El convenio colectivo sectorial de hostelería de las Islas Baleares es importantísimo en clave local por el número de personas a las que afecta (unas 160.000). Es la negociación colectiva con más potencialidad de transformar importantes aspectos del modelo económico regional de monocultivo turístico. Tiene un gran valor político porque es un instrumento que, a partir del conflicto capital-trabajo, puede hacer que la polis balear sea más o menos justa. Además, es un convenio que ha sido pionero, al menos en el sector turístico español, en la consecución –en aplicación del binomio movilización social-negociación- de conquistas laborales como, por ejemplo, los dos días libres consecutivos semanales, la fijación de un periodo mínimo garantizado de ocupación de las personas fijas discontinuas, la equiparación salarial de las camareras de pisos con los camareros y las camareras de bar y restaurante, la ampliación del mínimo legal de vacaciones anuales (30 días) a 35 días, el mantenimiento de la unidad del ámbito de aplicación (hoy en día es, en comparación con lo que hay en el resto del Estado Español, una cierta rareza que el convenio sea de aplicación a los sectores de hostelería, apartamentos turísticos, restauración, bares, y salas fiestas). Este aspecto no es baladí. Es una demostración de, digámoslo así, unidad y solidaridad proletaria de los que trabajan en empresas donde hay posibilidades de organización sindical y capacidad teórica de movilización, con los que son trabajadores y trabajadoras de pequeñas y microempresas donde la sindicalización y la capacidad de movilización son únicamente formales, y, en la práctica, inexistentes.

El convenio colectivo sectorial de hostelería de las Islas Baleares es, pues, un buen ejemplo de una realidad local en cuanto a contenidos, conquistas, derrotas, practicas sindicales, para una discusión-reflexión que va más allá de lo local. Transciende a otras zonas turistificadas del Estado Español y de todas partes. Talmente, lo han hecho las multinacionales hoteleras baleares.

El convenio 2023 - 2024

Hace pocas semanas que se firmó el acuerdo del XVI convenio colectivo con los siguientes contenidos:

i) Incrementos de los salarios del 5% para el 2023, y del 3,3% para el 2024, con una cláusula de revisión salarial que podría llevar a un incremento acumulativo del 9,55% en los dos años. Un aumento salarial que, en mi opinión, difícilmente mejorará la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras que tengan la inmensa suerte de tener resuelto la forma (casa en propiedad y sin hipoteca variable) de ejercer el derecho en una vivienda digna. Será imposible para las personas trabajadoras más precarias, es decir, para aquellas cuyo derecho a una vivienda digna está en manos de mecanismos especulativos.

ii) Además, se regulan algunas modestas mejoras en lo que hace referencia a los permisos retribuidos que, excepto para matrimonio, se tendrán que disfrutar en días laborales, y el permiso para asistir al especialista médico lo, que podrán disfrutar también las personas trabajadoras fijas discontinuas sin periodo garantizado de ocupación y las que tengan un contrato temporal. Bien está cualquier avance que facilite la conciliación y corresponsabilización entre vida laboral, familiar, y personal. Pero, ¡Es tanto lo que queda por hacer para la "democratización del uso del tiempo"!

Se introducen dos cláusulas más propias de una negociación tripartita (sindicatos-patronales-gobierno): la obligatoriedad de medir las cargas de trabajo de las camareras de piso ¿Acaso no se regula indirectamente esto en la normativa de prevención de riesgos laborales? Si no recuerdo mal, la Ley de prevención de riesgos laborales establece unos principios básicos de actuación en materia de seguridad y salud laboral que toda organización empresarial tiene que llevar a cabo, siendo un objetivo básico reforzar la integración de la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión de la empresa. Por lo tanto, los planes de prevención de riesgos laborales de los hoteles hace años que son potencialmente el instrumento para medir las cargas de trabajo. En cualquier caso, la reivindicación de las kellys era "regular la carga de trabajo" no medirla. Para hacer lo primero es importante reforzar la normativa legal estatal y la correlación de fuerzas favorable al factor trabajo en el seno de la empresa. A estas alturas, continuar hablando únicamente de medir la insoportable carga de trabajo me parece que es enredarse en subterfugios semánticos para quedarse cómo estamos durante unos cuántos años... Es verdad que en otras negociaciones colectivas con menos cooperación público-privada ni se habla de este asunto.

La segunda cláusula que, por su contenido, es clarísimamente de negociación tripartita es la de "proponer al Gobierno de las Islas Baleares la suscripción de un Acuerdo tripartito que tenga por objeto estudiar la realidad, composición y las relaciones laborales concurrentes en las actividades de restauración y ocio nocturno"(sic). Verdaderamente, ¿los firmantes de estos acuerdos no son conocedores de todo ello? En cualquier caso, hay que esperar que esto no sea la antesala de la ruptura del convenio colectivo.

Con este contenido se puede concluir que las materias sustanciales de negociación colectiva –la de la negociación del convenio- son el incremento salarial, la vigencia del pacto, y los avances en permisos retribuidos. El resto son cuestiones ciertamente importantes, pero más propias de lo que se denomina "diálogo social tripartito" –en este caso autonómico- donde, además de las partes protagonistas de la negociación de convenios colectivos (sindicatos y patronales), los gobiernos tienen un papel clave, y es un ámbito importante de la acción sindical y de la presión patronal. Los procesos de "diálogo social tripartito" pueden ser de mera información y consulta, o de negociación de políticas públicas que, eventualmente, pueden desembocar en acuerdos. Ahora bien, son de naturaleza diferente a la de la negociación colectiva regulada en el Título III del Estatuto de los Trabajadores. Hay que recordar, para no despistarnos del todo, que, como escribe en "¿Para qué sirve un sindicato?” el catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, y director de la "Revista de Derecho Social", Antonio Baylos, "los medios de los que se dota el sindicato para la defensa de los trabajadores son muchos [entre otros el "diálogo social tripartito"], pero los más importantes son la negociación colectiva y la huelga". Mal asunto si convertimos cada vez más la negociación capital-trabajo en un diálogo con -directa o indirectamente- tutela gubernamental, y, encima, el medio de la huelga es considerado algo que pertenece a la memoria histórica del movimiento obrero.

Aprendizajes, dudas y alguna certeza

Una de las cosas más importantes que recuerdo de mi militancia sindical y de negociador de convenios colectivos son los análisis previos a la elaboración de la tabla reivindicativa y del inicio de la negociación. Análisis que, a veces, eran complejos, pero que, sin excepción, siempre incluían tres aspectos: coyuntura de la unidad de acción sindical, situación del sector, y estado del sindicato.

En el supuesto que nos ocupa, parece evidente que la unidad de acción sindical no pasa por la mejor coyuntura. La situación del sector es, desde el punto de vista del capital, inmejorable: excelentes perspectivas de negocio, recuperación post-pandemia de los beneficios empresariales, y, en cuanto al factor trabajo, existe una situación excepcional: En términos marxistas, no existe "ejército industrial de reserva", más bien al contrario, a pesar de que no se puede hablar con propiedad de un fenómeno similar a la "gran dimisión", la mano de obra se ha convertido en el sector turístico en un bien escaso. Aun así, el punto que me parece fundamental es que el estado del sindicalismo es manifiestamente mejorable. Parece que, desde la crisis económica (¡Que no turística!), financiera, social, y vital para las clases subalternas de 2008, no se ha recuperado del descalabro en la capacidad de movilización y de organización del conflicto social.

En este sentido, es pertinente recordar aquella famosa declaración de febrero del 2012 del entonces presidente del BCE, y hoy ex presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi: "No hay escapatoria posible a la puesta en práctica de políticas de austeridad muy duras en todos los países sobre endeudados y esto implica renunciar a un modelo social fundado sobre la seguridad de la ocupación y una redistribución social generosa [...] El modelo social europeo está muerto". La cuestión es saber si hay síntomas de renacimiento de este modelo social en el que el sindicalismo, el conflicto social, y la huelga, tienen que ser elementos "refundacionales". Creo que hay de síntomas, a pesar de que son muy leves. No se ha revertido totalmente  el arsenal de dispositivos precaritzadores del periodo del austericidio proclamado, entre otros, por Draghi. Sin embargo, la Reforma Laboral de 2021 –con todas sus grandes carencias-, en materia de negociación colectiva sí que revertió  el bestial recorte del equilibrio de fuerzas en la negociación de los convenios al restablecer la "ultraactividad" plena.

En la negociación del convenio colectivo que comento es oportuno interrogarse sobre la existencia de una mera hipótesis de conflicto. Dicho de otro modo, ¿Ha existido una mínima voluntad, sindical de, si hacía falta, conflictivizar la negociación colectiva? La cuestión es muy relevante: Si esta voluntad es inexistente, no hay nada a hacer. Es una opción por un modelo sindical hiperinstitucionalizado y de acuerdo sin conflicto. Si el caso es de dificultades objetivas (múltiples precariedades, reforzamiento del poder empresarial, anti conflictividad ambiental ...) para practicar un modelo sindical que no descarta distintos grados de conflicto, la cosa tiene remedio, a pesar de que es complicado porque requiere, en mi opinión, repensar el modelo de representatividad sindical (del modelo competitivo y con intromisión empresarial actual, a uno cooperativo, fraternal y con cero posibilidades de contaminación por el poder empresarial), alianzas estratégicas con movimientos sociales, caja de resistencia, desinstitucionalización.

Sea como fuere, lo que es incomprensible en el caso sobre el cual reflexiono es que, como mínimo, no se haya empleado el instrumento recuperado de la "ultraactividad" como elemento para sacar músculo en una movilización capilar empresa a empresa –hotel a hotel- de, al menos, explicación y de captar el ánimo de los trabajadores y trabajadoras. En este caso, el paso del tiempo, el hecho de acercarse al mes de mayo y más allá, jugaba a favor de los trabajadores y trabajadoras. El acuerdo seguramente podría haber sido mejor, y, en cualquier caso, nunca peor. Lo cierto y seguro es que, como hay una cohorte de personas trabajadoras en el sector que no han vivido nunca una negociación colectiva de su salario y de sus condiciones de trabajo con conflictividad, la pedagogía de una de cierta tensión social, y menos institucionalización, habría sido una grandísima inversión de futuro para el sindicalismo y los intereses de la clase obrera.

Desgraciadamente, todo indica que se han antepuesto, por una parte, los intereses cortoplacistas institucionales, y, por otra, la voluntad (¿o necesidad?) de prolongación de una larga etapa de "diálogo social" autonómico sin gran debate de ideas ni de propuestas radicales (que vayan a la raíz de los problemas estructurales que afectan a los trabajadores y trabajadoras) ni, por supuesto, de conflictividad. Hay infinidad de evidencias en multitud de gestos (de hecho, cualquier persona no bregada en las cuestiones laborales, y, más específicamente en negociación colectiva, podría muy bien haber interpretado que el gobierno autonómico es parte firmante del convenio colectivo), y declaraciones públicas. Valga como ejemplo lo que dijo el consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, en una entrevista a Diario de Mallorca de 18/02/2023: "La paz social es básica en una comunidad autónoma que vive de la actividad turística. Pero, además, teníamos encima los plazos que los sindicatos habían fijado para denunciar el convenio, ya que de haberlo hecho los dos todo habría sido más complicado". "Lo más importante es que no haya conflicto en el principal sector económico de las islas cuando vienes de dos años de covid, un buen ejercicio como fue 2022, y con unas buenas perspectivas para 2023. Pero tengo claro que cerca de una campaña electoral todo lo mundo hubiera politizado el tema y eso tampoco es bueno. Y probablemente lo usarían partidos de la oposición que no creen en el diálogo social y hubieran sido los que más lo habrían politizado". ¡Más claro, el agua clara!

Repolitizar la negociación colectiva

La negociación colectiva, un derecho esencial para la cohesión social, es algo más que la gestión de la renovación de un convenio colectivo, y, sobre todo, no es –o no debería ser- un mix de negociación del convenio entre sindicatos y patronales, y de diálogo tripartito donde el poder ejecutivo (el gobierno) tiene un papel más de tutela que de mediador. Un modelo de negociación colectiva como este se aproxima demasiado a algo parecido a la "colaboración publicoprivada".

¿Qué quiero decir con esto? Pues que como el subsistema de colaboración denominado "colaboración publicoprivada" es una propuesta de "hacer las cosas" muy reivindicada desde posiciones neoliberales puras,  e, incluso, desde el "neoliberalismo progresista" que consiste, básicamente, en el desvío de recursos públicos a finalidades privadas (en el sector turístico español, el más importante lobby turístico, Exceltur, desde su nacimiento reivindica la generalización de esta transferencia de dinero público hacia los negocios privados), se corre el peligro de que contamine la negociación colectiva ¿Tal vez no se asemeja mucho  a "colaboración publicoprivada" el hecho que se transfiera dinero público para la instalación de camas elevables en los hoteles? ¿No tendría que ser esto una inversión empresarial pura y dura para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales? Y, para acabar de redondearlo: ¿Cuánto dinero público se transferirá al sector hotelero para "medir las cargas de trabajo de las camareras de piso" que es una obligación empresarial en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en general, y, particularmente, de los psicosociales?

Ligar aspectos de las relaciones laborales a la existencia de este tipo de "colaboración publicoprivada" y no a la acción sindical es un gran riesgo de anular, para siempre, las potencialidades liberadoras del conflicto capital-trabajo que todavía mantiene la negociación colectiva. Repolitizar –como antónimo de mera administración y/o gestión- la negociación de los convenios colectivos significa asumir que de lo que se trata es de provocar un escenario en el cual el sindicalismo puede, autónomamente, poner límites al poder privado, y conseguir derechos laborales y de ciudadanía.

La negociación colectiva, un derecho esencial para la cohesión social, es algo más que la gestión de la renovación de un convenio colectivo, y, sobre todo, no es un episodio de la muy neoliberal cooperación público-privada. Es un escenario en el que el sindicalismo puede, autónomamente, poner límites al poder privado y conseguir derechos laborales y de ciudadanía. Es por eso que conviene tener presentes las enseñanzas de los clásicos actuales. El profesor Richard Hyman es uno de ellos, y las siguientes palabras son extraordinariamente oportunas en relación con el que se comenta a estas líneas: "Los sindicatos son el instrumento colectivo mediante el cual los hombres y mujeres de los comercios y oficinas, de la fábrica, la mina y el tajo, buscan aumentar su control sobre sus condiciones de trabajo y de vida. Este propósito entra necesariamente en conflicto con los intereses de los empleadores y con las estrategias de los gobiernos dirigidas a la estabilidad de una economía basada en el capital privado. Así pues, en sus actividades del día a día, los representantes de las trade unions -incluidos los que mantienen alguna forma de aspiración socialista a un orden social y económico radicalmente diferente– se ven sometidos a intensas presiones para que se comporten como si las relaciones capitalistas de producción fueran inalterables (excepto, tal vez, mediante un ajuste gradual y casi microscópico). El mantenimiento de relaciones cordiales con empresarios y gobiernos puede entonces convertirse con facilidad en una prioridad absoluta. En parte, esto refleja un acomodo a las realidades de poder externas; porque un desafío serio a las pautas establecidas en las relaciones industriales (en las que las organizaciones de los trabajadores aceptan un rol subordinado y reactivo), provocarían represalias que, en circunstancias extremas, podrían poner en peligro la misma supervivencia de los sindicatos" (Pasos a la izquierda, núm. 25, marzo 2022).

Conviene estar ojo avizor: ¡el desafío es grande y, por eso, hay que cambiar dinámicas!