El pasado 11 de agosto del 2021, el presidente de la república Carlos Alvarado firmó la ley 22.215 para la atracción de nómadas digitales extranjeros a Costa Rica en compañía del entonces ministro de turismo Gustavo Segura. La iniciativa es una de las principales propuestas no solo para la reactivación del turismo, sino también para la reactivación económica del país postpandemia. A pesar de que el gobierno firmó la ley ocho meses atrás, a la fecha carece de un reglamento administrativo que norme su aplicación. Esto ha generado la molestia de cámaras empresariales vinculadas al sector turístico e inmobiliario, al punto que han llegado a amenazar al ejecutivo con medidas legales de no avanzar con el reglamento lo antes posible. 

Mediante exoneraciones fiscales y privilegios migratorios a extranjeros de ingresos altos, la nueva ley se presenta como una promesa de derrame económico en destinos rurales. Sin embargo, en el texto se omite cualquier referencia a desarrollo o planificación territorial que acompañe el posible aumento en la demanda de vivienda turística exclusiva en destinos asociados a burbujas inmobiliarias. Medios como The New York Times y el Financial Times recientemente han escrito sobre el problema turístico inmobiliario en Costa Rica. Artículos en estos medios, han señalado el desenfreno inmobiliario en destinos de sol y playa como una de las amenazas que enfrenta la reputación ambiental que goza el país en el mundo.   

La nueva ley ha sido concebida únicamente como una válvula de entrada de divisas pensada para satisfacer indicadores macro. Carece de algún tipo de diálogo o comprensión de lo que sucede en zonas conflictuadas por la especulación inmobiliaria. Esto vuelve a colocar a regiones rurales como recipientes pasivos de inversiones externas a la espera de las iniciativas que surjan desde la capital o de grupos con intereses.  

El Camino de la Ley 22.215

La “Ley para Atraer Trabajadores y Prestadores de Remotos de Servicios de Carácter Internacional”, expediente 22.215, conocida como ley para la atracción de nómadas digitales, fue presentada por el diputado del Partido Liberación Nacional Carlos Ricardo Benavides en setiembre del 2020. En la hoja de vida de Benavides resalta haber sido ministro de turismo en dos oportunidades y presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo entre el 2008 y 2010. En el año 2013 su nombre estuvo involucrado en una concesión irregular de la Isla Plata en la provincia de Guanacaste para desarrollar un complejo turístico a nombre de una sociedad anónima en la cual figuraba un familiar de Benavides. La concesión finalmente fue derogada por vicios procedimentales.

El proyecto de ley para la atracción de nómadas digitales fue aprobado en el plenario legislativo el 13 de julio del 2021 con 34 votos a favor, 5 en contra y 18 ausencias. A pesar del tiempo que el expediente estuvo en la corriente legislativa no tuvo ninguna oposición significativa. Algunas objeciones de legisladores señalaron que el régimen de excepción tributaria a personas extranjeras representa una preferencia desleal para la población nacional, además de poder facilitar que grupos criminales legitimen sus capitales. A pesar de estas críticas, en respuesta el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en su informe AL-DEST- IIN-077-2020 concluyó que Costa Rica carece de herramientas para fiscalizar renta por actividades con sede en otro país.

Proyecto residencial Las Catalinas. Imagen de Arturo Silva.

El texto que finalmente fue aprobado, y luego firmado por el presidente, condensa en diez paginas los principales lineamientos de la ley. La rectoría y coordinación están a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Esta se encargará de recibir las solicitudes para una nueva condición migratoria denominada como No residente-Subcategoría de Estancia, la cual es definida como:

persona extranjera que presta servicios remunerados de forma remota, de manera subordinada o no, utilizando medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, en favor de una persona física o jurídica que se encuentra en el exterior, por lo cual recibe un pago o una remuneración proveniente del exterior (Asamblea Legislativa, 2020: 2).

Los beneficios incluyen la exención total de impuesto a las utilidades y la exoneración del pago de todos los impuestos a la importación de equipo de trabajo personal hasta por un máximo de dos años. La persona que desee optar por este beneficio deberá probar que posee un ingreso mínimo mensual de tres mil dólares o un ingreso combinado de cuatro mil dólares mensuales mínimos si viene con su grupo familiar. La Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda es la encargada de certificar el equipo de trabajo para uso personal y el Ministerio llevar a cabo investigaciones si hay sospechas de un mal uso de los beneficios fiscales. Por su parte, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) se ocupa únicamente de labores de promoción y mercadeo. La ley autoriza al ICT a suscribir convenios públicos-privados, alianzas estratégicas, programas de incentivos con entidades nacionales e internacionales. Y cuando lo considere necesario intercambiar información con la DGME para la consecución eficiente de los objetivos de dicha ley.

En el texto final de diez paginas no hay nada que vislumbre algún tipo de estudio o información que permita suponer que al momento de la redacción de la ley hubo alguna reflexión de índole territorial. Por ejemplo, respuesta a cuestiones como: ¿qué destinos en Costa Rica serían los apetecidos por nómadas digitales? ¿Cómo ha sido la experiencia de comunidades receptoras con este tipo de migrante turístico hasta el momento? ¿Existe planificación territorial en esos destinos y en qué estado se encuentra el acceso a servicios esenciales como el agua? ¿Qué tipo de vivienda está asociada a este perfil de turista? ¿Cómo ley afectaría al mercado inmobiliario en el corto tiempo, y en relación con el precio de la vivienda en zonas rurales? ¿Las municipalidades rurales tienen las capacidades técnicas y profesionales para afrontar el aumento de permisos y controles ambientales de nuevos proyectos habitacionales?

La idea de facilitar la entrada de nómadas digitales la defiende principalmente diversas cámaras y el diputado Benavides. En testimonios reproducidos por la prensa, Benavides afirma que la llegada de turistas de larga estancia es beneficioso para zonas rurales por la gran cantidad de recursos que invierten. El empresario turístico Barry Roberts, en nombre de la organización Turismo por Costa Rica, señala que cada nómada digital genera catorce veces más que un turista común. El atraso en el reglamento, afirma Roberts, obliga a que estén a las puertas del tomar medidas legales en contra del gobierno.

Imagen de Arturo Silva Lucas.

Como una vuelta curiosa del destino, en los últimos dos meses Benavides y las cámaras empresariales se han mostrado inconformes con la versión final que firmó el presidente. Para el diputado Benavides la obligación de que se deba apostillar cada solicitud y presentar documentos probatorios de ingresos económicos ahuyenta la atracción de nómadas digitales. Estas críticas son compartidas por la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), que considera inoportuno solicitar “información excesiva”. Benavides y CANATUR sostienen que estas observaciones son compartidas por la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (CINDE), la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), la Cámara de la Construcción, la Cámara de Hoteles, la Unión Costarricense de Cámaras (UCCAEP), el Consejo de Desarrollo Inmobiliario, Colegio de Abogados, entre otras.

El vacío entre las expectativas de aumento de divisas sin una propuesta de desarrollo territorial, que tome en consideración las consecuencias que hasta el momento han surgido, no debería ser un detalle menor. Supone uno de los focos de atención mas importantes de la política turística costarricense. Un problema que medios importantes de la prensa internacional ya reconocen.     

El problema

Este 13 de marzo, en un artículo titulado Aumentan problemas en el paraíso ecológico de Costa Rica a medida que compradores de viviendas calientan el mercado, el Financial Times afirmaba que la popularidad de la costa está elevando los precios de la tierra creando problemas en áreas silvestres. En el artículo se describen los débiles controles que existen en Costa Rica como una de las causas del desorden inmobiliario en espacios rurales. Se argumenta que la costa costarricense sigue el mismo camino que llevó a Los Ángeles y Nueva York a tener un mercado de la vivienda inalcanzable para la mayoría de la población.

En el mismo tono, el 30 de marzo The New York Times publicó una entrevista a Craig Studnicky, director de la agencia de bienes raíces ISG World con operaciones en el país. En ella Studnicky explicaba cómo desde hace varios años Costa Rica, especialmente toda la costa pacífica, es el nuevo Miami para agencias de bienes raíces. Pone de ejemplo la venta de una casa de tres habitaciones en Playa Tamarindo, Guanacaste, en 890.000 dólares. Cuando se le consultó por la ley para atraer nómadas digitales, Studnicky no escatimó en sus elogios “…están desplegando la alfombra roja a nosotros los estadounidenses, por eso me refiero cariñosamente a Costa Rica como el estado 52”. Studnicky guarda grandes expectativas con la nueva ley, gracias a la cual ha logrado colocar en el extranjero nuevos proyectos en el Pacífico Sur con valores por unidad de hasta de 1,5 millones de dólares.

¿Pero que es el turismo residencial? Es la financiarización de suelo rural en destinos con valor turístico en favor de nuevo suelo urbano. Se hace posible mediante la acción en el territorio de intermediarios financieros que se ocupan de capturar ganancias resultado de la ecuación “compre barato, venda caro”. Para que sea un modelo de negocios rentable, el turismo residencial debe consumir nuevos espacios de manera continua procurando vender a un precio que le permita tener un margen de ganancia siempre ascendente. En casos como las costas costarricenses el intermediario financiero se reconoce en la figura del agente de bienes raíces. Este a su vez recoloca lotes y propiedades en circuitos de compra ajenos al mercado local. Por eso es usual reconocer en nichos de inversión turística residencial un número importante de extranjeros con mayor poder adquisitivo.

Antonio Aledo y Antonio Miguel Nogués-Pedregal (2019) afirman que esto es posible cuando hay débiles políticas de planificación o políticas de gestión territorial neoliberales. Para estos autores el turismo residencial se explica por el trinomio “turismo – urbanismo – migraciones”. En este esquemael turismo es el eje con menor peso, porque su principal actividad es construir viviendas para nuevos residentes o visitantes estacionales con un débil sentido de pertinencia local. Además, sostienen que el turismo residencial no es un instrumento de desarrollo local ya que precisamente se constituye sobre desigualdades espaciales en el territorio. Más bien, permite evidenciar viejas vulnerabilidades mientras crea otras nuevas. 

Imagen de Arturo Silva Lucas.

Estas desigualdades espaciales se reconocen en el característico complejo residencial costero o “gated community” como es costumbre llamarle en la costa pacífica, aunque no de forma exclusiva. Se trata de espacios auto segregados en el cual se garantizan servicios en muchas ocasiones ajenos al resto de la comunidad receptora. Por ejemplo, Internet de alta velocidad, trasporte privado fuera del pueblo, accesos propios a la playa, seguridad y fuentes privadas de agua potable,y también amenidades como amplias áreas verdes, piscinas, marinas, infraestructura deportiva exclusiva, etc.

Cuando el capital turístico inmobiliario descubre nuevas playas es común que los habitantes autóctonos sean quienes señalen una gestión irregular de fuentes de agua locales para abastecer los nuevos proyectos habitacionales. También en los primeros estadios de inversión se evidencia una alta concentración de tierra o de concesiones municipales de la Zona Marítima Terrestre (ZMT). Véase los casos de Marbella en Santa Cruzo las playas de El Jobo y Rajada en el cantón guanacasteco de La Cruz. En estas últimas la propia municipalidad ha señalado una anormal concentración de concesiones en manos de pocos desarrolladores inmobiliarios (Municipalidad de La Cruz, 2020)

La falta de planificación territorial o regulación del mercado inmobiliario se hace patente en nichos de inversión con estadios más avanzados. Aparte de la saturación urbana, contaminación y gestión deficiente del agua, aparecen nuevos problemas asociados a ciudades del primer mundo. Parece extraño, pero en destinos costeros como Nosara la vivienda asequible es un problema que ya señalan turistas residentes. Esto no deja de llamar la atención porque este grupo poblacional se ha mantenido al margen de las discusiones sobre el turismo residencial. Posiblemente ocurre porque ya hay un segmento de ese grupo que ve amenazado su estilo de vida. En Nosara se discute la urgencia de regular nuevas construcciones costeras por la amenaza que supone para el Refugio de Vida Silvestre Ostional.

Captura de pantalla en Facebook.

Representantes sectoriales de destinos cercados por el turismo residencial no han expresado preocupación por las implicaciones de una mayor demanda de vivienda turística. Tal es el caso de la ya mencionada Playa Tamarindo. Ahí, Hernán Imhoff, representante de la Cámara de Turismo encuentra “inexplicable el atraso con el reglamento, dados los miles de empleos que los nómadas digitales van a traer”.  En contraste, un estudio del 2021 identificó el crecimiento inmobiliario insostenible de Tamarindo como el causante de la contaminación por agua negras del Parque Nacional Marino Las Baulas.

Imhoff, junto a Hernán Bignani, son los representantes para Guanacaste en CANATUR según su página web. Bignani, por su parte, es el gerente general de W Costa Rica & Westin Reserva Conchal, un resort todo incluido que, a pesar de la pandemia y la destrucción de empleo turístico, tuvo ganancias de 4,8 millones de dólares en 2020 como resultado de sus ventas de unidades residenciales.

La deuda siempre pendiente

El turismo residencial no goza de la atención de autoridades nacionales ni forma parte de la construcción de política pública. El ICT, a pesar de compartir rectoría en el diseño de planes reguladores costeros,no toma en consideración el turismo residencial en sus informes periódicos o bases de datos públicos. De hecho, hay un atraso significativo en la redacción o actualización de planes reguladores costeros sin que hasta el momento se reconozca un interés por avanzar en esta dirección. Es evidente que el perfil de nómada digital al que apunta la nueva ley es la de un turista que no recurre a hoteles, sino a vivienda turística para estancias largas.

El turismo es una actividad territorializada. Así como no se puede entender el turismo si no se toma en cuenta su contexto, tampoco se puede redactar política pública descontextualizada. La ley 22.215 para la atracción de nómadas digitales tiene un tinte más parecido a un tratado comercial que se ocupa de aspectos fiscales y aduaneros para la entrada de divisas que de turismo propiamente. La presencia del nómada digital ciertamente no es nueva en muchos destinos del país. Podría decirse que ha sido fundamentalmente una oferta de temporada que ha desconocido las realidades cotidianas allí donde se realiza, sobre todo en regiones que han expresado críticas a ciertos aspectos de la actividad turística.

La pandemia ha permitido una realineación de los grupos en favor de una mayor presencia del gran empresariado vinculado a la producción de suelo urbano en las costas. No hace mucho en la Asamblea Legislativa se discutía la propuesta de liberalizar la ZMT para que actores externos puedan ser concesionarios de la franja costera con mayor facilidad. De no tomar medidas a tiempo que partan del dialogo con las personas que habitan esos espacios turísticos y las instituciones que realizan control cruzado el conflicto turístico en Costa Rica se reproducirá con mayor intensidad. Aunque de momento este problema parece tener mas atención fuera del país, que dentro de él.