La conquista de las vacaciones en Latinoamérica

La concurrencia de factores sociales, económicos y políticos originó que el disfrute de las prácticas turísticas se incorpore paulatinamente en la cotidianidad de las sociedades, ampliándose a sectores antes excluidos. Las conquistas laborales consolidadas a mediados de siglo XX constituyeron un factor esencial en este proceso: la exclusividad de estas prácticas en una elite hasta ese entonces no se debía solo a un problema de imposibilidad de gasto de los asalariados, sino también a algo mucho más elemental, la indisponibilidad de tiempo físico para el descanso. Es en este contexto socio-político que los trabajadores logran forjar mejoras en sus condiciones laborales, entre las que se incluyeron aquellas proclamas referidas al derecho al “descanso”, al “disfrute del tiempo libre” y a las “vacaciones pagadas” –el Convenio 52 (Organización Internacional del Trabajo, 1936), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966)-.

América Latina ocupó un lugar de vanguardia en estos pronunciamientos, que es sistemáticamente desconocido por las obras referentes de la temática –debido a su claro corte eurocentrista–. Los países latinoamericanos fueron pioneros en las ratificaciones del Convenio 52 (OIT, 1936), que reglamentaba el “derecho a las vacaciones pagadas” para todas las personas que sean empleadas públicas o privadas. México y Brasil constituyeron los primeros en ratificarlo en 1938, presididos respectivamente por los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Getulio Vargas, convenio al que se adhirió Argentina siete años después, en la presidencia de Juan Domingo Perón, y se convierte en el séptimo país del mundo en convalidarlo -luego de Dinamarca y Francia, que ratifican en 1939, y Finlandia y Bulgaria, en 1949- (OIT, Ratificaciones Convenio 52).

Diez años después de estas primeras adhesiones, la Conferencia Internacional Americana impulsó el primer acuerdo internacional que refiere al derecho al tiempo libre y al ocio para el conjunto social. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), estableció en su artículo 15 que: “toda persona tiene derecho al descanso, a la honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico”. En 1988, su Protocolo Adicional reafirma el derecho al aprovechamiento del tiempo libre y las vacaciones pagadas para todos los americanos. En este sentido, señala el derecho al “descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales” (Art.7, inciso h).

A partir de dichos reconocimientos, las organizaciones específicas comienzan a promover el derecho al acceso a las prácticas turísticas, vinculado a la satisfacción de necesidades de descanso, bienestar, integración y desarrollo personal. El entonces Buró Internacional de Turismo Social, fue la primera institución de carácter internacional en resolver al respecto, cuando en la Carta de Viena proclamó el “derecho al turismo”, argumentando que constituía parte de la vida contemporánea de las sociedades, por lo que su práctica debía considerarse un “derecho inalienable del individuo”, y afirmaba que ningún gobierno podía concebir una política social integral, si no incluía una política social del turismo, que apunte a la ampliación de la actividad a los sectores postergados (1972, II: 1­‑7, III: 8). A partir de allí, seguirán otros pronunciamientos en la misma dirección -la Declaración de Manila (Organización Mundial del Turismo, 1980), la Carta del Turismo y Código del Turista (Organización Mundial del Turismo, 1985), la Declaración de Montreal (Buró Internacional de Turismo Social, 1996) y el Código Ético Mundial para el Turismo (Organización Mundial del Turismo, 1999).

Estas declaraciones explican por qué entrado el siglo XXI muchos países de la región hayan sancionado sus leyes específicas de turismo, declarándolo un derecho del conjunto social y reivindicando la participación de aquellos sectores excluidos. Es dable diferenciar el caso del Estado Cubano, que fue pionero en este sentido, cuando en el marco del proceso histórico de la Revolución, declaró en la nueva Constitución:

“El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana: […] disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deportes, recreación y descanso.” (Constitución de la República de Cuba, 1976, Art. 42).

El acceso a las prácticas turísticas como parte de las desigualdades sociales

En pleno siglo XXI, las mayorías latinoamericanas permanecen excluidas del acceso al turismo principalmente por dificultades socioeconómicas. El patrón de desarrollo del último cuarto de siglo XX perpetuó las brechas históricas, basadas en el origen racial y étnico, el género y la clase social, y mantuvo las asimetrías, en cuanto a derechos y condiciones de vida. Las mayorías sociales quedan rehenes de estructuras laborales precarias e informales, sin lograr si quiera satisfacer sus necesidades más elementales (CEPAL, 2010, 2018). Estas críticas variables socioeconómicas, que conducen a América Latina a ser la región más desigual del mundo, condenan a su población a ser mayormente oferente de recursos turísticos en el mercado internacional más que participe de su disfrute.

Referir al acceso al turismo en América Latina implica hacerlo a un derecho relativo a una minoría. El proceso de masificación turística que acontece desde mediados del siglo XX, refiere estrictamente a la inserción de parte de los sectores medios, mientras que las mayorías permanecen excluidas, acumulando extensas jornadas laborales, ingresos insuficientes, bajos niveles de bienestar y escasas posibilidades recreativas a su disposición. El turismo representa una de las tantas desigualdades que acumulan las personas ubicadas en bajas posiciones socioeconómicas; a medida que se precariza la condición de ingresos, la situación laboral y el nivel educativo del grupo familiar, disminuye la posibilidad de acceder a su disfrute. En estos sectores, el tiempo libre, lejos de implicar una actitud de ocio para satisfacer necesidades de descanso, diversión y desarrollo personal, se convierte en un tiempo pasivo.

A diferencia de lo que acontece en el contexto europeo, el acceso al turismo en la región continúa siendo socialmente minoritario, incluso en aquellos países que presentan los mejores indicadores regionales. Al analizar comparativamente los niveles de participación turística entre Europa y Latinoamérica, considerando viaje turístico a aquel desplazamiento que incluye como mínimo un pernocte fuera del entorno habitual, se pone de manifiesto esta brecha. El Eurobarómetro señala que el 73% de los ciudadanos de la Unión Europea realizan turismo a lo largo del año –en contraposición al 56% que vacacionaba hace cerca de tres décadas (Comisión de las Comunidades Europeas, 1985)-; sobre el promedio se destacan los casos de Noruega (91%), Finlandia (90%), Suecia (86%), Dinamarca, Luxemburgo y los Países Bajos (85%), Irlanda (82%), Islandia (81%) y Alemania y Austria (80%) (Comisión Europea, 2011).

Para el caso de los países latinoamericanos los niveles descienden marcadamente, los pobladores que practican turismo son una selecta minoría. Los máximos porcentajes de participación corresponde a los casos de Argentina y Brasil (48%) y México (40%), mientras que los demás países están marcadamente por debajo de estas cifras: Perú (34%), Chile (25%), Paraguay (18%), Colombia (12%) (INDEC, 2015; FIPE, 2012; DANE, 2013; STP-DGEEC, 2009; INEGI, 2010; PromPerú, 2015) [1].

Figura 1. Niveles de participación turística (%)

Fuente: Elaboración propia en base a: Comisión Europea, 2016; MINTUR-INDEC, 2015; FIPE-MTUR, 2012; DANE-MICIT, 2013; STP-DGEEC, 2009; SECTUR-INEGI, 2010; SERNATUR, 2012; PromPerú, 2015.

En relación a cuáles son las barreras que limitan la capacidad de vacacionar de las poblaciones, los informes estadísticos reflejan que a medida que los países europeos extendieron sus niveles de bienestar social, las dificultades económicas, cedieron influencia a favor de otros factores, como la salud, el tiempo, las preferencias (Comisión Europea, 1985, 2011); mientras que en Latinoamérica, el disfrute del turismo sigue siendo privativo para la inmensa mayoría por no disponer de los ingresos necesarios para acceder a su consumo (Mintur, 2012b; Fipe-Mtur, 2012; DaneMicit, 2013; Stp-Dgeec, 2009; Inegi, 2010).

El análisis descrito señala que el turismo en Latinoamérica está lejos de constituir una opción entre las prácticas de ocio de las mayorías. Los beneficios que puede traer aparejado el disfrute de estas prácticas, en aspectos como la calidad de vida, la salud, los vínculos sociales, el aprendizaje, el comportamiento y la autoestima, especialmente en grupos que se encuentran socialmente excluidos, no hacen otra cosa que ampliar la brecha social original, entre aquellos que logran participar y los que deben permanecer en sus casas por no contar con los ingresos necesarios.