario”, concluyó.