La reivindicación del derecho a la ciudad, desde que el término fuera acuñado por Henri Lefebvre en 1968, ha sido renovada recurrentemente. Las distintas formas en las que el capital se apropia de la ciudad para posibilitar su reproducción, han dado lugar a una constante actualización en las demandas de cómo materializar esta aspiración emancipatoria. Bajo el estímulo de un pujante turismo urbano internacional, la acelerada transformación de numerosas ciudades, especialmente en el sur de Europa, convertidas en espacios estratégicos de desposesión y acumulación de capital a través de las actividades turístico-residenciales, ha provocado una enorme preocupación sobre qué significa el derecho a la ciudad en las que, de facto, se han transformado en ciudades turísticas.

Sin embargo, no es posible asumir acríticamente esta formulación, ciudades turísticas, sin tomar en consideración que, lejos de ser un proceso casual, éstas son el resultado histórico de intensas políticas públicas e intereses privados para favorecer la conversión de la ciudad en espacio de reproducción del capital a través del turismo. El caso emblemático del actual éxito turístico de Barcelona, por ejemplo, no puede dejar de lado los más de cien años de políticas turísticas y de convergencia público-privada hasta llegar al escenario actual, como bien muestra la tesis doctoral de Saida Palou, Barcelona, destinació turística. Un segle d’imatges i promoció pública (2012).

El debate actual sobre qué implica el derecho a la ciudad en la ciudad turística, entre movimientos sociales y organizaciones políticas que se reconocen en un nuevo municipalismo, se ha centrado fundamentalmente en torno a los problemas de acceso a la vivienda, la pérdida de un tejido comercial para el uso cotidiano de su población o el incremento del coste de la vida, entre otros. El foco de la mirada está puesto en los impactos de la extracción de rentas inmobiliarias. De forma interrelacionada son factores que derivan en dinámicas de desplazamiento de la población con menor poder adquisitivo de las áreas urbanas con mayor atractivo turístico hacia las periferias. Más recientemente, buena parte de esta discusión empieza a girar alrededor del concepto de overtourism, cuya formulación e implicaciones teórico-conceptuales, y también políticas, no deja de plantear algunos problemas. 

La progresiva especialización turística de algunas ciudades conlleva un peso creciente del turismo como fuente de empleo. Así, por ejemplo, en la última encuesta del Ayuntamiento de Barcelona sobre la percepción de la población barcelonesa en relación al turismo realizada en 2017, el 16,1% de las personas encuestadas declaró trabajar o haber trabajado en los últimos 12 meses en alguna actividad vinculada con el turismo, y en distritos como Ciutat Vella esta cifra se eleva hasta un 25,4%. A pesar de su indudable importancia y de la amplia percepción sobre su precariedad, los debates en torno al derecho a la ciudad no acaban de conectar con las reivindicaciones de un trabajo digno también en el turismo. Más allá de la visualización alcanzada por las camareras de pisos, las kellys, que gracias a su tenacidad han logrado hacerse un hueco en el debate público y provocar simpatías y acercamientos de diversos movimientos sociales al mundo del trabajo, la reivindicación del derecho a la ciudad sigue demasiado alejada de la lucha cotidiana por la mejora de las condiciones laborales en el turismo.

En este contexto, la pregunta inevitable es qué puede aportar en un debate sobre turistización y derecho a la ciudad la defensa del trabajo digno en el turismo. ¿Cómo vincular las reivindicaciones democrático-populares en torno al derecho a la ciudad en contextos cada vez más dependientes del turismo con la lucha por un trabajo digno también en el turismo?

El debate sobre trabajo turístico

La asociación entre turismo y precariedad o mala calidad del trabajo está cada vez más presente en los medios de comunicación. En ciudades altamente especializadas turísticamente el contraste entre, por un lado, el éxito en número de visitantes y los enormes beneficios empresariales y, por otro, las condiciones de empleo existentes, ha generado un malestar creciente. A riesgo de esquematizar demasiado, el debate sobre la calidad del empleo turístico gira en torno a tres grandes líneas argumentales: la negación del problema, su naturalización crítica y la demanda de su dignificación.

Por parte empresarial, y organismos vinculados al capital turístico que ejercen un papel de lobby, además de algunos partidos políticos, la posición fundamental ha sido la de negar la asociación entre empleo turístico y precariedad y acusar a quienes plantean este problema de reproducir una especie de leyenda negra. En ocasiones su discurso convierte en oportunidades lo que otros vemos como claros indicadores de precariedad. Este es, por ejemplo, el argumento según el cuál los contratos a tiempo parcial que tienen muchas de las mujeres que trabajan en turismo serían una ventaja que les permitiría poder seguir atendiendo sus responsabilidades de cuidado en el ámbito familiar. Es decir, en lugar de entender cómo se están naturalizando desigualdades sociales y aprovechándose de ellas para disponer de mayor flexibilidad en la contratación de su fuerza de trabajo, se niega la mayor y se ensalzan las virtudes de esta situación. Así lo defiende, por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo, como hemos mostrado en anteriores trabajos. En otras ocasiones sencillamente se niega cualquier evidencia y se estigmatiza a quien cuestiona la calidad de empleo turístico. Este proceder es parecido al que parte del empresariado turístico de Barcelona, sus lobbies y algunos de sus opinadores, hicieron contra quienes desde el movimiento vecinal cuestionaban el relato de las bondades del turismo en la ciudad para justificar su crecimiento permanente acusándoles de turismofóbicos. Los resultados de esta estrategia de comunicación no han podido ser más contraproducentes: la ciudad se ha convertido a ojos del mundo en un referente de algo llamado turismofobia que, de hecho, convierte a Barcelona en un destino antipático donde supuestamente se rechaza al turismo. Pero negar los problemas y censurar a quienes los evidencian no hace que estos desaparecen, y los impactos negativos de un modelo laboral basado en la reducción de costes y la flexibilización siguen ahí, abocándonos a un escenario de mayor conflictividad.

Desde una perspectiva opuesta, existen algunas voces en los movimientos sociales y algunos de sus referentes intelectuales que, aunque en posiciones minoritarias, valoran que el trabajo turístico solo puede ser precario por naturaleza. De este modo, no cabría esperar del turismo nada más que empleo de baja calidad, al igual que tampoco podrían darse dinámicas positivas en otras esferas de este tipo de actividades. El problema de este argumento es que es falaz, por cuanto es posible identificar otras dinámicas de trabajo turístico digno, bajo los parámetros reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto históricamente como en diferentes contextos, asociados muy a menudo a la capacidad organizativa de los trabajadores y trabajadoras del sector. Por otra parte, el comportamiento del capital en el turismo no parece ser tan distinto al de otros sectores de actividad en el actual funcionamiento del capitalismo.

Además, en términos estratégicos es un error, porque desconecta a estos movimientos sociales de las demandas y luchas de una parte de la población que aspira a vivir mejor del trabajo que realiza en el turismo. Para algunas personas este es un trabajo que les gusta y en el que aspiran a desarrollarse y crecer profesionalmente. Por eso difícilmente podrá establecerse diálogo alguno desde la estigmatización de la actividad y si en el horizonte solo se sitúa la inevitable desaparición de este tipo de actividad. Finalmente, desvincularse de las luchas por la mejora de las condiciones laborales en el turismo, supone perder también uno de los principales instrumentos de control sobre las expectativas de ganancia de las propias empresas turísticas, y de ahí la reproducción de sus lógicas especulativas.

Una tercera posición, en la que personalmente me ubico, es asumir que por múltiples factores el trabajo turístico es mayoritariamente precario y que tiende a provocar dinámicas socio-espaciales desastrosas, por lo que es imprescindible una mayor capacidad de regulación pública y de control social. En esta perspectiva se considera que, más importante que el debate sobre la naturaleza del turismo que, aunque sugerente, no parece demasiado fértil, es fundamental incidir en cómo se organiza, qué tipo de dinámicas de inclusión-exclusión genera, dándole una consideración similar al que damos a otras actividades económicas. Más que un problema particular con el turismo, se identifica el riesgo de la sobreespecialización de un territorio en determinadas actividades, y por tanto será fundamental repensar socialmente los reequilibrios entre actividades y la forma en la que éstas se desarrollan, así como la manera de redistribuir sus impactos. En esta posición se asume la centralidad del trabajo como un elemento de control social sobre qué puede ser el turismo en nuestras ciudades. De este modo, la convergencia entre la reivindicación del derecho a la ciudad y la defensa de un trabajo digno en el turismo se asume como prioridad

¿Por qué es tan importante el territorio en el turismo?

Para un acercamiento entre las demandas de derecho a la ciudad y de empleo digno en la ciudad turística es necesario preguntarse por el valor del espacio en el turismo. En las estrategias de reproducción del capital a través del turismo el lugar donde se desarrolla la actividad es fundamental. El turismo requiere de entornos construidos que atraigan a sus clientes. Por tanto, la ciudad turística se constituye no solo de los negocios en sí mismos, si no de la suma de las distintas ofertas en un entorno en el que ocurren cosas y que, a la postre, acaba siendo su principal reclamo. El turista difícilmente se desplaza para ir a una habitación de hotel o a una vivienda de uso turístico. Se aloja ahí porque es el lugar donde hará muchas otras cosas.

La empresa turística vive de vender la ciudad, o el territorio, aunque en realidad está ofertando algo que no es propiamente suyo, pero que necesita para desarrollar su actividad. Comercializa con un bien común que es la ciudad, su gente y lo que ella hace o ha hecho históricamente. La consecuencia es que la presión sobre cómo debe ser esa ciudad, o territorio, es permanente por parte del capital turístico, porque es su negocio el que está en juego. Lógicamente esta dinámica acaba afectando la vida de la población que ahí reside o que ocupa ese espacio como lugar traslado y trabajo. A la inversa cabría argumentar que, precisamente por esta forma de funcionar de la actividad turística, el retorno social de estas empresas, especialmente a través de la fiscalidad y el empleo, debería ser mayor que el de otras actividades, a causa del usufructo tan intenso que hace de la misma ciudad.

Precariedad laboral y derecho a la ciudad

Si cada vez es mayor el porcentaje de la población activa que vive de trabajar en el turismo, la precariedad laboral del sector acaba influyendo decisivamente en la misma configuración de la ciudad y cómo la vivimos todos sus habitantes. Pero para valorar la calidad de un empleo no es suficiente tomar en cuenta la dimensión salarial, por importante que ésta sea. Es imprescindible incorporar otras variables, como el tipo de contratación, la existencia o no de prácticas fraudulentas por parte de la empresa, la carga de trabajo, la salud o la capacidad real de organización y participación en la empresa. Veamos algunos ejemplos de esta interrelación:

- Bajos salarios suponen pobreza laboral, y en primer lugar sufrimiento cotidiano y vulneración de derechos sociales básicos. Pero también afecta en la capacidad de consumo y de activación económica, así como incrementa la demanda de ayudas sociales a causa de la situación de vulnerabilidad.

- Empleos con bajos niveles de cotización implican igualmente una baja contribución fiscal a las arcas públicas, y menor capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas progresistas.

- La inestabilidad en la contratación supone aumentar las dificultades para poder acceder a una vivienda. Si a ello se le suman los bajos salarios y el alza de los precios de alquiler y compra de la vivienda, resolver este problema se convierte en una pesadilla cotidiana para una parte de la población. A medida que se consolida el desplazamiento de la población trabajadora hacia las periferias, empujadas por unos precios de la vivienda inasumibles, el tiempo de desplazamiento hacia y desde su lugar de trabajo se extiende también.

- La incertidumbre y oscilación en los horarios y días de trabajo, o las jornadas maratonianas cuando hay puntas de demanda, dificultad la conciliación con la vida personal, o con la participación social.

- De igual forma, cargas laborales extremas, en lo que supone una creciente intensificación del trabajo, conlleva personas agotadas, incapacitadas para participar en la vida social, con fuerza únicamente para descansar y recuperarse para poder volver al trabajo.

- La suma de estos múltiples factores incide claramente en un deterioro de la salud de la población trabajadora, tanto en términos físicos como psíquicos y, por tanto, limita y coarta sus derechos fundamentales. A su vez esto redunda en mayores demandas al servicio público de salud.

Luchas convergentes

En la ciudad turística coinciden al menos tres mecanismos de desposesión y acumulación de capital sobre las clases trabajadoras: a través de explotación laboral clásica de quienes cada vez más trabajan en el turismo, lo cual da lugar a intensos procesos de precarización y vulnerabilidad social; por medio del usufructo como atractivo turístico de los espacios y la vida cotidiana de su gente que “construyen” ciudad; y, finalmente, gracias a la extracción de rentas inmobiliarias, que obligan a las familias a dedicar cada vez un porcentaje mayor de sus ingresos a la vivienda, a la vez que son desplazados progresivamente.

Los mecanismos de explotación y desposesión en ciudades cada vez más dependientes del turismo deben ser motivo de preocupación del conjunto de la sociedad. La reivindicación del derecho a la ciudad no puede obviar la defensa de un trabajo digno, y a la inversa, son luchas convergentes ante problemas que se agravan en la ciudad turística. Movimientos sociales y organizaciones sociales, sindicatos y estructuras políticas necesitan reconocerse e interesarse mutuamente, sin tantos sectarismos ni apriorismos que debilitan la capacidad de acción colectiva, e impulsar una agenda política y social en defensa del derecho a la ciudad y de un trabajo digno. El turismo no puede ni debe ser el eje único de una alianza de este tipo, pero sin duda juega un papel central en las ciudades turísticas.