(artículo disponible solo en catalán)

El Gobierno de las Islas Baleares ha aprobado, justo ahora, el 11 de febrero de 2022, un Decret-Lleide mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears que modifica la Ley autonómica del Turismo de 2012. La lectura de su articulado y su análisis en el contexto de la evolución reciente de la regulación territorial turística puede darnos claves para interpretarlo.

Aprobado en formato de decreto-ley, su entrada en vigor es inmediata, sin debate político, ni en el Parlamento, ni con todos los agentes sociales. El Gobierno argumenta en favor de esa falta de transparencia que han querido evitar el efecto llamada, al saberse que se establecen nuevas limitaciones para la apertura de nuevos establecimientos de alojamiento turístico. Pero, a su vez, se nos explica que el nuevo articulado se ha acordado con la patronal hotelera. De modo que, a nuestro entender, sí se ha podido favorecer a quien sí ha sabido qué limitaciones se imponen.

La “circularidad” es para los hotels y para hacer más competitivo el destino turístico. Este nuevo invento narrativo se aplica sólo a los establecimientos hoteleros y no a todo el metabolismo social (transporte de mercancías y personas, producción de electricidad, otras industrias...). El Decreto-Ley promueve la modernización hotelera hacia: la eliminación de calderas alimentadas con fuel o gasoil, la instalación dispositivos de ahorro de agua (pulsadores dobles), una climatización racional, eliminación de artículos desechables para minimizar el uso de envases, controlar el consumo de alimentos para promover la proximidad o eliminar el consumo de especies amenazadas, promoción de la instalación y el uso de energías renovables, recogida y depuración de agua, reciclaje de residuos, etc. Con este mismo paquete de mejoras de modernización subvencionables se incluye también la instalación de camas elevables mecánica o electrónicamente.

Este nuevo catálogo de mejoras de la eficiencia, el ahorro y la competitividad (mediante certificaciones de calidad) aspira a ser financiadas con los fondos públicos (¿Next Generation?), según anuncia el gobierno. De ahí que podamos entender el porqué de la urgencia en su tramitación, debido a que los plazos de la UE serán también breves.

Suspende la concesión de nuevas plazas durante cuatro años. Aquí hay que explicar que los alojamientos turísticos de las Islas Baleares deben ser autorizados por el Govern y su concesión se limita desde mediados de los años 1980, a raíz de legislación para “incentivar la reconversión de establecimientos hoteleros obsoletos”. Esta "modernización" llegó a ser forzosa y no ya voluntaria, en palabras de Avel·lí Blasco a partir de 1998, mediante el establecimiento de una bolsa de plazas. Aunque el Decreto-Ley haya instaurado esta moratoria, la suspensión no afecta a las plazas en trámite, reservadas, adquiridas provisionalmente, en construcción, que hayan efectuado cesiones anticipadas dentro de una Unidad de Actuación, etc. De modo que la cifra total de plazas turísticas no dejará de crecer de inmediato. Puede que quien las tenga sabía anticipadamente de la intención del Gobierno. Sin embargo, la desregulación a raíz de la crisis financiera de 2008 ha facilitado ya la concesión de 19.434 plazas entre 2010 y 2021, que son más de las que se dieron entre el inicio de la “reconversión forzosa” y la crisis, 16.117 plazas entre 1998 y 2010.

Fuente: @Terraferida.

La modernización hotelera sigue disfrutando, también con este decreto, de la exclusión del “cumplimiento de los parámetros de planeamiento territorial, urbanístico y turístico” para incrementar “la superficie edificada y de la ocupación” un máximo de un 15% y, en además, "quedar legalmente incorporados al planeamiento municipal como edificios adecuados", es decir legalizarlos. Este regalo a los hoteleros empezó ya con la crisis de 2008 y ha sido reiterado por reformas promovidas por todos los partidos políticos (UM en 2009, PSOE en 2010 y ahora en 2020-2022, PP en 2012, MÉS en 2017). Entendemos que la rentabilidad de estas obras hoteleras es doble: por un lado, incrementan la categoría y la tasa de beneficio hotelera; y por otro, revalorizan su capital fijo inmobiliario en los mercdos financieros.

Este Decreto-ley hace circular el capital entre los mismos de siempre, haciendo de las Islas Baleares un refugio seguro para los inversores y la gente rica. La enmascara una versión edulcorada del “decrecimiento” y una nueva “circularidad hotelera”, sin abordar sin embargo la esencia del proyecto político del decrecimiento. En primer lugar, consistente en reducir planificadamente el caudal de energía y materiales más que en los hoteles, mientras que las emisiones contaminantes provienen mayoritariamente de la generación de energía eléctrica y del transporte, como expone el propio preámbulo del Decreto-ley, a partir del estudio del LINCC; la desigualdad; o la producción ecológicamente destructiva y socialmente menos necesaria, tal vez incluyendo el turismo de gran lujo. Y, en segundo lugar, para mejorar la democracia directa (que no es así como se ha tramitado este Decreto-ley, ni se corresponde con la suspensión de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible); por el bienestar equitativo; expandiendo los sectores socialmente importantes, que son, como nos ha demostrado la pandemia, la sanidad, la educación, los cuidados, la convivencia, la vivienda o el ocio no mercantilizado y de proximidad; la mejora de las condiciones laborales, el reconocimiento del trabajo reproductivo como por ejemplo con una Renta Básica Universal; hacia una transición socio-ecológica dentro de los umbrales planetarios; y la financiación mediante progresividad fiscal.