Más de seis décadas después de expansión del turismo en España, la pandemia de la COVID-19 amenaza con destruir una de sus principales actividades económicas. Esta podría ser una lectura de la situación actual. De ella se derivaría la necesidad de reducir como sea todo aquello que genera incertidumbre e inseguridad, o es un obstáculo, para poder recuperar la normalidad perdida. En el horizonte la disyuntiva entre la esperanza de reactivar el turismo o que su parálisis nos empobrezca aún más. Sin embargo, hay otras lecturas posibles del momento que vivimos. Dada su gravedad, necesitamos acertar en el diagnóstico y proponer políticas de izquierdas también en el turismo que, sin complejos, apuesten por su transformación en beneficio de amplias mayorías. 

En realidad, lo que que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en cuestión es el modelo de turistificación global, acentuado desde la crisis financiera de 2008. Esto es la conversión monofuncional de los espacios bajo la lógica de la reproducción del capital turístico. En el caso español ha sido un proceso de largo recorrido, primero en territorios del litoral y progresivamente en espacios urbanos, hasta el punto que el malestar fue extendiéndose hasta derivar en un intensa conflictividad en los últimos años. El debate sobre el “overtourism” fue solo uno de sus manifestaciones. Pero el conflicto social vinculado al turismo tuvo múltiples expresiones: en el ámbito de la vivienda por su encarecimiento y pérdida de uso residencial; en la expulsión de la población con menos recursos de barrios gentrificados; en la defensa del territorio frente a la destrucción ambiental; o, entre otros, ante los procesos de precarización laboral. Pero la crisis actual pone en cuestión este modelo de turistificación aún con más fuerza, porque ha puesto en evidencia que el rey andaba desnudo. No hay alternativas cuando cae el turismo. Todas las alarmas actuales no hacen más que profundizar en la pérdida de legitimidad de un sector y, sobre todo, de un empresariado que ha hecho de la presión, las exigencias y el chantaje a los poderes públicos su modus vivendi. 

La falta de alternativas cuando la llegada de turistas ha caído de forma intensa y abrupta significa que aumenta nuesta vulnerabilidad social. Es decir, que unas determinadas condiciones estructurales configuradas por el modelo de turistificación al que hemos estado sometidos limita nuestras capacidades para enfrentarnos a una situación de crisis. El problema se agrava cuando las vulnerabilidades adquiridas por una situación coyuntural se enquistan y se vuelven estructurales. 

En los últimos años, hemos asistido a diversos episodios que pusieron en riesgo la actividad turística en distintos territorios turistificados a escala global. Cabe mencionar los causados por fenómenos naturales, agudizados por la emergencia climática, como la destrucción de Cancún por los huracanes Gilberto en 1988 y Wilma en 2005, o la crisis del sargazo que afectó a todo el caribe mexicano en 2019. Conflictos armados como los que sacudieron a Libia, Túnez o Egipto afectaron profundamente  su industria turística. También acciones terroristas en algunas ciudades globales, como París, Nueva York o Barcelona, afectaron coyunturalmente la llegada de turistas. Incluso anteriores crisis sanitarias han tenido una fuerte incidencia, como fue el caso de la gripe H1N1 en Cancún entre 2009 y 2010. Pero la actual crisis de la COVID-19 tiene una intensidad e incidencia global como ninguna de las anteriores. Esto implica que también la recuperación puede ser mucho más costosa. En parte por su misma naturaleza, que incide en su funcionamiento, por su necesidad de contacto humano y movilidad. Pero además su alcance a escala global obstaculiza una recuperación más rápida, a diferencia de lo que ocurrió con la crisis financiera iniciada en 2008. Esta previsible extensión del tiempo de recuperación añade más riesgos en términos de vulnerabilidad. Como mayor sea la duración de la actual crisis más puede verse transformada la estructura productiva del turismo en España. Los procesos de adquisición y concentración empresarial, con mayor dependencia del capital financiero internacional, sumado a las dificultades para mantenerse a flote de una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas, y miles de personas autónomas intentando sobrevivir en un contexto cada vez más precarizado, asoma como escenario posible de un futuro poco deseable. El riesgo de la actual situación es evidente: la acentuación de la vulnerabilidad por un proceso de turistificación no resuelto. 

¿Qué hacer ante esta situación? Hasta el momento, las izquierdas en sus diversas formas se han concentrado en la respuesta a los impactos del modelo de turistificación. Hacer frente a los procesos de desposesión y explotación no ha sido fácil, y suerte hemos tenido de esta resistencia social. Sin ella el escenario sería mucho peor. Al mismo tiempo, cuando algunas expresiones de izquierda política han llegado a ciertos espacios de poder institucional lo han hecho sin suficiente fuerza social ni claridad de ideas sobre qué políticas turísticas había que impulsar. La consecuencia ha sido, con mayor o menor capacidad e intención, tratar de poner ciertos límites a las prácticas de barra libre y dictado con las que el empresariado turístico ha actuado sobre nuestras instituciones públicas. Por tanto, lo primero que habría que hacer es tener claro que, desde los intereses de amplias mayorías, necesitamos una política turística propia. 

El primer elemento de esta política turística debería ser tratar no acentuar la turistificación, y no hipotecar más recursos públicos para reactivar un sector que nos condena a una mayor vulnerabilidad. Esto implicar entrar en la disputa por la política turística y por los recursos públicos que de ella se derivan. A partir de aquí habría que poder transformar nuestro modelo turístico a partir de algunas líneas maestras que favorezcan una mayor resiliencia e inclusión social: 

1) Repensar la política turística implica asumir que el turismo no puede tener el mismo peso que ha tenido hasta fechas recientes, o como mínimo no en los espacios más turistificados. Esto conlleva decrecimiento voluntario en unos lugares, aunque pueda crecerse en otros en los que el turismo ha tenido un papel marginal. A su vez, supone pensar el turismo en un marco más amplio de diversificación económica. 

2) Fortalecer los mecanismos de control público a distintas escalas –fiscal, laboral, urbanístico– sobre el funcionamiento y actuar de las empresas del sector. Y también de carácter social, con el fortalecimiento del peso de la organización sindical en el sector. 

3) Impulsar un turismo más centrado en la proximidad, que por razones climáticas y sociales puede ser más resiliente, aunque nunca compensará las pérdidas en el mercado internacional, ni debería pretender hacerlo. Y ante el cual hay que ser también vigilante para que no dé lugar a un nuevo ciclo de desposesión. 

4) Repensar e impulsar una política de turismo social, que no sirva meramente como mecanismo de subvención a las empresas si no que tenga como función esencial el desarrollo de capacidades y el bienestar de amplias mayorías. Así mismo, es necesario fortalecer la apuesta por una Economía Social y Solidaria(ESS) que pueda hacerse cargo de una parte de la producción turística. 

Es demasiado lo que está en juego en estos momentos como para no tener propuesta de qué hacer con el turismo. Hay que transformar con urgencia para poder reducir la vulnerabilidad turística.