El proyecto Red Frog Beach, iniciado en el año 2004, consistió en la construcción de un complejo turístico de 600 hectáreas en la costa norte de la Isla de Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro de Panamá. El proyecto estaba dividido en tres fases, pero solamente se finalizó la primera ya que, aunque la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) aprobó en junio de 2007 el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la segunda fase, la Corte Suprema de Justicia lo declaró ilegal. Además, hubo una fuerte presión social de los locales y grupos ambientalistas en contra de este proyecto por todos los impactos negativos que suponía en la isla. Finalmente, en 2009 el complejo fue asumido por el Grup Oceans International y actualmente es el alojamiento más lujoso de la isla.

Red Frog Beach inicia su construcción en la Isla Batimentos

El complejo turístico fue impulsado por la empresa Pillar Panamá S.A. para comercializar el complejo urbanístico que combinaba capital panameño y norte americano y pretendía ser exclusivo para personas jubiladas y turistas extranjeros. Los medios de comunicación se hicieron eco de este proyecto, aunque no hay un consenso sobre el nombre y tipo de edificaciones planeadas. El diario La Prensa (2008) confirma que se pretendían construir 700 casas, 7 condominios de apartamentos, un hotel de 4 pisos de hasta 100 habitaciones y 34 villas con un campo de golf. Además, se incluye una marina con capacidad para 250 embarcaciones, estacionamientos y un centro de actividades de tres pisos. Otro medio, Gaceta Oficial Digital (2009), indica que el proyecto consistía en un hotel de entre 80 y 100 habitaciones, 44 villas, 517 apartamentos en condominios, 126 viviendas tipo dúplex y 20 suites. También contemplaba un complejo para jugar al golf, un centro comercial, varias piscinas, áreas para almacenar diésel, gasolina y agroquímicos y una marina con 250 muelles privados. Silva (2019) explicaba a Alba Sud que el proyecto urbanístico contemplaba la construcción de 763 residencias, piscinas, marinas y áreas verdes en la Isla de Bastimentos.

Más concretamente, el proyecto estaba dividido en tres fases, de las cuales solo se llegó a construir la primera. Esta fase fue aprobada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en el 2004 a través de la Resolución INEORA IA-069-04 de 2 de diciembre del mismo año, de Categoría III, lo que significa que el proyecto implica un gran impacto ambiental. La Ley General de Ambiente establece la consulta ciudadana como un requisito para la aprobación de los estudios cuando son de Categoría II y III. No obstante, las consideraciones que hacen los ciudadanos en los fórums públicos sobre un proyecto en la mayoría de casos no son vinculantes o, hasta se consulta a personas no residentes del lugar o área.

Durante esta primera fase, la constructora Pillar Panamá S.A. taló árboles de bosques maduros, fragmentó el hábitat de la zona y provocó erosiones en las zonas costeras, actividades que no se contemplaban en el Estudio de Impacto Ambiental previamente aprobado. Es por eso que se multó a la empresa con un importe de 10 mil dólares en abril de 2005. A partir de ese momento, se empezó a alertar sobre la segunda fase del proyecto. Más concretamente, la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ANAM objetó que era preocupante la magnitud y la incompatibilidad de muchas de las actividades que se querían desarrollar, teniendo en cuenta que se trataba del área de amortiguamiento del Parque Nacional Marino, que es una de las pocas Áreas Protegidas de América Latina para preservar diversos ecosistemas frágiles en una misma zona.

Muelle de Red Frog Beach. Fuente: Dronepicr, bajo licencia creative commons.

Varios actores se oponen al proyecto

Durante todo el año 2006, el ANAM también recibió numerosascartas de oposición por parte de algunos grupos y organizaciones como el Centro de Estudios y Acción Social Panameña (CEASPA), la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Natural Resources Defense Council y la Sociedad Audubon de Panamá, entre otras. Los residentes de la comunidad Ngöbe de Bahía Honda también argumentaron que la construcción de una marina contaminaría las aguas con petróleo y gasolina, destruiría manglares, afectando la cría y el desarrollo de especies juveniles, obstruiría el camino que utilizan los niños para llegar hasta la escuela y los delfines con sus crías, etc. A la vez, grupos extranjeros se manifestaron en contra del proyecto, expresando que afectaría gravemente al ecosistema del área.

Incluso, el Instituto Panameño de Turismo tomó una posición de confrontación al proyecto al considerar que carecían de ciertas informaciones y que se produciría una pérdida de biodiversidad y afectaciones a los frágiles ecosistemas que conforman la Isla de Bastimentos. Por su parte, el organismo encargado de velar por la construcción y el mantenimiento de caminos y calles, representado por la Jefa de la Sección Ambiental del Ministerio de Obras Públicas, sostuvo que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Red Frog Beach en la Fase II no especificaba si se construirían nuevos caminos ni la longitud de estos y si serían públicos o privados; el tipo de vehículos que se utilizarían durante la etapa de construcción; qué sucedería con las áreas de botadero ni si se cumplían los requerimientos ambientales del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Algunos grupos ambientalistas empezaron a protestar ya que, según ellos, los agroquímicos que se requerían para el mantenimiento del campo de golf, previsto en construcción, tendrían un impacto negativo sobre los corales y sobre el Parque Marino de Bastimentos. Estos grupos conservacionistas ya habían denunciado con una consulta pública la excesiva erosión que sufría el área y la pérdida de fauna y flora que se estaba produciendo. Es por eso que en setiembre de 2007 el proyecto se paralizó durante la investigación, a la espera de un informe final que indicara si se mantenía la suspensión o se reprendían las actividades.

Las protestas en contra del proyecto también se vieron reflejadas en diferentes marchas organizadas por los locales de la isla. Más concretamente, en agosto de 2006 hubo una muy numerosa con el lema: “Esta tierra no se vende, esta tierra se defiende”, donde centenares de ciudadanos de comunidades como Bahía Honda, Bocatorito, Bocas del Toro, Salt Creek, Isla de San Cristóbal, Isla Carenero, Solarte, etc. irrumpieron en un encuentro de periodistas para denunciar que estaban siendo acosados por las autoridades y empresarios con tal de ser expulsados de sus tierras insulares. A la marcha se unió un grupo de trabajadores adscritos al Sindicato Único de Trabajadores en la Construcción (SUNTRACS), que presionaba a la empresa Pillar Panamá S.A. para que le pagara el salario acordado en la convención colectiva. A finales de enero de 2007, los obreros de este proyecto iniciaron una vaga indefinida para exigir a la empresa que se respetaran los acuerdos firmados con la organización laboral y que contaba con el aval del Ministerio de Trabajo.

Otra fecha destacada fue el 18 de mayo de 2007 cuando algunos afiliados al SUNTRACS ocuparon la sede del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) para exigir que las autoridades gubernamentales sancionaran a la empresa constructora, a quien acusaban de violar los acuerdos y los derechos de los trabajadores por no respetar el parón de trabajo decretado por la organización sindical en la construcción del proyecto Red Frog. Los trabajadores anunciaron que los directivos de la firma habían entregado cuatro casas desde que se inició la huelga y que, por lo tanto, tenían que haber contratado nuevos trabajadores, lo que supone una acción ilegal.

El proyecto inicia una polémica segunda fase

Por otro lado, el proyecto Red Frog Beach solicitó la aprobación del ANAM para iniciar su segunda fase. Esta autoridad aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de Categoría III en junio de 2007, desconociendo los intereses de la comunidad habitante en la Isla de Bastimentos y las opiniones de otras entidades estatales, así como aspectos trascendentales de los impactos ecológicos que ocasionaría la obra residencial y turística a corto, medio y largo plazo.

No obstante, la población local continuó protestando en contra de este proyecto con varios carteles para exponer que el turismo para ellos es un depredador de la isla y de sus bellezas, dando lugar a una especulación desmesurada. También se denunciaba que la Fundación Red Frog les engañaba explicando los beneficios colaterales del megaproyecto inmobiliario y que el Estado estaba ausente en cuanto a la custodia de recursos, valores y cultura local. Además, Red Frog Beach les había clausurado caminos de la isla que llevaban siendo utilizados por la población autóctona desde hacía siglos, la cual se encontraba con guardias de seguridad armados que le prohibían el paso o tenían que pagar un par de dólares para usar el único camino que no había estado cerrado y que estaba alejado de las instalaciones de este complejo. Tal y como afirmaban los habitantes de las comunidades, estos abusos solo los podía hacer una empresa que cree estar al margen de la ley y que se siente emparada por cómplices que forman parte del gobierno (Salvemos las costas de Panamá, 2007).

Protestas de la población local. Fuente: Ejatlas, bajo licencia creative commons.

La decisión de la Justicia hace cambiar el rumbo del proyecto

A pesar de las quejas y malestares, no fue hasta noviembre de 2008 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la Resolución Número 1ª-218-2007, mediante la cual se aprobó el EIA de la segunda fase. Esta decisión surgió al resolver una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) en contra de la resolución, ya que consideraban que el proyecto ponía en peligro las riquezas marino-costeras de la zona. La resolución excluía la aprobación de las siguientes infraestructuras: centro acuático, campo de golf y las 10 villas (Cove Villas) situadas en la parte nordeste del proyecto y las que se encontraran dentro de la zona de protección o quedaran en áreas pantanosas. El Tribunal determinó que los impactos ambientales negativos e irreversibles que ocasionaría el proyecto Red Frog Beach durante la Fase II causarían una afectación en el ecosistema y contradirían las disposiciones legales del ANAM, que establecen como una prioridad conservar el hábitat original de especies y variedades silvestres, proteger bosques y preservar ecosistemas marinos.

Delante de esta eventualidad, el ANAM no cuestionó la decisión de la Corte Superior de Justicia y señaló que la empresa podría presentar otro EIA. No obstante, la promotora anunció que la elaboración del primer estudio costó alrededor de un millón de dólares, pero el coste de un nuevo EIA, el tiempo invertido y la mala publicidad eran irrecuperables. Es por eso que la decisión del Tribunal Supremo contuvo el proyecto Red Frog Beach,     que ya había vendido 270 unidades de alojamiento y tenía un volumen de ventas de 140 millones de dólares. Finalmente, se redujo a un puerto deportivo más pequeño y disminuyó el número de casas de lujo, muchas de las cuales aún siguen en venta. La conclusión de la primera fase del proyecto se centró en alojamientos más ecológicos, más que en las comodidades turísticas tradicionales. Aun así, la inmensidad y el consumo energético de todas las infraestructuras provocan inevitablemente un desequilibro ambiental precario de la selva tropical y la biodiversidad de la Isla de Bastimentos (Greyl, 2016).

El año 2009 el Grupo Oceans Internacional asumió el proyecto con la visión de ser más que un típico complejo comercial y formar una auténtica comunidad de islas que conecta las personas entre ellas y la naturaleza que las envuelve. El complejo turístico ha recibido el Green Global International Standard for Sustainability, siendo pionero en recibir esta certificación en todo Panamá. Además, se instaló una planta de tratamiento de aguas residuales que son procesadas de manera centralizada con cinco niveles de tratamiento. El complejo también dispone de una de las centrales solares más grandes establecidas en una isla en todo el mundo (Red Frog Beach, 2019).

Por otro lado, la Fundación Red Frog fue creada en 2006 por un grupo de propietarios del proyecto Red Frog Beach, aunque no empezó a tener un mayor impacto en la comunidad de Bocas del Toro hasta al cabo de unos años. Su misión es desarrollar y completar proyectos comunitarios que promuevan la autoayuda, la protección del medio ambiente, la preservación cultural y la mejora sostenible de la educación y la salud públicas a toda la provincia. Desde la creación de los complejos, Red Frog Beach ha donado más de 500.000 dólares a organizaciones benéficas de todo el mundo. Los proyectos de caridad incluyen la gestión ambiental, grupos minoritarios vulnerables, mujeres sin hogar, niños y niñas y personas con necesidades especiales (Red Frog Beach, 2019). No obstante, su voluntad por encontrar enlaces con las comunidades se puede poner en duda, teniendo en cuenta la evolución de este conflicto y los impactos que ocasionó a la población.

Villa de Red Frog Beach Ressort. Fuente: Felipe Valduga, bajo licencia creative commons. 

El cese de la segunda parte del proyecto y su reformulación se puede atribuir a la confluencia de dos causas. En primer lugar, las resistencias de las organizaciones y la población local y, en segundo lugar, el estallido de la crisis financiera internacional a finales de 2007, que redujo el acceso al crédito y a las posibilidades de inversión. No obstante, actualmente el complejo sigue creciendo y en construcción constante. Este crecimiento se explica por una necesidad de redimensionar el proyecto dentro de una lógica de especulación inmobiliaria, que viene dada por la recuperación de la economía mundial.

Más concretamente en 2018 se inauguró la Rosa Beach Club, una instalación que cuenta con un restaurante, un espacio para eventos, un bar y varias piscinas. También está prevista la construcción de un nuevo edificio en el área de Condos, que incluirá piscinas y acceso privado a las playas, además de pavimentar los caminos de todo el complejo con tal de mejorar la experiencia de los propietarios y huéspedes.

¿Cuáles son las consecuencias del proyecto Red Frog Beach?

El proyecto Red Frog Beach es un claro ejemplo de cómo el turismo puede producir conflictos en un territorio, en este caso en la Isla de Bastimentos, donde la construcción de este complejo turístico causó varios impactos, mayoritariamente negativos. La manera como este negocio de la propiedad se implementa en áreas rurales rompe con la territorialidad preexistente en las comunidades locales, promoviendo así desplazamientos de alojamientos e impidiendo el acceso a ciertas vías públicas y a la costa. Como consecuencia, estos procesos llevan a la fragmentación, exclusión y privatización de los territorios (Cañada, 2018).

La gran parte de las protestas llevadas a cabo por la población local hacía referencia a los impactos ambientales que estaba produciendo o produciría el desarrollo de este proyecto, Tal y como se ha mencionado, se ponía en peligro la pérdida del paisaje, la pérdida de biodiversidad y vida silvestre, los ecosistemas dentro de un Área Protegida, las aguas ya contaminadas con petróleo y gasolina, etc. Otros impactos negativos producidos fueron la desforestación, la erosión del suelo y las zonas costeras y la inseguridad alimentaria causada por los agroquímicos utilizados.

Por otro lado, las comunidades de la isla recibieron este proyecto como una invasión del capital, donde los únicos que se beneficiaban eran los inversores extranjeros y donde se demostraba claramente el interés del Estado por este tipo de proyectos. De esta manera, los locales rechazaron el turismo ya que los impactos socioeconómicos que les comportaba eran el desplazamiento de la población y la pérdida de los conocimientos tradicionales, prácticas o cultura. Otro de los impactos negativos de este proyecto fue la privatización de caminos públicos, utilizados habitualmente por la población local que se encontró desamparada con estas acciones, tal y como se menciona anteriormente.

Viviendas de la población local de la isla. Fuente: Chris Goldberg, bajo licencia creative commons.

A la vez, un gran número de trabajadores de la obra se encontró con una falta de seguridad laboral, despidos y paro, ya que dependían del trabajo que ofrecía una constructora donde reinaba la precariedad laboral. Esta dinámica forma parte de algunas de las implicaciones de construir áreas turísticas identificadas en América Central, donde los lugares de trabajado que se crean acostumbran a ser precarios y sujetos tanto a la explotación como a la escasez de seguridad laboral (Cañada, 2018).

La vulneración de los derechos humanos que estaba viviendo la población de la Isla de Bastimentos hizo que los locales se organizaran en protestas y luchas, fomentando el empoderamiento de las comunidades y la creación de vínculos con diversos grupos. De esta manera en ciertos momentos pudieron parar el proyecto, aunque una parte de este ya estuviera construido y actualmente siga funcionando. Es por eso que sería interesante hacer una evaluación de los impactos actuales de este complejo turístico, contando con la opinión de la población local, de los trabajadores o de otros agentes implicados.