Estos días la avalancha de noticias sobre el COVID-19 es más que abrumadora. No hay tiempo suficiente para leer todo lo que se publica y, al mismo tiempo, realizar las tareas laborales (aquellas personas que, como nosotros, teletrabajamos), organizar la convivencia familiar y cuidar (en la medida de lo posible) de nuestra gente querida. Entre las noticias, argumentaciones y reflexiones sobre la pandemia encontramos unas que hacen referencia a la situación inmediata y dramática, otras que intentan buscar una explicación en el corto plazo sobre los errores o carencias en relación a la gestión de la crisis y, finalmente, tenemos aquellas otras que elaboran reflexiones más profundas para entender cómo se ha llegado a esta situación.

De nuevo la singularidad cultural

Tal y como ocurrió en la crisis de 2008, cuando estalló la crisis financiera, que en España fue particularmente intensa debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria, desde los centros de mando de la Unión Europea (UE) y sus medios de comunicación se señaló que los españoles habían vivido por encima de sus posibilidades. Y una vez los estados centro-europeos empezaban a salir de la crisis hacia el 2010, se apuntó que los países del Sur, los nombrados PIGS, un acrónimo inglés despectivo para referirse a Portugal, Italia, Grecia y España, no hacían lo mismo debido a su propensión a la pereza, la siesta, y otras costumbres poco afines con el espíritu protestante del capital.

Hasta hace poco no habíamos visto ninguna interpretación de las razones de la profundidad de la crisis en España respecto a otros estados de la UE similares a las que vimos cuando estalló la crisis financiera. Pero ahora ya tenemos la explicación de los motivos de la propagación tan intensa que padecemos en el artículo publicado en The Guardian, How did Spain get its coronavirus response so wrong?, del pasado día 26 de marzo. En él, Giles Tremlett, corresponsal del diario británico en España, recurre a las raíces culturales como factor explicativo de la rápida propagación, que se podría sintetizar en "los españoles se pasan el día en las terrazas del bar", priorizan la diversión, la socialización (poniendo como ejemplo la manifestación feminista del 8 de marzo), y la cultura del fútbol de masas con celebraciones de partidos internacionales, cuando ya había advertencias sanitarias sobre el COVID-19. Frente estas supuestas singularidades, cabe mencionar que, por ejemplo, las manifestaciones del 8 de marzo se celebraron en muchas otras ciudades europeas o que a principios de marzo se celebraban partidos internacionales en muchos otros países (por ejemplo, el 12 de marzo se jugaran los partidos Lask-Manchester United; Frankfurt-Basel; Estambul-Copenhagen; Olympiacos-Wolves); o que el primer fin de semana de Estado de Alarma en España, declarado el 14 de marzo de 2020, en los Países Bajos la gente salía a los parques a disfrutar de unos días de sol, e incluso en el caso de los “ejemplares” países escandinavos, Suecia sigue con escuelas abiertas y haciendo "vida normal". Parece pues que la "singularidad cultural latina" no sería la causa.

Si queremos entender el porqué de la profundidad de esta crisis, tendremos que hacernos otro tipo de preguntas. Se trata de cuestiones que invocan a la cosa política y que deben tener, por fuerza, un marco temporal y espacial mucho más amplio. Explicar la crisis del COVID-19 en España sin hacer referencia a la UE y a la globalización capitalista resulta un ejercicio absurdo e inútil. E intentar buscar claves para entender esta crisis con un marco temporal de como mucho un mes solo puede responder a intereses espurios.

Estrangulamiento financiero

En primer lugar, hay que tener presente el estrangulamiento financiero que ha impedido hacer frente a las necesidades puestas en evidencia por la emergencia sanitaria. Esta situación tiene su origen en el hecho de que la crisis de 2008 en España mudó de crisis inmobiliaria en crisis de deuda pública, a consecuencia del rescate bancario entre otros factores, y que esta derivó en políticas de austeridad –recortes de gastos públicos en los servicios básicos, entre ellos la sanidad– y grandes operaciones de privatización que han sido particularmente intensas en el caso de la sanidad. Además, la prioridad de hacer frente a los pagos a los acreedores –capital financiero que especuló con la deuda pública–, impuesto incluso con un cambio exprés de la Constitución Española, provocó que los recursos financieros públicos no se destinaran a cubrir los gastos fundamentales los servicios públicos. Así pues, nos encontramos ante una situación en que los gigantes financieros, entre ellos BlackRock, se van convirtiendo en los principales agentes que condicionan la vida social y económica de España, a la vez que los gastos sociales, por ejemplo, en personal y material sanitario, se han visto gravemente reducidos.

Además, a estos recortes del gasto público antes mencionados hay que añadir el hecho de que las grandes multinacionales españolas solo tributan un 12,6% de sus beneficios –el tipo general es del 25%–, la evasión fiscal supone una cantidad de unos 60 mil millones de euros (4,8% del PIB), la economía sumergida representa un 22% del PIB, casi tres veces superior a Alemania o Francia, y además España al tener una fiscalidad inferior en relación a la media europea pierde anualmente entre el 4% y el 5% del PIB. Así España se sitúa en la cola en gasto sanitario en el contexto de la UE con un gasto que representa el 6,4% del PIB (1.594 €/cápita) frente el 9,5% del PIB (3.762 €/cápita) de Alemania. Sin embargo, hay una gran divergencia en cuanto al gasto en sanidad por comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en materia de sanidad. Así, aquellas comunidades donde la disciplina del austericidio y privatización ha sido más intensa, el gasto es mucho menor, como son los casos de la Comunidad de Madrid con un gasto del 3,7% del PIB o Cataluña con un gasto del 4,6% del PIB.

Hospital Clínic, Barcelona, bajo licencia creative commons. 

Así pues, la escasez de material sanitario en el momento de la crisis del COVID-19, de igual modo que las infradotaciones y infrafinanciación de servicios públicos, como por ejemplo la educación, se puede explicar por la situación de asfixia financiera de las administraciones públicas. Y ésta, a su vez, responde a los principios rectores de la UE orientados a satisfacer los intereses del capital, fundamentalmente el financiero. Para mantener la estabilidad financiera, los Estados miembros deben cumplir estrictamente el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento (PEC). Esta es la política marco en la que se supeditan el resto de políticas de la UE. El PEC se articula sobre las bases del control férreo del déficit fiscal y la deuda pública. Esto, además, está vinculado con la relajación fiscal, sobre todo a los grandes patrimonios y rentas, que se ha convertido en uno de los mecanismos de evasión fiscal aprovechados por el gran capital, ha hecho que la capacidad financiera de los Estados miembros sea cada vez más limitada.

Reorganización capitalista global

En segundo lugar, hay que recordar que la falta de material sanitario para hacer frente a la crisis no se debe sólo al estrangulamiento financiero, sino que debe entenderse en el marco del proceso de globalización capitalista llevado a cabo a principios de los años noventa. Así, en el marco de la globalización, se ha producido una progresiva deslocalización de los segmentos manufactureros hacia las periferias planetarias a través de la cual el capital ha extraído enormes plusvalías gracias a una mano de obra abundante y mal pagada, regímenes fiscales favorables a su favor y políticas ambientales nulas o paupérrimas. Es bajo estas condiciones que China se ha convertido en la fábrica del mundo. El capitalismo de Estado chino se articula sobre una fórmula extraordinaria en la que se combina un firme control social, una intensa intervención pública en la economía y la adopción de las reglas del juego del capitalismo global. Al estallar la crisis del COVID-19 en la provincia china de Wuhan hacia finales de 2019, el gobierno chino respondió activando todas las herramientas de las que disponía. Así, después de unas semanas silenciando la epidemia, activó protocolos para hacer frente al virus que ponían a trabajar las grandes capacidades de la fábrica china con cuantiosos recursos, siendo una de las muestras más palpables la construcción de un hospital en tan solo 10 días. El gobierno chino, además, destinó su producción de material sanitario a combatir la epidemia, mientras que sus exportaciones se hundían debido al cierre de relaciones comerciales con el gigante asiático bajo cuarentena.

De este modo, la escasez en la UE de material sanitario procedente de China se puede explicar por el hecho de que este país priorizara su producción a luchar internamente contra la epidemia y a la casi interrupción de su comercio internacional. Además, hay que tener en cuenta que las lógicas comerciales y logísticas de las últimas décadas se articulan en torno al principio del just in time, es decir, compra solo lo que necesites en el momento que lo requieras ya que las cadenas logísticas globales te lo harán llegar en el momento deseado. De esta manera, los stocks disponibles eran mucho menores a los que se podrían necesitar en momentos como los actuales. Pero no han sido solo las partidas de material sanitario chino –particularmente los kits para realizar los tests de la enfermedad, respiradores, mascarillas o ropa de protección especial– las que se interrumpieron con el estallido de la crisis del COVID-19 en China, sino que las exportaciones de estos materiales desde los dos países de la UE que los fabricaban, Francia y Alemania, quedaron bloqueadas. Francia y Alemania requisaron el material sanitario en stock y la producción pendiente a la vez que prohibieron su exportación. Esta es una clara muestra de la ausencia del llamado proyecto europeo. En un momento de fuerte intensidad de la pandemia, Italia solo pudo recibir 30 toneladas de material sanitario procedente de China. Después de las tensiones que esto produjo dentro de la UE, la Comisión Europea instó a acabar con el bloqueo del material sanitario entre los estados miembros. Una vez recuperada la circulación del material y dada la elevada demanda se ha disparado la especulación.

Más allá de recriminaciones morales sobre el hecho de especular con material sanitario cuando hay vidas en juego, conviene recordar que este material está sometido a las reglas del juego del capital. Esto significa valor en circulación y la combinación de la creación de escasez –en este caso mediante la retención del material sanitario– y la elevada demanda de cualquier mercancía, y el material sanitario en un contexto capitalista no es más que otra mercancía, se traduce en elevados beneficios para los que controlan su distribución. Nos encontramos así frente al mismo fenómeno que hay detrás de la especulación inmobiliaria que trata la vivienda como una mercancía o las crisis alimentarias derivadas de la mercantilización de los alimentos que, a su vez, reportan enormes beneficios a las grandes empresas. Además, no es solo el material sanitario y los productos farmacéuticos los que son sometidos a la lógica del beneficio, sino que la investigación está dictada fundamentalmente por los intereses del capital farmacéutico, por lo que las grandes compañías farmacéuticas han abandonado la investigación en antibióticos y antivirales.

España en la geografía del capital global

En tercer lugar, hay que señalar cuál es el papel de España en la geografía del capital. Es sabido que uno de los principales componentes del arreglo espacial y económico del régimen franquista fue la especialización turística de diferentes lugares del litoral como vía para la captación de divisas. En palabras de Manuel Fraga: el turismo fue el Plan Marshall español. Gracias al turismo se pudo salvar la delicada situación por la que pasaba el régimen a principios de los años cincuenta, y además se legitimaba ante el exterior en un contexto de Guerra Fría. A partir de entonces, después de cada crisis, la vía turística se ha profundizado e intensificado. Así, España tras la crisis de los setenta, de ruptura del régimen de acumulación fordista, se preparó para entrar en la Comunidad Económica Europea con una violenta destrucción de puestos de trabajo y desindustrialización bajo el mantra de la modernización. Se iniciaba la era de la "explosión del desorden", tal como la definió Ramón Fernández Durán. Fue en aquellos momentos de inserción en el proyecto europeo cuando el capitalismo español se articuló fundamentalmente sobre los pilares inmobiliario y turístico. Además, las grandes compañías españolas, analizadas en un libro reciente de Pedro Ramiro y Erika González, surgidas de los procesos de privatización, penetraron con fuerza en los países latinoamericanos que se encontraban bajo programas de ajuste estructural. El aparato industrial español, cada vez más debilitado, se centraba en torno a aquellos segmentos que acompañan al sector de la construcción y el turismo. De hecho, el sector de la construcción se ha convertido en la gran industria española y buena parte de las inversiones realizadas se han destinado a construir megainfraestructuras de transporte, mientras se descuidaba la red de proximidad, que a la vez han redundado en la hiperconectividad que ha permitido convertir España en la playa y la segunda residencia de Europa y profundizar así en la especialización turística. En definitiva, muchos aeropuertos, AVEs y autopistas y muy pocas escuelas y hospitales. En parte, en esta orientación turística de España e Italia encontramos el origen de la propagación del virus. Pero mientras las autoridades se centraban en controlar el turismo chino, los principales focos de extensión del virus por Europa han sido alemanes y británicos por su condición de centros de mando del capital europeo, además del país bancario que es Suiza, y su densa relación con China.

El estallido de la crisis financiera de 2008 se resolvió por diversas vías, entre las que se pueden destacar: fuerte expansión de la construcción en China, boom de las commodities y neoextractivismo con el ascenso de los BRICS, nueva ronda de financiarización, agresiva irrupción del capitalismo de plataforma y un aumento exponencial del turismo mundial. Las cifras del movimiento de turistas internacionales –esto quiere decir que no cuentan los turistas domésticos que viajan dentro de su propio país– son absolutamente abrumadoras: se ha pasado de 916 millones en 2008 a 1.400 millones de turistas internacionales en 2018. Aquí hay que subrayar que la mayor parte de estos flujos se producen en Europa (50%) y Asia (24,4%), precisamente los espacios más castigados en un primer momento por la pandemia del COVID-19. Si algo han compartido todos los gobiernos hasta que la emergencia sanitaria les ha golpeado, ha sido la persistencia en intentar mantener la "normalidad" para no asustar al capital y para que no se paralizaran los vuelos ni se cerraran los aeropuertos. Finalmente, de manera progresiva se han ido cancelando vuelos y muchos aeropuertos ya parecen descampados. La IATA (International Air Transport Association), el lobby aeronáutico, anunció pérdidas millonarias y reclama elevadas intervenciones y ayudas públicas para rescatar a las compañías, además de relajación de normas para recuperar la "normalidad".

En el caso español, tras el estallido de la burbuja inmobiliario-financiera que arrastra sus efectos sobre la economía real, disparando la tasa de paro sobre el 20%, se articularon una serie de políticas orientadas a crear un clima favorable al capital en nombre de la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo. Después del rescate bancario, el objetivo fue el de evitar la devaluación de los activos inmobiliarios por lo que se dispusieron mecanismos para articular una nueva ronda de acumulación centrada en abrir la vivienda al capital financiero, entre otros a través de la creación de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI). Otro hecho relevante fue el profundo cambio de las estructuras accionariales del gran capital español con la entrada de los agresivos fondos de inversión en la mayor parte de las empresas del IBEX 35, entre las que destaca BlackRock, Vanguard y Norges Bank. La otra pieza del relanzamiento del ciclo de acumulación post-crisis 2008 se articuló en torno al frenético crecimiento de la actividad turística. Así se pasó del récord histórico de los 58,66 millones de turistas internacionales de 2007 a 83,7 millones en 2019, y que batieron récords año tras año desde 2013. Además, este espectacular aumento no solo se ha efectuado en los destinos turísticos clásicos, sino que la turistificación global ha extendido espacialmente, con una fuerte incidencia en los espacios urbanos de la mano del capitalismo de plataforma con la mercantilización turística de la vivienda, un proceso conocido como airbnbificación.

Hospital Clínic, Barcelona, bajo licencia creative commons. 

Pero este supuesto "éxito turístico", entendido en términos de récords de llegadas de turistas y beneficios empresariales, ha basculado sobre la reducción de los costes laborales y la flexibilización de la fuerza de trabajo, que ha tenido como consecuencia una creciente precariedad laboral. El grueso del trabajo turístico que ha crecido durante estos últimos años lo ha hecho sobre un trabajo cada vez más devaluado, que, además, se ha visto agudizada por la creciente financiarización del sector, que ha impuesto unas relaciones laborales mucho más duras; los cambios tecnológicos y de concentración de capital que han permitido la penetración de economías de plataforma en el turismo, que han precarizado aún más su trabajo; y la misma disponibilidad de mano de obra que encuentra difícil inserción en otras actividades.

En definitiva, la cada vez mayor especialización en el binomio turístico-inmobiliario ha hecho que buena parte del tejido productivo español se haya ido concentrando cada vez más en todo lo vinculado a estas actividades y, consecuentemente, se ha ido reduciendo el peso del resto de actividades, confiando en que el mercado internacional proveerá los recursos necesarios para que el metabolismo de la economía española pueda funcionar. Así pues, no es de extrañar, cuando se analizan los flujos de materiales que ingiere la economía española que una buena parte de estos proceden de terceros países, al tiempo que se producen unas enormes diferencias regionales dentro de España con unas comunidades autónomas que son fundamentalmente consumidoras netas de recursos procedentes del resto de comunidades y de otros países. Entre estas comunidades destacan la metrópoli madrileña y las comunidades hiperturistizadas –los dos archipiélagos–.

Crisis de legitimidades

Es bajo estas condiciones estructurales en las que estalla la crisis del COVID-19 que sacude la sociedad española en estos momentos. A medida que han pasado los días, entre el 19 de marzo, cuando el BCE lanzó el programa de emergencia, y el 26 de marzo, que se reunió el Eurogrupo, la catástrofe sanitaria se ha agravado y la economía global se está hundiendo. El tema que hay sobre la mesa es la estrategia a seguir para hacer frente a la crisis del COVID-19 y sus repercusiones posteriores. En la reunión del Eurogrupo se mostraron crudamente dos posturas antagónicas: el eje formado por Austria, Países Bajos y Alemania, que sostienen que cada "palo aguante su vela", es decir, que cada Estado afronte la crisis con sus propios recursos; y el eje formado por un grupo de nueve países encabezados por Francia, España e Italia que reclaman un programa más ambicioso para hacer frente de manera coordinada y colectiva a la catástrofe del coronavirus en la UE, una especie de Plan Marshall soportado a través de la emisión de coronabonos. El eje nórdico opone frontalmente a esta propuesta y, contrariamente, defiende el tratamiento austericida para los países del Sur. Un planteamiento que, recordemos, se cobra vidas. Detrás de este posicionamiento cerrado de las autoridades neerlandesas y alemanas están posturas coloniales y racistas como las que expresaba el artículo de The Guardian que mencionábamos al inicio de este texto. En este sentido, el ministro de finanzas holandés, Wopke Hoekstra –al igual que el anterior ministro de finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, quien afirmó que el Sur derrocha el dinero en mujeres y alcohol–, se destapó cuando, en medio de la reunión, sugirió investigar por qué algunos países no disponen de margen presupuestario para hacer frente a la crisis del coronavirus, dando a entender que España e Italia habrían derrochado sus recursos. El primer ministro portugués, Antonio Costa, calificó esta postura de repugnante.

Ante los discursos profundamente racistas y coloniales, que se traducen en acción política, y que vuelven a hacer referencia a la singularidad cultural española, o italiana, para culpabilizar de la mayor incidencia de la pandemia en estos países, hay que volver, nuevamente, a la economía política para tratar de entender qué nos está pasando. Diagnosticar correctamente las causas de nuestra vulnerabilidad es central para exigir y demandar políticas públicas que rompan con los dogmas neoliberales del austericidio y que pongan por delante las necesidades de la mayoría de la población. En estos momentos no es solo el modelo turístico el que se ve cuestionado, es el mismo proyecto europeo, cada vez más distanciado de las necesidades comunes, lo que se enfrenta a una profunda crisis de legitimidad. Y no es fortuito que en el contexto de la Europa post-crisis la extrema derecha se haya desplegado rabiosamente recogiendo el creciente descontento social. La disputa por la gestión de cómo hacemos frente a esta pandemia marcará nuestro futuro inmediato y probablemente el del cambio de época. Los nuevos tiempos, desgraciadamente, estarán marcados por la acentuación de las perturbaciones, de las que la crisis actual es la antesala. En estos momentos, ya no se trata sólo de exigir mecanismos de protección que eviten que las consecuencias de la crisis la paguen nuevamente las clases trabajadoras y medias, sino de poner en cuestión todo lo que nos ha llevado a esta enorme fragilidad. La vida de la mayoría es lo que está en juego.