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La aprobación en Honduras de programas y leyes que recortan derechos laborales ha venido promoviendo y profundizando la “institucionalización de la precarización laboral”. Para los diferentes actores sociales, iniciativas como la Ley de Empleo por Hora no son más que nuevas formas de acumulación capitalista que pretenden generar un cambio en la correlación de fuerzas en las relaciones obrero-patronales. El sector servicios, incluyendo a los subsectores turísticos y de comida rápida, con mayor presencia femenina es donde más está proliferando este tipo de empleo. 

Programa/Ley de Empleo por Hora

A inicios de 2010, Honduras seguía sufriendo las consecuencias del golpe de Estado que un año antes había derrocado al presidente Manuel Zelaya. El país estaba en bancarrota y en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes. Aislado internacionalmente, sin acceso a crédito y con una institucionalidad quebrantada, el país centroamericano veía sus indicadores de desempleo, pobreza y violencia subir aceleradamente, al tiempo que su aparato productivo seguía desplomándose.

Es en medio de este caos que, en noviembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 230-2010 con el cual daba vida al Programa Nacional de Empleo por Horas, una herramienta que gozaba del beneplácito del tambaleante gobierno de Porfirio Lobo y del entonces presidente del poder legislativo, Juan Orlando Hernández. Se trataba de un programa de emergencia y de carácter temporal (de 1 a 6 meses), que permitía a las empresas privadas y públicas contratar hasta el 40% del total de su planilla de forma temporal. Las empresas interesadas debían registrarse y declarar las plazas que tenían bajo esta modalidad. Además, debían garantizar toda una serie de derechos previstos por la legislación laboral nacional y los convenios internacionales ratificados por Honduras.Entre otros fines, el Programa de Empleo por Horas se proponía fomentar el empleo digno y decente, evitar el incremento de los índices de desempleo y sub-empleo, fomentar la inserción laboral, la educación, capacitación y formación profesional de trabajadores y trabajadoras.

Tras ser ampliada por unos meses su vigencia, el Programa expiró en noviembre de 2013. Sin embargo, a inicios de 2014, el Congreso decidió emitir el Decreto 354-2013 con el cual se creó la Ley de Empleo por Hora. De esta manera, las modalidades de empleo temporal incluidas en el Programa de 2010 pasaron a ser permanentes y elevadas a rango de ley.

Pese a las protestas de organizaciones sociales y sindicales, a una petición presentada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación a los Convenios 87, 95 y 98 sobre derecho a la sindicación y la negociación colectiva y protección del salario, y a la solicitud de veto presidencial presentada por organizaciones sindicales y de mujeres, tanto el presidente saliente como su sucesor, Juan Orlando Hernández, hicieron caso omiso. La ley entró en vigencia el 31 de marzo de 2014.

“Estamos ante una forma de acumulación capitalista donde el sistema ya no genera trabajo de calidad, ni mucho menos decente. En este contexto es interesante, y al mismo tiempo preocupante, ver como el ‘sistema derecho’ se ajusta a este modelo y a los requerimientos de la economía neoliberal”, dijo a Alba Sud, Ana Ortega, especialista en Ciencias Políticas.

“Acostumbramos pensar que el despojo se refiere exclusivamente a bienes tangibles, pero si pensamos a la acumulación como forma de separar al ser humano de los medios de subsistencia y a cómo ha cambiado el mundo del trabajo, es evidente que estas formas de contratación no solo precarizan el trabajo, sino la vida misma”, continuó la catedrática. "Cuando hablamos de acumulación por desposesión es importante incluir la desposesión que se da por la vía del empleo, del trabajo, de abaratar los costos de contratación y de despido”, explicó Ortega.

Para ella, en Honduras se está llegando rápidamente a la legitimación de una verdadera institucionalización de la precarización. “Ya se veía venir desde los años 90 con el rigor de las medidas del Consenso de Washington, que básicamente profundizaron la desregularización y liberalización de la economía y ampliaron los procesos de privatización. Ahora se está buscando alcanzar lo más profundo del modelo”, indicó la especialista. Quisieron vendernos la idea de que la Ley de Empleo por Hora era una medida extraordinaria para darles una oportunidad a las personas en un momento de fuerte contracción de la economía. En realidad significó nuevamente una transferencia de recursos desde los más pobres hacia los más ricos”, continuó la también presidenta del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Una falsa solución

El estudio “Monitoreo empleo temporal por horas y los derechos humanos laborales”, realizado en 2014 por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), cuestiona los datos brindados por fuentes gubernamentales y la empresa privada, según los cuales durante los primeros años el Programa de Empleo por Horas habría involucrado a unas 4.300 empresas y generado casi 175 mil plazas.

“El estudio pone al desnudo el manejo malintencionado y distorsionado de las cifras que brinda el gobierno en cuanto a la generación de empleo, agregando datos proyectados a los datos reales. Además, vemos cómo el 90% de las personas supuestamente contratadas temporalmente tienen entre 1 y 3 años trabajando en el mismo lugar. Eso demuestra que las empresas están usando este formato de contratación para abaratar costos e irrespetar derechos”, dijo Ana Ortega.

En el documento del CDM y el STIBYS la mayoría de las personas entrevistadas declararon que no han conocido a nadie cuyo contrato haya pasado de temporal a indefinido. Por el contrario, hay varios empleados que eran permanentes y que hoy trabajan a medio tiempo. Dirigentes sindicales denunciaron que ya hay muchos casos de despido de personal permanente para contratar a nuevo personal temporal. “El 25% de los entrevistados declaró que han visto despido de personal permanente para recontratarlo de manera temporal y un 32% ha asistido al despido de personal permanente para remplazarlo con temporales. Estaríamos hablando de un 57% de puestos de trabajo que pasaron a ser puestos precarios”, advierte el estudio. El año pasado (2015) las mismas autoridades gubernamentales tuvieron que aceptar públicamente la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

Violación de derechos

En cuanto a la jornada laboral, el 90% de las personas encuestadas hace la misma labor que una persona permanente. El 35% laboró 8 horas diarias, el 33% de 9 a 12 horas y el 3% laboró más de 12 horas diarias. El estudio revela también que el 86% de las y los trabajadores temporales no tiene protección contra accidentes y el 82% no goza de protección contra enfermedades profesionales. Las mujeres son las que más sufren dicha situación: el 75% no tienen acceso a derechos por maternidad y al 72% se le niega su derecho a la lactancia. Con respecto al salario, el 31% está recibiendo menos del salario mínimo de su sector, sólo el 39% recibe el salario mínimo y el 9% recibe el salario mínimo más el 20% en concepto de bonificación.

Esta situación hace que el 53% de las personas trabajadora encuestada no puede estudiar, el 71% no puede comprar casa, el 69% no tiene un ingreso estable y el 53% no puede alimentarse bien con lo que gana. Y el 100% de las y los trabajadores temporales dijo que es imposible organizarse. Cualquier intento termina con el despido inmediato.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fotografía de La Noticia. 

“Tanto el Programa como la Ley de Empleo por Hora no están sirviendo para fomentar la educación y capacitación, ni para crear nuevas plazas, sino para precarizar aún más las plazas existentes, violentar el derecho a un salario digno y socavar el derecho que tienen las y los trabajadores a organizarse. El Estado está adaptando los marcos jurídicos a los requerimientos del capital, a costa del deterioro y la precarización de la vida de la población”, advirtió con preocupación Ana Ortega.

“La creación de la modalidad de empleos temporales por horas o por días disminuye, restringe o tergiversa el principio de estabilidad laboral, del cual se desprenden todos los demás derechos laborales”, sentencia el estudio del CDM y el STIBYS.

Crece la pobreza

Según el informe “Honduras desde el golpe: resultados económicos y sociales” del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en el período de implementación del Programa de Empleo por Horas la pobreza se incrementó en 13,2% y la extrema pobreza en 26,3%.

De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) titulado “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad”, Honduras ocupa el primer puesto entre los países con mayor porcentaje de población en condición de pobreza.

Para el Banco Mundial, Honduras lidera el ranking como el país con mayor índice de desigualdad en Latinoamérica, solo debajo de África. Los datos del Banco Mundial señalan que Honduras tiene un 64,5% de la población en situación de pobreza y un 42,6% en extrema pobreza (menos de 2,5 dólares al día). En términos del coeficiente Gini, la desigualdad es del 0,537 (donde el valor 0 expresa la igualdad total y el valor 1 la máxima desigualdad).

Hasta 2013, el subempleo abierto, el invisible y el visible sumaban casi el 60%, es decir 6 de cada 10 hondureños no tiene acceso ni siquiera a la canasta básica.

Sector servicios, turismo y “comida chatarra

De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), en 2014 las actividades económicas que presentaron la mayor cantidad de contratación por horas fueron el comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles (37,63%), servicios comunitarios, sociales y personales (30%). El 71% de las personas que trabajan bajo el Programa de Empleo por Horas son jóvenes entre 15 y 29 años, y el 82% es mano de obra no calificada.

El turismo se ha convertido en los últimos años en una de las principales fuentes de divisas y empleo en Honduras El último informe presentado por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) señala que en 2015 el país recibió a casi 2,1 millones de visitantes y obtuvo ingresos por el orden de unos 720 millones de dólares. Esto significó el 6,5% del PIB. El sector turismo genera actualmente unos 211 mil empleos, en su mayoría mujeres.

Ana Ortega. Fotografia de Luis Méndez.

“Se han aprobado o reformado leyes para promover la inversión turística a través de una amplia gama de incentivos, la creación de regímenes especiales y exoneraciones fiscales. La Ley de Incentivo al Turismo, por ejemplo, exonera a las empresas del pago de Impuesto sobre la Renta (IR) por 10 años a partir del inicio de operaciones”, explicó Ana Ortega a Alba Sud.

Recientemente, el gobierno de Honduras lanzó el Programa de Crecimiento Económico Honduras 20/20, que pretende atraer inversiones de entre 10 mil y 13 mil millones de dólares en cuatro sectores (turismo, textiles, manufactura intermedia, servicio de apoyo a negocios) y generar 600 mil empleos en los próximos 5 años, 255 mil de los cuales en el sector turismo. “En ámbitos como el de la comida rápida o del turismo, especialmente en hoteles y restaurantes, donde abunda la precarización laboral y la falta de derechos, las mujeres trabajadoras son las que se llevan la peor parte”, explicó Ortega.

De acuerdo con el estudio "Apertura económica, género y pobreza en el Istmo Centroamericano - Honduras" (2010) un 76% del trabajo vinculado al sector turismo es desempeñado por mujeres. Ortega asegura que, actualmente, la proporción es aún mayor. “En cualquier hotelito o restaurante la mayoría son mujeres y son contratadas por horas. Estuvimos hace poco en un hotel en Valle de Ángeles y nos obligaban a cenar antes de las 7 de la noche y desayunar después de las 8 de la mañana, porque las muchachas –nos decía el dueño del hotel– eran pagadas por horas”, recordó la presidenta de C-Libre.

Lo mismo pasa en las franquicias de comida rápida, donde las empresas siguen beneficiándose de los incentivos fiscales al turismo, y aprovechan de la ley de empleo por horas para abaratar costos y multiplicar sus ganancias. “Es un ejemplo más de cómo se va profundizando el despojo. Como era previsible, todas estas leyes de incentivo al turismo y a la inversión extranjera para, supuestamente, generar empleo decente han fracasado. La precarización de la vida de miles de trabajadores y trabajadoras da cuenta de eso”, indicó Ortega.

La catedrática explicó que la salida no puede ser mercantilizando más las esferas de la vida social, sino poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida. “Mantenernos en esta dinámica de privatización y despojo de bienes comunes de la naturaleza no sólo no nos va a ayudar a salir de la crisis, sino que la profundiza”, concluyó.