El Parque Nacional de Coiba se encuentra situado en la isla de Coiba, la más grande del Pacífico Centroamericano, ya que tiene un total de 493 kilómetros cuadrados y, además, incluye otras 38 islas de menor dimensión. Aunque fue utilizada como centro penitenciario por las autoridades panameñas entre 1919 y 2004, el Parque fue creado en el año 1991 y actualmente constituye una de las joyas naturales del país. Además, el 14 de julio de 2005 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a causa de su elevada biodiversidad (36 especies de mamíferos, 39 de anfibios y 147 aves). La extensión del Parque es de 270.000 hectáreas, de las cuales 216.000 son mamíferos y contiene uno de los ecosistemas coralinos más bien conservados del Pacífico Tropical, además de ser la tercera reserva marina más grande del mundo. Por este motivo la UNESCO estableció un área de protección donde la pesca está totalmente prohibida (UNESCO, 20119).

No obstante, la gestión del Parque no ha estado exenta de conflictos. En el año 2014 un grupo de expertos de la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) visitaron la isla y denunciaron, juntamente con entidades ambientalistas, problemáticas como la deforestación, la falta de mantenimiento o la pérdida de fauna endémica. A pesar de estas alertas, el gobierno de Panamá decidió impulsar el turismo verde en la región, hecho que supone cambios en el Plan de Uso Público (PUP), como la propuesta de rehabilitar una antigua pista de aterrizaje con tal de poder acoger un mayor número de visitantes. La propuesta del gobierno fue vista con recelo por la UNESCO, que pidió explicaciones pero, sobre todo, por la sociedad civil y diversos grupos ambientalistas que reclamaban parar las obras. Así argumentaban que se iniciaría la construcción de infraestructuras como hoteles en medio de un paraje natural y protegido. La sociedad civil, además, alegaba que en ningún momento había sido consultada en el proceso de planificación. El pasado mes de junio, la Corte Suprema suspendió cautelarmente la potestad del Ministerio de Ambiente por gestionar los fondos del Parque Nacional, a la espera de resolver definitivamente una segunda demanda interpuesta por abogados ambientalistas aduciendo malas prácticas y un proceso fraudulento de adjudicación de obra. Por su importancia, detallamos el origen y las fases de este conflicto, así como los diferentes actores que han intervenido.

Coiba, de Patrimonio de la Humanidad a Parque Nacional turistificado

Dado que el Parque Natural fue declarado Patrimonio de la Humanidad, tiene que cumplir con un gran número de requisitos que comportan visitas e informes con tal de asegurar el buen estado de la zona. Esto fue lo que hizo un grupo de expertos de la UNESCO y la UICN cuando visitó la isla para estudiar la situación del área protegida y ayudar al Estado y a los locales de las áreas vecinas en los programas de conservación de la biodiversidad. Tal y como explica el diario El Universo (2014), el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM), Silvano Vergara, afirmó que dos de los problemas existentes eran la pesca ilegal y el rebaño que deambulaba sin supervisión por la zona. Representantes del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) también mencionaron, tal y como anuncia el diario La Prensa (2014), que una de las problemáticas es la deforestación de la isla, que se tendría que proteger especialmente ya que es uno de los últimos lugares de Panamá donde quedan guacamayos rojos, una especie de aves de la familia de los loros. Otro medio de comunicación, La Crítica (2015) hizo cobertura de esta noticia explicando que Fanny Douvere, representante de la UNESCO, confirmaba que estas evaluaciones han sido continuadas, como seguimiento por parte de la UNESCO para comprobar el estado del Parque.

Además, la Universidad Marítima Internacional de Panamá emitió un estudio donde alarmaba sobre una disminución de especies y un alto porcentaje de deterioro al Parque Nacional Coiba, mientras que los entornos y biodiversidad del lugar protegido mantenían estable la diversidad marina. También afirmaba que, de manera general, la situación de las comunidades de peces representaba un buen estado, mientras que fuera del área protegida este recurso se reducía hasta un 90%. Además, el estudio reveló que algunas especies como la langosta o los pepinos de mar se encontraban en densidades muy bajas, lo cual podía ser debido a la extracción indiscriminada que habían padecido a lo largo de muchos años.

Guacamayo Rojo. Fuente: Daniel Mennerich, bajo licencia cretive commons.

Poco tiempo después, en abril de 2015, el gobierno de Panamá firmó una iniciativa para impulsar el turismo verde en el parque, hecho que preveía la dotación de la infraestructura básica a 10 áreas protegidas para conseguir atender a los visitantes, tal y como informa el medio ANPanamá (2015). Se incluían centros de turistas, facilidades sanitarias, lugares para la entrada de visitantes, miradores, torres de observación, senderos señalizados y interpretados, carril bici, merenderos y áreas de acampada, algunos de las cuales fueron construidas con recursos de la Autoridad de Turismo de Panamá. Estas construcciones tenían la intención de garantizar la sostenibilidad de la actividad turística y la conservación de los valores ambientales y culturales de las áreas protegidas. La visión de desarrollo del turismo verde dentro de esta zona y los nuevos cambios que contemplaba el Plan de Uso Público (PUP) realizado en el parque pretendían aprovechar al máximo los atractivos naturales y culturales del área marina protegida, además de garantizar la sostenibilidad financiera.

Medidas restrictivas en el parque provocan desavenencias con proveedores turísticos

Esta iniciativa de turismo verde también comportó algunas restricciones aplicadas por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) como, por ejemplo, la reducción de la cantidad de camas y espacios disponibles, ya que no se contaba con las condiciones higiénicas mínimas y no había suficiente agua cuando todas las cabañas estaban ocupadas. Esto se debe al hecho de que la capacidad de carga del Parque Nacional Coiba había estado superada hacía mucho tiempo, pero por cortesía se atendía igualmente a los visitantes. El diario Panamá América (2015) también informó que había un interés para que Coiba fuera aprovechada científicamente y se diera a conocer al mundo por su riqueza natural, a través del turismo responsable, pero que por eso era necesaria la participación de diversas entidades, como la Autoridad de Turismo de Panamá y Sinaproc (Sistema nacional de Protección Civil de la República de Panamá).

Estas restricciones provocaron que, en junio de 2015, un grupo de boteros y operadores turísticos del sur de los distritos de Montijo y Soná (Veraguas) denunciara que las medidas implementadas para ingresar en el Parque Nacional afectaban la rentabilidad de su actividad. Según los afectados, el número de alojamientos disponibles se redujo y, por lo tanto, cuando los turistas solicitaban sus servicios para realizar excursiones en el Parque no se les podía ofrecer el servicio por falta de espacio. Otro de los inconvenientes al que se enfrentaban fue el aumento del precio del ancoraje de las embarcaciones y del alojamiento de los boteros en las cabañas, que siempre había estado gratuito.

Ante la amenaza ecológica, se crea el Fondo Coiba dos años más tarde

En octubre del año 2017, el gobierno de Panamá anunció que el Parque Nacional se incluiría en la oferta turística del país respetando todos los aspectos ecológicos y sin afectar a los ecosistemas marinos, insulares y costeros. Además, tal y como explica el diario La Estrella de Panamá (2017) se comentó la ejecución de nuevos proyectos de reforestación y el aumento del presupuesto para la protección de los bosques primarios del país.

A finales de diciembre del 2017, con tal de seguir con la estrategia turística del Parque, el Consejo Directivo del Parque Nacional de Coiba aprobó la operación del Fondo Coiba con 3,76 millones de dólares. Según informaLa Estrella de Panamá (2017), el 78% de este fondo, que fue creado mediante la Lei 44 de 2004, sería destinado a cubrir los gastos de manejo, protección y conservación del Parque y para financiar proyectos de desarrollo sostenible que se ciñeran al Plan de Gestión del parque. El fondo también quería aportar beneficios para los pescadores artesanales y pequeños agricultores, así como para las iniciativas en los municipios de Montijo, Soná, Las Palmas, Río de Jesús y Mariato, de la provincia de Veraguas. El Consejo Directivo del Parque Nacional de Coiba es el órgano que gestiona el Parque Natural y vela por su preservación. Está formado por el Ministerio de Medio Ambiente y el de Seguridad, la Autoridad de Turismo y la de Recursos Acuáticos, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Panamá, la Cámara de Comercio de la provincia central de Veraguas, alcaldías y representantes de los sectores de la pesca artesanal, deportiva, industrial y exportadora.

Turistas y boteros en la isla de Coiba. Fuente: Scott Ableman bajo licencia creative commons.

Entidades ambientales y población civil se muestran disconformes con el Plan

El 3 de enero del 2018 el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba adoptó el Plan de Uso Público del área protegida. Este instrumento de planificación tenia el objetivo de ordenar las actividades científicas, ecoturísticas y de desarrollo sostenible. De esta manera, según explica el medio Panamá América (2018), el Consejo cumplía con el objetivo histórico de gestionar las actividades públicas del Parque y atender los compromisos internacionales delante de la UNESCO. No obstante, la Fundación MarViva consideraba que la implementación del documento no era viable por su aplicación porque aun necesitaba cumplir con algunas recomendaciones dadas y ajustes relevantes. Juntamente con otras ONGs del sector ambiental, pidió públicamente al Ministerio de Ambiente que asegurara a corto plazo la integración al PUP de todas las adecuaciones y recomendaciones recibidas para disminuir las deficiencias que persistían en la isla. Según los especialistas reunidos, de no cumplir con el PUP y con todas las recomendaciones dadas, se corría el riesgo de tener una gestión deficiente a Coiba e incumplir con el objetivo de conservación del Parque Nacional y su zona especial de protección Marina, además de poner en peligro la integridad de los ecosistemas marinos y la biodiversidad del área.

Curiosamente, durante el mismo mes de enero, el diario La Prensa (2018) lanzó una encuesta a sus usuarios preguntando si el Parque Nacional Coiba se tendría que abrir al turismo. Los resultados muestran un 58% de los votos para el no y un 42% para el sí, datos que, a pesar de no haber estado recogidos científicamente, muestran la disconformidad de la población local con el proyecto.

UNESCO interviene para proteger el Parque Nacional

El 16 de febrero de 2018, la UNESCO envió una carta a la República de Panamá pidiendo clarificacionessobre las preocupaciones crecientes relacionadas con la voluntad de construir el aeropuerto de Coiba (UNESCO, 2018). El Estado respondió el 14 de marzo explicando que esta planificación se encontraba en proceso de concurso público con tal de estudiar, diseñar, rehabilitar y mantener la infraestructura ya existente, hecho que se encontraba ya previsto en el Plan de Uso Público.

A finales de mayo del 2018, la UNESCO solicitó la suspensión del PUP del Parque Nacional de Coiba,pidiendo evaluar los posibles impactos negativos del plan teniendo en cuenta el valor universal excepcional de Coiba,tal y como se hace saber en el diario La Prensa de Panamá (2018). La evaluación tenía que estar basada en datos científicos rigurosos y completada y presentada el 1 de febrero del 2019 para la revisión del Centro de Patrimonio Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UINC). El organismo internacional también pidió asegurar que el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de infraestructura aeroportuaria fuera elaborado siguiendo las recomendaciones sobre estudios de evaluaciones ambientales de la UICN y presentado el 1 de diciembre del 2019 para su revisión antes de que empezaran los trabajos del proyecto.

La UNESCO solicitó establecer un programa para monitorear el impacto del turismo en el área protegida e informar de la elaboración de cualquier programa o plan relacionado con el turismo en el futuro. De esta manera, la UNESCO se sumaba a las inquietudes del Comité Científico del Parque Nacional Coiba y de grupos conservacionistas, como MarViva, que denunciaron que el Plan de Uso del Suelo se había aprobado sin tener en cuenta las informaciones científicas generadas durante los últimos años. La UNESCO también mostró su preocupación por las regulaciones pesqueras en considerar que no garantizaban la preservación a largo plazo. Con esta solicitud se confirmó que la sociedad civil tenía razón en reclamar tanto el cierre del Parque Nacional Coiba al público, como también la modificación del reglamento interno del Consejo Directivo; la aprobación del PUP sin el previo estudio de capacidad de carga que indica el máximo de visitantes; el permiso para la rehabilitación de la pista de aterrizaje para promover el ecoturismo de alto impacto; la firma de un préstamo para financiar el PUP y la adopción del ordenamiento pesquero. Estas demandas tuvieron que ser priorizadas de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, según explica el medio Panamá América (2018).

Turistas del Parque Nacional de Coiba. Fuente: Scott Ableman, bajo licencia creative commons.

Aprueban proyecto para mejorar el aeropuerto, pero demandas en contra aumentan

Según un plan impulsado desde el Ministerio de la Presidencia, con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado entre el 26 y el 27 de junio del 2018, se planteó pavimentar la pista de aterrizaje para aviones ya presente en la isla con el objetivo de destinarla al uso turístico y de visitas oficiales. El proceso de licitación para “Estudio, Diseño, Rehabilitación y Mantenimiento de la Pista de Aterrizaje de la Isla Coiba, Provincia de Veraguas” (acto público No. 2018-0-03-0-09-LV-029896), fue adjudicado por parte del Ministerio de Presidencia a la empresa Constructora Cumo, S.A., con un presupuesto de 3.270.000 dólares superando el presupuesto inicial de tres millones. La elección de esta empresa fue cuestionada por algunas irregularidades, tal y como informa el diario La Estrella de Panamá (2018).

Aunque el Estudio de Impacto Ambiental era favorable, el abogado y presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, Donaldo Sousa Guevara presentó durante el mes de agosto dos demandas contra el Presidente Juan Carlos Varela y el Ministro de Ambiente Emilio Sempris, por abuso de la autoridad, extralimitación de funciones, tráfico de influencias y delitos ambientales en detrimento de la Ley 44 del Parque Nacional Coiba. Por otro lado, el mismo abogado interpuso una demanda contra Etmara Donoso (directora regional de MiAmbiente de Veraguas) y Edilma Rodríguez (jefa del Departamento de evaluación de estudios de impacto ambiental). La preocupación por este proceso fraudulento fue compartida por Flavio Méndez (embajador de Panamá en la UNESCO), Fundación MarViva, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una de las principales preocupaciones es el hecho de que el Presidente Varela no hubiera consultado a las comunidades locales, el Comité Científico ni el Comité Directivo de la Isla de Coiba. Este proyecto fue percibido como la punta de lanza de toda una posibilidad de negocios, como ahora hoteles, en un paraje que es Patrimonio Natural de la Humanidad, donde su valor universal excepcional se podía poner en peligro. 

El gobierno defiende el proyecto, pero las protestas ciudadanas continúan

El 14 de septiembre, Emilio Sempris, ministro de Medio Ambiente, compareció en la Asamblea Nacional con tal de responder a las cuestiones de la cámara en referencia al número creciente de solicitudes ciudadanas. De entre las quejas se encontraba el hecho de que el Estudio de Impacto Ambiental respecto de las construcciones tendría que ser de Categoría III, ya que implica un gran impacto ambiental y Coiba es un área protegida. También se comentó que los interesados empresariales no se tendrían que tener en cuenta cuando se trata de un Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Por otro lado, la inactividad de ANCON, históricamente uno de los mayores defensores de los espacios naturales protegidos del país, sorprendió a ciudadanos y a otras entidades ambientalistas. Cuando salió a la luz la noticia de que el ministro y la directora de ANCON eran matrimonio, los detractores del proyecto lo consideraron una prueba más de su proceso fraudulento. Para hacer frente a las críticas, el gobierno defendió de nuevo que el actual estado de la pista era precario y no permitía el funcionamiento de vuelos que tienen como objetivo la lucha antidroga del país, ya que es desde este punto donde se ejecutan operaciones a las zonas periféricas de Panamá.

El 20 de septiembre, seis días más tarde de la comparecencia de Sempris, una manifestación convocada en la capital reclamaba parar la destrucción de Coiba y la posterior construcción de hoteles. El ministro Sempris recibió un grupo de diez manifestantes con tal de escuchar sus quejas, entre ellas: el daño causado a Coiba y las construcciones ilícitas ya llevadas a cabo. A la vez, Efraín Camarena, guía turístico y miembro del Comité Prodefensa del Parque Nacional de Coiba, también denunciaba la desaparición de especies animales endémicas a causa de la deforestación y las construcciones o la falta y consulta a las comunidades locales, según explica el medio de comunicación EFE (2018).

Playa de la Isla de Coiba. Fuente: dronepicr, bajo licencia creative commons.

La Corte Suprema falla a favor del CIAM

En febrero del 2019 la República de Panamá redactó un informe sobre la conservación del Parque Natural como tarea necesaria con tal de seguir formando parte de la UNESCO. Aun así, el organismo internacional de momento no se ha pronunciado al respecto.

A raíz de la demanda de nulidad interpuesta por CIAM en junio del 2019, la Corte Suprema ordenó la suspensión provisional del artículo que permitía al Ministerio de Ambiente, como presidente del Consejo Directivo, la atribución de recibir, recaudar, administrar, invertir, custodiar y autorizar el uso de fondos del Parque Nacional de Coiba. El artículo ha quedado suspendido provisionalmente a la espera de la resolución definitiva de la demanda administrativa de nulidad interpuesta por las abogadas María Soledad Porcell Mancilla y Luisa Araúz Arredondo, tal y como se informa en el diario Panamá América (2019).

Reflexiones finales

El Parque Nacional de Coiba es un ejemplo de como muchas veces las áreas naturales, a pesar de estar protegidas, se encuentran en peligro de conservación debido a la gestión que reciben por parte de las administraciones que están a su cargo. Además, en el caso concreto de Coiba se detecta una mercantilización del Parque donde los intereses del capital pasan por encima de los intereses medioambientales y sociales. Es por eso que la opinión y los deseos de la población local quedan en segundo plano y finalmente son las comunidades y los grupos medioambientales los que se enfrentan a las autoridades delante de la Justicia.

En conclusión, podemos afirmar que lo que genera esta situación de conflicto y preocupación sobre el futuro del parque son la diversidad de actores que intervienen y sus múltiples intereses. Lo que haría falta para salir de este paso de incomodidad con denuncias y suspensiones sería hacer una gestión transparente del Parque Nacional de Coiba, posibilitando la participación de las comunidades, de los grupos medioambientalistas e incluso de las universidades, con una pátina más académica sobre la gestión del área. De esta manera se daría voz y voto a todo el mundo, dando paso a una gobernanza que permitiera la toma de decisiones sobre cuestiones que ahora están sobre la mesa como la introducción del turismo en el Parque que también comporta la construcción de nuevas infraestructuras, la mejora de la pista de aterrizaje del aeropuerto, la conservación de especies en peligro de extinción, etc.