La gran dificultad para abordar la discusión sobre qué relación existe entre el turismo y los derechos humanos es que esta actividad comporta siempre manifestaciones contradictorias. A través del turismo se vulneran derechos humanos. Desde la década de 1970, en diversas partes del mundo se han documentado procesos de desposesión de tierras o agua, encarecimiento del coste de la vida y consecuentes desplazamientos de población con menos recursos o explotación laboral, entre muchos otros problemas asociados al turismo. Además, la empresa turística convencional naturaliza y se sirve de desigualdades estructurales (por razones de clase, género y raza) en la composición de su mano de obra. Ello configura una jerarquía de valoración, que le permite reducir retribuciones o empeorar condiciones de empleo, según atribuciones naturalizadas que se asignan a determinados colectivos. El desarrollo turístico hegemónico bajo el capitalismo comporta desigualdad, exclusión y empobrecimiento. A estas alturas, esto ya no puede ser una sorpresa.

Pero el turismo, organizado bajo otras lógicas radicalmente distintas, es también un medio a través del cual se hacen efectivos los derechos humanos. Permite materializar el descanso y el ocio, abre posibilidades de mejorar la salud y el bienestar, genera oportunidades de acceso a la cultura, al conocimiento e incluso al pensamiento crítico. Contribuye también en la construcción de una pedagogía de la memoria contra la impunidad frente a la vulneración de esos mismos derechos, como muestra la experiencia argentina.

Esta posibilidad de materializar derechos a través del turismo está fundamentada en una historia de lucha de las clases trabajadoras por liberar tiempo de trabajo asalariado. Primero con la jornada de las 8 horas, luego en las demandas por las vacaciones pagadas, ahora también por el derecho a la desconexión. Aunque, en realidad, cada una de estas reivindicaciones nunca ha sido alcanzada plenamente, ni en todos los lugares, ni para todo el mundo, por lo cual son siempre recurrentes y, desgraciadamente, no pierden vigencia. Tomar control sobre el propio tiempo, personal y colectivo, ha sido uno de los grandes ejes de movilización obrera a lo largo de la historia del capitalismo. A partir de los años 30 del siglo XX, el alcance de mejoras en las condiciones de empleo, que permitieron ampliar el tiempo disponible, dieron lugar a procesos de institucionalización de políticas públicas en torno al turismo. Aunque con orígenes y voluntades contradictorias según los contextos, como forma de satisfacer necesidades de la población trabajadora, pero también como mecanismo de control del ocio popular, el turismo social rompió con el elitismo antecedente en este tipo de actividades.

El turismo, en definitiva, genera vulneración de derechos humanos y, al mismo tiempo, puede garantizarlos. Es un poderoso mecanismo de acción social que reproduce permanentemente dinámicas de exclusión y de inclusión social. ¿Cómo resolver esta tensión en torno a la materialización de los derechos humanos que comporta el desarrollo de estas prácticas? Inevitablemente, esto comporta interrogarse por la naturaleza del turismo desde la perspectiva de su relación con los derechos humanos.

El turismo no puede ser considerado un derecho en sí mismo. El turismo no es un derecho humano como ha defendido la Organización Mundial del Turismo (OMT). La apelación a este derecho es utilizado por la industria como un instrumento de legitimación para pasar por encima de otros derechos con el fin de garantizar la reproducción del capital. Cuando esta demanda es planteada desde opciones progresistas, con políticas de turismo social o de apoyo a sectores comunitarios, confundiendo el turismo con la realización efectiva de los derechos humanos, no solo se comete un fallo conceptual, si no que se abre la puerta para que cualquier tipo de acción turística pueda ser legitimada. Esto implica que el error sea político. Por eso es imprescindible una mirada global sobre el fenómeno, más allá de una iniciativa concreta o de las fronteras nacionales.

La práctica del turismo es acotada temporalmente en relación con otras necesidades permanentes convertidas en derechos humanos, como la alimentación, el agua, la salud o la vivienda. En consecuencia, su ejercicio no puede poner en riesgo otros derechos, que es lo que ocurre con frecuencia. Pero tampoco podría ser universalizable en sus formas de movilidad a media y larga distancia por períodos cortos. Los límites ecológicos del planeta y la crisis climática han resituado cuáles son nuestras posibilidades como humanidad dentro de un mundo finito. Y ante ellas, la acción política fundamental consistirá en organizar la materialización de derechos en los términos más igualitarios posibles, corrigiendo de forma efectiva la desigualdad.

Por otra parte, los derechos humanos son inherentes a la condición de ser humano y, por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar su realización efectiva, su cumplimiento no puede estar sujeto a que permita o no una oportunidad de mercado. Por tanto, los derechos humanos no son tampoco un nicho de mercado. En este caso, por ejemplo, el turismo social no podría ser visto como una oportunidad para hacer negocios, sino como un medio a través del cual una sociedad puede garantizar derechos.

De este modo, el turismo, más que un derecho, es un medio que potencialmente, bajo determinadas circunstancias, permite garantizar derechos humanos. Su valoración nunca puede ser absoluta, sino contextual e instrumental, en función de su efecto en la afirmación o ampliación de los derechos humanos. Por ejemplo, no podría tener la misma consideración un resort de una cadena internacional que ha desplazado población local y ha destrozado el ecosistema prexistente para instalarse en ese territorio, y que además explota laboralmente a las personas que trabajan en él y evade impuestos, que un complejo hotelero de titularidad pública que facilita el acceso de la población más desfavorecida a un tiempo de descanso y a un entorno natural. Entre estos dos casos las posibilidades se multiplican. Pero en ellas lo que valoramos es su aporte o no en términos de derechos humanos, no la forma en que esto tiene lugar, es decir, a través del turismo. Por eso decimos que el turismo solo podría ser considerado un medio, siempre en disputa.

El turismo, como práctica social, puede responder a múltiples objetivos. En consecuencia, no tiene sentido naturalizarlo solo bajo su modo hegemónico actual, basado en las necesidades de reproducción del capital. Transformar el turismo como medio que garantice la realización de los derechos humanos implica pensar estas actividades bajo nuevas lógicas poscapitalistas.

Así, un turismo poscapitalista, como posibilidad de afirmación de derechos humanos, requiere, por un lado, del reconocimiento de las múltiples expresiones en las que puede desarrollarse esta actividad: turismo social, comunitario, sindical, agroturismo en fincas familiares… pero también fuera del mercado y de la tutela del Estado. A su vez, su organización debe articularse necesariamente en la proximidad, circunscrita a distancias cortas por razones ecológicas y climáticas. Pero, por otra parte, necesita de políticas públicas que acompañen este proceso. Esto significa que una perspectiva de derechos humanos en turismo, que tenga en cuenta a las poblaciones anfitrionas, a quien lo practica y a quien trabaja en él, debería tener un enfoqueintegral: atento a las vulneraciones que se hacen en su nombre, para hacerles frentes, evitarlas y repararlas, y que, al mismo tiempo, busque ampliar derechos a través del turismo. No hay política con aspiraciones emancipatorias que pueda plantearse solo sobre uno de estos ejes. Resistencia al capital y materialización de derechos son inseparables. Será necesario pivotar sobre los dos para que el turismo pueda ser, efectivamente, un medio a través del cual garantizar derechos humanos.