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Si hubiese que buscar referencias internacionales de éxito en modelos de gestión comunitaria y de custodia del territorio, probablemente las concesiones forestales de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) en Guatemala entrarían en cualquier terna. No sólo por salvaguardar los recursos naturales de incalculable valor ecológico de este ecosistema único. También por los beneficios socioeconómicos para la población campesina residente, derivados de las actividades maderables y no maderables vinculadas. En este último caso, fundamentalmente de la extracción de chicle o de las hojas del xate (una palma decorativa).

Si Guatemala, con siete biomas, 14 zonas de vida y más de 300 microclimas, es uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta, la RBM es uno de sus máximos estandartes. Con un 31% de superficie regulada por alguna figura de protección en el país, la RBM es el área protegida más grande. Supone el 10% del territorio nacional y cabe mencionar, además, que la selva tropical que cubre buena parte de esta región en el departamento de Petén, junto con el sur de México y el oeste de Belice, es la más grande de este tipo en Mesoamérica.

Manejo forestal sostenible de las concesiones comunitarias

Tras casi 40 años de conflicto armado interno, en el marco de la Guerra Fría, muchos vieron con escepticismo los Acuerdos de Paz de 1996. Un contexto histórico que no difiere mucho de otros países limítrofes y que causó un gran impacto en el país, en términos económicos y políticos, agudizando la polarización de la sociedad guatemalteca entre las élites político-financieras y la población campesina e indígena.

Como parte de esos acuerdos se contempló la cesión legal, por parte del Estado, del derecho de uso racional a las organizaciones comunitarias de los recursos naturales y servicios dentro de la Zona de Usos Múltiples (ZuM), una de las tres categorías de manejo del territorio en la RBM. Un mecanismo administrativo, con una vigencia de 25 años, cuyo objetivo de partida fue generar oportunidades para las comunidades campesinas que habitaban las zonas con mayor incidencia del conflicto. Las concesiones forestales fueron establecidas legalmente con base a la Ley nacional de Áreas Protegidas y bajo el acuerdo estatal de ser otorgadas a comunitarios que ya hacían uso de los recursos en el área.

Selección de hojas de xate para exportación en Uaxactún. Imagen de Javier Tejera.

La Zona de Usos Múltiples (ZuM), que abarca el 38% de la reserva, tiene por tanto una importancia crucial, ya que conecta a todos los parques nacionales y biotopos de la Zonas Núcleo, “reservadas exclusivamente para la preservación del ambiente natural, conservación de la diversidad biológica y de los sitios arqueológicos, investigaciones científicas, educación conservacionista y turismo ecológico y cultural”, según se desprende del Plan Maestro de la RBM.

El manejo forestal sostenible de las concesiones comunitarias cumple, al hilo de esto, una doble misión. Protege y fortalece la estricta dimensión conservacionista de las Zonas Núcleo y, al mismo tiempo, ejerce de tapón ante los avances de la frontera agrícola-ganadera que, a día de hoy, supone la mayor parte de la franja de quince kilómetros de ancho de la Zona de Amortiguamiento (ZAM), al sur de la reserva. Aunque la teoría dice que aquí las actividades productivas deben ser compatibles con la conservación, la realidad es bien distinta, con la deforestación y la narcoganadería caminando de la mano, buscando establecer nuevas rutas de la droga en este denso territorio selvático.

Incidencia política y acompañamiento técnico a las concesiones

Si las concesiones forestales de gestión comunitaria son, a día de hoy, un ejemplo a seguir es, en buena medida, gracias al acompañamiento de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP). Fundada en 1995, en plenas negociaciones de los Acuerdos de Paz, esta entidad de segundo nivel, sin fines de lucro, representa a 24 organizaciones de base comunitaria de la región.

El fortalecimiento de las buenas prácticas medioambientales, la generación horizontal de oportunidades socioeconómicas y la mejora de la calidad de vida de la población campesina son parte de su visión constitucional. Más allá de eso, cuenta con gran respaldo y representatividad social, en un contexto nacional en donde la presencia institucional es muy débil en muchos aspectos. Por eso, la incidencia política y el nexo conector que otorga a las diferentes organizaciones comunitarias resulta fundamental.

Ahora que faltan cinco años para la renovación de las primeras concesiones otorgadas, el debate sobre la viabilidad del modelo está en la agenda política nacional. Son muchos los ojos de actores nacionales y foráneos puestos en este rico territorio, pero los resultados avalan una solución continuista. En términos socioeconómicos, más de 14.000 personas beneficiadas de forma directa y más de 70,000 personas de forma indirecta a través del manejo forestal comunitario. En términos conservacionistas y de bajo impacto, un modelo de referencia internacional, sometido a evaluaciones continuas y con certificado internacional FSC.

En este sentido, los ciclos de corta se han establecido de 30 a 40 años y sólo se extraen de uno a tres árboles por hectárea, lo que supone un volumen promedio de tan sólo tres metros cúbicos. Por ejemplo, la mayoría de las 3.592 especies de fauna y flora registradas en la RBM están presentes en las concesiones y algunas de las especies más emblemáticas de fauna como el tapir, el jaguar o el puma, que requieren grandes extensiones de bosque, se mantienen estables porque no se ven perturbadas por el manejo forestal.

Lancha de la Coop. La Técnica. Río Usumacinta. Imagen de Javier Tejera.

En términos de lucha contra la deforestación y los incendios, las cifras hablan por sí solas. Sólo en la recién concluida estación seca en este 2017, se han declarado 7.794 focos de incendio y se han quemado más de 2.000 hectáreas en la RBM. De todo ello, apenas un 0,8% se ha registrado en las áreas de concesión forestal comunitaria, gracias a un sistema eficaz de prevención y vigilancia que mejora, en mucho, las capacidades y prestaciones del propio Estado. De hecho, algunas áreas protegidas en la Zonas Núcleo, como la Laguna del Tigre o la Sierra del Lacandón, arden con más frecuencia que las propias zonas de gestión comunitaria.

Debilidad institucional y desigualdad económica

Este último ejemplo, más que un caso anecdótico aislado, es un síntoma. Una muestra de la debilidad institucional en un país de contrastes y de contradicciones. De oportunidades y de ambigüedades, en donde se palpa la necesidad de un cambio de modelo económico. Algo entendible en un país de ricos lleno de pobres, que cuenta con una tasa de pobreza del 60% y una desigualdad más que patente. Según un informe del Banco Mundial de 2014, Guatemala es el cuarto país más desigual de Latinoamérica.

Esta situación no se puede achacar a la falta de crecimiento, porque el país aumentó su Producto Interno Bruto (PIB) en más de un 3% anual en lo que va de siglo. Por tanto, si se quiere revertir esta situación, la única vía reside en que los beneficios del crecimiento no caigan solo en unos pocos privilegiados. Sin duda, habría que empezar por mejorar la escasa recaudación fiscal. Guatemala ostenta el dudoso honor de tener el menor porcentaje de ingresos públicos en el mundo, en relación con el tamaño de su economía. Al cóctel hay que añadir una tasa del 12% de analfabetismo, con más de 1,2 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir.

Ante esta coyuntura y como casi siempre, el turismo está emergiendo como un posible bálsamo y una tabla de salvación a la que agarrarse. Ya en la actualidad, el sector supone uno de las actividades productivas más importantes, con un peso del 5% en la economía nacional, sólo superado por las divisas generadas por el envío de remesas de guatemaltecos emigrados en el exterior. El país recibió en 2016 poco más de 1,9 millones de turistas, un leve aumento del 2,8% con respecto a 2015. La mayoría de visitantes, que dejaron más de 1.600 millones de dólares en divisas, fueron de Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.

El turismo, política de Estado

Con el objetivo de impulsarlo como sector estratégico, en 2015 se lanzó el Plan Maestro de Turismo Sostenible durante el gobierno del expresidente Otto Pérez. Este, sin embargo, acabó renunciando al cargo en medio de un escándalo de fraude fiscal, que lo dejó en prisión preventiva. Su sucesor, el actual presidente Jimmy Morales, firmó hace un año un acuerdo gubernativo por el que su gobierno asumió como política de Estado dicho plan con una proyección para el período 2016-2026, con el objetivo clave de generar crecimiento económico y luchar contra la pobreza.

Turistas en el circuito del Parque Nacional de Tikal. Imagen de Javier Tejera.

El Plan, como casi todo lo que viene impulsado desde el Estado, genera mucho escepticismo entre la población, pero no deja de ser una declaración de intenciones. Y ante esta coyuntura, muchas miradas vuelven a dirigirse hacia la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), cuyo potencial medioambiental, cultural y arqueológico la pueden convertir en un destino de gran atractivo, no sólo en Guatemala sino también en Centroamérica.

Con casi 130.000 visitantes nacionales y extranjeros entre enero y mayo de 2017, el Parque Nacional de Tikal aglutina en la actualidad el 90% de los visitantes que llegan a la RBM. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1979, es uno de los 188 sitios arqueológicos mayas que hay en el área, aunque la gran mayoría están sin clasificar y con la necesidad de clarificar un modelo de gestión, caso por caso.

Inicio del recorrido hacia El Mirador desde la comunidad de Carmelita. Imagen de Javier Tejera.

El ejemplo más paradigmático en este sentido es El Mirador, una ciudad fundada en el Preclásico Medio y que, según dicen, pudo ser el origen de la civilización maya. Son muchas las expectativas e intereses generados con este lugar, con presencia cada vez mayor de actores externos y una presión turística incipiente que va en aumento. Para llegar allí se requieren dos días de caminata por la selva hasta el Parque Nacional Mirador Río Azul, desde las comunidades cercanas de Carmelita o Uaxactún.

Turismo sí, pero a pequeña escala y de bajo impacto

Ante la renovación de las concesiones, ha habido intentos desde algunos ámbitos políticos de dejar fuera al turismo del concepto integral de manejo de las áreas, lo cual es una contradicción. A nivel del marco normativo y del respaldo legal que da la Ley nacional de Áreas Protegidas, pero también por concebir al turismo como un sector desligado de la dimensión conservacionista y de otras actividades productivas en la zona.

Al margen de todo esto, el reto está, sin duda, en empoderar a las organizaciones campesinas para desarrollar su propio modelo de turismo comunitario. Un planteamiento, conectado e indisociable de la gestión forestal sostenible, en donde la calidad esté por encima de la cantidad. Para ello, desde Alba Sud estamos desarrollando un acompañamiento técnico a la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), mediante un proceso participativo con las organizaciones comunitarias, que desembocará en un Plan Estratégico de Turismo Sostenible y Comunitario, con un plan de acción a cinco años.

Taller de planificación. Junio de 2017. Fotografía de Javier Tejera.

La meta final es que el turismo se postule con una fórmula que fortalezca y diversifique las oportunidades socioeconómicas en las áreas de gestión comunitaria de la RBM para la población residente. Siempre poniendo a la par y en primer lugar sus prioridades y necesidades, junto con la conservación de los recursos naturales y patrimoniales de la región.