Honduras es uno de los países del mundo más peligrosos para velar por la defensa y derechos territoriales, ambientales y de recursos naturales vinculados con comunidades locales. Así lo atestigua un informe de la organización Global Witness, que recoge que más de 120 personas han sido asesinadas en el país entre 2010 y 2016. De gran repercusión internacional fue el caso de Berta Cáceres, asesinada en 2016, que se opuso a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el noroeste de Honduras, impulsada por la empresa nacional Desarrollos Energéticos (DESA).

A pesar de que muchas incógnitas siguen sin esclarecerse, entre ellas el autor intelectual del asesinato, el crimen de Berta Cáceres sirvió para dejar constancia de los vínculos de poder e intereses que hay detrás de estas persecuciones. Lazos entre un puñado de familias hondureñas, el ejército, el partido en el gobierno y varios megaproyectos hidroeléctricos en marcha. 

En este sentido, los motivos para los asesinatos suelen ser diferentes, pero con características similares. "Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados", tal y como se recoge en el informe de Global Witness. 

En un artículo publicado en el pasado mes de mayo en Alba Sud, ya alertábamos que el contexto actual de crisis sanitaria derivada del COVID-19 podía generar un marco de conflictividad aún mayor. Ya eran numerosas las voces críticas que alertaban desde la sociedad civil del desvío de recursos de la emergencia para fortalecer al ejército y sus estructuras. Una forma de militarizar la respuesta y gestión de la crisis sanitaria y de las propuestas derivadas. 

Con el paso de los meses, esta situación se ha visto agravada y la sensación de impunidad ha ido en aumento, hasta desembocar en un grave caso de desaparición de cinco líderes de la comunidad garífuna. Precisamente, el caso de los territorios garífunas en Honduras,  con una creciente proliferación de proyectos turísticos y turísticos-residenciales en los alrededores de la Bahía de Trujillo y la Bahía de Tela, en el litoral atlántico del país, ha sido una fuente histórica de disputas por los derechos territoriales de la comunidad frente a la presión de los grandes lobbys empresariales.  

De hecho, no ha sido una disputa que haya estado exenta de violencia, más bien todo lo contrario. Según el medio Contracorriente, en los últimos 11 años se han contabilizado hasta siete casos de asesinatos de población garífuna por defender el medio ambiente y sus derechos sobre el territorio. Además, la comunidad ha reportado más de 100 ataques contra sus poblaciones, en un contexto que se ha visto agravado desde 2015. En ese momento., el Estado de Honduras perdió dos demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por violación al derecho ancestral y colectivo del territorio que habitan. 

Presencia histórica y singularidad cultural de los garifunas

En la actualidad, la población global de los garífunas es de unas 600.000 personas. La mayoría están en Honduras y Belice, aunque también se encuentran en partes de Guatemala y Nicaragua. La presencia de los garífunas en Hondurasse ubica sobre todo a lo largo de su costa atlántica, en el caribe hondureño. La llegada de los garífunas al país hondureño se produjo a finales del siglo XVIII, cuando los británicos decidieron deportar a los miembros de esta comunidad desde San Vicente a la isla de Roatán. 

Fuente: Megan Williamson, bajo licencia creative commons. 

Desde allí, muchos de ellos fueron a tierra firme y se expandieron por todo el país centroamericano. Esta, al menos, es la historia más aceptada, ya que distintos historiadores y los mismos garífunas hablan de diferentes orígenes, que incluso se remontan a africanos del imperio de Mali que llegaron hasta aquí en el año 1200. Otras fuentes advierten que la historia de los naufragios es fruto de siglos de tradición oral. 

Sea como sea, la singularidad de la cultura asociada a esta comunidad está fuera de toda duda y su presencia constatada en la región se remonta a varios siglos atrás. Si bien, es cierto que su historia no ha sido fácil y ha estado marcada en muchos momentos por la persecución. A pesar de que un tratado de paz británico de 1660 le concedió la "posesión perpetua" de la isla caribeña de San Vicente a los garífunas, menos de 10 años después el tratado se rompió y los ingleses la reclamaron. 

Aún así, tuvo que pasar más de un siglo para que recuperarán el control de la isla, después de deportarles a la isla hondureña de Roatán. Hasta dos veces más, los garífunas fueron deportados por el gobierno británico en Belice, hasta que se les permitió asentarse allí.

Violación de derechos humanos

El despliegue de fuerza y violencia estatal y paraestatal al que se enfrenta el pueblo garífuna se explica en la medida en que habitan allí en donde se ubican las playas más codiciadas por la inversión nacional y extranjera. Allí donde se proyecta el desarrollo de lujosos proyectos turísticos de sol y playa de capital foráneo. Como si de una historia cíclica se tratase, cada cierto tiempo se suceden los asesinatos, las desapariciones y los episodios de violencia, siempre con este trasfondo.

Playas de Roatán. Imagen de Scott Leblanc bajo licencia creative commons. 

Se han cumplido ya casi dos meses desde la desaparición forzada de cinco líderes garífunas de la comunidad de El Triunfo de la Cruz, en el departamento de Atlántida. El pasado 18 de julio de madrugada, un grupo de aproximadamente 30 hombres fuertemente armados con uniformes y chalecos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), identificándose como pertenecientes a dichas fuerzas, entraron en la comunidad, en un supuesto operativo de allanamiento y búsqueda de personas. 

En este contexto, penetraron al menos en siete viviendas y secuestraron a cinco personas de la comunidad, incluyendo a líderes y miembros del patronato. Los perpetradores tenían plenamente identificadas a las personas que buscaban, así como sus viviendas y las viviendas de sus familiares cercanos. Entre los líderes raptados, está el presidente del patronato, Sneider Centeno, así como Milton Martínez y Suany Álvarez, defensores del Comité de Tierras de la comunidad.

Con posterioridad, la comunidad realizó las denuncias por la desaparición de los cinco miembros de la comunidad ante la Policía de Tela. El juzgado de esta localidad confirmó que no se trata de una detención, por no haberse notificado mediante mandato judicial, ni existe información comprobada que se deba a una actuación estatal. 

Ahora mismo, el caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Especializada de Delitos Contra La Vida de San Pedro Sula, que trabaja de manera coordinada con la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, así como con la asesoría de un experto de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural. Además, está involucrada la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras. Hasta la fecha se desconoce el paradero o los avances en la investigación de la búsqueda.

Asimismo, desde entonces la comunidad garífuna ha remitido varias cartas y no ha dejado de presionar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para buscar soluciones ante esta grave situación de vulnerabilidad. Tratan de hacer valer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) contra el Estado de Honduras de 2015, después de cinco años en los que se han recrudecido los asesinatos sistemáticos de líderes garífunas y los kilómetros y kilómetros de tierra despojados. Precisamente, el pasado 6 de agosto, una resolución de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instaba al Estado de Honduras a la adopción de medidas urgentes en el caso de las comunidades garífunas de Honduras de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. 

Fuente: Entrepueblos. 

En este sentido, se requería al propio Estado a dar con el paradero de los desaparecidos, así como a adoptar todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, a la integridad personal de los integrantes de las Comunidades garifunas de ambas localidades. También a coordinar y planificar todos los esfuerzos necesarios para lograr ambos objetivos. Del mismo modo, se ha registrado una petición similar en el Comité contra la Desaparición Forzada, dependiente de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. 

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), representada por Miriam Miranda, una de sus líderes, denuncia una “campaña de difamación contra los desaparecidos y la propia OFRANEH, para diluir los esfuerzos dirigidos al cumplimiento de las sentencias emitidas por Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Prosiguen afirmando que “una vez mas el Estado de Honduras muestra su desprecio por el pueblo garífuna, cuando presenta información irrelevante y sin sentido”, ante los requerimientos de este organismo sobre la desaparición de los jóvenes de Triunfo de la Cruz. 

COVID-19, crisis humanitaria y conflictividad social

Este episodio de violencia con la comunidad garífuna no se puede desligar de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia, en el país y en la región. Desde primavera, un incierto presente y futuro planea sobre todos los países centroamericanos. Hasta que punto son capaces de gestionar los grandes retos asociados a la gestión de una pandemia que no distingue clases, ni estatus, en un contexto de grandes desequilibrios sociales. 

Meses más tarde, algunas certezas emergen y se pueden extraer conclusiones transversales. Las consecuencias del COVID-19 golpean de forma más dura en los barrios populares y los maltrechos sistemas de salud afrontan la crisis con graves carencias y problemas de sobrecarga. En Centroamérica viven unos 50 millones de personas, con una gran mayoría que subsiste por debajo del umbral de la pobreza. Personas dependientes de la economía informal, condicionada por el confinamiento. También de las remesas de dinero de familiares en el exterior, que ya comienzan a mermar. 

A pesar de las restricciones a la movilidad y los cierres económicos de diversa intensidad, los datos epidemiológicos no terminan de remontar, lo que está obligando a frenar los planes de reactivación económica. Es el caso de Honduras, sigue siendo uno de los países más golpeados por la crisis del coronavirus en la región. Según datos oficiales, suma ya más de 67.000 positivos y más de 2.000 muertes confirmadas. 

En este sentido, el deficiente sistema de salud hondureño y el grave problema de vulnerabilidad de una mayoría de su población ha sido el caldo de cultivo perfecto para la expansión del virus. De hecho, según un estudio epidemiológico publicado en Clinical Infectious Diseases, se constata como la incidencia en un país como Honduras es mucho mayor, en una realidad que puede ser extrapolable a otros países latinoamericanos con poblaciones similares. Así, los investigadores han podido constatar que los casos de COVID-19 son más frecuentes en personas jóvenes (de 19 a 44 años) y que los casos demostraron una alta prevalencia de afecciones médicas preexistentes en edades más tempranas. 

Esta cuestión se puede vincular al frágil sistema inmunológico de los hondureños, condicionado por la mala nutrición y por los efectos de otras enfermedades. Algo que, de forma evidente, termina afectando a las tasas hospitalización y casos graves de la enfermedad, también en la población más joven. Con más del 60% de sus habitantes viviendo en la pobreza y la mayor tasa de desigualdad social de toda América Latina, en Honduras la crisis sanitaria podía derivar más pronto que tarde hacia una crisis humanitaria. 

Algo que se viene percibiendo en una creciente conflictividad social, ligada a los grandes problemas estructurales del país, agravados por las consecuencias de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Estos no son otros que la falta de oportunidades laborales y los graves índices de pobreza, inseguridad, violencia y narcotráfico, entre otros. Pese a la situación de confinamiento por el COVID-19, los registros de homicidios violentos en el país desde marzo de 2020 alcanzan la cifra de ocho al día, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).