El pleno del Ayuntamiento de Palma ha iniciado la exposición pública de su propuesta de prohibición del alquiler turístico de viviendas plurifamiliares. Este uso fue legalizado no hace ni siquiera año, con la modificación de la Llei del Turisme de les Illes Balears. Los Consejos insulares y el Ayuntamiento de Palma tienen hasta este próximo mes de julio para aprobar las zonificaciones del uso turístico de viviendas. El actual alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha defendido esta medida de planificación turística para combatir la vulneración del derecho al acceso a la vivienda, afectado cada día más por la subida de los precios del alquiler que provoca este negocio especulativo y rentista, conocido por las plataformas de comercialización, como son Airbnb, Wimdu, HomeAway, etc.

Las demandas sociales para la contención y el decrecimiento turístico aumentan cada día más y han dado lugar a la creación de una Red SET de ciudades del Sur de Europa frente a la turistización. La gentrificación turística, que segrega y despoja a la población desfavorecida, no se resuelve reduciendo el número de turistas que sobresaturan la ciudad o la isla. Porque las simples medidas de contención del crecimiento, con moratorias, impuestos o subida de los precios, aumentan la rentabilidad de los negocios turístico-inmobiliario y atraen capital y élites, a costa de la exclusión de las clases sociales desfavorecidas. Para combatir la gentrificación se necesitan medidas de regulación que defiendan la justicia social.

El periodo de exposición pública de la propuesta de prohibición del gobierno municipal de Palma será de 30 días, a partir de la publicación de la aprobación inicial. De igual manera, los Consejo de de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera (más atrasada) tienen abiertos también períodos de consultas sobre sus propuestas de zonación del alquiler turístico de viviendas, en su mayoría también de prohibición, para todo el resto de municipios.

A un año de las elecciones municipales, el debate sobre los límites del negocio turístico debe incluir la planificación urbanística, turística y de las infraestructuras; especialmente, en un contexto de incremento del número de turistas llegados a las Islas Baleares a razón de 1 millón más desde de 2013.

Pero esta medida de prohibición será papel mojado sino se hace cumplir con inspecciones y multas. Y aún así será en balde porque a la vez que se debate la medida de contención en Palma y en el resto de municipios de las Islas Baleares, el Consejo de Mallorca prolonga la segunda autopista de circunvalación de Palma (entre otros proyectos viarios), el gobierno estatal amplía la capacidad del puerto de Palma para recibir cruceros turísticos mastodónticos y AENA, gobernada por bancos y fondos buitre, amplía la capacidad de acogida de los aeropuertos, empezando por el de Son Sant Joan.