Desde su origen, hace cerca de un siglo, el turismo social se ha ido complejizando como un enfoque alternativo poniendo en evidencia otras formas de producir y consumir turismo, que no tienen en el lucro su objetivo central sino que surgen en pos de finalidades sociales esenciales, centradas en los viajeros y anfitriones en tanto sujetos de derecho. El presente texto aborda aquellos baluartes que lo posicionan como contracara del modelo masivo y alerta sobre los principales desafíos que afronta ante el avance del capital turístico y sus estrategias de acumulación.

Para entender de qué hablamos cuando referimos al turismo social, podemos empezar diciendo que encuentra su piedra fundacional en considerar al turismo en tanto práctica social; una práctica cuyo acceso en la sociedad e impacto en el territorio resulta necesario abordarse desde los derechos humanos. Plantea que el disfrute del turismo debe entenderse en el marco las de las conquistas sociales de los sectores postergados, vinculadas a la satisfacción de necesidades de descanso, bienestar y desarrollo personal, como una medida de equidad e inclusión; y al mismo tiempo, dentro de una práctica responsable, asociada al fortalecimiento de las comunidades locales y su ambiente, valorizando su cultura, proveyendo óptimas condiciones laborales, beneficios económicos justos, con enclave local, y en armonía con el entorno natural en el cual se desarrolla. 

De este modo, alzar la bandera del turismo social, sea como campo de estudio, de gestión o de acción en el territorio, implica poner en evidencia aquellas malas prácticas que surgen asociadas al desarrollo de la actividad y reflejan, al mismo tiempo, que otro turismo es posible. A su vez, lejos de diluirse en una mera categoría esencialista, el turismo social, comprende una dimensión transformadora, echando luz sobre diferentes experiencias exitosas que hoy se están desarrollando, que se configuran al margen del turismo hegemónico (y su lógica extractiva) y que quedan relegadas de los abordajes tradicionales.

La expansión de la actividad turística desde sus orígenes, y particularmente el impacto que se le atribuye en las economías nacionales y locales, ha ido incrementando una visión optimista (impulsada por el propio capital turístico) que se centra en enfatizar los logros asociados al impulso de la actividad sin abordar con la misma especificidad las dificultades que pueden surgir en la concreción de estos beneficios y sus eventuales impactos negativos en los territorios. La preeminencia que este discurso ha adquirido en los ámbitos gubernamental, institucional e, incluso, académico, posiciona al turismo social como una perspectiva alternativa y contestataria, configurada desde diferentes ámbitos, escalas y agentes operadores.

Origen del turismo social: en búsqueda de una mayor equidad en el acceso

Para identificar los inicios del turismo social debemos remontarnos a cerca de un siglo atrás, cuando aparecen las primeras iniciativas que cuestionan el acceso elitista (restringido a la nobleza primero y a la alta burguesía después) que rodeaba las experiencias vinculadas al tiempo libre, la recreación y el turismo en ese entonces. La exclusividad de estas prácticas en una minoría hasta mediados del siglo XX no se debía solo a un problema de imposibilidad de gasto de los trabajadores, sino también a algo mucho más elemental, la indisponibilidad de tiempo para el descanso. El turismo social surge en este contexto socio-político, en defensa de una mayor equidad en el disfrute del tiempo libre y sus actividades asociadas, bajo el principio de justicia social que comenzaba a ocupar un lugar destacado en la agenda pública (Schenkel, 2017).

Las primeras iniciativas de este tipo fueron impulsadas por asociaciones privadas, a partir de los movimientos laico y cristiano, y posteriormente, iniciativas estatales, que surgen en defensa del descanso y las oportunidades de viaje en aquellos sectores que permanecían excluidos, promoviendo programas vacacionales y la construcción de alojamientos, clubes y complejos recreativos (Haulot, 1981). Europa fue el epicentro de estas primeras iniciativas, donde estados con mandatos autoritarios y democráticos incorporaron el turismo como una necesidad social en el marco de las políticas de bienestar una vez ampliado el derecho a las vacaciones.

Hotel de Chapadmalal, Argentina. Imagen de Érica Schenkel.

En estos orígenes se destaca el accionar del movimiento obrero. A partir de los sindicatos supo ocupar un lugar central en la consolidación del turismo social: forzando a los estados a impulsar los primeros programas turísticos y a institucionalizar las vacaciones pagadas (si bien la primera proclamación de carácter internacional fue la Convención 52 de la Organización Internacional del Trabajo en 1936, los estados comenzaron a suscribir acuerdos parciales tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, debido a la intensa presión obrera); así como construyendo equipamiento turístico propio y creando movimientos asociativos, cooperativistas y mutualistas específicos.

Desde ese entonces, los obstáculos que condicionan el disfrute de las prácticas turísticas y, por ende, los destinatarios del turismo social, se han ido complejizando. Así, la  categoría “colectivos socialmente desfavorecidos”, que en un comienzo se restringió a la condición económica (Muñiz, 2001; BITS, 2003), es decir la limitación presupuestaria para acceder al turismo a precios de mercado, pasó a complementarse con otras causas, como las cuestiones etarias, de salud, médicas o físicas (Minnaret, 2007) y de aislamiento o geográficas (OITS, 2011).

Esto explica la proliferación de agentes operadores que coexisten en la actualidad en defensa de un acceso al turismo más equitativo, entre los cuales se encuentran: estados, sindicatos, organismos de cooperación, clubes y otras diversas asociaciones sin fines de lucro. Entre estas últimas, se destaca el Buró International de Turismo Social (hoy denominado Organización Internacional de Turismo Social - OITS), que quedó instituido en el encuentro de Bruselas (1963), integrado por diversos actores públicos y privados, con el objetivo de promover el acceso al tiempo libre, a las vacaciones y a la práctica turística a un mayor número de personas. Hasta nuestros días desarrolla una destacada labor en el área.

La necesaria reformulación del concepto: en defensa de las comunidades locales

La expansión que experimenta el turismo desde sus orígenes, y sus evidentes impactos en el territorio, hicieron necesario un replanteamiento de la conceptualización del turismo social (de sus alcances y propósitos), que queda formalizada en la última década. Pasando a definirse como una perspectiva con un agregado valor social, que tiene el objetivo de beneficiar al anfitrión y al visitante en la experiencia turística, el turismo social incorpora entre sus preocupaciones a aquello tan esencial como lo es la población local (Minnaert, Maitland, Miller, 2009). Así, esta perspectiva que hasta finales del siglo XX se restringió a cuestionar y accionar en torno al acceso turístico, amplió su campo de actuación y fue en defensa de las comunidades de destino, y la restricción de sus derechos esenciales, añadiendo a sus tradicionales propósitos: la sostenibilidad social y económica, la conservación de los ecosistemas, el respeto por la cultura local y la diversidad cultural, la sensibilización y formación de los visitantes.

En los últimos años, esta nueva concepción de turismo social (que denominaremos: amplia; para diferenciarla de la específica, que centra su preocupación en el acceso al turismo) es refrendada por la propia OITS, que afirma: “el turismo social debería beneficiar a las personas de bajos ingresos no solo facilitando las oportunidades de viaje, sino también extendiendo los beneficios del desarrollo turístico a personas de escasos ingresos a nivel de destino”. Bajo estos lineamientos, el organismo reformula su tradicional definición de turismo social, incorporando a la comunidad local: “las conexiones y los fenómenos relacionados con la participación tanto en el lugar de destino como en los visitantes de personas de capas sociales desfavorecidas o que no pueden participar en el turismo y sus ventajas generadas por cualquier motivo” (2011:1).

Esta ampliación del concepto, origina que el turismo social pase a referir tanto a las iniciativas destinadas a facilitar el acceso al tiempo libre y las oportunidades de viaje en sectores postergados como aquellas otras propuestas, que centran la preocupación en la población local, relacionados a la promoción del desarrollo y la solidaridad a partir del turismo. El turismo social (en sentido específico) comienza entonces a compartir el campo de actuación con otras modalidades turísticas, como el turismo comunitario o  el ecoturismo.

El riego de la segmentación turística

La pervivencia de la expansión del capital turístico en un mercado global y altamente competitivo queda sujeta al diseño (sistemático) de productos turísticos innovadores, capaces de inducir consumos y captar nichos de mercado totalmente impensados tiempo atrás (Harvey, 2005). Esto ha llevado a la complejización y diversificación de la oferta turística, que ante la imperiosa necesidad de captar nuevos clientes configura modalidades de las más diversas. Así, hoy en día asistimos a la propagación de actividades y experiencias en torno al: turismo cultural, turismo de la salud, turismo aventura, turismo educativo, turismo LGBT, turismo religioso, turismo de reuniones; y la lista se hace interminable.  

En esta lógica segmentalizadora, el turismo social motiva la atención del propio capital turístico. El creciente interés por una parte de la sociedad en torno a la problemática ambiental, la búsqueda de lugares prístinos, la sostenibilidad social y económica, ha alertado al sector impulsando sus propios productos turísticos “alternativos”. Convertidas en un nicho más del mercado, propuestas de turismo comunitario, ecoturismo o turismo responsable, aparecen en el catalogo de los principales turoperadores, cadenas hoteleras y grandes grupos turísticos, articulando lugares en sitios de lo más remotos que ya no cuentan con la limitante espacial (Cañada y Gascón, 2007; Fernández Miranda, 2011).

En una misma línea, el turismo social en sentido específico, también conocido como “turismo para todos” (o más específicamente, de acuerdo al segmento etario “turismo joven” y “turismo senior”; o a partir de las dificultades físicas: “turismo accesible”), que había sido sistemáticamente despreciado en un comienzo, se ha convertido en el nicho estrella de una parte importante del empresariado (principalmente hotelero), que descubre en esta modalidad turística una original alternativa para el sostenimiento de sus economías. Más allá de la mejora en la imagen empresarial que pueden obtener por incorporarse en prácticas de este tipo (como sucede con las otras modalidades de turismo alternativo), éste adiciona dos apetecibles ventajas para el capital: en primer lugar, permite captar un nuevo segmento de clientes que, a causa de su presupuesto económico medio y bajo, no accede a la tradicional oferta comercial, por lo que su incorporación genera un aumento en la demanda y así un incremento de sus ventas; y en segundo lugar, aunque a un precio por debajo del mercado, permite ocupar plazas ociosas en periodos de temporada baja, contrarrestando los costos fijos y obteniendo a cambio un incremento de sus ganancias.

SESC Bertioga. Imagen de Alba Sud.

El interés del sector por este segmento es tal que ha comenzado a ocupar un lugar protagónico en la defensa de esta modalidad en los diferentes espacios de discusión asociados al turismo social, incluso los gubernamentales, disputando un incremento de las partidas públicas destinadas a la financiación de estos programas. En cuanto a esto último, y basado en la perspectiva positivista que rodea el análisis del turismo en general, la defensa sectorial esgrime las externalidades económicas que se asocian al impulso de la actividad, como generador de ingresos y empleo y un instrumento desestacionalizador, que contribuye, a su vez, al sostenimiento de las economías nacionales con su “derrame” económico.

Este discurso (rentable), que ha impulsado el propio empresariado (en base a los intereses y problemáticas de la oferta) ha calado fondo en parte del ámbito institucional (nacional e internacional) e incluso académico, que en muchos espacios pasa a considerarlo una actividad económica más, relegando a un segundo plano sus valorables causas sociales. Desde estos espacios, los programas de turismo social se convierten tanto en una oportunidad económica para el empresariado como en un instrumento de reivindicación social para los sectores postergados, conciliando dos lógicas en conflicto: el turismo como negocio y el turismo como derecho. La realidad muestra que más allá de muchas experiencias exitosas, este equilibrio se hace muy difícil de alcanzar en otros casos, que terminan siendo un engranaje más de la expansión de la industria turística y su lógica extractiva.

Estas reflexiones ponen de manifiesto que asistimos a una disputa por el turismo social como modelo alternativo. Las diferentes modalidades que surgieron bajo estos parámetros, como contracara del modelo masivo, son reñidas por el propio capital que utiliza sus causas valorables de solidaridad, sustentabilidad e inclusión social, a los intereses sectoriales, convirtiéndolas en una forma más de segmentación del mercado. Ahora bien cabe preguntarnos: ¿Qué visión tienen los actores sociales implicados? ¿Cómo responder al avance del capital turístico? ¿Es posible?

Como punto de partida (y de cierre para este texto) podemos afirmar que es necesario profundizar en mecanismos que posicionen al turismo social como un modelo alternativo genuino, que en pos de un turismo más equitativo, inclusivo, responsable y sostenible, proyecte, articule y reproduzca aquellas experiencias exitosas que hoy se están llevando a cabo bajo dichos parámetros; y denuncie y sensibilice sobre las malas prácticas que escondidas en la etiqueta del turismo social reproducen las lógicas tradicionales. Ambos ejes de trabajo requieren de un fortalecimiento de la participación de las comunidades locales y de las organizaciones del tercer sector, e incluso de los actores gubernamentales y de aquellos empresarios que, francamente convencidos de los valores del turismo social, no estén dispuestos a regirse bajo los cánones que demanda la ilimitada expansión del capital turístico.