El GOB ha vuelto a acertar poniendo en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), denominada "Avui per demà", que podría traducirse en castellano como “hoy por mañana”, promoviendo la aprobación por el Parlamento de las Islas Baleares de la "Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Islas Baleares", una iniciativa que tiene por objeto "velar porque las actuaciones de las instituciones públicas de las Islas Baleares garanticen el bienestar ecológico, económico y social de las generaciones presentes y futuras de las Islas Baleares".

Antes de seguir conviene hacer dos aclaraciones: El GOB (Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza) es la organización ecologista decana y de referencia de las Islas Baleares. Es, de hecho, una organización digamos que confederal de las organizaciones insulares GOB Mallorca, GOB Menorca, y Grupo de Estudios de la Naturaleza (GEN-GOB Ibiza). La segunda aclaración es que el instrumento de la ILP es un procedimiento mediante el cual la ciudadanía de las Islas Baleares puede ejercer el derecho a la iniciativa legislativa en el ámbito autonómico. Este derecho de participación política está regulado, desde el 1991, por una ley que fue posteriormente modificada, en 2018, fundamentalmente en dos aspectos: se rebajaron de 10.000 a 7.500 las firmas para presentar una ILP, y se redujo de los 18 a los 16 años la edad para poder firmar. A pesar de que estas modificaciones pretenden facilitar a la ciudadanía el derecho efectivo a impulsar una ILP, lo cierto y seguro es que sigue siendo bastante complicado. Si no se dispone de recursos económicos en abundancia, la capacidad organizativa y de movilización necesaria para llegar al Parlamento es impresionante. Seguramente por eso, no son frecuentes las ILP, puesto que los poderosos tienen formas menos democráticas y nada transparentes de expresar sus exigencias al legislativo autonómico.

Dicho lo anterior, entramos en materia. En mi opinión, el texto de la propuesta articulada de leyes impecable, entendible, y de fácil aplicación. La idea fuerza de la ley es que buena parte de la acción política (en los procedimientos de elaboración normativa, planes, proyectos y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental, según la normativa actual, contratos del sector público de obras por una cuantía igual o superior a 1.000.000 €, convocatorias de subvenciones o ayudas públicas el presupuesto que superen 1.000.000€, y cualquier proyecto que sea declarado de utilidad pública o de interés general, proyecto industrial estratégico, o de interés autonómico previsto en la normativa sectorial correspondiendo) se tendrá que acompañar de un "informe de evaluación de impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, que "evaluará el impacto potencial y las repercusiones positivas o negativas sobre las generaciones futuras, y la capacidad de estas para definir su modelo social, económico y ambiental, de acuerdo con los objetivos descritos en el artículo 3 de esta ley, y los principios rectores expuestos en la exposición de motivos". Estos informes serán evaluados por una comisión que se creará.

Siendo lo anterior importante, lo que me parece capital son los hasta siete objetivos de bienestar que se reflejan en el artículo tres de la propuesta de ley de la ILP "Avui per demà" [1]. Nótese que los sacrosantos indicadores, como por ejemplo crecimiento del PIB, o aumento de la productividad y la competitividad no están en la propuesta de objetivos para garantizar el bienestar de hoy y mañana.

Esta forma alternativa de medir el bienestar es fundamental en general, y, particularmente, en los territorios de monocultivo turístico como, por ejemplo, las Islas Baleares. El exceso de turismo provoca un tipo de dependencia económico-social en el que, mientras no se reduzca la dependencia económica, social y política del turismo, los indicadores de pretendido bienestar presente y futuro se miden siempre en términos de PIB, competitividad, productividad, y otras martingalas neoliberales que tienen un brutal coste social, ambiental y cultural. Por mucho que se invoque retóricamente la emergencia climática, la sostenibilidad, etc., la sobredosis de turistificación provoca al establishment una aguda incapacidad de imaginar escenarios con turismo, pero no de todo turismo.

Es clave que las métricas propuestas para medir el bienestar sean otras. Y es relevante que entre ellas figure en último lugar la siguiente: "La responsabilidad, entendida como la necesidad de atender y asumir la repercusión de las acciones propias en el resto del planeta, buscando una contribución positiva al bienestar global". Aunque figure en último término, este objetivo de bienestar es especialmente importante, y, a la vez, innovador en una sociedad tan turistizada como la de las Islas Baleares. Hay que recordar la trascendental huella de carbono de la industria turística, y, por otra parte, no se puede ocultar que el modelo neoliberal de gran industria turística ejemplifica extraordinariamente bien el fenómeno que Stephan Lessenich ha denominado "sociedades de la externalización" (2019), es decir, de aquellas sociedades acomodadas que, para serlo, tienen que externalizar gran parte de los impactos ecológicos y sociales negativos a las sociedades empobrecidas. En este sentido, se diría que la busca de "una contribución positiva al bienestar global" exige cuestionar la construcción social de las grandísimas desigualdades globales y locales, y del actual "sistema de necesidades" (consumismo voraz vs. carencias materiales severas).

Con todo, procede persistir en aquello de "piensa globalmente, actúa localmente". El inicio de la ILP "Avui per demà" coincidió con la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Durante la cumbre climática reunida en Glasgow, el movimiento ecologista –especialmente Fridays For Future– ha criticado con fuerza el "bla, bla, bla" de los poderosos del Mundo, y se ha movilizado contra la incomprensible "poca ambición" para conseguir –con la concreción de políticas– el modesto objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5°C, y de implementación de algo pareciendo a la justicia climática. Al final, la COP26 ha acabado mal porque, como afirma Ecologistas en Acción, en una situación de emergencia en la que  #NoHayTiempo, el acuerdo final prorroga loimprorrogable.

Para combatir el "bla, bla, bla" global, en las Islas Baleares se ha puesto en marcha la ILP "Avui per demà" como parte de nuestro actuar localmente. En cada lugar sabrán lo que localmente hay que hacer. En cualquier caso, pienso que todos juntos –y fraternalmente– tendríamos que tener en cuenta que el actual callejón sin salida en materia ecológica y social lo ha provocado el crecimiento sin límites. En este sentido, es procedente recordar que "una de las razones más importantes que hace necesario el decrecimiento es la amenaza que las instituciones del crecimiento económico lanzan sobre la democracia" (Bayon et al., 2011).