Analizar el trabajo en el turismo hoy, cuando el mundo vive tiempos de incertidumbre a causa la pandemia de la COVID-19, se ha vuelto una tarea urgente. Es más, desde perspectivas emancipatorias constituye una necesidad ineludible. Durante años la creación de empleo asociada directa o indirectamente al turismo fue usada por sus lobbies como argumento principal para legitimar cualquier tipo de inversión o demanda de recursos públicos al sector. Independientemente de la calidad de los puestos de trabajo creados, su simple enunciación servía para acallar cualquier cuestionamiento. Incluso se llegó a sostener que los empleos temporales y a tiempo parcial, lejos de ser un indicador de precariedad, más bien suponían una oportunidad para que las mujeres se pudieran incorporar en el mercado laboral sin desatender sus responsabilidades en tareas de cuidados y del hogar (UNWTO, 2014: 16). Así, desigualdades sociales estructurales eran naturalizadas bajo el mito del papel crucial del turismo en la generación de empleo. 

En realidad, el grueso principal de trabajo en el turismo se ha caracterizado históricamente por su precariedad. Esto obedece a razones derivadas de la naturaleza de su funcionamiento: fuertes oscilaciones en la demanda que hacen que las empresas busquen cómo flexibilizar su mano de obra; una relativa fijación en el territorio que produce la concentración de una serie de atractivos que van más allá del propio negocio y que impulsa que los empleadores tiendan a reducir costes laborales ahí donde se produce la actividad, en lugar de, por ejemplo, desplazarse geográficamente en búsqueda de salarios más bajos; y, finalmente, bajos costos de formación que incrementan la competencia entre trabajadores por el acceso a empleos de bajos salarios. Igualmente tiene que ver con las transformaciones recientes que se han producido en el sector, en especial desde la crisis global de 2008, con un creciente peso del capital financiero en los negocios turísticos, el afianzamiento del capitalismo de plataforma y la extensión de cambios tecnológicos que han facilitado la modificación de las formas de organización del trabajo (Cañada, 2019).

Pero también ha incidido de un modo determinante en esta precarización del empleo turístico la construcción histórica de una correlación de fuerzas favorables al capital frente al trabajo que obedece a su vez a múltiples factores. Destacamos dos por su especial relevancia. Por un lado, las dificultades y debilidades de la implantación sindical en el sector, muy limitado en el caso español a los sectores hotelero y de agencias de viajes y, puntualmente, a alguna gran empresa de servicios turísticos, como ocurre, por ejemplo, en el Bus Turístic de Barcelona. La dispersión y pequeño tamaño de buena parte de sus empresas obstaculiza legalmente la implantación sindical, además de dificultar su organización. La presión constante de las empresas por flexibilizar y abaratar los costes de la fuerza de trabajo ha hecho mella también en su capacidad de organización colectiva. La externalización ha actuado de un modo evidente como forma de debilitar la organización sindical (Cañada, 2016), pero también otras formas de contratación, como la temporalidad y el empleo a tiempo parcial, recurrentes en el sector. Así mismo, determinadas estrategias empresariales en la selección y composición de su fuerza de trabajo entre algunos colectivos, jóvenes, por ejemplo, que entienden su vinculación al sector de forma coyuntural, como una actividad en la que no van a desarrollarse profesionalmente, debilitan su interés en la lucha por la mejora de sus condiciones laborales, aunque luego en numerosas ocasiones su vinculación con este tipo de trabajos se prolongue más allá de lo que esperaban. Si todo esto erosiona la organización sindical, básica para contener los procesos de precarización, el otro gran factor que incide en este desequilibrio entre capital y trabajo en el ámbito específico del turismo es la desvalorización social de los trabajos manuales. La cultura capitalista refuerza el reconocimiento social y prestigio, que se traduce en salario y condiciones de empleo, de ciertas actividades y profesiones, aunque sean “trabajos de mierda”, en las oportunas palabras del malogrado David Graeber (2018), es decir sin utilidad social alguna que pueda reconocerse, frente al trabajo manual, necesario socialmente, pero mal retribuido y precario. Esta desvalorización de muchas de las actividades laborales de carácter manual, vinculadas a la atención a otras personas, que configuran el turismo, repercute en una mayor dificultad para que las necesidades y demandas de los trabajadores y trabajadoras del sector se vean reconocidas. 

Calella. Imagen de Carla Izcara. 

En la actualidad, con una caída de las llegadas internacionales en el mundo del 72% durante los primeros diez meses de 2020, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), lo que se ha puesto en cuestión es el modelo de turistificación global que se desarrolló en las últimas décadas, y con él su legitimación a través del empleo (Cañada y Murray, 2019). Y lo hace porque ante situaciones de crisis, que pueden producirse por múltiples causas, no hay alternativa para esos territorios, demasiado dependientes de una sola actividad económica. 

Trabajo turístico en tiempo de pandemia

A lo largo de este año 2020, la mayoría de gobiernos en el mundo han tomado medidas para promover el distanciamiento social, con el fin de evitar la propagación de la COVID-19, que inciden en dos dimensiones clave en el funcionamiento del turismo: la interacción humana y la movilidad. En consecuencia, con la interrupción de la actividad, el empleo turístico ha sido destruido de forma aguda. En el caso español, por ejemplo, donde el empleo en el turismo suponía en 2019 un 12,9% del total del empleo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esto no puede ser considerado un problema menor. Según datos de Comisiones Obreras, durante el año 2020 hasta el mes de noviembre se habían perdido 238.524 empleos en la hostelería, y 340.372 personas están aún incluidas en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con un futuro incierto que podrían terminar en el desempleo. Esto ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del turismo, y con él de sus puestos de trabajo. En ciudades como Barcelona, donde el turismo tiene un especial peso en su economía, la pérdida de empleo en este sector muestra una clara caída. Según fuentes del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya sistematizados por el Observatori de Turisme a Barcelona, en el tercer trimestre de 2020 los afiliados a la Seguridad Social disminuyeron en un 16,4% en comparación con los datos del mismo período el año anterior, 16.525 afiliados menos. Asimismo, durante el mes de septiembre de 2020 el número de contratos acumulado se redujo en un 72,4% en comparación a los datos de ese mismo mes en 2019. La pérdida de empleo ha sido generalizada en las diversas ramas de la actividad turística: servicios de alojamiento, alimentación, entretenimiento, atracciones turísticas, gestión de viajes e información, transporte, e incluso en instituciones culturales como museos, donde se registra una enorme cantidad de despidos según una encuesta del Consejo Internacional de Museos (ICOM). Episodios como los vividos por los tripulantes de cruceros, que durante meses no pudieron regresar a sus lugares de origen y permanecieron recluidos en los buques en una situación de extremo riesgo sanitario, muestran la cara más extrema de esta situación. En contraste con los discursos apologéticos de la industria, la actual crisis ha evidenciado el empleo turístico como un recurso desechable, del cual se prescinde sin mayor consideración cuando es necesario. 

Esta situación además ha afectado en especial a los trabajadores y trabajadoras que se encontraban en una situación laboral más precaria. De hecho, la destrucción de empleo se concentró desde el principio de la pandemia en el empleo temporal. En la última quincena de marzo de 2020 más de dos terceras partes de los 900.000 empleos perdidos eran temporales. Además afectó de un modo especial a las personas más jóvenes, quienes en los últimos años concentraban unas mayores tasas de parcialidad involuntaria, que supone poder trabajar menos horas de las deseadas, según un estudio del Observatorio Social de La Caixa. Durante este último año, la destrucción de empleo se ha producido en mayor medida entre los más jóvenes. Así, según datos de la Encuesta de Población Activa, la pérdida de empleo ha sido cuatro veces superior entre los menores de 25 años que en el total nacional.  

Además de pérdida de empleo, la actual crisis se ha traducido también en una disminución salarial que afecta en especial a quienes perciben menores ingresos, según pone en evidencia un estudio de Eurostat sobre la afectación de la pandemia en los ingresos laborales. En el caso español, durante el año 2020, quienes tenían ingresos más bajos han recibido un 10% menos en comparación con el año anterior, a diferencia de quienes perciben las retribuciones más altas, que solo se ha reducido en torno a un 2%. La coyuntura favorece que los empresarios apliquen rebajas salariales a las que anteriormente no se hubieran atrevido. Así, por ejemplo, el grupo Globalia impuso reducciones de hasta un 30% de salarios en la plantilla de Air Europa, aún cuando ha recibido préstamos del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

Lloret de Mar. Imagen de Ana Núñez. 

La precariedad estructural en la que se ha fundamentado el desarrollo del turismo, incrementa las dificultades de los trabajadores y trabajadoras ante situaciones graves como las actuales. Así, los bajos salarios y la extensión de formas de empleo atípicas (contratos temporales, a tiempo parcial, externalizado, entre otros), permiten poca capacidad de ahorro. La necesidad de ganarse la vida prácticamente al día empuja a muchas personas a correr mayores riesgos sanitarios para hacer frente a sus necesidades, o a trabajar sin suficientes medidas de seguridad. En el caso del trabajo informal, la problemática es aún más aguda. Cuanto mayor sea la precariedad de los trabajadores del turismo más se agudiza su vulnerabilidad, y esto acentúa su riesgo, y el del conjunto de la sociedad, ante previsibles nuevas situaciones de crisis sanitaria (Palafox-Muñoz y Rubí González, 2020).

Los gobiernos de distintos países han habilitado mecanismos de protección social para los trabajadores y trabajadoras del turismo, con mayor intensidad en unos países que en otros. En el caso español, gracias a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se ha podido reducir significativamente el impacto de la crisis en el empleo. Pero acceder a estos instrumentos de protección social ha sido distinto en función de la posición que se ocupaba en la jerarquía laboral previamente existente. Y como estructuralmente el sector se ha fundamentado en trabajo precario de forma mayoritaria, su efecto ha sido que quienes tenían peores condiciones de empleo, con contratos a tiempo parcial o temporal, bajo procesos de externalización, o como autónomos, han tenido mayores dificultades para acceder a este tipo de medidas de ayuda. Así mismo, en la medida que la precariedad responde a una estructura de desigualdad por razones de género, su incidencia repercute también de un modo especialmente grave en las mujeres. 

Perspectivas sombrías

Si la pandemia de la COVID-19 tarda mucho más en ser controlada, con acceso universal a vacunas efectivas y una distribución que garantice una amplia cobertura de la población, la actividad turística seguirá fuertemente afectada. A su vez, sus perspectivas de recuperación se verán amenazadas por la incertidumbre de otros procesos de distinta naturaleza, en particular la crisis ecológica global (Moore, 2020) y la crisis energética (Turiel, 2020), que planearán sobre la actividad turística y pondrán límites en el modo que la hemos conocido durante las últimas décadas. Todo eso debería imponer cierto principio de precaución, por cuanto no parece razonable seguir creyendo que el turismo pueda crecer de un modo ilimitado, y que la actual coyuntura solo sea un accidente desafortunado. 

Por si esta situación no fuera poco, empieza percibirse un futuro a corto y medio plazo para el empleo en el turismo poco optimista, con transformaciones que deterioren aún más su calidad. ¿Qué nos hace suponer esto? ¿Qué transformaciones pospandemia pueden producirse que incidan directamente en las formas de organizar el trabajo turístico?

1) Agudización de los procesos de empobrecimiento y exclusión social de sectores laborales tradicionalmente vinculados al turismo. El agravamiento de la crisis económica, sin otros sectores capaces de generar empleo de forma masiva, y una mayor presión sobre los servicios públicos de protección social, además de problemas sociales acuciantes como la vivienda, puede derivar en una aceleración de dinámicas de empobrecimiento y exclusión social. La pandemia de la COVID-19 llega en un momento en que los efectos de la anterior crisis de 2008 aún no habían sido resueltos, con un elevado nivel de pobreza crónica. De hecho, la tasa de riesgo de pobreza en España no baja del 20% de la población desde el año 2007, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Y la incidencia de la pobreza entre personas trabajadoras en España también se ha agravado. En un informe anual reciente de la Confederación Europea de Sindicatos, se señala que el porcentaje de trabajadores y trabajadoras situados en el umbral de la pobreza en España ha aumentado del 10,9% al 12,7% en los últimos diez años, mientas que la media de la Unión Europea se encuentra en un 9,4%. En la actualidad el mercado laboral no puede garantizar a un número creciente de personas ocupadas un trabajo decente y esto tiene como consecuencia la vulneración de necesidades y derechos básicos (FOESSA, 2020).

Lloret de Mar. Imagen de Ana Núñez. 

Durante este año se han incrementado fuertemente las demandas de ayuda en Servicios Sociales por parte de personas con un perfil de trabajador precario, vinculado en especial a la hostelería y el comercio. En el caso de Baleares, una de las comunidades más dependientes del turismo, con en torno a un 35% de su PIB asociado a esta actividad, la distribución por parte de Cruz Roja de ayudas básicas, que incluyen alimentos, productos de higiene personal o de limpieza del hogar, ha pasado de 11.000 en 2019 a 52.000 en los diez primeros meses de 2020. En ciudades turísticas, en especial aquellas que se construyeron bajo lógicas fordistas, cuya dependencia hacia un solo tipo de actividad es muy elevada, esta situación puede volverse especialmente comprometida. Por ejemplo, en Catalunya el desempleo se agudiza especialmente en ciudades costeras, tradicionalmente vinculadas al turismo internacional, y sus perspectivas de recuperación son mucho peores que en otras comarcascon mayor diversificación económica y presencia de actividad industrial. La diferencia entre territorios turistificados y territorios con turismo se vislumbra en estos momentos de forma aguda, por cuanto en los primeros la crisis del empleo turístico tiene efectos estructurales que sobrepasan lo socio-laboral, mientras que en los otros la afectación, aunque pueda ser grave, es más bien de carácter sectorial (Borràs, 2020). En consecuencia, no es descartable que podamos asistir a un ciclo parecido al que se produjo con la desindustrialización de ciudades emblemáticas como Detroit o Flint en los Estados Unido tras la fallida de la producción automovilística. ¿Será este el destino de ciudades del litoral mediterráneo como Salou, Calvià o Lloret de Mar, cuya población se ve cada vez más abocada a las ayudas alimentarias para sobrevivir?

2) Miedo y disciplina social. El agravamiento de la crisis, con el consecuente incremento del desempleo y empobrecimiento, puede acentuar la competencia entre personas trabajadoras para conseguir un puesto de trabajo, o el miedo a perderlo, que está ampliamente extendido en la actual coyuntura, como revela una encuesta reciente sobre condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del COVID-19 del Grupo de Investigación en Riesgos Psicosociales, Organización del Trabajo y Salud (POWAH) de la Universitat Autònoma de Barcelona y del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de Comisiones Obreras, puede hacer que se acepten con más facilidad las imposiciones empresariales que buscan reducir aún más los costes laborales. Asimismo, este miedo a perder el empleo hace que se acepten rebajas en derechos y se acentúe las dinámicas de autoexplotación. La pandemia y la crisis subsiguiente estarían actuando bajo el esquema disciplinar conocido como “doctrina del shock”, popularizado por la periodista canadiense Naomi Klein (2010). 

3) Mayor presión por la reducción de costes laborales. La recuperación de la actividad turística, aún cuando se disponga de una vacuna generalizada que facilite de nuevo la movilidad internacional y, por otra parte, se promuevan los turismos de proximidad, a corto y medio plazo, difícilmente alcanzará los volúmenes existentes previos a la gran crisis de 2020. Esto implica que, en la lucha por la supervivencia en un contexto general adverso, con un mercado turístico menor y de “competencia feroz”, en palabras de Marta Blanco, presidenta del Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), una de las opciones a las que traten de recurrir las empresas sea acrecentar la presión por la reducción de costes laborales.

Otro factor a tener en cuenta es que la actual coyuntura es poco favorable para que la negociación de convenios colectivos resulte favorable a los intereses y necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Según datos de Comisiones Obreras, a finales de 2020, de 53 convenios colectivos provinciales y autonómicos en el sector de la hostelería en España, que afectan a 1.259.483 personas, 31 estaban en vigor (704.296 personas), 11 estaban en negociación (369.719) y 11 más estaban sin firmar (185.468). Los 11 convenios sin firmar llevan años bloqueados por la falta de interés de la patronal, como en el caso de Valencia (que afecta a 61.081 trabajadores), Murcia (32.595) o Asturias y A Coruña (con poco más de veintitrés mil trabajadores en cada caso). Entre los que estaban en negociación el caso más importante era el de Cataluña, que afectaba a 193.894 trabajadores, y que terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2019. Este caso era especialmente grave, porque de no haber llegado a un acuerdo, el marco jurídico de referencia para los trabajadores del sector a partir de 1 de enero de 2021 hubiera sido el Estatuto de los Trabajadores, con condiciones significativamente peores. La falta de una cláusula de ultractividad en el convenio, a diferencia de la mayoría, en las que fue incluido por presión sindical, hacía que, en caso de no renovación, en lugar de mantenerse vigentes las últimas condiciones pactadas, la referencia pasaría a ser la del Estatuto de los Trabajadores. Finalmente, en los últimos días del año se llegó a un acuerdo que implicaba una renovación por dos años (2020-2021), mantener las tablas salariales de 2019 y la supresión de días de asuntos propios para el 2021, sin otros cambios mayores. Hasta último momento estuvo presente la posibilidad de que la falta de acuerdo llevara a un empeoramiento de un convenio que ya adolecía de claras limitaciones, y que en su última negociación solo fue firmado por UGT por parte sindical, mientras que CCOO lo rechazó. En este contexto, bajo la amenaza de que aún podría haber sido mucho peor, se consolidan condiciones muy precarias, que no modifican nada en lo referente a las externalizaciones, una de las grandes reivindicaciones de los últimos años, en particular del colectivo de camareras de pisos, y de las distintas asociaciones de ”kellys”. En los próximos años habrá que afrontar la negociación del grueso de convenios en España, entre los que destaca el de Madrid (199.055 trabajadores), Las Palmas (74.054), Málaga (62.673), Alicante (59.612) o Baleares (39.794), y seguirán pendientes, entre otros, los de Valencia o Murcia, antes mencionados. En este contexto es fácil suponer que las organizaciones sindicales lo tendrán muy difícil para conseguir mejoras, totalmente necesarias en la actual coyuntura, y que cuando mucho podrán mantener el marco vigente.

Calella. Imagen de Carla Izcara. 

4) Transformación de la estructura empresarial turística. En función de la duración de la actual crisis, las micro, pequeñas y medianas empresas lo tienen mucho más difícil para sobrevivir. Esto podría derivar en la destrucción de tejido productivo pequeño y mediano con cierta autonomía y que el empleo turístico tendiera a concentrarse más en grandes estructuras empresariales y, sobre todo, en toda la cadena de subcontrataciones altamente dependientes de las corporaciones más fuertes estratégicamente. 

Por otra parte, la crisis, y en particular su afectación en el sector hotelero, parece que está dando lugar a un enorme incremento de ofertas para la compra de todo tipo de alojamientos turísticos, en lugares como Barcelona, donde se ha identificado un fuerte crecimiento de la oferta en portales inmobiliarios, o Mallorca, donde se ha calculado que estas operaciones podrían alcanzar los mil millones. Y en medios especializados se pronostica que en 2021 las operaciones de compraventa serán mucho mayores. Todo esto parece indicar que se está dando lugar a un nuevo ciclo de transformaciones en la estructura del negocio hotelero con una acentuación de la concentración empresarial y una mayor presencia del capital financiero, en especial a través de fondos de inversión, que ha ido precedida de una progresiva separación entre propiedad, gestión y marca en el funcionamiento del negocio hotelero. La anterior crisis financiera global de 2008 dio un fuerte impulso a este triple movimiento que ahora parece acelerarse. Ejemplos recientes, como la venta anunciada a finales de diciembre de 2020 del Nobu Hotel Barcelona, propiedad de la cadena Selenta Group de Jordi Mestres, presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, y operado bajo la marca internacional Nobu Hospitality, a la gestora de fondos inmobiliarios ASG Iberia, parecen anunciar una acentuación de este tipo de procesos. 

Estos cambios han conferido al capital financiero una posición estratégica con capacidad de control pormenorizado sobre la marcha de los establecimientos hoteleros con evaluaciones de resultados a muy corto plazo, sin especial compromiso en esas empresas, ni tan siquiera en esas actividades o en sus lugares de emplazamiento, en una clara muestra de desarraigo y desapego que indica, en palabras de Ivan Murray, que “la explotación de estos establecimientos se lleva como si se tratase de activos financieros" (García, 2020). Las consecuencias de la acentuación de un modelo “depredador y rentista” (Recio, 2020), son un incremento de la vulnerabilidad y la fragilidad económica, que en términos de empleo se traduce en una mayor presión por la reducción de costes laborales, la conversión de la fuerza de trabajo en costes variables y el endurecimiento de las relaciones laborales. 

5) Mayor posicionamiento de las economías de plataforma. A pesar de la crisis, no todas las empresas están viviendo la situación del mismo modo. De hecho, algunas corporaciones vinculadas a las economías de plataforma, como las de compra, recogida y transporte de pedidos a corta distancia a través de repartidores sin una relación laboral clara con estas empresas, han incrementado su posicionamiento en muchas ciudades. Bares y restaurantes cada vez dependen más de este tipo de servicios, e incluso se ven amenazados con comisiones muy altas por parte de estas empresas de reparto,  cuando no son simplemente sustituidos por ‘dark kitchens’, cocinas ocultas dedicadas a preparar comidas para servicios de reparto a domicilio. Asistimos a una pérdida de centralidad del trabajo de camareros o camareras y un creciente protagonismo de repartidores o “riders”, en condiciones de mayor desregulación, bajas remuneraciones, sin protección social, obligados a trabajar asumiendo riesgos para su salud, extremadamente vulnerables, y que han llegado a ser considerados como la clase trabajadora de referencia de nuestra época. A su pesar, además, constituyen el símbolo de una derrota cultural, la de las clases populares que, ante una evidente degradación de las condiciones laborales de un creciente colectivo, somos incapaces de imponer un sentido común básico de no consumir en este tipo de empresas. Por otra parte,  no solo algunas de estas empresas adquieren mayor peso en la economía turística, sino que además sus estructuras son lo suficientemente ligeras como para desentenderse completamente de parte de su cadena de valor, como ocurre con las grandes plataformas de comercialización de viviendas turísticas, como Airbnb, tanto de los inmuebles que no son de su propiedad como de actividades consideradas no esenciales (Cañada, 2020). 

Calella. Imagen de Carla Izcara. 

6) Aceleración de los procesos de digitalización, automatización y robotización. La actividad turística requiere en gran medida de la atención y el trato personal. Sin embargo, la crisis actual parece estar acelerando los procesos de digitalización y robotización, lo que puede generar también cambios fundamentales en las formas de organizar el trabajo. Así, por ejemplo, el trabajo de recepción se puede ver sustituido por recursos tecnológicos en algunos de sus procesos, como reservas, transfers, check in, check out, entradas a las habitaciones o facturación, lo que permite reducir personal y el que queda reorientarlo hacia servicios de información al cliente y de carácter prescriptivo. Así mismo, el trabajo de check in en viviendas turísticas ya estaba siendo sustituido de forma amplia por mecanismos digitales de apertura y acceso a las viviendas. Sin embargo, hay tareas, que no son fácilmente sustituibles tecnológicamente, o no resulta rentable hacerlo, por los gastos que entraña, en un contexto de dependencia de minerales escasos, o porque los costes laborales ya son significativamente bajos a través de la incidencia en las formas de contratación, como las tareas de limpieza. Sin embargo, los cambios tecnológicos, y sobre todo organizativos, también pueden ser muy relevantes en este tipo de tareas que requieren un esfuerzo físico importante, y aunque puedan presentarse como una forma de optimizar procedimientos internos o incrementar la seguridad de ciertas trabajadoras, más bien implican un incremento de control sobre el trabajo efectivo que, de facto, deriva en una suerte de robotización de los procesos de trabajo humano. 

7) Teletrabajo, con poca incidencia, aunque incierto. Uno de los grandes cambios en la organización del trabajo que se ha producido como consecuencia de las restricciones sanitarias en numerosas actividades ha sido la promoción del teletrabajo como estrategia de distanciamiento social. En el turismo, debido a la relevancia de la presencia e interacción física con la clientela, no parece haber tenido una dimensión parecida a la que se ha podido dar en otros sectores. Aún así, cuando se ha producido, en especial en grandes empresas, como en el departamento comercial, reservas y administración en hoteles, o en la gestión de cuentas de empresas en grandes agencias de viajes, parece reproducir los mismos problemas que se han descrito en otros ámbitos: limitaciones en su regulación, a pesar de algunos cambios significativos, como el reciente Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre de 2020, de trabajo a distancia; medios de producción aportados por las mismas personas empleadas; insuficiente control efectivo sobre los horarios; mayores obstáculos para la organización colectiva, dificultades de conciliación y, finalmente, mayor incidencia entre las mujeres, que corren el riesgo de que se convierta en una nueva “vuelta al hogar”. Sin embargo, en otras actividades que podrían haberse organizado a distancia, como servicios de información al cliente, ampliamente subcontratados a través de call centers, no parece que se hayan trasladado de forma generalizada a los domicilios particulares de sus trabajadores, a causa de las resistencias empresariales a perder el control sobre estos procesos de trabajo. 

En definitiva, todo parece apuntar que estamos ante una “tormenta perfecta” que puede dar lugar a un trabajo turístico más precario en un escenario incierto y de mayor tensión social. Si este es el horizonte, solo queda prepararse y fortalecer la organización colectiva en defensa de un empleo digno y la exigencia de políticas públicas de protección social y de transición socio-ecológica que ayuden a construir un marco laboral menos vulnerable.